Cuba emigra y no es noticia. La emigración ha terminado por ser un hilo invisible que une a la Giraldilla de La Habana con el Versailles de Miami, el Metro de Madrid, y el Zócalo de México. Cuba a veces emigra, a veces se exilia; dos palabras que conviven con naturalidad en otras orillas, aunque la semántica oficial todavía persista en omitirlo.
La emigración —o el exilio, según quien lo pronuncie— es la gran paradoja de una Revolución que se erigió en nombre del pueblo. Los millones que han abandonado la Isla, votando con los pies o con los remos, son los mismos que ahora ayudan a sostener la economía de muchos hogares. Un país que durante décadas exportó azúcar, tabaco y médicos depende hoy en gran medida de las remesas enviadas incluso por aquellos que escucharon el «no los queremos, no los necesitamos».
Desde 1959 ha existido una división entre «los que se fueron» y «los que se quedaron», entre «los de allá» y «los de aquí», pero partir hacia un nuevo destino, sea en busca de oportunidades o por disentir de un gobierno o sistema político, no rompe el vínculo de una persona con su tierra de origen.
La deuda moral con los de fuera
La relación del gobierno cubano con su población de otras orillas sigue siendo una gran asignatura pendiente, entre tantas. Desde el oficialismo, durante décadas, el emigrado ha sido visto con una mezcla de recelo y utilidad: sospechoso ideológico, pero fuente inagotable de divisas.
El emigrado cubano debe pagar tasas consulares abusivas, pasaportes a precios de lujo, y trámites lentos y humillantemente onerosos. Envía dinero, medicamentos, y comida; pero su opinión, en realidad, no es bienvenida. Incluso fuera del territorio nacional, el cubano continúa siendo sujeto de un sistema que se resiste a reconocerle como ciudadano pleno. Una vez que el cubano establece residencia en el exterior, su entrada en el país queda sujeta a la decisión arbitraria de un funcionario anónimo, y pierde los limitados derechos electorales que mantienen los ciudadanos residentes en Cuba. Sin embargo, no es extraño que un emigrado descubra en otras tierras que su voto sí tiene consecuencias y aprenda a utilizarlo como algo más que una formalidad.
Es justo admitir que, en los últimos años, el Gobierno ha hecho ciertos gestos hacia su diáspora: flexibilizaciones consulares, discursos más conciliadores y encuentros simbólicos. Pero esos gestos, aunque mediáticamente amplificados en los medios oficialistas, no modifican la sustancia.
El espejismo de la normalización
Por mucho tiempo, los diplomáticos cubanos han repetido el mantra de la normalización con Washington. Pero ese discurso olvida una verdad elemental: no podrá haber normalización real mientras la política exterior cubana no normalice primero su relación con los cubanos en otras orillas. Este teorema político lo demuestra el Partido Republicano en cada elección. Independientemente de que guste o no, los cubanos de Miami, Kentucky, o Houston serán invariablemente sujetos de referencia en la política exterior de los Estados Unidos hacia la Isla, ya sea por deferencia o por intereses electorales.
La decisión intrépida de Barack Obama en el 2014 dio sus frutos en un tiempo limitado. Durante unos años, cientos de exiliados hicieron las paces con quienes en alguna ocasión le lanzaron huevos al grito de traidores. Pero esta política necesitó trabajo de campo; no olvidemos que, tras anunciar su decisión, Obama viajó posteriormente a Miami en múltiples ocasiones para explicar y convencer a los cubanoamericanos —votantes suyos, por cierto— sobre su política conciliatoria.
Esta clase elemental de política no se enseña en la Ñico López, por tanto, los representantes del Estado cubano nunca han articulado un discurso que logre convencer a los emigrados sobre la necesidad de apoyar un engagement. Y cuando hablo de los emigrados me estoy refiriendo a una comunidad mucho más diversa y compleja que la mostrada en las reuniones de Nación y Emigración. Igualmente, bastó una crisis como la del 11 de julio, para que se culpase desde el Palacio de la Revolución a miembros de esa comunidad de “orquestar” las protestas desde afuera, en lugar de analizar los problemas internos que las estimularon.
