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Cuba, Estados Unidos y «la caída por su propio peso»

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Desde una perspectiva histórica y política, el diplomático Carlos Alzugaray examina en esta conversación hasta qué punto es real el riesgo de una confrontación entre Cuba y Estados Unidos, además del impacto del escenario venezolano para la región y el orden jurídico internacional. Las estrategias de presión y el intervencionismo de la administración Trump ocupan un lugar céntrico en el álgido debate de los últimos días, marcados por el retorno de una lógica de fuerza en la política y por las tensiones que ello genera sobre la estabilidad regional.

¿Cuáles son las posibilidades de un conflicto directo de Cuba con Estados Unidos?

Siempre han existido posibilidades de un conflicto directo entre Cuba y Estados Unidos. Es una realidad con la que muchos cubanos hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Ha habido momentos donde la posibilidad de conflicto ha estado ahí. Durante la invasión de Playa Girón, durante la Crisis de Octubre… 

Yo recuerdo que estábamos muy convencidos de que podía haber una agresión norteamericana cuando Ronald Reagan asumió el poder y, de hecho, después nos enteramos que Alexander Haig, el primer secretario de Estado de Reagan, estuvo empujando para ver si lo autorizaban a invadir Cuba. 

Este no es el momento más peligroso, pero es peligroso y, por supuesto, se ha convertido en más peligroso a partir de lo sucedido en Venezuela, sobre todo porque estamos ante una administración como la de Donald Trump, que tiene una vocación de usar la fuerza contra enemigos pequeños. Algo interesante con Trump es que este tipo de posiciones que ha tenido con Venezuela no las tiene ni con Rusia ni con China; menos con Irán, aunque Irán lo bombardeó. Pero ese es un factor. 

Y el otro factor, por supuesto, es la presencia de Marco Rubio como un actor importante de la administración. Marco Rubio, evidentemente, quiere ver, antes de que termine este primer mandato, una caída del gobierno cubano. Pero parece ser que la idea de Marco Rubio siempre fue y es actualmente que no hacía falta una invasión militar, sino que el gobierno cubano iba a caerse por su propio peso, producto de sus contradicciones y de su vulnerabilidad, sobre todo con la caída del régimen del gobierno venezolano. Marco Rubio ha insistido en que sin la ayuda del gobierno venezolano, el gobierno cubano no puede resistir. 

No deja de tener razón en cuanto a que Cuba es muy vulnerable en este momento, muy vulnerable a aquella estrategia que alguna vez elaboró un secretario de Estado adjunto de Estados Unidos en la década del 60, de que si se aplicaban sanciones y se provocaba el hambre y la desesperación, el pueblo derrocaría al gobierno. 

Esto se ha ensayado; para mucha gente estuvo a punto de suceder el 11 de julio de 2021, pero lo cierto es que no ha pasado. El gobierno cubano ha podido sobrevivir la crisis de la guerra económica que Estados Unidos le declaró a Cuba desde el año 62. Es una guerra económica perversa, persistente, brutal. Pero, además, en los últimos años se ve, digamos, apoyada o sostenida por los propios errores del gobierno cubano, que hoy en día está en una crisis política. Una crisis política que tiene que ver con la falta de credibilidad que han producido sus constantes errores en materia económica y su negación a aceptar que esos errores se cometieron, y a rectificarlos adecuadamente. 

Eso da una impresión de vulnerabilidad del gobierno cubano, que indudablemente permite a Marco Rubio decir algo que muchos cubanos sostienen, muchos cubanos de los que viven en Cuba y que alguna vez apoyaron al gobierno: Marco Rubio ha dicho que este es un gobierno muy inepto, y yo conozco cubanos, entre ellos yo, que piensa que hay un nivel de ineptitud bastante grande por parte del gobierno y eso lo hace muy vulnerable al tipo de presión que Estados Unidos está prefiriendo usar en este momento, que es la presión económica, la presión de cortarle los suministros de petróleo, habida cuenta de la crisis del sistema electroenergético nacional y de la acción subversiva que se realiza en las redes sociales. 

Yo no quiero decirle guerra cognitiva o guerra de tercera generación o la guerra del algoritmo. Me parece que son cosas que a veces tienen más de propaganda que de análisis real. Pero lo cierto es que hay mucha desconfianza. Y hay lo que yo en algún momento he dicho: que la mayor parte de los ciudadanos cubanos no vemos la luz al final del túnel; le echamos la culpa al gobierno de los problemas, incluso cuando algunos de nosotros sabemos que el bloqueo es parte del problema. 

Entonces es obvio y es lógico que personas como Marco Rubio piensen que está al alcance de su mano derrocar al gobierno cubano por la vía de una sublevación, de una estampida social que haga al país ingobernable. Claro, hay que decir algo: esto no se ve claramente cómo puede pasar. El gobierno cubano tiene recursos, sobre todo en materia de seguridad. Tiene una fuerza armada organizada, tiene un Ministerio del Interior organizado, que son capaces de neutralizar cualquier acción de este tipo. Y realmente no ha habido, es decir, no hay líderes en la oposición cubana que parezcan dispuestos a inmolarse y a estar listos a encabezar un movimiento de masas contra el gobierno cubano. 

Pero (aquí muy importante un «pero»), en una situación X en que haya una sublevación popular, como la del 11 de julio, el gobierno norteamericano puede verse estimulado a intervenir. Pero, atención, hay varios factores que una intervención militar norteamericana tiene que considerar. Primero, sí, Cuba y Estados Unidos están muy cerca y eso facilita una agresión, pero también facilita acciones de defensa cubana. 

Yo leía alguna vez una novela donde se discutía por militares norteamericanos que tenían información sobre Cuba, que se estaba preparando a un avión cubano, a un caza, para entrar en territorio norteamericano a ras de mar evadiendo el radar y que golpeara algún blanco dentro de Estados Unidos. La otra cuestión que cualquier militar tendría que considerar es que hay una gran cantidad de emigrados cubanos en la zona de Miami y que no se puede estar seguro de que no haya entre esas personas, activos cubanos esperando a ser puestos en acción en una situación como esta. Y, finalmente, está el problema de la base naval de Guantánamo, que se puede usar para agredir a Cuba, pero hay que reconocer que está en un lugar donde la correlación de fuerzas es muy fuerte a favor de las fuerzas armadas cubanas. La base está rodeada por la famosa Brigada de la Frontera, y ante una agresión puede ser atacada por fuerzas cubanas y hasta tomada. 

Todos estos son factores técnicos, pero repito, en este momento todo parece indicar que en el corto plazo Estados Unidos está apostando a que el gobierno cubano se va a caer por su propio peso. Por supuesto, nadie sabe cómo eso pasaría y en una situación como esa, la posibilidad de que Estados Unidos entre militarmente en Cuba en apoyo de los sublevados es una posibilidad difícil, compleja, pero que puede pasar. Así que yo diría que sin estar en los momentos anteriores, donde estuvimos más cerca de una agresión militar, creo que en los años 60 y después los años 80, cuando la agresión norteamericana a Granada, o a Panamá, se corría el riesgo de una agresión militar norteamericana a Cuba. Hubo ejercicios militares del ejército norteamericano en 1991 que contemplaban entrar, ocupar militarmente una isla en manos de un dictador llamado Ortsac. Ortsac es Castro al revés. Pero no estamos en ese momento. Todo parecería indicar que no hay ese peligro inminente, aunque es algo que no se puede descartar.

¿Con qué alianzas a nivel regional podría contar Cuba en caso de una transición en Venezuela?

Bueno, obviamente las alianzas no son muchas. Está México bajo mucha presión norteamericana. Está Colombia también bajo mucha presión norteamericana. Y está Brasil también bajo esa presión, no al nivel de México y de Colombia. Hay también algunos pequeños países europeos y del Caribe que todavía mantienen una posición de solidaridad con Cuba y son aliados importantes regionales. Ahora, salvo México, que puede suministrar petróleo, hay pocos que pueden suministrar a Cuba lo que recibía de Venezuela. 

Claro, en tu pregunta hablas de una transición en Venezuela, esa es una pregunta abierta. Lo que está pasando en Venezuela no lo sabemos bien. Puede estarse dando una rendición incondicional del gobierno chavista que ha aceptado la imposición de Trump. Pero puede estarse dando otra cosa, que es que el gobierno bolivariano esté tratando de ganar tiempo para ver si logran zafarse de esa situación y pueden mantener su política hacia Cuba. Hay algo interesante, y es que Cuba no ha comenzado a retirar a su personal médico de Venezuela. Hasta donde sabemos, el personal médico sigue trabajando. Tampoco, por otra parte, el gobierno cubano está manteniendo su actitud de solidaridad con Venezuela. 

Entonces, esa transición en Venezuela yo la condicionaría a ver qué pasa. No estoy seguro de qué va a pasar en Venezuela. Hay un último factor que puede tener mucho que ver con Venezuela. A mí me llama la atención que desde el primer momento lo que estaba pidiendo Delcy Rodríguez era que dieran fe de vida de Maduro. Y ahora lo que se está planteando con mucha fuerza es la exigencia del regreso de Maduro. Por otra parte, el caso contra Maduro puede no ser tan sólido. Ya, por ejemplo, se ha dicho que no hay un Cartel de los Soles, que es una cosa más ambigua, una conspiración. 

