El caso Anna Bensi

Hoy se celebró el juicio de Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, por grabar y publicar en redes sociales a un funcionario de la Policía mientras entregaba en su vivienda una citación de la Seguridad del Estado.

Es un proceso con una trayectoria accidentada y con argumentos jurídicos muy discutibles. El expediente fue archivado inicialmente porque el delito imputado solo puede perseguirse mediante querella de la persona afectada; después, el propio agente presentó la querella y el caso fue reabierto. La vista prevista para el 17 de septiembre se suspendió y finalmente fue fijada para hoy.

La acusación se apoya en el artículo 393 del Código Penal, que protege la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la voz y la identidad de cualquier ciudadano. Pero ese artículo no dice simplemente que sea delito grabar o publicar a alguien sin su consentimiento. Exige además que se actúe «con el propósito de afectar» esos bienes. Por lo que no es lo mismo divulgar aspectos de la vida privada de una persona para perjudicarla, que documentar a un funcionario mientras ejerce una función pública.

El ejercicio de un cargo público, y especialmente de funciones policiales, está sujeto al escrutinio ciudadano. Para una persona común, grabar una actuación de la autoridad puede ser una de las pocas herramientas disponibles para documentar un exceso o una arbitrariedad y exigir justicia y reparación por lo ocurrido. Y las redes sociales —con sus luces y sombras— son hoy un espacio cada vez más usado para disputar la justicia, sobre todo cuando las instituciones son insuficientes o cómplices ante actos de laceración de derechos. 

Lo hemos visto claramente en Estados Unidos con el ICE. Buena parte de los videos que han permitido conocer y denunciar actuaciones abusivas de sus agentes existen precisamente porque ciudadanos, periodistas y observadores sacaron un teléfono, grabaron lo que estaba ocurriendo y después lo difundieron en redes sociales. Si se impide al ciudadano documentar y exponer la actuación de quienes tienen el monopolio de la fuerza, se elimina una de las pocas herramientas que tienen para defenderse frente a posibles abusos de autoridad.

Además, resulta bien contradictorio que en Cuba se invoque con tanto rigor la protección de la imagen frente a una ciudadana, cuando durante años activistas opositores o simplemente personas críticas al gobierno han visto difundidas en la televisión estatal y sin su consentimiento, fotografías, conversaciones y hasta grabaciones realizadas durante interrogatorios.

La justicia, además, no termina en los tribunales. Una sociedad no construye sus consensos sobre lo justo únicamente a partir de códigos, fiscales y sentencias. También los construye mediante luchas sociales, medios de comunicación, denuncias públicas y disputas sobre qué daños merecen reconocimiento. Una decisión puede ajustarse formalmente a una determinada interpretación jurídica y, al mismo tiempo, ser cuestionada porque ignora las relaciones de poder y las condiciones concretas en que ocurrieron los hechos.

Y antes de ser tildado de ingenuo o cómplice, sé perfectamente lo que hay detrás del proyecto político que rodea a influencers como Anna Bensi y consignas como «Cuba para Cristo». No es el de la teología de la liberación, que vinculó la fe con la preocupación por la pobreza y la desigualdad, cuestionó las estructuras de explotación y acompañó luchas por la justicia social, los derechos y la democratización. Tampoco es un discurso religioso particularmente ecuménico, plural o dispuesto a convivir con otras formas de entender la sociedad.

La mayoría de las organizaciones e influencers que han acompañado a Anna Bensi son las mismas que se opusieron al matrimonio igualitario, se oponen al aborto y al reconocimiento de la identidad de las personas trans, y prácticamente nunca han cuestionado las desigualdades asociadas a un reparto del mundo que permite concentrar cada vez más riqueza en unos mientras otros se empobrecen.

Por tanto, el proyecto político que defienden es el de una Cuba con terapias de conversión disfrazadas de «ayuda espiritual», una economía extractivista al servicio de las transnacionales y una mayor desigualdad, justificada por la supuesta «falta de fe y esfuerzo personal» de los pobres. América Latina ya conoce los efectos de ese proyecto.

Sin embargo, nada de eso hace a Anna Bensi menos víctima, ni vuelve menos preocupante que se naturalice la posibilidad de que un ciudadano pueda ser criminalizado por documentar o cuestionar públicamente el trabajo de las autoridades.

Una vez más se aplican soluciones policiales a problemas políticos, que no hacen otra cosa que hacerlos crecer. Se le regala a la derecha y al fundamentalismo religioso una víctima perfecta, capaz de generar empatía incluso en sectores de la izquierda que consideran —con toda razón— injusto lo que le están haciendo.

Los verdaderos operadores políticos de la derecha y del imperialismo estadounidense deben estar contentísimos con actos como este. Porque contribuyen a fracturar todavía más el consenso político y ofrecen argumentos para justificar la agresión externa. Algunos tenemos claro que esa política no responde a una preocupación por la democracia —Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con otros Estados con prácticas autoritarias—, pero, en el sentido común de mucha gente, casos como este alimentan la idea de que es aceptable y necesaria cualquier cosa que se haga para sacar del poder a quienes «encarcelan a una pobre muchacha que solo hace videos».

Cuba atraviesa ahora mismo uno de los cercos económicos más fuertes de su historia reciente, con fuertísimas consecuencias para la vida de la gente común. Y, en un momento así, lo que menos necesita el país son más presos políticos.

Que una muchacha con un teléfono pueda ser percibida como una amenaza para la estabilidad de un Estado dice mucho sobre la fragilidad del consenso que sostiene a ese Estado. Un proyecto político con instituciones fuertes, capaz de asimilar la crítica y de ofrecer un horizonte de futuro suficientemente convincente, no debería temer que un video en redes sociales pueda ponerlo en jaque.

Al imperialismo se le combate con más democracia, con la creación de consensos, con instituciones capaces de admitir la crítica, con reglas —y maneras de aplicarlas— que reduzcan la arbitrariedad, y con un proyecto político capaz de ofrecer un futuro mejor que el que proponen sus adversarios.

Mientras esto no exista, se puede encarcelar a una, pero aparecerá una segunda, una tercera y una cuarta. Y el Estado puede pasarse la vida persiguiéndolas sin resolver los problemas de fondo y las contradicciones que las producen. Esas personas no son la causa del deterioro, sino apenas uno de sus síntomas; son esas contradicciones no resueltas las que, en última instancia, pueden terminar provocando la erosión y hasta la desaparición del propio Estado.