Un boicot que no sorprende
La noticia es que la cantante estadounidense Norah Jones se presentará en La Habana como parte de un paquete turístico que incluirá tanto los típicos paseos por la ciudad como un par de conciertos —hasta donde se sabe por ahora— privados, previstos para el Teatro Martí, de La Habana Vieja.
El tour, que comenzará el próximo 15 de febrero y concluirá cuatro días después, ha provocado una gran polémica en las redes sociales.
Desde que se hizo público este martes que Jones se presentaría en Cuba, decenas de activistas políticos han increpado a la artista por «formar parte de una estrategia del régimen cubano» para animar la decaída industria turística del país.
Algunos señalaron que el precio del paquete turístico, que supera los 3.000 dólares estadounidenses.
Esto significa que las empresas cubanas siguen intentado reinventar su oferta turística en medio de la gran crisis que enfrenta un sector decisivo para la economía cubana.
Además de lo inteligente que parece esta propuesta, de éxito casi seguro a la vista de la carrera internacional de Norah Jones, también demuestra la capacidad de gestión que poseen los empresarios del turismo en la Isla.
Opinamos que el extremismo político de algunos grupos no debería boicotear una actividad económica esencial.
Tanto las iniciativas de las empresas turísticas cubanas, como los artistas que deciden ir a la Isla, son rechazadas por razones políticas, algo que no ocurre cuando estas se dan en otros países —incluso que tienen gobiernos autoritarios. El intento por afectar el turismo y el intercambio cultural a quien más daña es a la ciudadanía.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el Estado cubano siempre ha levantado la bandera de que la cultura es un «derecho del pueblo» y no un «privilegio de pocos», para ser coherentes con esto, debería buscar alguna alternativa para que los cubanos que no tienen cómo comprar el costoso paquete turístico puedan acceder al arte de la cantante norteamericana, más cuando estos conciertos se harán en uno de los pocos teatros que hoy funcionan en la capital.
Asimismo, cada vez se hace más necesario un mecanismo de transparencia y control popular que garantice ante la opinión pública que los resultados de estos eventos beneficien a las mayorías con el financiamiento de otros servicios sociales.
Un nombramiento cuestionado
Fue noticia este este 9 de noviembre que Alexis Triana Hernández, un veterano funcionario del sector cultural, ha sido nombrado presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
Triana, quien había tenido una carrera como director de cultura en la provincia de Holguín y coordinador del evento «Romerías de Mayo» y luego frente a la dirección de Comunicación del Ministerio de Cultura —pero no una obra cinematográfica—, en su primer post como presidente del ICAIC se refirió a la necesidad de «seguir salvando y restaurar todo el cine patrimonio de Cuba» y que con este objetivo había establecido alianzas con el «Dr Enrique Alemán, lider del Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba para sumar apoyos y aprehender su experiencia en proyectos de Colaboración Internacional».
La prensa oficial señaló que el referido funcionario, graduado de periodismo, «acumula una larga carrera como gestor y promotor cultural». La prensa antigubernamental, por su parte, lo definió como un «comisario cultural y represor de trayectoria».
Esto significa que el enfrentamiento, ya largo, entre los cineastas y las autoridades culturales ha entrado en nuevo capítulo que podría manejarse torpemente. Desde junio pasado, un grupo bien amplio de cineastas constituyó una asamblea para dejar claras sus posiciones sobre la censura y realizar, sobre este principio, un diálogo con las autoridades.
Dicho grupo, si bien reconoció el derecho del gobierno a nombrar a los dirigentes de sus instituciones, afirmó que «se trata de un funcionario del propio Ministerio de Cultura que ha sido parte activa y consciente de la tendencia que los cineastas hemos cuestionado». En adición recalcaron: «el problema del ICAIC no es su presidencia, sino la subordinación de todas sus estructuras a una burocracia cultural que lo paraliza y anula».
Nuestra opinión es que esta discusión puede ser muy provechosa para el gremio, y en general para la cultura cubana, si las autoridades se disponen sinceramente a encontrar un consenso.
Quedará por ver si Alexis Triana, quien fue célebre por justificar en televisión nacional la violencia del ministro de Cultura Alpidio Alonso con un periodista en los sucesos ocurridos el 27 de enero de 2021, tendrá las habilidades y el perfil más adecuado para entablar el tan necesitado diálogo.
El vaso medio lleno de las inversiones
La siguiente noticia es que se desarrolló durante toda la semana la Feria Internacional de La Habana, Fihav 2023, considerada la principal bolsa comercial de Cuba.