Por otro lado, uno de los principales errores del “exilio histórico” en Miami ha sido apoyar actos de terrorismo realizados por los elementos más radicales de esa comunidad y su alianza con servicios de inteligencia extranjeros. No discuto el derecho de los emigrados de influir en la política exterior de su nueva ciudadanía, pero apoyar actos violentos cruza una raya difícil de justificar. De igual manera, resulta poco creíble demandar cambios democráticos en Cuba, cuando en la otra orilla se apoya el desmantelamiento del Estado de Derecho y los sueños húmedos de aspirantes a dictadores.
Para el MINREX, Estados Unidos no es solo un adversario político; es también el epicentro de una diáspora poderosa y políticamente articulada. Ninguna política exterior cubana, por audaz y novedosa que sea, podrá prosperar si sigue ignorando a ese actor que con su músculo hoy influye en campañas presidenciales, y define, en gran parte, la imagen de Cuba ante el mundo.
Por demás, al otro lado del Atlántico, en esa segunda capital de la diáspora que es Madrid, ésta también aprende a articularse alrededor de la derecha española de Ayuso, Feijóo, Monasterio y Abascal, y aspira a dominar la política exterior de los peninsulares hacia los criollos una vez se apague el fuego de ese Ave Fénix de la política española que es Pedro Sánchez.
Reconciliarse con sus ciudadanos de ultramar no garantiza una relación diplomática estable con Washington o Madrid, pero constituye un paso muy importante para lograrlo. Esta teoría, sin embargo, parece incomodar en el Palacio de la Revolución. Al Buró Político le cuesta admitir que el país más importante para la política exterior de Cuba no es Estados Unidos, sino la Cuba que vive en Estados Unidos; y pronto, como van las cosas, también le costará admitirlo con España.
El exilio como espejo
La emigración cubana no es homogénea. Hay quien se fue buscando libertad, hay quien se fue buscando leche en polvo. Hay quienes levantan empresas en la Florida, y quienes limpian mesas en un restaurante de Houston. Ambas maneras igual de dignas. Pero todos, o casi todos los ciudadanos de ultramar, comparten la sensación de que vieron en marcharse su realización personal.
En ese contexto, sorprende la ausencia de una política que ampare a los cubanos emigrados, principalmente aquellos que se encuentran en tránsito. No existe —al menos públicamente, salvo casos muy puntuales— una red de asistencia, ni un sistema de información, ni protocolos de apoyo consular. Por tanto, ahora, en tiempos de deportaciones y crisis migratorias, los ciudadanos quedan en una especie de limbo. Por un lado, el país de origen apenas los reconoce, o lo hace a regañadientes, salvo para recaudar aranceles consulares, y por otro, el país de tránsito o de destino no los acoge. Entonces el cubano se convierte en el sujeto de un peloteo diplomático entre La Habana, Panamá, Bahamas, Managua, Tapachula, o Laredo.
De hecho, en demasiadas ocasiones muchos cubanos han sido convertidos en apátridas de facto. Hay ejemplos de ciudadanos cubanos que no pueden regresar a su país, aun cuando lo deseen, por la decisión arbitraria de un funcionario en La Habana. En los Estados Unidos, aun cuando muchos de nuestros ciudadanos están sujetos a una campaña de deportación o sin documentos vigentes, el consulado cubano no tiene una red de representación consular honoraria que extienda sus funciones a lo largo del país norteño, o al menos una página web actualizada con información sobre la protección a sus ciudadanos. No es tan difícil seguir el ejemplo de México, o Colombia, por solo mencionar dos casos. Por hacer una propuesta, el MINREX incluso bien pudiera publicar en su sitio web información útil para aquellos cubanos que son objeto de trata de personas o violencia en el exterior, sobre todo violencia sexual. El gobierno cubano, que tanto se enorgullece de acciones humanistas, necesita de más políticas humanitarias hacia los suyos.
