El pasado 12 de junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó, después de casi 10 años del inicio de su elaboración, el «Informe de fondo sobre caso de defensores Oswaldo Payá y Harold Cepero en Cuba». En estas 27 páginas, el CIDH recoge alegatos, analiza información y dispone una serie de recomendaciones —y no una condena, como han declarado erróneamente algunos medios de la prensa independiente cubana— sobre el caso.
Precisamente, a raíz de este informe expondré una serie de criterios que, desde mi perspectiva, podrían resultar útiles para hacerse una opinión sobre su fiabilidad y exactitud.
En el texto, el CIDH declara que «El Estado no ha proporcionado sus observaciones sobre la admisibilidad ni fondo del caso.» Esto significa que el Estado Cubano no ha reconocido la legitimidad de este informe, por lo que no ha considerado necesario aportar ningún tipo de material sobre el caso. Cabe destacar que Cuba ha mantenido siempre una actitud distanciada y en algunos casos confrontacional con la Organización de Estados Americanos (OEA) por reconocerla como un brazo de la política exterior estadounidense en América Latina.
Sabiendo esto, el resto del informe se basa en las declaraciones de testigos oculares de los presuntos hechos y de familiares o amigos de los fallecidos que, debido a su militancia política, tienen un claro conflicto de intereses que permiten, al menos, dudar de la veracidad de tales declaraciones.

Oswaldo Payá y Harold Cepero / Tomada de: gaceta.es
No es un secreto que en Cuba han habido, históricamente, serios problemas de irrespeto hacia algunas libertades como las de expresión, asociación y reunión. Las razones son multifactoriales, pero es un hecho que no se puede negar. El Estado cubano tiene una organización autoritaria de las instituciones que lo componen, que a su vez se subordinan al Partido Comunista de Cuba (PCC). Sin embargo, a diferencia de otros estados autoritarios, nunca se ha caracterizado por la eliminación física de sus adversarios políticos e ideológicos. ¿Por qué sería diferente con Payá y Cepero?
Suponiendo que el Estado cubano haya querido eliminar físicamente a ambos, ¿por qué esperó hasta que estuvieran reunidos con dos políticos extranjeros (el señor Carromero era Vicesecretario General de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid y el señor Modig, miembro de la Juventud Demócrata Cristiana de Suecia) para eliminarlos? ¿Por qué no hacerlo antes, en condiciones en las que la acción no representara un peligro para las relaciones internacionales de Cuba? ¿Por qué se arriesgaría de esa forma? ¿Por qué negociaría, luego, la extradición de uno de los testigos oculares del crimen?

Ángel Carromero y Aron Modig
Según el mismo documento, varios testimonios denuncian que antes del hecho, ya se habían perpetrado intentos de asesinato contra Payá con resultados infructuosos, según alegan solamente opositores políticos. Una vez más cabría preguntar, ¿acaso no tiene el Estado cubano todos los medios para llevar a cabo la eliminación física de un activista político sin causar un escándalo o dañar su reputación? Tiene poder suficiente para actuar como controlador de los medios de comunicación, los hospitales, las fuerzas del orden, las organizaciones de masas, las telecomunicaciones, la generación de energía, la distribución de alimentos, etc. Pero, ¿deciden eliminar físicamente a un opositor justo cuando está en presencia de testigos de alto valor? Es, al menos, muy cuestionable.
No debe ignorarse que las fatalidades pueden ocurrirle a cualquiera, y considerando que Cuba registra una elevada suma de accidentes de tránsito, a menudo con desenlaces fatales, resulta creíble la tesis del Estado cubano respecto a cómo sucedieron los hechos.

Datos tomados de Series Estadísticas ONEI
El informe del CIDH, lejos de parecer serio, impresiona ser un manifiesto político de intenciones. Después de 10 años de silencio, regresa justo en uno de los momentos más duros de la historia post 1959 de Cuba. Pareciera que se pretende crear un estado de opinión que diga «El Estado Cubano asesina a opositores políticos», en un contexto en que Cuba lucha contra un bloqueo genocida que afecta y limita las posibilidades de los cubanos, y contra su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Resulta además sospechoso que justo en un momento en que Cuba había logrado un acercamiento parcial con el gobierno de Biden, que ha llevado a derogar varias medidas coercitivas contra la Isla, reaparezca una investigación de la que poco o nada se ha escuchado hablar en los últimos años. Esta sospecha se hace más fuerte si tomamos en cuenta que en marzo de 2023, una comisión bipartidista de senadores de los Estados Unidos, entre los cuales se encontraban férreos defensores del bloqueo como Marco Rubio y Ted Cruz, envió una misiva a la secretaria ejecutiva del CIDH, Tania Reneaum, con el objetivo de «acelerar los avances de la investigación sobre el asesinato» de los opositores Owaldo Payá y Harold Cepero.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, determinó que la DICTADURA CUBANA es CULPABLE de los asesinatos de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Sí, la dictadura que acá nos quieren imponer como un paraíso económico y político, es asesina y violadora de DDHH!! pic.twitter.com/RDE8oliIFu
— MARIA ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) June 13, 2023
Apenas fue publicado el informe, las fuerzas reaccionarias de América Latina y otras partes del mundo se apresuraron a emitir afirmaciones como «El CIDH condena» o «El CIDH declara culpable» cuando no es cierto. El CIDH no tiene jurisdicción sobre territorio cubano ni legitimidad para emitir declaraciones condenatorias contra ningún estado, menos cuando Cuba ni siquiera es miembro de la OEA, organización a la que pertenece el CIDH y que tiene una larga historia de apoyo a gobiernos golpistas de la región, a sanciones estadounidenses contra países incómodos y a aspirantes a golpistas, como Juan Guaidó.
Cuba vive hoy una profunda crisis económica, política y social. Urge la creación de mecanismos efectivos que permitan el disenso y la oposición al discurso oficial de forma segura. Es necesario abandonar la actual forma de hacer política por una más inclusiva y que permita la participación de todos los miembros de la sociedad civil cubana sin temor a represalias; pero es indignante que se acuse al Estado Cuba de asesinar de forma sumaria a opositores políticos sin evidencias de dicha práctica y cuando todo el criterio que la sostiene proviene de personas con motivos para no decir la verdad.