Por cierto, esto se parece a aquello que había con Al Capone cuando fue acusado. Con la diferencia, por supuesto, que en el caso de Al Capone sí se sabía que había cometido una serie de crímenes, pero para el fiscal del caso, en aquellos años era muy difícil probar los crímenes de Al Capone. En el caso de Maduro es todavía más difícil porque no hay elementos claros de que sea un narcoterrorista. Sobre que encabezaba el Cartel de los Soles, todo el mundo ha dicho que eso no existe. Ahora el Departamento de Justicia retiró la acusación de ser jefe del Cartel de los Soles. 

Evidentemente, puede pasar cualquier cosa. Por otra parte, Maduro y su esposa han buscado muy buenos abogados. Entonces, ¿qué pasará en el juicio? Es un factor más que puede afectar la transición venezolana. Claro, en buenas cuentas, lo que debería pasar, y seguramente es lo que está buscando Marco Rubio, es meterle presión a la presidenta Delcy y a todo el entorno bolivariano para que sigan haciendo concesiones y después, en un momento determinado, decirle: «bueno, ustedes ahora tienen que convocar elecciones», y habría que ver qué pasa en esas elecciones. ¿Cómo serían? Yo creo que hay un paso que dio Trump que pone la situación muy difícil. Desestimó a María Corina Machado y prácticamente limpió el piso con ella. Y ella no ha reaccionado fuertemente, como alguien pudiera esperar. Entonces, si hay un nuevo proceso electoral, habría que ver si todavía María Corina Machado mantiene este apoyo. 

Y esas elecciones serían luego de resuelto el problema Maduro, que tiene que resolverse de alguna manera. O lo sancionan y lo condenan, y lo meten en prisión, o lo absuelven. Si lo absuelven, borrón y cuenta nueva, vamos a otro proceso. Pero si no lo absuelven, hay que ver qué impacto tiene eso en el movimiento bolivariano. 

Yo siempre he manejado la hipótesis de que el movimiento podría ser para Venezuela algo similar al peronismo en Argentina. Perón fue derrocado en 1955, se tuvo que ir al exilio, pero volvió en el año 73, 20 años después. Recuerda un poco el tango de «20 años no es nada», pero aún volvió con esa coalición tan extraña donde hay gente de izquierda, gente de derecha. ¿Puede pasar eso en Venezuela con el chavismo? ¿Puede el chavismo convertirse en un movimiento político como Perón, y Maduro convertirse en el mártir que todo movimiento siempre tiene? Bueno, es algo que habría que ver qué pasa. Y, por supuesto, se daría al traste con las ambiciones de Marco Rubio y de Donald Trump.

Hay muchos expertos que han diagnosticado que esto marca un cambio en la configuración de las relaciones internacionales y una vuelta a la ley del más fuerte, por un lado, por la asunción explícita a la Doctrina Monroe, y por otro, por la violación del derecho internacional ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué implica para la región?

No hay duda de que Donald Trump está tomando posiciones unilateralmente por parte de Estados Unidos que transforman el sistema de relaciones internacionales. Hay que ver si eso es permanente, si eso tiene continuidad. Yo pienso que es dudoso. El derecho internacional se necesita, lo necesita todo el mundo, incluyendo los más fuertes. 

Por otra parte, Estados Unidos enfrenta al menos a dos poderosas potencias que tienen intereses internacionales y que pueden reaccionar de una forma o de otra. Yo creo que Trump está llevando las cosas demasiado lejos. Estados Unidos siempre actuó en el sistema internacional con aliados, inclusive creó un sistema de alianzas y un sistema de organizaciones para llevar a cabo su política imperialista en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Por ejemplo, en toda esta jugada que ha pasado en Venezuela, el gobierno de Trump no ha hecho lo que normalmente hubiera hecho cualquier otro gobierno anterior, que es llevar el caso de Venezuela a la OEA. Y no lo llevó a la OEA, no pidió apoyo. Es decir, le impuso apoyo a algunos países, pequeños países caribeños, que siguieron su posición. Pero no hubo una búsqueda de aliados. Por otra parte, inmediatamente después de lo de Maduro, de la agresión a Venezuela, Trump vuelve a plantear el problema de Groenlandia, que es grave, porque ahí también hay una violación del derecho internacional, un irrespeto por la voluntad del pueblo de Groenlandia.

Es decir, a Trump no le importa qué es lo que piensa el pueblo de Groenlandia, como por ejemplo no le importa lo que piensa el pueblo canadiense, que es el otro país que Trump ha amenazado con anexarse. Entonces hay que ver cuál va a ser la reacción internacional ante este unilateralismo que aparentemente tiene su base en un poderío militar grande incuestionable. Y eso es verdad, no hay duda. De hecho, Trump pidió un nuevo presupuesto de defensa mucho mayor, 50% mayor que el anterior y esto es grave. Hay que ver cuál es la reacción internacional. 

En primer lugar, va a haber una reacción de los pueblos. En América Latina va a haber resistencia a esta Doctrina Monroe que muchos ciudadanos consideraban algo ya del pasado y que Estados Unidos había renunciado a ella. Tratar de imponerla a la fuerza puede ser costoso si hay resistencia, y ya ha habido hechos de resistencia. 

Aquí vale la pena recordar que hubo una época de invasiones continuadas de Estados Unidos en el Caribe a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta que Estados Unidos en la década del 20 tuvo que enfrentar la insurrección del pequeño ejército de Sandino en Nicaragua. Y aunque al final Estados Unidos logró imponer la dictadura de Somoza, la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt adoptó la política del Buen Vecino, con lo cual empezó a renunciar a las invasiones. Inclusive, en el año 1933, cuando se produjo la revolución en Cuba, las instrucciones que recibió el embajador Sumner Welles en La Habana eran buscar en quién apoyarse para coartar la revolución porque Estados Unidos no iba a invadir a Cuba para aplastar la revolución del 33 y ahí empezó la política del no intervencionismo. Política que entre otros países Cuba promovió, y se aprobaron leyes y documentos que vienen hasta la Carta de la OEA, que es legalmente antiintervencionista. Entonces hay que ver hasta dónde va a llegar Trump.

Yo creo que la región está en peligro, sin duda está en peligro, pero no subestimemos ni por un minuto la capacidad de resistencia de la región. Hay países tradicionalmente antiintervencionistas, como es el caso de México o de Brasil. Muchos de los gobiernos de derecha que hoy aplauden y siguen a Trump con entusiasmo, pueden tener una existencia digamos perentoria, puede ser que a la vuelta de algunos años esos gobiernos sean expulsados por su pueblo. Pero la realidad es que muchos gobiernos en América Latina y el Caribe, aunque son de derecha y quisieran apoyar a Trump, tienen la preocupación de cuál es la reacción que va a haber en los pueblos de la región ante una violación tan clara del derecho internacional y ante un giro de las relaciones internacionales. 

Por otra parte, y ya saliéndonos de la región, es obvio que hay otros focos de poder, que está la República Popular China, con sus intereses, que está silenciosa. Al silencio chino en este momento yo le llamo un silencio ominoso. La República Popular China debe tener medidas antídoto para la política de Trump porque no están de acuerdo con ella. No creo que vayan a responder ocupando Taiwán. Creo que van a responder tratando de hacer lo que siguen haciendo, creando un sistema internacional basado en el respeto y la cooperación. Tienen en eso el apoyo de Rusia.

Yo todavía abriría un espacio de preguntas. ¿Qué va a pasar? Es difícil. Sí, se le ha dado un golpe muy duro al derecho internacional, pero yo diría que la última palabra no se ha dicho. Todavía hay que esperar a ver primero qué va a hacer Venezuela, cómo se va a comportar, y cómo van a responder otros países. Todavía esa respuesta no está clara.

Deshumanizar para justificar la barbarie

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En estos días tanto perfiles en redes sociales, como influencers y medios han celebrado las acciones militares realizadas por Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro, en las cuáles perdieron la vida 32 cubanos del equipo de seguridad de la presidencia venezolana. Estas celebraciones han estado acompañadas de peticiones de invasión para la Isla, sin importar las consecuencias humanas que podrían provocar.

Amén de la posición que se tenga en el conflicto político de Estados Unidos, Cuba y Venezuela, esta posición compartida por varios cubanos da alarma de un problema base que desde La Joven Cuba hemos venido alertando. 

La deshumanización del «otro» es una manifestación de extremismo político, y una de sus consecuencias más nefastas. Este último, cuya esencia es la aniquilación del contrario desde presupuestos ajenos a la razón práctica, sigue escribiendo algunos de los capítulos más tristes de la historia humana. Y su expresión en el ámbito político local coloca tensiones a la conformación de un proyecto nacional de justicia, igualdad y derechos. 

Para el extremismo existen condiciones psicológicas, culturales, históricas y políticas que lo amplifican, al tiempo que se relaciona con otros procesos como como la desdemocratización, el dogmatismo, y el fundamentalismo. La polarización afectiva, que genera hostilidad, desconfianza y odio basado en emociones, no en ideas, es el caldo de cultivo para la deshumanización. 

Aunque a simple vista pudiera parecerlo, la deshumanización no es un fenómeno espontáneo, sino un proceso gradual —muchas veces promovido desde plataformas comunicacionales extremistas y anexas a intereses coloniales o de dominación— que prepara el terreno psicológico, social y político para la violencia masiva. Se trata de negar la humanidad completa de un grupo de personas, despojándolas de cualquier derecho, para convertirlas en algo inferior, peligroso, que debe ser aniquilado.