El país que se queda
Mientras tanto, Cuba se vacía. Cada vuelo hacia Managua, cada balsa improvisada, cada solicitud de refugio en México, Moscú o Madrid, aunque se disfrace de viaje familiar, en realidad oculta —en su gran mayoría— un voto de decepción con el proyecto de país que nunca llegó. Mi generación, la de finales de los 80, creció en una crisis económica que, tras más de tres décadas, mantiene las mismas causas y poco se ha hecho para enfrentarlas definitivamente; y en esa generación que intentó hacer la Revolución, muchos de sus miembros sobreviven gracias a las ayudas de los hijos y nietos que un día repudiaron, en términos prácticos, el proyecto fracasado.
En la Cuba de hoy hay más expertos en trámites migratorios que en derecho electoral o ingeniería agrónoma. El pasaporte, ese caro librito azul, se ha convertido en una fuente de esperanza más valiosa que el título universitario; y en cada familia hay alguien que partió, alguien que planea partir o alguien que sueña con poder hacerlo. La emigración cubana, con sus varias olas, es un éxodo colectivo y sostenido. La respuesta de los funcionarios cubanos es, como siempre, echar mano al consabido catalejo; pero bien poco le importa a un cubano las causas de otro latinoamericano para emigrar. Sus esperanzas y anhelos no los encuentra en la tierra que le vio nacer, y está dispuesto a cruzar un puente que sabe será quemado desde la otra orilla porque no podrá regresar.
Sin embargo, lo más triste es que la Revolución en el poder, que sepamos, hasta ahora no conoce, o no se esfuerza en conocer, cuántos de los suyos yacen en el Estrecho de la Florida o en la Selva del Darién. Justo es, para esas madres que lloran a sus hijos sin una tumba, crear mecanismos que les permitan conocer qué ha pasado con ellos.
El camino por tomar
El Gobierno cubano tiene ante sí varias avenidas para resolver —o al menos atenuar— la encrucijada que mantiene con su emigración. La primera, y quizás más simbólica, pasa por transformar su servicio consular en algo más que una ventanilla burocrática.
No basta con la cortesía formal —virtud que muchos funcionarios practican—; hace falta un mandato político claro, una voluntad, un discurso que emane desde los niveles más altos del Estado, capaz de entender que cada trámite es también un gesto de reconciliación con sus hermanos de otras orillas.
La segunda avenida, más práctica y menos sentimental, apunta a la economía. El Gobierno debe reconocer, sin titubeos ni pretextos ideológicos, el derecho de los cubanos residentes en el exterior a invertir en su país, más allá del uso de testaferros o la mera importación y reventa de alimentos y artículos de consumo. Sin distinciones de fecha o razones de partida, el gobierno debe ofrecer garantías jurídicas y financieras con estándares internacionales; hacer que el embargo o bloqueo (cada cual que le llame como mejor le plazca) tenga un costo de oportunidad tan alto que sea imposible justificar su existencia.
La diáspora es capital humano, financiero y moral que los líderes de Palacio no pueden seguir despreciando por orgullo, desconfianza o celos de poder. No hay mejor inversor que sus semejantes en otras orillas. Ellos conocen la realidad, conservan la lengua, mantienen vínculos afectivos y culturales con toda la Isla desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí. En un momento en que el interés extranjero para invertir en Cuba es escaso, abrir esa puerta podría ser una tabla de salvación para un pueblo ya de por sí con hambre de alimentos y de esperanzas; y si para ello el Buró Político debe ceder cuotas de poder, más valdría hacerlo ahora, mientras aún quede algo que administrar.
Finalmente, la tercera avenida, quizá la más profunda, es de orden moral y jurídico: reconocer el derecho automático, universal, inalienable, de todo cubano a regresar a su país. Ninguna reconciliación será posible mientras el retorno siga dependiendo del permiso de un burócrata o seguroso. Ninguna nación puede considerarse completa si veta la entrada a sus propios hijos.
Epílogo
Quizás algún día, cuando el país se atreva a hablar sin miramientos, se reconozca que el mayor error histórico de la Revolución no fue perder la comunicación con Washington o posiblemente Madrid, sino con sus propios hijos. Porque ningún gobierno que depende de su diáspora para sobrevivir puede seguir tratándola como un hostil. Y ningún pueblo que se ve obligado a marcharse puede llamarse, sin ironía, soberano.
