La impostergable reforma y sus riesgos

Cuba no está ante una reforma más, sino ante una decisión límite. El Gobierno ha anunciado uno de los paquetes de transformaciones económicas y sociales más profundos de la historia posterior a 1959, en un momento en que el país ya no tiene margen para seguir administrando la crisis con parches, consignas o aplazamientos. 

Muchas de las medidas han sido recomendadas una y otra vez por diversos economistas; que finalmente se les escuche es una señal positiva, pero también confirma cuánto tiempo se perdió antes de llegar a este punto. Cuba enfrenta hoy una de las crisis socioeconómicas más graves de su historia reciente, marcada por una situación energética que ha afectado de forma devastadora la vida cotidiana, la producción, los servicios, los cuidados familiares, la salud mental y la capacidad de las personas para sostener una existencia digna. A ello se suma el impacto real, profundo y creciente de las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos, recrudecidas en los últimos años y dirigidas a cerrar fuentes de financiamiento, ingresos externos, acceso a combustibles, operaciones internacionales y márgenes de maniobra económica.

Sin embargo, reconocer ese impacto no puede servir para borrar responsabilidades internas. Al contrario, precisamente porque la Isla enfrenta una presión externa tan severa, el Gobierno tenía menos derecho a perder tiempo, menos margen para improvisar y mayor obligación de haber hecho los cambios necesarios para construir una economía más fuerte. 

Ahí radica una de las paradojas del momento. La guerra económica hace más riesgosa la reforma, porque obliga a implementarla en condiciones de escasez extrema, deterioro institucional, baja confianza social y empobrecimiento. Pero también resulta difícil no leer que, indirectamente, esa presión terminó empujando una transformación que se pospuso una y otra vez. Muchas de las medidas que hoy se presentan como imprescindibles pudieron haberse adoptado durante la apertura impulsada por la administración Obama, cuando existía un entorno internacional menos hostil, mayores riquezas internas y una sociedad menos agotada.

El desenlace de este proceso no dependerá solo de decisiones internas. El papel de Estados Unidos, y también de potencias con vínculos estratégicos con Cuba como China y Rusia, será un factor importante para el éxito o el fracaso de las transformaciones. Si la reforma logra enviar señales creíbles de apertura, seguridad jurídica y racionalidad económica, podría contribuir a estimular la inversión extranjera y a reducir parcialmente el aislamiento financiero del país. Pero si las medidas unilaterales coercitivas se mantienen o se intensifican, y si los aliados internacionales se limitan a respaldos políticos sin compromisos económicos significativos, los márgenes de la reforma serán mucho más estrechos. Cuba necesita hacer su parte, pero el entorno internacional puede acelerar, limitar o distorsionar profundamente sus resultados. 

En términos generales, el paquete contiene medidas que apuntan en la dirección correcta. Es acertado que reconozca la necesidad de otorgar mayor autonomía a la empresa estatal; ampliar los espacios de actuación del sector privado; reducir prohibiciones absurdas; flexibilizar el acceso a insumos; abrir canales más diversos de financiamiento; revisar la política de precios; y dar mayor capacidad de decisión a productores, empresas y territorios. También resulta relevante que coloque sobre la mesa una reforma salarial, la actualización periódica de pensiones y prestaciones, y el tránsito hacia subsidios mejor focalizados.

Durante demasiado tiempo la economía cubana funcionó bajo una combinación de escasez, prohibiciones, controles ineficaces y decisiones tardías que terminaron empujando a millones de personas hacia la precariedad, la informalidad o la emigración. En ese sentido, abrir espacios a la iniciativa, al mercado y a formas diversas de propiedad y gestión no debe ser leído como una renuncia, sino como una condición mínima para recuperar capacidades productivas y sostener cualquier política social viable.

Sin embargo, esas potencialidades conviven con riesgos importantes. La reforma puede ampliar la producción, atraer capital, dinamizar territorios y reducir trabas; pero si no se implementa con reglas claras, también puede incrementar desigualdades, debilitar aún más a quienes dependen de ingresos en moneda nacional, facilitar la concentración de activos y crear nuevas zonas de inequidades. 

La diferencia entre una transformación orientada al bienestar nacional y una simple redistribución de privilegios dependerá de la transparencia, participación ciudadana y la protección efectiva a quienes no tienen capacidad de competir en el nuevo mercado. Por eso, la discusión no debe reducirse a estar a favor o en contra de la reforma, la pregunta clave es qué tipo de reforma se construirá y para quiénes. Y esto obliga a mirar más allá del enunciado general de las medidas y concentrarse en sus escenarios de implementación. 

En este sentido, la transición del subsidio a productos hacia el subsidio a personas puede ser necesaria, pero solo será legítima si se traduce en protección social concreta y exigible. No basta con anunciar un fondo ni con formular objetivos generales, hay que definir quiénes serán protegidos, con qué recursos, mediante qué instituciones y con qué garantías frente al posible crecimiento de los precios y la ampliación de la dolarización. 