La deshumanización rara vez es el primer paso, sino parte de una escalada, a veces se queda solo en insultos o actos de repudio, pero sus últimos peldaños pueden llegar a holocaustos y genocidios. 

Primero, ocurre una deshumanización lingüística y simbólica. Se emplea un lenguaje tóxico que animaliza o patologiza. En el caso cubano «gusanos», «carneros», «clarias», que deben ser «erradicadas» para «sanear» el cuerpo social. Ocurre también una desensibilización. La repetición del lenguaje deshumanizante en medios, discursos políticos y propaganda banaliza o justifica el odio. Al final, la violencia verbal termina normalizando la violencia física.

El «nosotros» vs. «ellos», que separa la sociedad en grupos homogéneos, niega las individualidades de cada uno de los integrantes de ese grupo, y los convierte en números, daños colaterales, pasos para alcanzar un objetivo. Así se borra el sufrimiento, las historias personales que pueden llevar a cada uno a donde está. 

Es más fácil torturar, deportar o matar a un «gusano» o a una «claria» que a un vecino con nombre, historia y familia. Las normas que protegen la vida humana no aplican a lo «no humano», por eso la deshumanización sirve para superar inhibiciones morales y sociales. Por ejemplo, cuando se culpa a la víctima de ser una «amenaza», su aniquilación se enmarca como legítima defensa o una medida necesaria, no como un crimen. 

Este mecanismo, no solo despoja a la víctima de humanidad, sino también corrompe al perpetrador y a la sociedad. Permite que funcionarios, soldados y ciudadanos comunes participen en el proceso (haciendo listas, administrando cuerpos de represión) sin sentir culpa por eso, sino como «técnicos» que administran o eliminan un «problema».

La solución a esta problemática no sólo es ética, de conciencia individual y colectiva, sino estructural y cívica. La respuesta al extremismo, que incluye la deshumanización, es construir instituciones y hábitos democráticos. Cultura cívica, información veraz, redes humanas cooperativas, participación, inclusión, equilibrio mediático, estado de derecho, diálogo, reconocimiento del otro, desarrollo democrático, reconciliación. Es un camino colectivo e institucional para (re)construir estructuras de convivencia y defender la humanidad, incluso del adversario. 

Nuestra investigación «¿Cómo contrarestar el extremismo político en Cuba? Guía ciudadana para el cambio y autocuidado» ofrece una visión sobre el asunto, que contribuye a aunar fuerzas en la búsqueda de alternativas para poner límites a las manifestaciones y potencialidades del extremismo, fenómeno que atenta contra la posibilidad de encontrar un orden social que viabilice un proyecto de justicia, derecho y soberanía. Igualmente da herramientas para empoderar al ciudadano de a pie y fomentar una cultura política más sana y democrática.

El extremismo es un asunto más complejo y multifactorial de lo que habitualmente parece. No debe verse sólo como interpretación de y conducta ante la realidad, sino como ropaje de proyectos políticos que, en esencia, discriminan, excluyen, y niegan derechos. 

La defensa de la humanidad compartida, incluso y especialmente, de aquellos con quienes discrepamos, es la primera trinchera contra la barbarie.

Para enfrentar el trumpismo, el gobierno cubano tiene que mirarse por dentro

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Imagen generada con Inteligencia Artificial

El trumpismo espera que Cuba caiga pronto. A inicios de los noventa se esperaba también y no sucedió, pero esta no es la Cuba de aquellos tiempos. Hoy, en medio de una crisis sistémica sostenida que ha incidido en el deterioro de la credibilidad del gobierno, es a este, y no a otro, al que le ha tocado asumir un conflicto de larga data. Funcionando como hasta ahora, tiene poco margen de maniobra y capital político; pero hay pasos que podría tomar para cohesionar a la mayor cantidad de cubanos posible alrededor de la bandera.

Ahora bien, la adaptabilidad no es la práctica habitual del gobierno cubano, acostumbrado a hablarle solo a sus más leales seguidores y que en contextos de hostilidad prefiere atrincherarse. Esa es una actitud que no solo impide la influencia externa, también restringe la posibilidad de atender los problemas internos, porque interpreta como peligro críticas y recomendaciones que podrían contribuir a solucionarlos. De todas formas, sin una reforma profunda será difícil generar consenso.

Ese cambio empieza por ver la soberanía como la existencia de una comunidad política que tiene voz, derecho y agencia, y no únicamente como el argumento sobre el que erigir discursos de resistencia o heroicidad; la razón de Estado frente a la injerencia extranjera. 

Es ingenuo creer que se puede preservar la soberanía nacional sin atender la soberanía individual, porque un Estado puede declararse soberano, pero el país solo lo será si sus ciudadanos sienten que tienen control sobre sus destinos, si se autoperciben parte activa del proyecto país, si tienen algo que, consideran, vale defender. Por eso, la unidad que es imprescindible para resistir presiones externas, constituye un capital político que se pierde cerrando los espacios de participación pública, y se gana abriéndolos. La unidad de una mayoría, por tanto, es una construcción lograda en el hacer política; no en la obediencia, sino en el consenso.

Dicho esto, lo cierto es que aún existen reservas de legitimidad y consenso a los que las autoridades cubanas pudieran apelar, pero hasta el momento no parecen mostrar la habilidad o voluntad para explotarlos. A eso se suma que han perdido la capacidad de iniciativa y reacción política realmente movilizadoras. Un ejemplo fue la respuesta inicial a la operación militar en Venezuela: actos públicos carentes de entusiasmo real, consignas repetidas, y una puesta en escena que, de nuevo, indica un interés más enfocado en demostrar control que en construir respaldo popular. La habilidad política leería el momento como una oportunidad para ampliar su base social o al menos unir a la ciudadanía. Eso no se logra con un acto, puño arriba, ¡abajo el imperialismo!

La cuestión aquí radica en que hay una diferencia entre apelar a gestos simbólicos y hacer política en función del interés público. El gobierno cubano podrá ser blanco de una persecución económica, pero hace tiempo debería haber comprendido que eso no lo justifica frente a la percepción ciudadana que lo juzga por las decisiones erráticas o equivocadas sobre la gestión del país, no solo en términos de economía. Decisiones, por cierto, que muchas veces se interpretan como deliberadas, en detrimento de la gente.

Antes de que Cuba existiera como nación independiente, surgiera el primer partido comunista o alguien de apellido Castro llegara al  hoy conocido como Palacio de la Revolución, grupos políticos estadounidenses proclamaban su interés en la Isla. Mucho antes de que Maduro tuviera su primera elección disputada en 2018, hubo intentos repetidos de destituir al gobierno o forzar un cambio político en Venezuela, sin importar que Chávez ganara democráticamente cuatro elecciones presidenciales y Maduro al menos una. El control de la región es una pretensión imperial histórica que supera cualquier ideología, y el trumpismo ni siquiera se esfuerza en pretender que la legitimidad democrática es la fuerza que mueve sus esfuerzos de cambio de régimen.

Aunque el gobierno de Trump ha construido una narrativa de glorificación y victoria sobre los eventos del sábado 3 de enero, podrían interpretarse no como una muestra de fortaleza de su administración sino de debilidad y repliegue. Porque significa la renuncia a una influencia global que le es difícil sostener y por tanto el retiro a su zona de influencia: América Latina. El hecho de que la administración Trump se apoye en la teatralidad y el efecto psicológico de su operación militar, por sobre el lenguaje diplomático o los «argumentos» democráticos para justificarla, indican un cambio intencionado en su política exterior, que ya no descansa sobre consensos internacionales, y por eso el explícito interés por el petróleo, el descarte de la oposición venezolana y la asunción expresa de la Doctrina Monroe.

La palabra que mejor describe esta política es imperialismo, pero llega con desgaste por su sobresaturación en manos de la propaganda oficial. Ocurre en un momento de hartazgo ante el inmovilismo y cansancio por los efectos de una policrisis prolongada. Por tanto, no pocos reciben la operación militar ilegal como «liberadora». Esa es una realidad que no puede ser ignorada, a no ser que se pretenda un suicidio político. 

Es importante decir que la Doctrina Monroe en su versión trumpista no representa el interés nacional de Estados Unidos ni la voluntad de su población. Una encuesta realizada por  Reuters/Ipsos señala que solo un tercio de los estadounidenses aprueba la captura ilegal de Maduro y al 72% le preocupa que el país se involucre demasiado en Venezuela. Además, voces del Partido Demócrata reaccionaron criticando la operación de tal  manera que mereció respuesta de la Casa Blanca, y una de sus figuras más populares en la actualidad, el alcalde de New York, Zohran Mamdani, la calificó como una violación de la ley federal e internacional.

Pero nadie con sentido común en América Latina debería sentarse a esperar que los demócratas pongan freno a una administración que desprecia y descarta, incluso, sus propias instituciones y leyes. Para responder efectivamente, los gobiernos de izquierda necesitan legitimidad democrática y resultados. Legitimidad que sale de elecciones creíbles, y una gestión que afiance la relación entre los partidos de izquierda y la ciudadanía. Claudia Sheinbaum está dictando cátedra al respecto. Tanto esa legitimidad democrática como los resultados tienen que ser evidentes ante la percepción pública, y ser verdaderamente tales, no solo parecerlo.

