La negativa del gobierno cubano a la solicitud de autorización para una manifestación pacífica a celebrarse el 15 de noviembre, y los argumentos jurídicos que se ofrecieron para justificar dicha prohibición, generan las siguientes reflexiones.

El destino, ¿fatalidad o determinación?

Si un texto legal no pudiera modificarse, aún estaría vigente el Código de Hammurabi, compendio de leyes y decisiones judiciales del imperio babilónico que se creía dictado por los dioses y, por ello, inmutable. Si las sociedades no pudieran transformarse, las comunas esclavizadas del Egipto Antiguo —con su estado absolutista, teocrático y centralizado— existirían todavía.

Como afirmaba el filósofo alemán Ludwig Feuerbach en La esencia del cristianismo: aun cuando el hombre lo ignorase, él mismo es el motor de la historia. Marx, por su parte, fundamentó que entre el hombre y la historia hay una acción recíproca y una reacción dialéctica.

El devenir de la humanidad ha mostrado que ningún tipo de sociedad es inalterable. El derrumbe del campo socialista dejó muy claro que ningún sistema social es definitivo. Son los hombres y mujeres, como sujetos activos, los que pueden decidir sobre sus condiciones de existencia y, mediante la práctica política, transformarlas.

Declarar irreversible un sistema social es un enfoque mecanicista y antimarxista de la historia. Es también pesimista y pretende transformar al sujeto social en un ente pasivo, obediente a una voluntad superior, dirigido hacia un destino inexorable —especie de fatalidad histórica—, del cual no puede escapar. 

No será el artículo de un tratado legal, sino la implicación de las personas que logren encontrar en el sistema socialista la encarnación de sus aspiraciones, lo asuman como opción consciente y participen activa y directamente en su construcción, lo verdaderamente decisivo. Recordemos que la constitución soviética también declaraba la irreversibilidad de ese sistema.

 Paradójicamente en Cuba, once años después del derrumbe del socialismo europeo fue que se modificó la Constitución de 1976, al adicionar este párrafo al artículo 3 del capítulo I:[1]

El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Para aprobar dicha modificación constitucional, como expliqué en el artículo «Crónica de un meteorito», no se siguieron los pasos de un referéndum: informado y secreto. Se hizo en forma de convocatoria política, con firmas públicas en libros abiertos. Tampoco fueron avaladas por notario alguno, como se exige actualmente.

Esa declaración, que daba la espalda a la ciencia y la experiencia, fue considerada desde entonces contenido pétreo, es decir, jamás modificable. Así lo estipuló el artículo 137 del capítulo XV. Por tal razón, en la consulta popular para la Constitución del 2019 tampoco se admitieron planteamientos de la ciudadanía encaminados a variaciones del sistema político y electoral.

El principal dilema de esta cláusula —denominada de intangibilidad—, no es que se convierta en una inconsecuencia teórica con el marxismo y contradiga el preámbulo de la Constitución, que nos considera «guiados por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin». Más grave es que, al declarar irrevocable (inevitable, inapelable, irremediable, necesario, fatal, indefectible, irreparable) no solo al socialismo, sino al sistema (método, régimen, técnica, procedimiento, gobierno, medio, vía, rumbo) económico, político y social vigente en esa constitución, cierra el camino a transformaciones sustanciales o reformas.

Este tipo de cláusula intenta eternizar en el poder a la burocracia dirigente y subordinar la voluntad popular al mandato de un grupo privilegiado. Cuando un grupo de poder —afianzado como nueva clase—, despoja al marxismo de su método científico, lo reduce a su dimensión ideologizante y lo convierte en ideología de Estado, este deja de ser una corriente liberadora y revolucionaria para instrumentarse en mecanismo de dominación. A ese punto hemos llegado en Cuba. Es una postura contrarrevolucionaria y debe ser denunciada.

Casi veinte años han trascurrido desde que el socialismo insular mutara en un requerimiento legal de perspectiva autoritaria y enfoque teleológico. Muchos de nuestros hijos y nietos no habían nacido en el 2002 o no tenían edad para firmar aquella determinación. Ahora se les obliga a acatarla por la fuerza de la coerción. 

