Bárbara Farrat: el derrumbe

Bárbara dio a luz el 11 de julio de 2004 a un niño. Lo crio entre esas cuatro paredes que apuntaló como pudo una y otra vez. También puso la cuna de su nieto entre esas cuatro paredes, y tostó el maní que salía a vender para dar de comer a los suyos.

Bárbara vio a su hijo partir hacia un interrogatorio policial del que nunca volvió. Colgó una foto del niño en la pared. Le gritó al Estado, a Dios y al universo su deseo. Su hijo regresó y como si de un maleficio se tratase, como si ella fuera el horcón mayor de su casa, bastó con que se sentara a descansar con todos los suyos dentro, para que el techo se viniera abajo.

La vivienda

Desde 1959 el acceso a la vivienda fue parte del programa político que se proponía la Revolución. La Ley de Reforma Urbana de 1960 convirtió en propietarios de sus viviendas a los que en esos momentos las ocupaban como arrendatarios. La Ley General de la Vivienda de 1984 (No. 48), autorizó la transferencia de viviendas y convirtió en propietarios a más de 750 mil familias. La Ley de la Vivienda de 1989 (No. 65), por su parte, promueve, planifica y organiza la construcción y reparación de viviendas, a través de las microbrigadas, las empresas y otras entidades estatales; las cooperativas de producción agropecuarias o por esfuerzo propio. Finalmente, el Decreto Ley 288 de 2011 regula la libre compra y venta de viviendas por nacionales y residentes permanentes en Cuba y la selección del lugar de residencia sin restricciones.

De acuerdo a la Observación General N°4, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, una «vivienda adecuada» debe contemplar: «seguridad jurídica de la tenencia,  disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad, asequibilidad; debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales, además de contar con adecuación cultural».     

Por su parte, la Constitución cubana de 2019 en su Capítulo II, artículo 71, especifica que «se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable». Argumenta, además, que el Estado hace efectivo este derecho a través de «programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes».

Según la «Versión ejecutiva del perfil de la vivienda en Cuba», elaborada por Naciones Unidas en 2014, el país poseía 9 millones de unidades habitacionales, donde residían 11 millones 167 mil 325 personas. Se trata de 7014 aéreas de concentración de asentamientos humanos, de los cuales 597 son urbanos y 56 alcanzan la condición de ciudades. La Habana, en ese entonces concentraba el 18,9% de la población total.

En el período 1959-2012, «la población del país creció en un 58%, pasando de 7,7 millones a 11,16 millones de habitantes, mientras el fondo habitacional creció en un 149%, pasando de 1 millón 560 mil a 3 millones 885 mil 900 viviendas». Según el censo de población y viviendas del 2012, 664 922 viviendas se encontraban en mal estado, es decir el 17,8% del total, de las cuales solo el 58,1% puede ser recuperado.

En el caso del año 2017, por ejemplo, el Plan de construcción de vivienda comenzó con afectaciones. En el primer semestre no se terminaron muchas de las viviendas previstas y la mayor parte se concentró en la segunda mitad del año, justo con la llegada del ciclón Irma. Al cierre del 2016, el déficit habitacional ascendía a 883 050 viviendas, 30,000 unidades más con respecto al año anterior.

Esta lógica acumulativa y de contingencia, sumada a la precariedad propiciada por la pandemia y la crisis económica palpable de los últimos años ha llevado a un notable deterioro del fondo habitacional cubano. En octubre de 2012, el huracán Sandy dañó más de 300 mil viviendas de la región oriental de la Isla, y cinco años más tarde, el ya mencionado ciclón Irma afectó unas 160 mil viviendas, con casi 14 700 derrumbes totales.

