En los últimos años en el mundo han tenido lugar hechos que limitan o anulan la libertad académica. Cuba ha estado varias veces en la mira, principalmente a partir de las reclamaciones públicas de estudiantes y profesores separados de sus centros por sus ideas políticas. El presente texto propone un análisis sobre los debates en torno a la libertad académica, las limitaciones y garantías expresas en las legislaciones cubanas, y un grupo de recomendaciones para su desarrollo.

Libertad académica, un concepto a debate

La definición más referenciada sobre libertad académica proviene de la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1997 organizada por la Unesco, en la cual se conceptualiza como «la libertad de enseñar y debatir sin verse restringida por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas».

No obstante, las definiciones y recomendaciones de la Unesco no han estado exentas de críticas, como las del intelectual argentino Atilio Borón, quien, reconociendo las ventajas de la proclama, alerta sobre posibles deformaciones, entre estas, la posibilidad de que los docentes impongan puntos de vista sesgados por su ideología, sin que los Estados e instituciones académicas puedan intervenir. Asimismo, señala las posibles contradicciones entre la libertad académica de los estudiantes y la de los profesores.

Por su parte, el pensador alemán Franz J. Hinkelarnrnert entiende la libertad académica en contextos latinoamericanos como una utopía, al asumirla siempre mediada y afectada por poderes económicos, militares y políticos, sumados a procesos violentos comunes a la inestabilidad política y problemáticas sociales de la región.

La libertad académica también se entrecruza con otras conceptualizaciones como la autonomía institucional (universitaria, escolar…), el derecho a la enseñanza, o la libertad de expresión. En este sentido, su viabilidad se conecta directamente con los recursos asignados a la educación pública, que permitan mayores o menores accesos de estudiantes y determinen las condiciones de trabajo de los docentes; la gestión autoritaria o participativa de las instituciones académicas, y las garantías y regulaciones para el ejercicio de la libertad de expresión en cada país.

Contexto internacional

En los últimos meses la libertad académica ha sido objeto de debate a nivel internacional, luego de que trascendieran a los medios casos polémicos como la renuncia forzada de una directora de escuela en la Florida (Estados Unidos) a causa de las protestas de un padre por una clase en la que se mostraba a estudiantes de sexto grado una foto de la icónica escultura David de Miguel Ángel.

Acciones como esta han resultado llamativas por ocurrir en una de las sociedades asumidas como paradigma de la cultura política occidental contemporánea, pero las limitaciones a la libertad académica ocurren en muchos otros lugares. Según el último reporte (2022) para índice de Libertad Académica (AFI), realizado por la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Alemania) y el V-Dem Institute (Suecia), este indicador social está en retroceso para más del 50 % de la población mundial, y se manifiesta no solo en Estados autoritarios, como pudieran ser los que priman en ciertos países del Medio Oriente, sino en democracias occidentales. 

Mapa de la libertad académica en el mundo en 2022 según el Academic Freedom Index.

Cabe aclarar que el antes mencionado índice se calcula solo teniendo en cuenta la libertad para investigar y enseñar, libertad de intercambio y difusión académica, autonomía institucional, integridad del campus y libertad de expresión académica y cultural; por lo que quedan fuera otras variables como el acceso a la educación o derechos laborales de los docentes. Con estos subindicadores, el AFI marca a Cuba como el segundo país de Latinoamérica más afectado en cuanto a libertad académica, por encima de Nicaragua y seguido de Venezuela y Brasil.

Libertad académica en Cuba, algunos antecedentes

Durante la época republicana la Universidad de La Habana desempeñó un papel imprescindible en el desarrollo del pensamiento crítico, lo cual provocó confrontaciones violentas de alumnos y profesores con el Estado, principalmente durante las dictaduras de Gerardo Machado (1928-1933) y Fulgencio Batista (1952-1958), que implicaron suspensión de clases y asesinatos de estudiantes.

Luego del triunfo de la Revolución la Ley Fundamental de la República, promulgada el 7 de febrero de 1959, mantuvo el artículo 53 de la Constitución de 1940 que reconocía la autonomía universitaria; sin embargo, la Reforma de la Educación Superior de 1962, si bien masificó el acceso a la universidad, limitó su autonomía al subordinar las casas de altos estudios a un Consejo Universitario que respondía al nuevo poder instaurado. 

En 1971 el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura fue un hito en la limitación de la libertad académica, al entender el espacio educativo como trinchera ideológica con una marcada visión discriminatoria hacia quienes disentían de las ideas y valores del gobierno. Ello trajo como consecuencia que durante la posterior etapa —denominada «Quinquenio Gris» por el investigador cubano Ambrosio Fornet— tuvieran lugar asambleas de depuración cuya función era determinar cuáles estudiantes y profesores no podían seguir en las aulas.

La Constitución de 1976 le otorgó la responsabilidad al Estado de garantizar una educación gratuita, masiva y de calidad, y asumió la entrada a la universidad como un derecho ciudadano; no obstante, reprodujo una visión dogmática y excluyente de los procesos educativos al subordinarlos a una sola cosmovisión: el marxismo-leninismo¹.