En el grupo de Facebook «Utopía Revolucionaria», Daniela Rojo, joven participante en el estallido social del 11-J, indagaba con toda lógica: «¿Si en Cuba no hay socialismo, que es lo irrevocable?» —«Buena pregunta», le respondí.

Socialismo, ¿concepto o realidad?

Hasta hoy, en los países en que ha triunfado una revolución que se ha proclamado socialista, a lo más que se ha llegado es a la estatalización de los medios de producción. No somos una excepción.

La burocracia dirigente aprovechó la nueva Constitución para deslizar astutamente un término que no contenía su predecesora. En el artículo 22, al estipular las formas de propiedad, explica en el inciso a) que la socialista de todo el pueblo es aquella «en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario».

En consecuencia, no bastándole ser administradora de hecho, ahora nuestra burocracia lo es también de derecho. Pero un administrador tiene que rendir cuenta a los dueños y esta es una deuda pendiente. En las asambleas de trabajadores, cuando excepcionalmente se celebran, se anuncian disposiciones verticales.

Además, como argumenté en el artículo «Economía militar en Cuba», una parte sustancial del patrimonio económico nacional está sustraído al control popular y se encuentra bajo la égida del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), empresa adscrita al Ministerio de las FAR y no subordinada a la Contraloría General de la República.

La noción de «propiedad de los trabajadores sobre los medios de producción» se difuminó ante una realidad en la que es imposible designar a los que administran directamente tales medios. La falta de democracia política consustancial al modelo es secuela directa de la falta de democracia en la gestión y administración de la economía.

Las Asambleas de trabajadores de los primeros años fueron cediendo a decisiones impuestas, hasta desaparecer o convertirse en actos formales. En el proceso, los sindicatos, con una larga y prestigiosa historia anterior a 1959, se convertirían en la Boca de Sauron de las administraciones. A ello me referí en el texto «Ventrílocuos».

En los debates del proyecto de Constitución se resaltó la necesidad de implementar el control obrero, lo que además fue incluido en el artículo 20: «Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas».

No obstante, ni en el congreso posterior de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ocurrido en abril de 2019, ni en la reunión celebrada el 8 de enero del pasado año, se debatió, o se hizo siquiera referencia, al modo en que el referido artículo será concretado en leyes claras y precisas, que permitan a trabajadoras y trabajadores tener un protagonismo real en los planes de la economía, y no uno que solo viva en el discurso y en los conceptos. Así lo reafirmé en el artículo «Puesta en escena».

Sin un efectivo control ciudadano en la vida política, en el modo de nominar y elegir a quienes gobiernan, no podremos sustituir a los incompetentes, atajar a los corruptos y controlar los medios de producción fundamentales, que en teoría son de todos pero en la práctica son gestionados y administrados por una capa burocrática.

El socialismo burocrático de Partido único ha creado una especie de deidad que escapa al imperio de la ley al situarse por encima de ella, acentúa el extremismo político y se separa de la ciudadanía. Hasta ahora todos los modelos con estas características, lejos de conducir a una sociedad socialista, han disimulado un capitalismo de Estado con rasgos de corrupción y elitismo.

¿Y es eso lo que se anuncia como irreversible? ¿Ese es el futuro eterno que se nos ofrece? Es perfectamente lógico entonces que existan entre la ciudadanía sentimientos de inconformidad y rechazo y actitudes discrepantes. Sin embargo, ¿puede hablarse de una disidencia en Cuba?

Los disensos

Como en el modelo de socialismo burocrático de partido único no se admite la participación real y espontánea de la ciudadanía en la actividad política, todo disenso ha sido reducido a una categoría: el enemigo. Por lo general se acompaña de apelativos muy variados: pagados (por el imperialismo, Soros, o la CIA); mercenarios del imperio, u otros.