Pero cómo movilizar sentimientos a favor de la soberanía si para no pocos es un tema de menor importancia. Sobre todo cuando se tiene cada vez menos para comer, mientras crece la percepción de que la clase política del país vive entre privilegios. Cuando Raúl Guillermo Rodríguez Castro (El Cangrejo) viaja con frecuencia a Panamá en jet privados y se rumorea que frecuenta restaurantes de lujo sin necesidad de pagar la cuenta, y no es el único en hacerlo. Cuando uno de los hijos de Fidel Castro es campeón de golf en Varadero. Cuando la familia del presidente se incluye en viajes oficiales sin tener un cargo público y cuando hijos de dirigentes viven acomodados en el extranjero. Y encima, cuando hay una terrible falta de franqueza y transparencia sobre todo esto. Los subsidios y las gratuidades se terminaron a finales del 2008 para la ciudadanía; no tanto así para los altos dirigentes.

Quien quiera hablar de rescatar el proyecto de país, haciendo malabares para evitar el tema de la corrupción, ¿sobre qué valores y con qué moral piensa realmente dirigirse a las mayorías? ¿Cómo identificarse con un proyecto que en parte del sentido común popular se percibe en beneficio de una clase política, en lugar de en favor del bienestar de la gente? También son demasiado frecuentes los «piñazos sobre la mesa», los abusos de autoridad, la inercia política y la gestión policial del disenso. No debería el Estado entregarse fácilmente a esas tentaciones autoritarias, tanto las que nos llegaron de la URSS como las que teníamos ya en casa.

Será cuento de camino generar capital político contra el trumpismo echando mano de la (necesaria) soberanía, cuando las vidas de privilegio están a la vista de todos. De no tomar acciones radicales contra la corrupción entre los dirigentes, contra el autoritarismo y en favor de una rendición de cuentas real, nadie sabe a ciencia cierta cuántos compartan el sentimiento de proteger intereses nacionales y que entiendan como amenaza, en lugar de esperanzador, el desprecio por la soberanía de la administración Trump.

Con demasiada frecuencia el Partido Comunista delega en el Ministerio del Interior asuntos que le competen, y que en tiempos de Fidel Castro tenían salida política, aunque no siempre fuera la más adecuada. La crisis interna actual no solo es producto de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, sino también de lagunas democráticas en el aparato político del país y deudas acumuladas en el tiempo; advertencias no han faltado. 

Con tanto peligro para la soberanía del país, la peor jugada política es el inmovilismo, la desidia y el acomodamiento; o apostar por convertir en enemigos políticos a ciudadanos críticos que quieren ayudar en el desarrollo del país. Ampliar libertades democráticas, liberar presos políticos, gestionar vías para el disenso y hacer una reforma integral de la economía con enfoque social para atender desigualdades, son de los puntos medulares pendientes que tiene hoy Cuba.

La amenaza del trumpismo para la Isla y el propio Estados Unidos no puede ser subestimada. Va contra toda la lógica interna de las autoridades cubanas asumir este cambio, pero no se trata de si los gobernantes están cómodos con el nivel de reforma necesario, sino de si responderán al reclamo público. Cuando un país está bajo agresión, la ciudadanía generalmente cierra filas con su gobierno, pero solo si siente que este representa sus intereses. Para enfrentar el trumpismo, el gobierno cubano tiene que empezar a mirarse por dentro.

A Yunio lo balearon

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Luego de la publicación de este texto, y la narración de acontecimientos difíciles, la familia ha hecho la solicitud de retirar el texto. Accedemos a la petición en solidaridad con el dolor de familiares y allegados.

Ningún cambio político justifica la intervención extranjera y el bombardeo de personas

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Foto: Google

En la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron bombardeos en Caracas y en otras zonas del país, y fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

En reciente conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Maduro y Flores se dirigían rumbo a Nueva York para enfrentar «cargos por narcotráfico». Agregó, además, que EE.UU «gobernará Venezuela de forma temporal hasta que se pueda realizar una transición segura, adecuada y justa». 

Trump hizo un reconocimiento explícito de la Doctrina Monroe, al presentar la acción como parte de la histórica pretensión de definir el destino político del continente. Con respecto a Cuba, el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo que es un país colapsado, gobernado por ineficientes y que si fuera parte del gobierno cubano estaría mínimamente preocupado. 

Reportes periodísticos y testimonios aseguran que hubo ataques y daños en infraestructura cercana a la población, aunque aún no se tienen cifras sobre heridos y muertos. Toda operación armada en zonas urbanas expone directamente a  familias, trabajadores, niños, ancianos, y la historia reciente en escenarios similares demuestra que los costos humanos suelen ser muy altos. Tampoco se justifica el bombardeo contra personal militar en una operación ilegal según el derecho internacional y la propia ley estadounidense.  

Más allá de la opinión política que pueda tenerse sobre la gestión y legitimidad de Maduro, un ataque militar norteamericano para detener a un jefe de Estado (y a su cónyuge) tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que marca un cambio en la política exterior estadounidense, que ya no incluía intervención militar directa, por tanto, constituye un precedente particularmente grave en América Latina, puesto que puede ser el primero de otros casos. 

La lógica del orden internacional contemporáneo descansa en la idea de que los Estados no deben usar la fuerza en el territorio de otro, un principio asociado a la prohibición del uso de la fuerza y la no intervención como reglas básicas, para evitar que la relación entre países se convierta en una disputa de operaciones militares y «cambios de régimen» por la vía armada.

Pero cuando una potencia decide que puede capturar a un mandatario extranjero en su propia capital, el mensaje que se envía a la región es que la seguridad colectiva y la diplomacia quedan subordinadas a la lógica del más fuerte.

Incluso si Washington intenta justificar la acción con acusaciones penales, como las mencionadas imputaciones por narcotráfico o «narcoterrorismo», el estándar internacional no es la «extracción» militar, sino mecanismos como cooperación judicial, extradición (si procede), negociación diplomática, o decisiones multilaterales bajo marcos legales reconocidos.

De lo contrario, ningún país queda a salvo de que se vuelva a aplicar el mismo razonamiento con otro gobierno, otra coyuntura y otra narrativa. Vale cuestionarse las credenciales democráticas de quienes, en nombre de la democracia, apoyan hechos como estos. 

Para Cuba, el precedente es doblemente peligroso, porque si el resultado final de estas acciones es positivo políticamente para Donald Trump, podría esperarse alguna acción contra la Isla, sobre todo porque podrá usar el argumento de haber «resuelto» un conflicto político en la región mediante la fuerza externa; no mediante negociación, instituciones y garantías. Teniendo en cuenta que América Latina es un continente con historia de intervenciones, este tipo de operación reintroduce el libreto conocido de sanciones, asfixia económica, escalada, y finalmente intervención militar.

Aunque aún es pronto para hacer diagnósticos, esto podría suponer también que se puede remover a un líder por la fuerza e intimidar a quien lo sustituya para que se pliegue a los intereses norteamericanos, sin un plan político claro para el país ni para su población, conectado con los intereses nacionales. No sería la primera vez que terminan así las intervenciones norteamericanas, Irak y Afganistán son ejemplos más recientes. 

Basado en el derecho internacional, América Latina ha construido, con enormes dificultades y contradicciones, una tradición diplomática sustentada en la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía, principios que no interesan a la administración Trump

Aceptar como normal que los problemas políticos internos de un país puedan resolverse mediante operaciones militares externas implica redefinir el equilibrio regional desde la lógica de la fuerza. Se trata de un desplazamiento que aniquilaría los mecanismos multilaterales existentes y reduciría el margen de autonomía de los Estados latinoamericanos. En ese escenario, el resultado es un entorno más inestable y profundamente vulnerable a presiones externas.

Si la región tolera la expansión de respuestas militares cada vez más agresivas, lo previsible —como lo demuestra la historia de las intervenciones estadounidenses— no es la construcción de países más democráticos o más justos, y sí un aumento de la inestabilidad, la violencia, el debilitamiento institucional y el riesgo permanente de nuevas crisis.

Desde La Joven Cuba rechazamos esta violación del derecho internacional y el uso unilateral de la fuerza. La estabilidad regional solo puede construirse desde el respeto a la soberanía, la protección de la ciudadanía y las soluciones políticas, no militares.

El país merece más

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2025 no fue un año mejor. Cuba cierra estos 12 meses, una vez más, con indicadores nada alentadores. Los precios siguieron subiendo, el producto interno bruto volvió a decrecer, las horas de apagón no se redujeron y los jóvenes siguieron emigrando en busca de una vida mejor. Con el país a este ritmo de deterioro, se hace muy difícil fabricar esperanzas.

Quizá algo de la escasez se hubiera compensado si la política hubiera podido sostenernos, pero tampoco. Más allá de las frecuentes ineficiencias y esas decisiones que no pocos juzgamos mal tomadas, el caso del exministro de economía Alejandro Gil, una figura sumamente cercana al presidente, condenado por corrupción y espionaje sin mayores explicaciones, puso sobre la mesa la falta de transparencia que opera tanto en la política cubana —como en las recientes renuncias—.  Al menos que sepamos, este episodio no ha servido para corregir, ni siquiera, la política de cuadros del Partido Comunista de Cuba, que, por cierto, ha ganado tiempo antes de la rendición de cuentas quinquenal, con la posposición del próximo Congreso. Y considerando cómo se está viviendo, era lo más decente, a no ser que asumiera un papel realmente transformador de la política. 