En marzo de 2024 la directora nacional de la vivienda informó que «se han concluido en el país un total de 2 106 inmuebles, 137 células básicas habitacionales y se han solucionado 5 582 afectaciones de eventos climatológicos, que, aunque no es ni el resultado deseado, ni el que necesita el pueblo, sí evidencia la prioridad en la sensible tarea en las provincias». Tan solo 16 065 viviendas, el 65 % del plan anual, fueron terminadas en 2023, «mientras que el déficit habitacional sobrepasa las 856 500 casas», según el balance anual del Ministerio de la Construcción.

Asimismo, un informe del cumplimiento del Programa Nacional de la Vivienda en 2023, elaborado por las propias autoridades cubanas, reflejó una gestión deficiente de este. «Como promedio, los municipios del país no superan el 40% de los renglones que requiere la construcción de un hogar, no tienen autonomía, y no avanza el cumplimiento de la política… Con destino a madres con tres o más hijos, se culminaron 1 192 acciones constructivas, de las 2 257 planificadas, para un 53 %. Por adaptación de locales o cambios de uso, para incrementar la cantidad de casas estatales, se terminaron 906, el 73 % de lo previsto».

No existen datos precisos de la situación del fondo habitacional de La Habana en la actualidad. En 2022 estaba planificado el censo poblacional que no se ejecutó por la pandemia de covid-19. Dos años después, sigue pendiente. Lo cierto es que basta caminar las calles de la capital para entender que en cualquier momento se viene abajo.

Un reporte publicado en el sitio web de la Presidencia de Cuba indicaba que a finales de 2020 solo el 63% de los 3.9 millones de viviendas en Cuba, se encontraban en buen estado, y que el restante 37% estaban en malas o muy malas condiciones. Ese mismo año, murieron tres niñas aplastadas por un balcón habanero, hecho que se repitió en 2023 con el derrumbe de un edificio en el centro histórico capitalino, que trajo consigo la muerte de una persona y un saldo de 13 familias afectadas.

Este tipo de acontecimientos con mayor o menor saldo material o de vidas afectadas se repite constantemente en una ciudad que se vende al turismo congelada en el tiempo, pero no por la voluntad de sus habitantes.

Aunque las autoridades cubanas repiten que la construcción de viviendas tiene «prioridad», los datos muestran otra cosa. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2011 la construcción de obras públicas —entre las que se incluyen las viviendas— alcanzaba el 17.83% de la inversión estatal y en 2023 fue solo un 1.7%. Por el contrario, los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler —que incluye la construcción de hoteles— el pasado año alcanzó un 27%.

El derrumbe

El 11 de abril de 2023 amaneció nublado. Era un día húmedo en el que a Bárbara le hubiera gustado despertar con su cafecito y mirar a su nieto dormir a pierna suelta, pero no. Desde el 13 de agosto de 2021, día en que Jonathan Torres Farrat fue detenido por manifestarse en el 11J, ella se despierta a las cinco de la mañana.

Hace un tiempo amanecía pensando en cómo sacar a su hijo de la cárcel. El 25 de mayo de 2022, luego de incontables directas en redes sociales donde exigía que fuese liberado, tras muchos interrogatorios y presiones de los órganos de la seguridad del Estado para que no siguiera denunciando, Bárbara vio entrar a su hijito, que había sido apresado con 17 años.

«Yo lo saqué de la cárcel y ahora tengo que sacarlo del derrumbe. Aquí estaba mi cocinita. Esto nunca estuvo en buenas condiciones, pero era mío. Yo sabía que en cualquier momento se me iba a caer la casa encima. Ese día sentimos traquear las paredes y salimos corriendo. Aquí yo pasé las verdes y las maduras, crie a ese niño desde que era un porroncito. Aquí solo me queda la foto de mi hijo en la pared. Yo la miro y sé que voy a echar pa alante, por él y por mi nieto».

