Tarjeta Clásica o la libertad de la MLC, y más

Tarjeta Clásica o la libertad de la MLC

Fue noticia esta semana el lanzamiento de una nueva tarjeta en dólares estadounidenses (USD). La Tarjeta Clásica, emitida por Financiera CIMEX S.A. podrá usarse en toda la red comercial que opera terminales de punto de venta (Pos).

Uno de los datos más relevantes ofrecidos hasta el momento es que servirá para comprar combustible en la red de servicentros que operará en USD.

Los depósitos se harán tanto desde el extranjero, mediante un sitio web, como dentro de Cuba en los establecimientos de Cadeca entregando efectivo en las monedas extranjeras aceptadas. Estará disponible lo mismo para cubanos que para turistas. Podrá ser usada por cualquier persona, incluso aunque no sea el titular de la cuenta bancaria, pues basará su seguridad en una clave numérica (PIN).

La «Clásica», además, viene con el encanto de los descuentos, una opción todavía inusual en el comercio cubano. Fincimex anunció que habrá un descuento del 10% en los servicios del Grupo de Turismo Gaviota y otro de un 5% para quienes usen la tarjeta para comprar en las tiendas de CIMEX, Caribe y Trimagen.

En esta misma línea, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) anunció que se amplían las posibilidades de la tarjeta prepago que emiten, también en USD. Esta tarjeta de Bandec brinda opciones semejantes a la «Clásica» de Fincimex, con la diferencia de que se podrán reembolsar hasta 100 USD en caso de salida del país.   

Según la información disponible hasta el momento, la principal desventaja de la tarjeta Clásica es la imposibilidad de extraer la divisa una vez depositada, ni transferirla hacia otras cuentas. Asimismo, para recargarlas no será posible utilizar la Moneda Libremente Convertible (MLC) acreditada en otra tarjeta nacional.

Esto significa, en esencia, la solución «técnica» para la venta de combustible en divisas que planteó el gobierno hace pocas semanas. Por otro lado, que la dolarización de la economía sigue en marcha, confirmando así que el fortalecimiento de la moneda nacional no es algo que vaya a ocurrir en el futuro próximo.

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También significa que la Moneda Libremente Convertible no es tan «libre» como dice su nombre, pues con su saldo no es equivalente a la divisa, al existir limitaciones para hacer con estas cuentas operaciones comerciales que requieren moneda fuerte.

Opinamos que estas nuevas tarjetas podrían estar indicando el final del MLC, esa moneda electrónica que surgió en 2019 en la antesala del «ordenamiento», precisamente cuando las autoridades pretendían eliminar las distorsiones monetarias y cambiarias.

Es como si, tras una crisis agónica en la que las tiendas que venden en MLC tienen ofertas reducidas y poco competitivas, se necesitara un recurso más convincente para recaudar divisas.

Quedará por ver si las viejas tarjetas en MLC servirán para comprar en las ya avisadas tiendas rusas. Por ahora, esta moneda virtual cada vez permite menos el acceso a productos y servicios comercializados en moneda fuerte. Viene semejándose el extinto CUC (Peso Cubano Convertible), que también funcionaba como equivalente al dólar hasta que perdió su convertibilidad.

Lo problemático no son puntualmente estas tarjetas —que presuntamente traen más ventajas que desventajas— sino lo que simbolizan: una economía que no consigue crear un modelo sustentable y sólo alcanza a emular fórmulas parecidas que ya fracasaron.

Asimismo, la inestabilidad de los mecanismos financieros hará disminuir más la confianza de las personas en los bancos, y que sean más recelosas a la hora de guardar ahí sus ahorros en monedas extranjeras o cambiarlas por las monedas «sustitutas». Cuando la experiencia dice que se pueden perder equivalencias y convertibilidades, el colchón empieza a parecer un lugar más seguro.

La niña Amanda, entre la crisis y la instrumentalización

Fue noticia también la polémica en redes sociales sobre la situación de Amanda Lemus Ortiz, que llevó a la Dirección Provincial de Salud de La Habana a pronunciarse con un comunicado oficial. 

Amanda es una niña de 2 años que padece una enfermedad hepática grave y necesita un trasplante.

Según lo relatado hasta ahora por medios no estatales, la familia argumenta que el hospital no dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo la operación y no quiso aceptar insumos de donación por no haber llegado por las vías oficiales.

En contraste, la nota oficial afirma que la paciente ya fue sometida a «una cirugía de alta complejidad» y «se le han garantizado los recursos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de su patología crónica». Agrega que necesita un trasplante hepático y «para lo cual se realizan coordinaciones con instituciones especializadas de otros países».

Activistas opositores se han hecho eco del caso, realizando convocatorias a donaciones, al tiempo que denunciaban al sistema de salud cubano por su presunta incapacidad para resolver el caso.

Esto significa que la crisis de los servicios de salud tiene un alto costo, que además de humano, es político. Tanto en la Constitución como en el imaginario ciudadano está bien claro que se trata de un derecho básico que debe ser garantizado por el Estado.  

Nuestra opinión es que el gobierno cubano históricamente hizo de la salud pública un estandarte discursivo, pero ante una crisis aguda y continuada, está empezando a ser cada vez más difícil sostenerlo.

La oposición radical, por su parte, es partidaria de que se mantengan las sanciones económicas contra Cuba, y luego aprovecha tragedias como la de esta familia para demostrar la ineficiencia del gobierno. Es una postura, cuando menos, incoherente e hipócrita.