Si fueran a marcarse los hitos de este año, o la lista negativa de políticos protagonizando escándalos, imposible eludir a la exministra de Trabajo y Seguridad Social que desató una polémica sobre pobreza y desamparo en el país, fenómenos en sostenido crecimiento y reproducción sin que sean visibles medidas mitigantes de dichas situaciones.  

Tampoco parece que vaya a resolverse con el Programa de gobierno, aplicado durante un año sin que fuera público, y presentado tardíamente como objeto de debate.

Cuando más hace falta que la política cubana sostenga y acompañe, es cuando menos lo está haciendo. Sobre todo porque la distancia entre discurso y acción es cada vez más amplia. Ante cifras de mortalidad infantil más altas, un sistema de salud colapsado y una epidemia mal manejada, en lugar de generar una estrategia o algún plan para rescatar el sector, lo que se transmite en horario estelar son reportes de lo bien que marcha la informatización en hospitales cubanos. Con tantos hogares sin medicamentos donde se ha instalado el chikungunya, es difícil seguirle el paso a ese optimismo. 

Pero algo político sí nos ha sostenido en gran medida: qué más político que las personas autoorganizadas para distribuir ayuda tras el paso de Melissa. Cuba entera movilizada es la evidencia de que todavía hay una capacidad de articulación para cooperar(nos), lo cual entraña una belleza particular porque significa que a pesar de todo, hay un sentimiento de colaboración susceptible de ser gestionado y convertido en accionar. 

Ya dijimos antes que no se podía esperar más para hacer una reforma integral de la economía y para que emerja la voluntad política real de hacer cambios profundos. Volvemos a decirlo porque la vida no es, ni puede ser, resistencia constante. Llamar a la lucha perenne es muy falto de empatía. Si quienes hoy están frenando los cambios necesarios lo hacen en nombre de «salvar el socialismo», sepan que si las cosas continúan como van, habrá muy poco que salvar. Los que aún disfrutan del tiempo para darse el lujo de esperar, gozan de un privilegio que la mayoría no tiene. Pero es el estado de la mayoría el que debería estar dictando el sentido de la urgencia. La espera no puede seguir siendo una opción. El país merece más.

¿Por qué las izquierdas ganan o pierden elecciones?

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Imagen generada con inteligencia artificial

En el mundo, todo el tiempo se ganan o se pierden elecciones. Y aunque pueda cuestionarse qué tan determinantes o decisivas son para el futuro de un país, no puede negarse su espectacularidad, y que con ellas se pierden o se ganan países para los proyectos globales de las izquierdas o las derechas.

En cada elección se está lanzando una moneda al aire respecto al destino de algún pueblo. Por eso lo electoral puede ser considerado el momento-casino de la política actual, un escenario en el que se aplica toda la sabiduría de los que saben ganar y saben perder.

No obstante, con todo el escepticismo que se pueda albergar al respecto, los resultados de los procesos electorales son importantes. No es indiferente para la historia de un país que gane una opción progresista o una de derecha. Que una fuerza política se mantenga en el poder entre cuatro y 10 años, puede significar bastante en sociedades sometidas a una acelerada transformación tecnológica y sociológica. Es tiempo suficiente para marcar la vida de una generación, sobre todo de quienes son jóvenes y prácticamente no conocieron lo anterior.

Un gobierno puede definir el tono de una época, y determinar de ese modo la educación sentimental y ética de la ciudadanía. Además de las consecuencias directas que tienen las políticas públicas desarrolladas, que pueden impactar, por acción u omisión, en el bienestar de millones de personas. Tampoco podemos olvidar que de la orientación política de un gobierno pueden depender cuestiones tan graves como la guerra y la paz.

Por eso se puede afirmar que cada proceso electoral mueve un poco la aguja dentro de los grandes conflictos que se desarrollan a nivel internacional. Cada cambio de régimen que ocurre a partir de una victoria electoral, cada cambio de gobierno que modifica la afinidad ideológica, política o económica de un país, incluso cada espaldarazo que reciba un gobierno en las urnas, redefine el perfil de los bloques geopolíticos. Incluso los procesos electorales fallidos o adulterados, son importantes para todos los actores interesados en conocer la fortaleza interna de sus aliados o adversarios.

Cada proceso electoral mueve un poco la aguja dentro de los grandes conflictos que se desarrollan a nivel internacional.

Ahora mismo, quienes observamos la política internacional desde una posición latinoamericana de izquierda nos encontramos bajo el efecto de resultados electorales recientes, que van desde lo desolador hasta lo ligeramente esperanzador. Por un lado, han sido bastante duras las derrotas del progresismo en Argentina y Bolivia. En contraste, sucesos como la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones por la alcaldía de Nueva York, o el resultado a favor del No en la consulta popular promovida por Daniel Noboa en Ecuador, llaman a pensar que no todo está perdido.

Igualmente acaba de producirse una dura derrota de la izquierda en Chile, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentaron la candidata militante del Partido Comunista Jeanette Jara y el ultraderechista conservador José Antonio Kast. Suceso que marca el sentido del ciclo político, con el avance de las extremas derechas en Latinoamérica.

Por tanto, una mirada general de la política actual muestra un contexto desfavorable para las fuerzas progresistas y de izquierda. Sin embargo, el avance de la extrema derecha tampoco está siendo triunfal, pues no logran avanzar de manera indisputada en todos los frentes.

Este panorama pone sobre la mesa varias preguntas: ¿cuáles son los factores reales sobre los que se asientan las victorias o derrotas electorales de las fuerzas políticas de izquierda?, ¿las izquierdas ganan con opciones más radicales o más moderadas?, y además, ¿se pierde frente a fuerzas políticas más extremas o más moderadas?

Por la importancia táctica de lo electoral para cualquier recomposición estratégica de la izquierda, vale la pena conocer qué está funcionando en ese plano y qué no lo está haciendo.

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Imágen: elavancemedia

Un problema de percepción

En primer lugar, se debe intentar ver más allá de las explicaciones habituales en cierto sector de la izquierda, que tienden a vincular de manera demasiado directa el comportamiento electoral con determinaciones económicas y clasistas, consideradas invariantes. Si se les hiciera caso a algunas elucubraciones, la izquierda siempre debería ganar con la mayoría, puesto que, en teoría, responde a los intereses de la mayor parte de la población —la clase trabajadora—, y sus derrotas solo podrían explicarse como resultado de alguna oscura manipulación.

Pero debe intentarse ir más allá de esto, aunque sin renunciar a la aplicación de las categorías marxistas para el análisis de la sociedad. Las determinaciones económicas son importantes, e informan cualquier análisis siempre que se tengan en cuenta: a) la verdadera composición socio-económica de las sociedades, b) los factores culturales e ideológicos y c) el papel de las instituciones locales y globales.

Para comprender los factores que llevan a que algunas fuerzas de izquierda progresista ganen o pierdan en las urnas, el mejor camino es comenzar por la observación empírica de los procesos electorales, y avanzar a partir de allí hacia alguna generalización.

Dicho esto, me atrevo a afirmar que hoy la izquierda tiene principalmente dos activos electorales, o sea, dos cosas que ofrecer a los votantes, uno, la novedad, y dos, algo que —a falta de una mejor palabra—, llamaré seguridad.

Hoy la izquierda tiene principalmente dos cosas que ofrecer a los votantes, uno, la novedad, y dos, seguridad.

La percepción de que la izquierda implica una novedad radical, les permite a sus representantes aprovechar la energía que despierta la esperanza de un cambio. En cuanto a la «seguridad», me refiero a la premisa de que la izquierda —si cumple con los principios que la deben caracterizar— representa una garantía de protección de ciertas conquistas, consensos y valores progresistas, frente al retroceso que implicaría el ascenso de la derecha. El primero de estos activos permite tácticas ofensivas, mientras que el segundo posee un valor fundamentalmente defensivo.

Sin embargo, por qué, a pesar de que estas razones podrían parecer suficientes para que una mayoría empobrecida —como la que abunda en Latinoamérica— votara a favor de quienes pudieran defender sus intereses, varios partidos de izquierda siguen perdiendo elecciones.

Lo primero que resulta claro, aunque no por ello deja de ser sorprendente, es que las principales derrotas electorales más recientes han tenido lugar en aquellos países en los que, durante la llamada marea rosa, hubo fuertes experiencias de procesos de transformación desde la izquierda progresista, como Argentina, Ecuador y Bolivia.

Podríamos suponer que un motivo de rechazo a la izquierda y el progresismo es la percepción de que estos representan un peligro para la integración capitalistas de las sociedades, y por tanto para el ascenso social y la calidad de vida.

Por integración capitalista me refiero al conjunto de procesos por los que una sociedad se inserta de manera más completa en las dinámicas del sistema capitalista global. Aunque el capitalismo es un sistema global, eso no significa que todas las sociedades tengan el mismo tipo o grado de inserción. Aquí se combinan muchos factores, como los niveles de inversión, del desarrollo de las finanzas, la diversificación productiva, la flexibilidad del mercado laboral, etc.