Desde los catorce años, Bárbara habitó las paredes inexistentes que hoy nos muestra. Caminamos junto a ella entre escombros y nos interrumpe su madre para brindar café. En la parte de abajo del cuartico derrumbado duerme ella con su esposo, su hijo, su madre, su nuera y su nieto. Cuando amanece, debe recostar el colchón a la pared. En ese espacio escasamente ventilado nadie puede dormir la mañana, porque el ritmo de todos debe sincronizarse para poder existir. El colchón se interpone entre el baño y la cocina. Si uno se despierta, el resto debe hacerlo también.

«Si de cosas peores he salido, cómo no voy a salir de esto. Yo no pido tener una casa de placa. No pido que me ayuden a tener algo que no he tenido, solo a levantar estas paredes y un techo sobre mi cabeza. El otro día vinieron unos amigos de mi hijo y le trajeron algunos bloques. Yo estoy eternamente agradecida, porque cada ladrillo de esta casa me va a costar mucho sudor. Mi familia me ha hecho que salga de aquí para recoger los escombros escondidos de mí. Yo no quiero que boten nada, porque mi cuartico era mi mundo. Si he ido tres veces allá arriba es mucho, no quiero mirar cómo está eso».

A veces teme a subir a lo que fue su espacio. A veces logra olvidarse de que su casa existe, pero entre su intento de evadir, y ella, se interpone la vida. «Este es el verdadero periodo especial, cuando yo era niña la cosa estaba dura, pero debajo de una piedra se sacaba dinero. Ahora, ¿dónde está la piedra? Un litro de aceite está a más de mil pesos y ¿qué voy a comer? ¿aceite? Imagínate entonces, tener que llevar una jaba a prisión. Así hemos estado todas las madres de los presos en Cuba hoy».

Cuando se le cayó el techo, Bárbara hizo una directa en Facebook que explicita no estar dirigida para sus seguidores habituales, sino para aquellos que dicen que a ella le paga la CIA. Es constante en la retórica de los medios de comunicación estatales de que a quienes disienten en Cuba les paga el gobierno estadounidense. Sin embargo, Bárbara apenas sobrevive y las denuncias en redes sociales se han convertido en una forma de desahogo y justicia para ella.

A Bárbara, un Estado que se dice socialista lo más que le ha dado es una persecución política digna de romper a cualquiera. El barrio de Bárbara es uno de los focos donde mayor violencia de ambas partes se desató el 11J, y no es casual, basta mirar la calzada de 10 de octubre: sus casas a punto de desmayarse, su faz descolorida, el abandono de un Estado que encerró al hijo de Bárbara y a muchos otros a los que en el 11J se les cayó la paciencia.

«Ellos se llevaron a mi hijo y al miedo. Nunca me importó la represión ni las represalias, ni hoy por hoy, cuando les da por sitiarme», comenta. 

Bárbara siente que se empezó a quedar sola desde que se llevaron preso a su hijo. «Gente de la cuadra que lo vio nacer no vino ni a preguntar. Todos se volvieron muy revolucionarios, parece, pero después de eso, gracias a los que llaman “gusanos”, a mí no me ha faltado un medicamento para mi nieto. Sí tuve mucha ayuda mientras Jonathan estaba preso». 

Cuando su hijo salió de la cárcel vino mucha gente a su casa para saber todos los detalles de su liberación. Bárbara jaló a Jonathan hacia dentro, como si temiese que se lo volvieran a quitar, cerró la puerta y desde la ventana les dijo a los vecinos: «De todos ustedes ¿cuántos vinieron a preguntarme si necesitaba algo?, ¿cuántos creyeron que yo realmente lo iba a sacar de prisión? ¿cuántos de ustedes no vinieron a decirme: “Bárbara cállate la boca que protestando solo lo vas a perjudicar a él allí dentro”?». Luego volvió a abrir la puerta e invitó a pasar a los que en verdad le habían apoyado en el proceso. Todos retrocedieron. 

«Adentro de la prisión mi hijo se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo por él. Un buen día hasta el director dejó de llamarlo Torres y todos le decían Farrat. Yo no le contaba que hacía activismo afuera y en una visita me abrazó y me dijo: “Yo no confío en abogados, ni en nadie, pero sí sé que tú me vas a sacar de aquí”. Y lo saqué».

