«Mi voluntad, mi Constitución», fue el eslogan de la campaña oficial para lograr la aprobación de la Constitución de 2019. Algo más de catorce meses después de ser votada, el actual gobierno cubano aplazó por un año la redacción, aprobación y puesta en vigor de una Ley de defensa de los derechos ciudadanos. Con tal decisión, violaba el plazo al que le mandataba el propio texto constitucional en una de sus disposiciones.
No es posible defender y restablecer hoy en los tribunales cubanos un derecho constitucional conculcado, lograr que el espíritu y la letra de la Constitución tengan aplicación directa. La voluntad expresada por la mayoría de los ciudadanos cubanos políticamente activos, esa tozuda esperanza de poner con el Estado de Derecho límites a esa otra pandemia más prolongada y tenaz que entre nosotros ha sido históricamente el ejercicio arbitrario del poder y la impunidad, ha sido otra vez pospuesta, pero no vencida.
Ahí, dentro de la mayoría silenciosa, abnegada y noble que somos como pueblo, nacida del último proceso constitucional realizado, se encuentra la generación de los ciudadanos. Ella descubre, y no importa cuan torpemente, cada día, en cada experiencia, en cada línea y palabra escrita o dicha, en la indignación, en la alarma del peligro de no ver la ambición y la falsedad, en el desengaño y también en la alegría; que su auténtico desafío será, sobre todo, hacer los aprendizajes necesarios para evitar se reproduzca en ella misma, otra vez, el vicio del poder y la soberbia contra el otro.
Ese complejo acto de reconocimiento generacional es esencialmente un diálogo con el futuro, pero su programa político mínimo es una patria constitucional. Desde el 2019 hasta hoy ha aprendido:
¿Es legítimo privar o limitar en el ejercicio del derecho a la educación a los ciudadanos, o de cualquier otro derecho, sin ser decidido por un tribunal con apego al debido proceso y mediante resolución firme? No.
¿Es válido condicionar los derechos de los ciudadanos, el acceso y uso de garantías constitucionales y el cumplimiento de las leyes a sus creencias y preferencias politicas? No.
¿Es decente y noble castigar administrativamente a los ciudadanos a no encontrarse por muchos años con sus padres, abuelos, cónyuges e hijos por el incumplimiento de un contrato laboral? No.
¿Es digno dejar sin trabajo a una persona por ejercer sus derechos, o sus libertades constitucionales? No.
¿Es altruista y justificable impedir a los ciudadanos salir o regresar a su país como retaliación por sus opiniones y formas de pensar o expresarse sobre la realidad de su país? No.
¿Es cordial, afín a los valores constitucionales de igualdad, justicia, solidaridad y democracia promover el odio y la polarización, activar y jerarquizar en las relaciones y la comunicación pública la intolerancia al otro, su exclusión y la marginación de su criterio y participación política o social como ciudadano? No.
¿Es transparente y correcto que las decisiones de las instituciones que afectan a los ciudadanos no sean públicas y carezcan al ser informadas de una motivación y argumentación explícita, clara y razonable? No.
¿Es admisible y coherente con un Estado de Derecho la existencia de normas jurídicas inconstitucionales, secretas o inaccesibles a los ciudadanos y sus representantes legales, e inapelables? No.
¿Aplazar la entrada en vigor de un modelo de Estado de Derecho es un paso en dirección a su eficacia plena y su conversión en una matriz de valores y de la cultura política democrática de los ciudadanos? No.
¿Es decoroso o profesional, usar entrevistas, interrogatorios y detenciones, como formas de humillar, acosar, intimidar, vilipendiar, aislar o amenazar a los ciudadanos, sus familiares, compañeros, amigos y vecinos? No.
¿Es legal y éticamente ostensible, inducir procesos penales o administrativos, no otorgar o suspender licencias para el ejercicio de actividades económicas, cancelar contratos y suspender servicios públicos, ejercer presiones para excluir de las formas organizativas o asociativas de la sociedad civil, o perturbar la participación en ellas de los ciudadanos por motivo de sus opiniones, creencias y preferencias de cualquier tipo? No.
¿Un modelo de privilegios de función para los integrantes de las élites política y administrativa es necesario para la existencia y eficacia de un sistema que se proponga expandir la igualdad, la equidad, y lograr optimizar la distribución de la riqueza para los ciudadanos? No.
¿Es admirable, honesto y legal que funcionarios, agentes de la autoridad e instituciones −abierta o encubiertamente−, filtren, divulguen, saquen de contexto, o alteren maliciosamente datos concernientes a la vida privada de las personas, sus parejas e hijos, sus familiares y amigos para devaluar la participación y prestigio social de los ciudadanos? No.
¿Es admisible y deseable que funcionarios administrativos, públicos y políticos − lo que es corrupción política− conspiren y actúen concertadamente para archivar y encubrir denuncias y delitos, y obstruir, limitar y desactivar el cumplimiento de la Ley, las funciones de las instituciones, los ejercicios de derechos ciudadanos y las garantías constitucionales? No.
Para articular la ciudadanía por el Estado de Derecho en Cuba
¿Es virtuoso que funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones mientan a los ciudadanos? No.
¿Es inadecuado, impropio y contrario a la ley que los ciudadanos interpelen, exijan explicaciones o requieran a los funcionarios públicos el cumplimiento de sus obligaciones? No.
¿La defensa de un orden constitucional puede legitimar la arbitrariedad como forma de ejercicio del poder, la violación de la propia Constitución y los derechos y libertades que ella consagra? No.
¿Están exentos de responder por violaciones de la Constitución, las leyes y los derechos ciudadanos los gobernantes, sus ministros, funcionarios, autoridades, agentes de la autoridad y los ciudadanos? No.
¿La búsqueda, en el pasado o ahora, del reconocimiento y la participación en el poder político en una sociedad trata de hacer a otros ciudadanos lo que consideras (y lo es realmente) deplorable, injusto y ominoso? No.
¿Se puede aspirar a la democracia y a socializar valores y prácticas ciudadanas usando −y reproduciendo− el odio y la invención del enemigo como código de reconocimiento del otro; intrumentalizando la prepotencia y la intolerancia, la vulgaridad y el irrespeto; asumiendo la superioridad de las experiencias, creencias, ideas y argumentos propios sobre los del resto de los ciudadanos? No.
¿Se puede intentar ofrecer un modelo de sociedad que reconozca la alteridad, pluralidad y autonomía personal como condiciones imprescindibles para procesos e interacciones auténticamente políticas si se hace de la soberbia un recurso personal de relacionamiento, si se transforma el consenso en una exigencia moral de posicionamiento, el disenso real o asumido en una causal de exclusión, y si se rechazan el diálogo y la negociación de las diferencias, la comunicación, el conocimiento, la valorización del otro, de sus ideas y sus metas? No.
Eso hace la generación de los ciudadanos por el futuro, aprender lo que no está bien. No hay que subestimarlo. Toda rebelión empieza por saber esto.
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