Asistieron más de 800 empresas de 63 países. El viceprimer ministro Ricardo Cabrisas, también a cargo de la cartera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex), informó que el evento sirvió para formalizar más de 150 instrumentos comerciales y jurídicos. Entre ellos 14 contratos de exportación y 10 de importación.
Carlos Luis Jorge, el director general de Inversión Extranjera del Mincex, reveló que Cuba gestiona en 2023 proyectos de inversión por un monto de 34 471 millones de dólares.
El funcionario admitió que esta cifra no es suficiente para consolidar la recuperación de la economía, pero opinó que se trata de «una muestra de recuperación de la confianza y el interés en Cuba».
Esto significa que se continúa trabajando para motivar a inversores y socios, pero sin que se den pasos decisivos. La economía cubana, mientras tanto, sigue estancada.
Opinamos que un evento como este, de indudable utilidad, debería ser mucho más dinámico y contar con elementos que lo hagan todavía más atractivo, incluso en materia de puesta en escena.
Sin estar dispuestos a poner una carnada de incentivos, sin flexibilidad para aprobar y gestionar proyectos, y con las aún existentes trabas burocráticas, las inversiones que necesita Cuba no ocurrirán.
La «muerte digna»
Fue noticia que el 1 de noviembre el parlamento cubano publicó el proyecto de Ley de Salud Pública que será votado por los diputados en las sesiones de diciembre próximo.
El proyecto legislativo, que empezó a redactarse desde 2019, sustituiría a una ley vigente desde 1983 que ya no se ajusta al contexto cubano.
La futura ley reafirma el derecho a la salud sin que se requiera pago por ningún servicio médico. También implementa derechos reconocidos recientemente en el Código de las Familias como la reproducción asistida.
Es significativo que reafirme, sin lugar a dudas, la opción de abortar. Este derecho, ampliamente ejercido en Cuba desde hace décadas, no estaba respaldado por una base legal de este rango.
El derecho a la «muerte digna», la fórmula elegida por los redactores para referirse a la eutanasia, es también una de las grandes novedades del proyecto.
Esto significa que continúa, como estaba previsto, la actualización de las legislaciones hasta que todas queden ajustadas a los principios de la Constitución de 2019. En adición corrobora que el parlamento cubano está coherentemente empeñado en ampliar el reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales.
Nuestra opinión es que esta ley resolverá varios vacíos que tenía la anterior y en ese sentido no queda más que recibirla con aplausos. Es una pena que llegue en medio del deterioro de los servicios médicos y que, por tanto, algunos de los derechos reconocidos en ella no puedan ser disfrutados sin obstáculos.
Creemos que, a pesar de la crisis del sistema de salud, una ley como esta plantea un camino al futuro en el que, como desea la mayoría de los cubanos, se reafirma el carácter universal y la vocación social de los servicios médicos en el país. Es, al menos, una esperanza.
Persisten los delitos de odio
Por último, un crimen de odio cometido en la ciudad de Cárdenas se hizo noticia esta semana.
Roxana Suárez, una mujer trans, fue atacada y sufrió lesiones graves por su identidad de género en la madrugada del 4 de noviembre. La agresión fue denunciada por el activista LGBTIQ+ Yoelkis Torres en sus redes sociales.
Antes de este ataque, en junio pasado, se reportó otra agresión contra varias mujeres trans en esa misma ciudad.
El pasado miércoles, Torres informó que Roxana se encontraba «fuera de peligro».
Esto significa que, aunque se han aprobado normas que protegen a las personas LGBTIQ+, incluso en el Código Penal, los delitos de odio siguen siendo un problema en Cuba. Los reportes son esporádicos, pero persistentes.
Opinamos que, más que una política de castigos se necesita implementar estrategias amplias de apoyo a las personas trans. La vulnerabilidad histórica en que se encuentran no se resuelve sólo con normas legales.
Es muy importante que el gobierno desarrolle una política integral que atienda las necesidades económicas, de empleo, educativas, etc., que son el resultado de una larga historia de exclusión hacia este grupo poblacional. Esa política, junto a una estrategia educativa eficiente, sería una forma coherente que luchar contra los delitos de odio.
Sigue pendiente la tan anhelada Ley Integral contra la Violencia de Género, mientras se redacta, el Estado deberá buscar una solución viable para evitar estos crímenes o será corresponsable de su comisión.