Comprendo que para la dirigencia política sea más pragmático luchar en un frente que en varios. Pero en Cuba es más realista hablar de disensos, en plural. En mi percepción, que no pretendo imponer, existen tres tipos reconocibles. Sin intentar una clasificación pormenorizada, solo identificaré tendencias generales: 

1. Socialistas democráticos (un amplio espectro ideológico que abarca desde marxistas críticos, anarquistas, católicos y cristianos de izquierda, socialdemócratas, ecologistas, feministas, afrodescendientes…). Son proclives a un socialismo inclusivo y participativo, con respeto a la pluralidad y ajeno al modelo burocrático vigente.

2. Pro-capitalistas democráticos (con diferentes matices desde el liberalismo al neoliberalismo e incluyen también algunos de los sectores y minorías mencionados). Se distinguen por su pluralismo político y no rechazan la convivencia con posturas de izquierda.

3. Pro-capitalistas radicales y extremistas (son el otro lado del espejo del Partido único). No admiten la legitimidad de las posturas de izquierda y proclaman la censura del Partido Comunista en un país futuro, favorecerían una supervisión de los Estados Unidos en Cuba.

Cuando se debatía el proyecto de Constitución publiqué el texto «Disonancia», en el que manifestaba mi preocupación porque si bien el artículo 1 del proyecto reconocía:

Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva;

se apreciaba una notoria incoherencia en el hecho de que en el artículo 40, entre los derechos, libertades y oportunidades que recibían la protección de las autoridades y que no podían ser objeto de discriminación, se habían omitido las creencias políticas.

Advertí al respecto: «Esta incongruencia no puede ser justificada por ningún argumento. Todas las ideologías deben tener igual protección ante la ley, más si el propio artículo 1 reconoce su disfrute como uno de los objetivos de la República».

El modo en que nuestra burocracia resolvió la susodicha incoherencia puede pasar al libro de Records Guinnes del cinismo. Simplemente omitieron una palabrita, una simple palabrita del artículo 1. Donde antes decía «libertad política», quedó escrito en el documento definitivo de la Constitución: «para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».

Saber qué entiende la burocracia por libertad a secas es más de lo que puedo discernir. Lo cierto es que el cambio de redacción le dio ínfulas para ejercer la discriminación sin ningún tipo de límites.

Cuando se niega el derecho a manifestación que la Constitución proclama —y que es interpretado de un modo en que el Estado Socialista de Derecho deviene quimera—, se le está negando a todas estas tendencias. Vale reflexionar entonces en la fuerza real de un modelo que teme a sus críticos, que cree posible que una manifestación lo derroque, que anuncia su confianza en el pueblo y asegura estar apoyado por la mayoría; pero no se atreve a probarlo en la práctica política.

Haber gobernado tanto tiempo desconociendo el sentir real de la ciudadanía, sin dar espacio a la crítica profunda y a la participación popular, aislados de las bases sociales, justificando sus errores y desaciertos con el bloqueo de los Estados Unidos, sin ver retada su permanencia en puestos de dirección; ha debilitado al poder. Esta negativa a manifestación es evidencia de debilidad, no de fuerza.

Yo creo en el socialismo, pero no como un destino impuesto por la fuerza de la ley, tampoco como un futuro de prosperidad siempre inaccesible que exija fidelidad y constantes sacrificios a sus seguidores; sacrificios que no son compartidos por la clase burocrática.

El socialismo debe ser una opción consciente y ratificada por el pueblo, no solo por un artículo constitucional. Debe ser efectivamente un sistema de justicia social, que genere equidad pero que no esté reñido con la prosperidad y la empresa privada, que tenga en cuenta a los débiles y vulnerables, que erradique la pobreza extrema y favorezca un presente de transformaciones para que nuestros hijos deseen permanecer en este país.

Si la protesta pacífica hubiera sido una práctica política desde el inicio del proceso, es muy probable que no se hubieran acumulado los enormes problemas que tenemos hoy. Pero este modelo no lo permite, por eso es necesario transformarlo y para ello se requiere normalizar el disenso. En caso de que la Constitución sea una barrera impermeable, habría que proponerse cambiarla.

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[1] Ley de Reforma Constitucional, dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, a los 26 días del mes de junio del 2002, «Año de los Héroes Prisioneros del Imperio». (Publicada en la Gaceta oficial de la República de Cuba: 27-06-2002).