Jonathan Torres Farrat fue sentenciado a cuatro años de limitación de libertad. Antes del 11J se dedicaba a estudiar. Estaba en onceno grado y se había graduado de soldador. Estuvo 10 meses preso en Jóvenes de Occidente y continúa con una libertad limitada.

Para Bárbara, el 11 de julio siempre va a ser histórico y no solo por la manifestación, sino porque ese día, en 2004, nació su hijo. «Como pobres y como cubanos que somos siempre intentamos que el 11 de julio no pase por alto. Tratamos de comprarle una mudita de ropa y celebrarlo, pero después del 11J su cumpleaños nunca será igual».

Ser pobre y disidente

Los partidos u organizaciones políticas cuentan con una economía que les sostiene. Quienes les representan asumen como un trabajo esa labor y reciben un sueldo por ello; así sucede con las colectivas u ONGs, pero, en el caso de Cuba, el financiamiento a quienes disienten es considerado un delito y es perseguido. La CIA no le paga a Bárbara, pero para el Estado, el dinero de la diáspora es equivalente al de dicha agencia de inteligencia. 

Disentir no es un trabajo. Cuando en Cuba te declaras disidente del sistema político quedas a la intemperie. No será posible laborar con el Estado, e incluso en algunos circuitos económicos privados no tendrás muchas oportunidades, porque, tu sola presencia se convertirá en una forma de chantaje para tu empleador. Las redes de solidaridad de la sociedad civil podrán sostenerte por un tiempo, al menos mientras la euforia te envuelve, pero una vez que pasa el huracán, una vez que tu reclamo está en calma, la prioridad serán otros a los que el poder les aplaste con más fuerza en ese momento o su historia sea más atractiva para los medios de comunicación.

«Cuando mi hijo estaba preso venía mucha gente a visitarme, no paraban de pedirme entrevistas. Ahora que se me cayó el techo encima y Jonathan está libre, han sido muy pocos los que me han llamado. No todo en la vida es el dinero, a veces una necesita decirle a alguien lo sola que está, lo duro que está esto. Agradezco a los que se han interesado. Cada palabra de aliento la siento como si pusieran un ladrillo en estas paredes».

Bárbara cuenta que, en 2021, cuando empezó a hacer directas en redes sociales sobre la situación de su hijo, fue a verla una trabajadora social que se interesó por la situación de su vivienda. «Ella estaba preocupada porque mi nieto naciera en estas condiciones. El agente Denis, cuando empezó a citarme me dijo que ellos me iban a dar los materiales para arreglar la casa, pero yo no quise ayuda, porque sabía que eso era una forma de comprometerme para callarme. Además, me enteré de que habían hablado con la doctora de la familia para que firmara un papel que dijera que no tenía condiciones para tener a un recién nacido en la casa. Antes de eso a nadie le había importado la situación de mi casa y ahora tampoco».

En el caso hipotético de que el Estado le diera una casa a Bárbara, sería casi como un intento de diálogo, una muestra de que es posible una Cuba donde quepamos todos, más allá de la identidad política; pero ese país no existe.

Bárbara es una de las tantísimas cubanas a las que el Estado no le ha garantizado una vivienda adecuada. Su condición de disidente la pone en desventaja mayor, pues la ayuda estatal —en el difícil caso que ocurriera— muy probablemente estaría acompañada de condiciones para que cese su activismo político. Tampoco tiene medios propios para enfrentar su situación por sí sola.

La Habana se cae a pedazos. Hay muchas Bárbaras allí. Mujeres que no tienen la atención, ni del Estado ni de los medios de prensa. Familias por las que nadie moverá un dedo: ni el gobierno, ni la oposición. Sería un acto de justicia que Bárbara pueda descansar con un techo sobre su cabeza.