Sin embargo, esto no significa que las personas valoren la integración de la sociedad al sistema capitalista mundial de manera objetiva en su cotidianidad. Lo que se produce más bien es un complejo de percepciones, a partir del consumo de productos culturales y la socialización de estados de opinión. Una vez que determinados «marcadores» propios del despliegue del capitalismo, son identificados con un avance de la prosperidad material, pueden producirse estados de opinión que valoran la integración capitalista, sin que las personas lleven a cabo cálculos estadísticos o económicos al respecto.

Esta pulsión, a menudo canalizada a través de discursos y tópicos anticomunistas, se presenta de manera predominante en las clases medias, pero también en una parte de las clases de menores ingresos, impregnada con una cultura y valores aspiracionistas. Dicho de otro modo, una parte importante de las personas empobrecidas no solo aspiran a salir de la pobreza, sino a vivir como los ricos; y correlativamente llegan a creer que, con un modelo de «libre competencia», podrían alcanzar ese modo de vida.

Una parte importante de las personas empobrecidas no solo aspiran a salir de la pobreza, sino a vivir como los ricos

Existen otras razones importantes que mencionaré brevemente. Por ejemplo, el papel de la reacción conservadora contra los avances del feminismo, que se expresó en la aparición de nuevas formas de promover la masculinidad hegemónica, los llamados criptobros que, muchas veces sin ningún tipo de estudio, dan consejos, tanto para hacerte millonario en pocos meses, como para convertirte en el «seductor estoico» que volverá loca a las mujeres.

También vale la pena referirse a la percepción de burocratización, corrupción, elitismo, y falta de combatividad y de compromiso de algunas izquierdas con los sectores sociales más desfavorecidos, y es lo que ha permitido que prendan discursos que denuncian a los políticos de izquierda como parte de una «casta».

Las izquierdas que ganan

Si analizamos los casos de aquellos países —o circunscripciones, pues también interesan procesos electorales de carácter más local— en los que se han dado victorias importantes de la izquierda en los últimos años, encontramos que mayormente pueden ser separados en dos grupos. Aunque puede darse el caso de que en un mismo país haya partidos u organizaciones que se correspondan con cada uno de estos grupos.

Por un lado, tenemos el caso de países en los existe una experiencia amplia de gobierno de la izquierda, que poseen además fuertes tradiciones de cultura política antifascista y de izquierda —sin que esto último se contradiga con la existencia de fuertes tradiciones de cultura política de derecha o incluso fascista—, y en los que se percibe a la extrema derecha como un peligro para determinadas conquistas, consensos y valores progresistas. Este es el caso que permite explicar la victoria o la permanencia en el gobierno de fuerzas de izquierda en España (PSOE) y Brasil (PT). En estos casos, la izquierda fue votada con una intención defensiva.

Por otro, tenemos casos en los que justamente la ausencia de todo aquello, principalmente de una experiencia de gobierno de la izquierda, permitió que esta pudiera mostrarse como una novedad. Se trata de contextos en los que existían corrientes de cultura política antifascista —presentes en prácticamente la totalidad de los países—, pero donde la prolongada permanencia de gobiernos de derecha favorecía una hegemonía de la cultura política conservadora.

Lo antes dicho se manifiesta en Colombia (Pacto Histórico) y del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (Partido Demócrata – DSA). Respecto al segundo caso, la novedad no se da tanto respecto a las tradiciones políticas de la ciudad de Nueva York, sino por el contraste de un político con propuestas tan a la izquierda —como transporte público gratuito o congelar alquileres— en el contexto general estadounidense.

Hay otros dos casos que merecen análisis aparte, pues combinan elementos de ambos grupos: se trata de Chile y México. Curiosamente, en ambos países existía experiencia histórica de gobiernos de izquierda; sin embargo, la renovación simbólica y generacional de la izquierda permitió que esta llegara al gobierno bajo la promesa de novedad. En lo que se refiere a Chile (Frente Amplio), Boric consiguió llegar al gobierno sobre la estela del estallido social de 2019, sustituyendo a la representación tradicional de la izquierda (Concertación – PS). Curiosamente, en aquel proceso electoral jugó un papel importante también la pulsión defensiva, pues ya se estaba perfilando una nueva fuerza de extrema derecha (Republicanos).

México resulta especialmente interesante, pues se da una combinación de circunstancias muy particular. En un país que pasó la mayor parte del siglo XX bajo un gobierno formalmente de izquierda (PRI), una nueva fuerza política (Morena) consiguió llegar al gobierno como parte de una renovación de la izquierda popular y del nacionalismo revolucionario —a pesar de que una parte importante de sus miembros habían pasado por las filas del PRI—. Esta consiguió capitalizar su imagen como novedad en el panorama político.

Sin embargo, hay una importante diferencia si se compara con Chile: en México la derecha no ha conseguido recomponerse ni ha encontrado la base social adecuada para motorizar su evolución hacia los códigos de la extrema derecha. Esto responde a muchas razones, una de las cuales es que muchos de los intelectuales orgánicos de la oposición están anclados aún a los códigos de la socialdemocracia anticomunista del siglo XX. En todo caso, el rechazo a la derecha en México no responde aun al temor por su ascenso, sino a su decadencia —compartida por toda la vieja clase política—. Por tanto, Morena ha conseguido mantener de su lado, durante mucho tiempo, el momento populista.

Las izquierdas que pierden

En Argentina y Ecuador —el caso de Bolivia es significativamente diferente— se muestran fuerzas políticas progresistas que no consiguen recuperarse del fracaso, y que han sido derrotadas repetidamente en las urnas por expresiones de extrema derecha, más o menos desarrolladas.

Resulta impactante como en dichas sociedades, a pesar de haber vivido algunos de los procesos de transformación más intensos durante la ola progresista, o quizás justamente por ello —por la reacción agresiva de las oligarquías locales e internacionales, en medio de una situación de agudización de la lucha de clases— se generó un amplio rechazo a la izquierda en las clases medias y en sectores populares con tendencia al aspiracionismo económico.

Esta reacción, desde el principio teñida de anticomunismo, creció en la medida en que la izquierda fue identificada como un peligro para la integración capitalista de las sociedades, que afectaba a las posibilidades de una inserción más completa al sistema económico mundial. La izquierda, desde esta óptica, ralentizaba las posibilidades de ascenso social de amplios sectores de la población. El hecho es que una parte del electorado asumió un marcado rechazo a la izquierda, que impidió al correísmo regresar al gobierno en Ecuador, y al peronismo ganar las elecciones de medio tiempo contra los libertarios de Javier Milei.

En el caso de España, que si bien no se encuentra en Latinoamérica, mantiene una estrecha relación de influencia política mutua con la región, encontramos una curiosa combinación. Gobierna una izquierda socialdemócrata conservadora (PSOE), que se mantiene en el gobierno gracias al motivo defensivo de la seguridad o protección de conquistas progresistas, frente al peligro de la extrema derecha, y coexiste con una fuerza política de izquierda más radical que fue importante durante la segunda década del siglo XXI (Podemos). Sin embargo, Podemos entró en rápido declive, una vez que se agotó su activo como novedad y, amén de sus errores internos, fue identificada por los poderes económicos como el tipo de izquierda que constituye un peligro, por su cercanía a las posiciones comunistas.

En lo que se refiere a Bolivia, este factor de rechazo de las clases medias está presente, pero en la derrota de la izquierda jugó un papel mucho más central la división al interior de sus fuerzas (MAS), principalmente por el choque entre Luis Arce y Evo Morales. Por otra parte, existe evidencia de que la caída en el apoyo a la izquierda puede estar relacionada con la percepción de que esta se había burocratizado y había perdido contacto con los intereses de las clases populares.

Por otra parte, resulta necesario hacer referencia a la reciente derrota de la candidata de la coalición de izquierda, Jeanette Jara, en la segunda vuelta de las elecciones en Chile, frente al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast. En este caso, se observa claramente cómo ninguno de los dos activos de la izquierda mencionados fue suficiente: ni la novedad que podía representar Jara, ni el discurso de contención frente a la extrema derecha.

Al mismo tiempo, vemos una confluencia de los motivos señalados —y de otros— en la explicación de la derrota de la izquierda. Aunque Chile no vivió ni remotamente una experiencia de transformación progresista semejante a la de Argentina, Ecuador o Bolivia, las matrices discursivas de rechazo a la izquierda, desplegadas a nivel internacional, encontraron eco en la sociedad chilena. Entre otros ejemplos, el gobierno de Boric fue dibujado como una «casta» elitista, desconectada de los intereses de la población.

Por supuesto, en Chile la genealogía del anticomunismo es rica en afluentes, se explica desde los más diversos ángulos. Influyen factores como las reminiscencias de la dictadura pinochetista, hasta un conservadurismo reactivo a los avances del feminismo y la comunidad LGBTIQ.

Sin embargo, en la victoria de José Antonio Kast juega un papel fundamental declarar una especie de «emergencia nacional» alrededor de problemáticas como la migratoria y la seguritaria —la seguridad entendida aquí en su sentido habitual—. En este sentido, la izquierda fue identificada con una situación de descontrol social, mientras la derecha se presentó ante el electorado como una garantía de orden de carácter autoritario, capaz de ofrecer una solución inmediata a los problemas.

¿Hasta dónde se puede llegar?