En la Cuba de hoy ya se sufren los efectos de un Estado que se retira como garante de servicios básicos sin crear mecanismos suficientes de redistribución. Aparecen formas de acceso, como la venta de gas en divisas —en medio de la crisis energética y de la escasez del servicio subsidiado— que abren alternativas para un sector poblacional mientras cierran la puerta para las mayorías trabajadoras y pensionadas. Puede ser mejor que exista esa opción a que no exista ninguna, pero si un bien esencial queda disponible solo para una parte de la población —y no necesariamente la que más trabaja o más ha trabajado— , la vida cotidiana se organiza alrededor de una dura frontera entre quienes pueden resolver para sobrevivir y quienes quedan desamparados. 

Por eso cada paso hacia la liberalización debe tener un correlato redistributivo. No se trata de impedir que aparezcan nuevos canales de oferta, sino de evitar que el acceso a necesidades básicas dependa exclusivamente de un poder de compra alejado completamente de los ingresos medios. Si el Estado se retira de determinadas áreas sin construir antes garantías efectivas, la reforma no será un salvavidas social, sino la administración desigual de la escasez.

Es cierto que las medidas anunciadas contemplan una actualización anual del salario mínimo, las pensiones y las prestaciones según la inflación, además de una corrección salarial para el sector presupuestado, pero resultarán insuficientes si los montos continúan lejos del costo real de la canasta básica.

Otro punto crítico es la privatización, entendida en este contexto como transferencia parcial de gestión, propiedad, acciones, activos y oportunidades de acumulación hacia actores privados nacionales y extranjeros. Esa transición puede ser necesaria en determinadas áreas, especialmente cuando el Estado ha demostrado incapacidad para gestionar eficientemente activos subutilizados, empresas con pérdidas sostenidas o sectores que requieren capital, tecnología y conocimientos que hoy no posee. Pero no se puede olvidar que privatizar, arrendar, vender acciones o entregar derechos de usufructo sin transparencia puede abrir una puerta peligrosa.

Sin beneficiarios finales transparentes, licitaciones públicas, auditorías independientes, declaraciones de conflicto de interés… el proceso de traspaso puede derivar en la apropiación oligárquica de activos públicos. Por ello es imprescindible dejar claras las reglas de cómo se distribuirán las oportunidades, quiénes y cómo podrán acceder a ellas y de qué manera se impedirá que el patrimonio acumulado por generaciones termine transferido de manera opaca a nuevas redes de privilegio. Y esto no se podrá hacer sin un acceso ciudadano a la información, además de organizaciones civiles, y una prensa con capacidad real de fiscalización, asignaturas pendientes en el modelo político cubano. 

La descentralización municipal también merece una mirada atenta. En principio, transferir competencias a los municipios puede acercar las decisiones a los territorios y favorecer soluciones locales. Pero muchas de estas estructuras están descapitalizadas, carecen de personal calificado y arrastran problemas de gestión. Delegarles atribuciones económicas, urbanísticas, presupuestarias y de inversión sin fortalecer capacidades y la veeduría ciudadana es el caldo de cultivo perfecto para potenciar mecanismos de corrupción hoy ya existentes.

Por eso, el control no puede ser únicamente estatal. Las instituciones tienen responsabilidades importantes, pero no sustituyen la fiscalización ciudadana. Estamos hablando de sociedad civil, medios de prensa con autonomía, sindicatos que respondan realmente a los trabajadores, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general, con acceso a datos, procesos, contratos, licitaciones, presupuestos y resultados. Asimismo, deben existir mecanismos efectivos para intervenir en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas y revocar mandatos cuando los dirigentes no respondan a los intereses de sus representados.

Desatar las fuerzas productivas sin desatar también las fuerzas cívicas sería una contradicción peligrosísima en este momento. La historia de varias antiguas repúblicas socialistas muestra que las aperturas económicas sin transparencia, pluralismo, rendición de cuentas y control popular pueden desembocar en capitalismos oligárquicos, profundamente desiguales y capturados por redes de poder. Cuba no está vacunada contra ese riesgo, todo lo contrario, y más con una cultura política atravesada por el secretismo, y la descalificación sistemática de la crítica.

Por último, otro elemento preocupante es el tiempo de implementación. En el anuncio se indicó que las transformaciones impactan a más de un centenar de disposiciones jurídicas, entre normas por derogar, modificar y crear. Eso abre la incógnita de cuánto demorará convertir estos enunciados generales en políticas concretas, regulaciones y mecanismos operativos. Por ahora, supuestamente, se conoce el rumbo, pero no el calendario, ni la secuencia; y en una crisis de esta profundidad, el tiempo es una variable política y social decisiva. 

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Esta puede ser la última oportunidad del Gobierno cubano para remontar el deterioro de las bases materiales mínimas que alguna vez sostuvieron las conquistas sociales del proyecto país. Pero esa oportunidad no se salvará con consignas, ni con apelaciones al pasado, ni con la repetición de que la reforma no abandona el socialismo. Se salvará solo si se puede mejorar la vida concreta de la gente.

El inmovilismo ya provocó demasiado sufrimiento. Persistir en él habría sido peor. Pero, aparejado a desatar las fuerzas productivas, es imprescindible desatar las fuerzas cívicas que puedan garantizar que el fruto de esa producción beneficie a las mayorías y no deje desamparadas a personas que han trabajado durante años por el desarrollo del país. Esa será la medida verdadera de la reforma: más allá de cuánto logre en términos de indicadores macroeconómicos, cuánta dignidad logre preservar y reconstruir.