No obstante, la escueta información emitida por el Minsap deja sin responder muchas de las preguntas de la opinión pública. ¿Por qué resulta imposible hacer la operación en Cuba? ¿Con los insumos que resolvió la familia podría llevarse a cabo? ¿El hospital ha rechazado estos insumos? ¿El Estado cubano costeará el tratamiento en el exterior? ¿Podrá hacerse sin comprometer la vida de la niña?

Ante una situación como esta, la transparencia institucional es fundamental. Si ante la actual crisis el Estado está dejando de garantizar algunos servicios médicos que les resulta imposible de sostener, comunicarlo debidamente es lo más honesto y necesario. Con evadir hablar formalmente del tema, no se evitará la indignación ciudadana.

Un tren descarrilado

Y fue noticia esta semana el retroceso que sufre el ferrocarril cubano en medio de la actual crisis económica.

En el balance anual realizado por la Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC), se supo que, a pesar de haber sobrecumplido con un 104% en la transportación de pasajeros para 2023, esto significa un decrecimiento con respecto a 2022.

Al transporte de cargas le fue mucho peor: llegó apenas al 54% de lo previsto.

En la reunión, que estuvo presidida por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, se planteó que incrementar las tarifas de transportación, perfeccionar el funcionamiento de la UFC y consolidar la «bancarización» son parte de la estrategia para sacar al ferrocarril de su parálisis. Tapia dijo también que la creación de mipymes estatales subsidiarias incentivaría a la UFC.

El viceprimer ministro reconoció que los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores están entre los grandes problemas no resueltos por el sector.

Esto significa que el ferrocarril, indispensable no sólo para el desarrollo del país, sino para su elementa funcionamiento, se encuentra en un momento crítico y sin expectativas de superarlo.

Opinamos que las soluciones expresadas por Tapia no bastan para echar a andar el ferrocarril cubano. Sin inversiones, como las que anunció Rusia en 2017, no hay salida para un conjunto de empresas paralizadas con una gran responsabilidad por delante.

El incremento en las tarifas de los pasajes no significa nada con tan pocos trenes de pasajeros en operaciones. La UFC por sí misma no podrá despegar. ¿Qué pasó con la gran inversión anunciada hace varios años?

Una aduana amigable

Fue noticia este 25 de enero que la anunciada reducción del impuesto aduanero para quienes importen materias primas, insumos o los llamados «bienes intermedios» —es decir, en ningún caso productos terminados—, ya es un hecho.

Con una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial, quedó formalizada una de las medidas planteadas por el gobierno como parte de su «programa de estabilización macroeconómica».

El impuesto quedó reducido al 50% y se hará efectivo a solicitud de la parte interesada, no de oficio. La resolución enfatiza que las materias primas beneficiadas deben estar destindas a «procesos productivos, con especial enfoque hacia la producción de alimentos y la producción agropecuaria».

Otra resolución publicada también el jueves, en este caso emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de Comercio Exterior, aumentó las tarifas aduaneras para la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas.

La cerveza, uno de los contados productos de consumo habitual que bajó de precios en los últimos años gracias a las importaciones privadas, no está incluida en esta subida de impuestos. En el caso de las bebidas alcohólicas, la resolución solamente subió la tarifa para la importación de alcohol etílico, aguardiente de vino o de orujo de uvas, y rones o aguardientes derivados de la caña de azúcar.

Esto significa una apuesta por las producciones nacionales, una invitación a producir en Cuba con más beneficios para los productores.

Nuestra opinión es que se trata de una política inteligente, pensada para estimular a los que podrían aportar más a la economía cubana, pero diseñada con el cuidado suficiente para no perjudicar determinadas importaciones beneficiosas.

De las medidas de «estabilización» esta es una de las más atinadas, siempre que la política de aranceles sea razonable y no provoque la desaparición o el encarecimiento de productos demandados.

Un gasto que vale la pena

Por último, fue noticia que el gobierno decidió aumentarle tres meses al disfrute de prestaciones sociales por maternidad. Con la entrada en vigor de esta medida, madres y padres dispondrán de apoyo económico para estar más cerca de los bebés hasta que cumplan 15 meses de edad.

Esta decisión fue presentada como parte del programa gubernamental «para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024».

La nota publicada por Granma recuerda que en 2021, con la aprobación del Decreto Ley «De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias», quedaron igualadas en derechos las trabajadoras del sector estatal con las contratadas por el sector privado, por tanto, la seguridad social cubre los gastos para ambos sectores.

Esto significa otro incentivo, que no deja de tener un significado económico, aunque se trate de una garantía social. Es una invitación al incremento de la natalidad.

Nuestra opinión es que esta es una zona de los derechos laborales en la que el gobierno cubano siempre ha sido puntero. La maternidad en Cuba siempre ha gozado de protecciones superiores a las del promedio de los países en desarrollo.

No obstante, esto no debería significar el abandono de políticas públicas que apuesten por aumentar y perfeccionar los servicios de cuidado a infantes. Deberían existir círculos infantiles que acepten niños menores al tiempo establecido por la licencia, como sí suele ocurrir en las guarderías privadas.

Separar a una persona de su puesto laboral durante un período tan prolongado puede ser una opción elegida, mas no la única posibilidad para ejercer la maternidad o paternidad.

Asimismo, si se tiene en cuenta la inflación, es discutible si esa facilidad representa una ayuda económica significativa a las familias. La principal garantía está en guardar la plaza a la persona cuidadora, algo que no siempre se cumple en los empleos fuera del sector estatal.

A pesar de todo, bienvenida sea la medida, y la honestidad de presentarla como parte del plan para sortear la crisis. Estas inversiones, que parecen pérdidas económicas, si se articulan con otras políticas, pueden representar garantías para un bienestar social que termine incentivando la producción y la retención de la fuerza laboral.