Lo expuesto hasta el momento evidencia que, si bien nunca se logrará que todos los seres humanos sean burgueses, la evolución de la integración capitalista de las sociedades puede llevar a que gran parte de las clases trabajadoras compartan intereses, valores y estilos de vida de la burguesía.

Cuando los valores de la burguesía son enaltecidos en los medios de comunicación, las redes sociales y otros espacios de socialización, y no existe una alternativa visible a estos, buena parte de las clases trabajadoras puede llegar a compartir esos valores, aunque sea con un alto grado de virtualidad. Es lo que se ha llamado en el marxismo como hegemonía. En lugar de ver a la burguesía como un adversario, pasan entonces a asumirla como un paradigma a seguir. En términos electorales, esto se refleja en que cualquier propuesta que perjudique los intereses de la burguesía, puede ser objeto de un virulento rechazo popular.

En lugar de ver a la burguesía como un adversario, pasan entonces a asumirla como un paradigma a seguir.

Esto no es para nada auspicioso para las izquierdas, pues parece contribuir a la tesis de que el progresismo, en los términos en que está planteado actualmente, posee límites muy difíciles de traspasar. Una vez agotado el activo de la novedad, que depende de circunstancias irrepetibles, solo le queda el camino, relativamente efímero, de constituir una defensa moderada frente a la extrema derecha. Este camino termina en la pérdida de la iniciativa y en la derrota. Sin embargo, la alternativa, que sería avanzar en una dirección anticapitalista, puede resultar peligrosa y finalmente terminar en una explosión reaccionaria y conservadora.

Podría decirse que esta es la contradicción fundamental, que marca los límites operativos del progresismo. Se trata de una especie de «techo estructural». Pues la principal táctica del progresismo es la distribución de la riqueza, para mejorar la calidad de vida de la población. Pero cuando necesita romper con las lógicas de la sociedad capitalista, a tal punto que hace inevitable el choque violento con las clases dominantes —sin contar con ningún soporte o proyecto económico alternativo—, puede afectarse justamente esa capacidad para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, se producen retrocesos que parecen inevitables. En estas circunstancias, se impone un replanteamiento del proyecto del progresismo latinoamericano y global.

la principal táctica del progresismo es la distribución de la riqueza, para mejorar la calidad de vida de la población.

Sucesos recientes, como la victoria del No en la consulta popular promovida por Daniel Noboa en Ecuador, que buscaba habilitar al presidente para impulsar profundos cambios constitucionales, arrojan algo de luz. Permiten pensar, al menos, que la sensatez de los pueblos no está del todo perdida. Ese mismo electorado le dio hace poco la victoria a Noboa, principalmente por el rechazo al correísmo. No obstante, tuvo una reacción defensiva frente a los intentos de echar abajo la Constitución, y reducir así a cero las conquistas progresistas alcanzadas durante los años de gobierno de Correa. Esto permite pensar en un posible regreso y recomposición del progresismo en Ecuador.

Y si pensamos en Cuba…

Si intentamos pensar la realidad cubana en relación con un análisis como este, resulta evidente que esto solo pude hacerse de un modo refractado, acudiendo a la analogía. En primer lugar, porque en Cuba no se realizan elecciones competitivas entre diferentes partidos políticos. Pero también porque se trata de una sociedad en la que se llevó a cabo una importante transformación social, en dirección a la superación del capitalismo. Una sociedad que, además, sufre hoy una crisis multidimensional, en la que pesan, entre otros factores, las consecuencias de haber intentado construir un camino alternativo al orden global.

Sin embargo, un hecho que se ha comprobado en las últimas dos décadas es la caída de la participación electoral en Cuba, lo cual muestra un impacto de la crisis en la participación política. Hasta ahora ello no ha provocado ninguna derrota importante para el gobierno en términos formales, aunque se han multiplicado expresiones de descontento popular —como las protestas en las calles o las oleadas migratorias—.

Aun así, a pesar de la caída de la participación electoral, esta sigue siendo alta para los estándares globales, y han alcanzado resultados positivos iniciativas gubernamentales como la aprobación de una nueva Constitución en 2019, o del nuevo Código de la Familia en 2022.

Ahora bien, la aplicación de estas categorías de análisis tiene un asidero en la realidad cubana, desde el momento en que las transformaciones económicas de las últimas décadas, la creciente influencia cultural de la diáspora y la propia crisis, crean condiciones para que en Cuba existan amplios sectores que comparten una cultura y unos valores aspiracionistas, equiparables a los de la clase media de cualquier país capitalista.

La creciente influencia cultural de la diáspora y la propia crisis, crean condiciones para que en Cuba existan amplios sectores que comparten una cultura y unos valores aspiracionistas.

La existencia de estos sectores, cuya composición socio-clasista es ampliamente diversa y compleja, apunta hacia pulsiones sociales en dirección a la reconstrucción del equivalente a una clase media —hasta cierto punto internacionalizada—. Lo que se suma a otros factores, como la dificultad de un  gobierno declarado socialista para garantizar servicios públicos de calidad o incluso estándares mínimos de bienestar a la población —electricidad, alimentos, medicinas—, que explican el auge del anticomunismo y la emergencia de formas culturales y valores conservadores.

Por tanto, puede decirse que los factores mencionados también ayudan a entender, aunque de manera indirecta, lo que ocurre hoy en las dinámicas políticas internas en Cuba. Está claro que la izquierda ya no tiene nada de novedosa en el país. En cambio, sí sigue influyendo la idea de que el actual sistema garantiza ciertas conquistas y valores sociales —como la soberanía— que muchos consideran importante proteger.

Está claro que la izquierda ya no tiene nada de novedosa en el país.

Por otro lado, en otros sectores es creciente la percepción de que ese sistema no permite una integración al capitalismo mundial, algo que, desde su lógica, impide un mejoramiento de la calidad de vida. A lo cual se suma la sensación de que los dirigentes se han convertido en una casta alejada de los problemas reales de la gente. Todo ello ayuda a explicar el aumento del rechazo al sistema político vigente.

La comprensión de los factores que impactan sobre las dinámicas electorales, sobre todo en nuestra región, puede contribuir a plantear preguntas relevantes para las fuerzas progresistas e incluso, para la situación cubana. Esto permite poner sobre la mesa el estado avanzado de la penetración de las lógicas sociales del capitalismo en estas sociedades, y las dificultades para construir hegemonías alternativas. Además, muestra cómo el momento político tiende a ser favorable para las fuerzas de la extrema derecha, y la necesidad de una renovación de la izquierda en todos estos escenarios, para encontrar la forma de navegar tan difíciles circunstancias, y ofrecer una alternativa viable a los pueblos.

La Asamblea cubana actúa más como órgano de ratificación que de deliberación

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Foto: Cubadebate

Solo el 18 de diciembre y mediante videoconferencia, «debido al complejo contexto económico y social», aconteció el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), correspondiente a su X Legislatura.

¿Qué sucedió allí? 

Sobre la situación de la economía cubana

Joaquín Alonso Vázquez, Ministro de Economía y Planificación, en el informe de lo proyectado para el venidero año, se refirió a un crecimiento del 1%, basado principalmente en la recuperación del turismo, el incremento de las exportaciones y la reanimación de actividades productivas y de servicios. La economía –puntualizó-, «se seguirá desempeñando en un contexto de economía de guerra».  «El plan presentado no es el deseado sino el posible, es un plan mínimo». Es la misma cifra que se había planificado para este año, sin embargo, días antes el presidente cubano había informado sobre un decrecimiento del 4% en el tercer trimestre, por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que esta proyección se cumpla para el próximo año. 

Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, al explicar la distribución de lo presupuestado para el venidero año expresó que los gastos totales ascenderán a 550 mil 590 millones de pesos —que implica un incremento del 6% de lo presupuestado para 2025—, con casi el 70% destinado a sostener la educación, salud pública, asistencia y seguridad social, cultura y deporte. Sin embargo, con la multiplicidad de tasas hoy vigente, y con la galopante inflación, resulta difícil saber si será suficiente para sostener servicios públicos, hoy sumamente debilitados. 

Además, anunció adecuaciones tributarias que serán implementadas en 2026: actualización de la tasa de peaje, incrementando en dos veces lo establecido para los tramos de carretera actualmente gravados; mientras crecerá en 5 veces la cuantía del impuesto sobre el transporte terrestre.

Félix Martínez Suárez, presidente de la comisión permanente de Asuntos Económicos de la ANPP, mencionó que el 1%  de crecimiento planificado para el año que viene no expresa las transformaciones que se requieren para revertir la situación. «Se necesitaría mínimo un 4 por ciento», especificó.

Sin referirse a la Ley de Empresa que debía ser aprobada en esta sesión luego de ser pospuesta varias veces, apuntó que «la empresa estatal socialista no acaba de dar el salto que se necesita, los  servicios básicos de la población continúan deteriorándose y las desigualdades en la sociedad crecen al igual que la situación de vulnerabilidad, unido a los problemas con el suministro energético, el abasto de agua potable y la situación epidemiológica. Esto hace muy difícil la vida de la población», subrayó.

El nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas; la aprobación de 45 esquemas cerrados de financiamientos para actividades y organismos, de los cuales funcionan 31; y el inicio de la transformación cambiaria anunciado la víspera por el Banco Central de Cuba, fueron algunas de las medidas expuestas por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, como supuesto punto de partida para una «etapa superior» en la implementación del programa de estabilización macroeconómica, sin reconocer críticas señaladas por no pocos economistas cubanos a dicho programa y la falta de jerarquización de prioridades en su diseño, que, como apuntamos anteriormente en LJC, lo convierten más en una lista de deseos que en una estrategia clara para rescatar al país de la crisis.

Marrero Cruz mencionó la autorización de esquemas de autofinanciamiento en divisas para empresas de software seleccionadas, y medidas ya anunciadas para dinamizar la inversión extranjera directa, aunque aún no hayan sido publicadas las normas al respecto. No obstante, hizo notar que los ingresos totales en divisas solo alcanzaron el 73% de lo planificado, y las exportaciones quedaron al 85% de lo previsto para el año, con un incumplimiento de los ingresos y visitantes del turismo.

Además, se refirió a la aprobación del Instituto Nacional de Activos Empresariales, en proceso de constitución, así como el ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales.

Sobre las medidas implementadas por Etecsa que fueron recibidas con malestar ciudadano y que tuvieron una fuerte reacción del estudiantado universitario, dijo que se han ingresado más de 146 millones de dólares, lo cual «ha permitido avanzar gradualmente en la recuperación de infraestructuras de comunicación». Sin embargo, no hizo referencia a cuándo se tomarán medidas para garantizar mayor acceso a internet, una pregunta que se ha estado haciendo la población desde el tarifazo.

Como asunto no resuelto mencionó la caída persistente de la producción de azúcar, la cual cerró al 42% del plan.

Marrero Cruz reconoció que continuó aumentando el índice de precios al consumidor y que hay un incremento «indeseado» del dinero en circulación, sin mencionar medidas para aliviar dicha situación, otro punto medular que ha sido objeto de críticas por no pocos economistas y que se agrava si los salarios y pensiones se siguen usando como anclas nominales para intentar estabilizar la economía. 

En cuanto a desarrollo territorial, reconoció también que no se ha resuelto que se mantengan los servicios comunales, y se refirió a la ejecución de la contribución territorial, dos asuntos que, si bien son importantes, no agotan la cuestión de concebir y comunicar el desarrollo territorial más allá de servicios básicos que el Estado debe garantizar.

De su intervención, el debate en redes sociales se ha concentrado en gran medida en el deterioro de la mortalidad infantil, con una tasa de 9.8 en el actual año, y en el decrecimiento poblacional, incluyendo la que está en edad laboral.

Además, reconoció la existencia de un 20% de empleo informal, lo que puede estar relacionado a que las oportunidades laborales no son atractivas, cuando muchos salarios se mantienen por debajo de los 5000 cup, cantidad que no sostiene la reproducción de la vida en un contexto de alta inflación y dolarización.

Otras cifras alarmantes tienen que ver con las afectaciones en el abasto de agua, que alcanzaron como promedio diario a dos millones de habitantes, y el incumplimiento en la terminación de viviendas, que apenas llegaron a las 5 mil 750.

En cuanto a la situación electroenergética, apuntó que se han ejecutado mil 150 millones de dólares para la recuperación del sistema, pero hasta ahora no han representado mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo fuera de La Habana, donde los apagones siguen superando las 16 y 18 horas. 

Una intervención que se viralizó por su excepcional vínculo con la realidad de las bases productivas fue la del diputado Emilio Interián Rodríguez, médico veterinario y presidente de una cooperativa. El parlamentario llamó la atención sobre la desconexión con los precios que el Estado paga a los campesinos por productos como la leche que desincentivan la producción: «…mientras sigamos pagando el litro de leche a 38 pesos, no vamos a tener leche en Cuba, ni ganadería», afirmó. Interián Rodríguez también llamó la atención sobre la necesidad de ampliar las asignaciones de tierras a quienes la están produciendo de manera eficiente, y el papel que está jugando el sector privado en los encadenamientos productivos. 

Cambios y leyes

Sin explicaciones, se anunció la renuncia de varios cargos, lo cual sigue evidenciando la falta de transparencia con la que se comunican informaciones políticas sensibles. 

La liberación de Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular y el traslado de Oscar Manuel Silvera Martínez desde el Ministerio de Justicia a esa responsabilidad se presentaron como una simple rotación de cargos. No se ofreció balance alguno sobre la gestión saliente ni justificación para el cambio. Rosabel Gamón Verde, quien ocupaba el puesto de viceministra primera, será la nueva titular del Ministerio de Justicia. 

Particular atención ha generado la renuncia de Homero Acosta Álvarez como diputado y secretario de la ANPP, anunciada sin mayores detalles sobre sus motivos o implicaciones políticas. Con Homero Acosta se especulaba que sería el sucesor de Esteban Lazo, así que el secretismo y la falta de transparencia sobre su salida, ha dejado el terreno fértil para todo tipo de teorías en el debate público que se da en redes sociales. 

La designación en su lugar de José Luis Toledo Santander, que pasó a ser miembro también del Consejo de Estado, abre cuestionamientos sobre las razones de estos movimientos que, sin duda alguna, tienen peso para la política en el país.

Otras salidas fueron las de Ulises Guilarte De Nacimiento y Ricardo Rodríguez González, que culminaron sus responsabilidades en la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación Estudiantil Universitaria, respectivamente. 

En materia de leyes, fueron aprobadas la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluye entre sus modificaciones el reconocimiento de la inteligencia artificial y las bases éticas y profesionales para su empleo; y la Ley de Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados de las asambleas municipales, un cuerpo legal breve que reduce de cinco a dos años y medio el mandato de los delegados de las asambleas municipales.

Resulta cuando menos cuestionable que se haya «aprobado» ahora el «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía» sin tener en cuenta las críticas sobre aspectos técnicos y conceptuales  que se han señalado en cuanto a su diseño, y después de que durante más de un año se estuviera implementando sin que fuera público. 

Otros documentos también fueron aprobados, como «Plan y metas de la economía para 2026»; «Ley del Presupuesto para el 2026»; y el «Dictamen de la comisión permanente de Economía de la ANPP».

Para 2026 siete leyes quedaron pendientes de 2025, seis que estaban inicialmente planificadas para ese año y una nueva que se añade: Ley de Tratamiento de los Residuos Sólidos. Esto claramente indica un atraso más en el ya retardado cronograma de ordenamiento jurídico, y que hace cuestionar qué tan funcional está siendo la organización de la Asamblea para aprobar las múltiples leyes que necesita el país, a tono con lo pautado en la Constitución de 2019 y satisfacer las demandas de la ciudadanía. 

¿Cuáles son nuestras reflexiones?

El país tiene una inflación persistente y elevada, con incapacidad de estabilizar la moneda nacional, un desabastecimiento crónico, una crisis energética severa con apagones de más de 20 horas, y un incumplimiento sistemático de los planes (azúcar, turismo, vivienda, etc.). A nivel de discurso oficial se siguen sin reconocer responsabilidades políticas y administrativas concretas en el gobierno por la situación; se sigue desplazando la culpa únicamente a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, y ahora a la plataforma El Toque. 

Con el reciente anuncio de una tercera tasa de cambio, si bien se busca un mecanismo formal de acceso a la divisa para el sector privado —algo necesario y demandado—, este sigue siendo muy burocratizado, y además no garantiza la compra rápida de dólares a la población. Por tanto, se pasa a una normalización de la dolarización parcial, consolidando desigualdades de acceso entre quienes tienen divisas y quienes no, y no se fija un horizonte temporal para desmontarla.

Desde el discurso hay un énfasis en el control, la disciplina y el poder, con giro hacia el endurecimiento.  Y aunque se habla de reforzar el control institucional y el «control popular», este último se formula sin mecanismos autónomos ni independientes, reforzando la idea de vigilancia más que de rendición de cuentas horizontal. Y más alarmante aún, no se habla de control ciudadano sobre el poder político, sino control sobre la base social.

El discurso securitizado de tolerancia cero, que hace énfasis en «cerrar filas» contra delito, ilegalidades y corrupción, el incremento de inspecciones, la mano dura contra drogas, ilegalidades económicas y ordenamiento territorial, no resuelve los problemas de fondo, de índole estructural que tiene el país, en tanto refuerza una lógica punitiva en un contexto de crisis social, legitimando una mayor presencia coercitiva del Estado

No se abordaron a profundidad asuntos fundamentales como la emigración o la falta de incentivos o expectativas truncadas, pero se sigue apelando a la lealtad política más que a reformas estructurales que tengan una incidencia positiva sobre las vidas de las personas. De hecho, el reconocimiento de que Cuba tendrá 7,7 millones de habitantes en 2050, con un fuerte envejecimiento y reducción de la población activa, fue presentado como un dato técnico, sin un debate político profundo, y no conectado explícitamente con el modelo económico, migratorio o de gobernanza.

Incluso en un escenario tan crítico como el actual, el funcionamiento parlamentario continúa marcado por la unanimidad y el formalismo, lo cual resulta especialmente controvertido en el espacio público, porque la Asamblea se sigue mostrando con escasa capacidad deliberativa, dejando el desacuerdo reducido a matices técnicos, nunca de índole política. Admitir problemas no es suficiente si el debate se mantiene limitado y superficial, y si se privilegia la disciplina y el control por encima de reformas institucionales de fondo.