Actualidad y normativas vigentes

La reforma constitucional de 2019 significa un leve paso de avance en cuanto a la manera de entender la libertad académica, en tanto mantiene la responsabilidad estatal sobre los procesos educativos; empero, a diferencia de su antecesora, no los subordina directamente a una determinada ideología. En adición, asume que todas las personas tienen derecho a la educación y que el Estado debe promover «la participación ciudadana en la realización de su política educacional».

En relación con los profesores, el Reglamento para la Aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior precisa entre sus funciones el desarrollo del trabajo de asesoría y orientación metodológica en la preparación de las asignaturas, «incluyendo de manera intencionada los aspectos ideológicos que contribuyan a la formación y consolidación de nuestros valores».

La normativa en sí misma no posee un carácter abiertamente excluyente, pero ha sido empleada de forma arbitraria para sancionar a profesores con ideas críticas sobre la sociedad cubana, como René Fidel González García a quien la Universidad de Oriente le retiró de forma arbitraria su categoría docente. De igual manera, otros docentes universitarios han reportado ser separados de sus instituciones como castigo a sus ideas políticas.

En el plano estudiantil, el Reglamento Disciplinario vigente describe como parte de las faltas muy graves «mantener una actitud o cometer un acto contrario nuestro proceso revolucionario», y entre las medidas aplicables se encuentran la expulsión, separación indefinida o por un período de tres a cinco cursos.

Al no precisar qué puede entenderse como una actitud o acto contrario al proceso revolucionario, el reglamento da margen a la ambigüedad y a que las autoridades académicas o políticas interpreten cualquier disenso como un acto contrarrevolucionario. La discrecionalidad señalada también limita a los miembros de la oposición el acceso a las universidades, en contradicción con uno de los principios básicos de la libertad académica y el Artículo 73 de la Carta Magna, el cual explicita que «la educación es un derecho de todas las personas».

En 2017 trascendió a los medios internacionales la expulsión de la estudiante Karla Pérez de la Universidad Marta Abreu de las Villas por militar en la organización opositora Somos+, y en fechas más recientes se han hecho visibles otras denuncias públicas, como la suspensión del doctorado en la Universidad de La Habana al activista opositor Leonardo Fernández Otaño.

Karla Pérez, estudiante expulsada de la Universidad Marta Abreu.

Por su parte, el Reglamento Estudiantil del Ministerio de Educación (Mined) ―para las enseñanzas media y primaria― refleja una visión autoritaria que impone explícitamente una ideología política a los estudiantes, que se verían obligados a «amar y estar dispuestos a defender la Patria Socialista y los principios de nuestra Revolución». Asimismo, reproduce una visión sexista, al prohibir solo a los varones llevar el cabello largo, trenzarlo o utilizar aretes.

Algunas rutas para comprender la esencia de la libertad académica

Como instituciones de construcción del conocimiento y de investigación, los centros educativos cubanos tienen actualmente el reto de formar profesionales en un contexto donde se difuminan las fronteras entre los saberes, se evidencia la aparición de nuevas formas de conocimiento y afloran polémicas en el terreno de la ética y la sociedad.

Desde esta perspectiva, el sistema educativo cubano ha implementado algunas acciones para reinventarse, como las nuevas maneras de concebir los planes de estudio en todos los niveles de enseñanza. En este contexto, cabe esbozar un conjunto de rutas por seguir, construidas sobre la base de las recomendaciones que establece la Unesco para favorecer la libertad académica:

• Potenciar una educación para la paz y en la cultura de la paz, con personal educado en el respeto a la diversidad de ideas.
• Permitir el acceso sin censura a bases de datos internacionales y otras fuentes de conocimiento, así como promover y facilitar la publicación de resultados académicos en las revistas, libros y bases de datos de su elección sin discriminación ideológica.
• Promover el intercambio académico con centros de enseñanza homólogos de otras partes del mundo, expresado en la participación en eventos, realización de pasantías y becas, asistencia a cursos en el extranjero, sin considerar las diferencias políticas.
• Garantizar que se disponga de un trato equitativo y justo a todos los estudiantes sin discriminación por raza, género o ideología política, lo cual implicaría una reforma de los reglamentos vigentes.
• Establecer mecanismos trasparentes y justos para la reclamación por parte de estudiantes y profesores que permitan denunciar actos discriminatorios o medidas disciplinarias arbitrarias.
• Implementar modelos de gestión participativa en las universidades que posibilite a los docentes elegir de forma democrática a las autoridades académicas que los representan.

Como concepto abarcador, la libertad académica busca formar seres humanos críticos, analíticos, y con un compromiso con la institución donde estudian y la Sociedad, que no sea impuesto o simulado, sino que parta de un verdadero consenso. Para esto es imprescindible garantizar un clima de respeto hacia todas las ideas que, más allá de posturas políticas, se encaminen al desarrollo del individuo y el progreso de la sociedad.

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[El Estado] fundamenta su política educacional y cultural en la concepción científica del mundo, establecida y desarrollada por el marxismo-leninismo. (Artículo 38)