«Hace falta que te gradúes ya, porque te van a sobrar pacientes»
―la vecina
La crisis generalizada que experimenta Cuba en estos momentos presenta una multiplicidad de facetas que atraviesan, si bien en diferentes formas, la vida de todos los ciudadanos. Aunque la policrisis impacta al conjunto de la sociedad, la carga que esta representa se manifiesta con especial fuerza en los sectores no privilegiados, los llamados «cubanos de a pie», que deben enfrentar directamente y sin paliativos la inseguridad económica, los ya rutinarios cortes eléctricos, la escasez de medicamentos, la actual situación epidemiológica, y en sentido general, la muy conocida «luchita» cotidiana por la supervivencia.
La situación antes descrita, sumada la creciente incapacidad del Estado para garantizar servicios y recursos elementales ―como la canasta básica, el gas licuado, los insumos médicos, la electricidad y el agua corriente―, crea una situación de malestar generalizado que cae directamente sobre las familias cubanas, y sobre todos y cada uno de sus integrantes.
Mucho se ha hablado de las consecuencias económicas y políticas de la crisis, pero menos se ha abordado su impacto en la dimensión psicológica de las personas. Es por esto que, desde una aproximación lo más abarcadora posible, el objetivo de este texto es explorar al menos una parte de los efectos psicológicos de la crisis, y sus posibles implicaciones y ramificaciones.
La escasez, la «lucha» y el bandwith tax
El estrés no resulta ajeno para nadie. La vida humana, en cualquier contexto, está llena de situaciones de estrés y factores estresantes ―también llamados estresores―, que influyen directamente en el estado mental. En una situación de crisis sostenida, los estresores se multiplican y las situaciones de estrés se hacen presentes en cada aspecto de la vida, impactando negativamente en la salud mental y la capacidad de respuesta de grupos e individuos ante las dificultades.
Los investigadores Mullainathan y Shafir (2013) proponen un concepto para explicar esta dinámica, que han denominado «bandwith tax», y que se traduciría literalmente como «impuesto de ancho de banda». En situaciones de relativa normalidad, toda persona tiene una determinada capacidad de foco y recursos mentales para centrarse en la solución de problemas, un cierto abasto de «energía mental» que se distribuye entre las tareas y procesos que debemos realizar. A este recurso, los autores lo denominan «ancho de banda cognitivo».
Sin embargo, ante situaciones de escasez ―sea esta de recursos, tiempo, etc.― el individuo experimenta una carga cognitiva asociada a la necesidad de suplir las necesidades básicas, y la mayor parte de este «ancho de banda» se dedica a priorizar la preocupación por la supervivencia. A consecuencia de esto, se afecta la capacidad general de toma de decisiones y de hacer planes a largo plazo.
Ante situaciones de escasez el individuo experimenta una carga cognitiva asociada a la necesidad de suplir las necesidades básicas.
La urgencia de la escasez ―especialmente si esta es múltiple― provoca, por una parte, que la capacidad cognitiva esté enfocada en lo inmediato, en cubrir las necesidades del día a día, por lo que se dificulta planear a futuro ante la incertidumbre de la propia subsistencia. Por otro lado, se genera una fatiga de decisión, es decir, que los individuos pueden evitar dedicar demasiada energía, esfuerzo o atención a tomar decisiones o emprender acciones en cuestiones menos críticas o urgentes, pues reservan sus recursos cognitivos y físicos para la solución de los problemas relacionados con la supervivencia.
Como resultado de esto, es habitual que se tomen decisiones apresuradas, o se descuiden aspectos relevantes, pero menos inmediatos que, a la larga, pueden conducir a nuevas situaciones problemáticas y, consecuentemente, multiplicar los factores de estrés en el tiempo.
Estrés sostenido, desequilibrio e impacto fisiológico
La situación de crisis en Cuba no es un fenómeno espontáneo y abrupto, sino que se ha ido instalando y acrecentando con el tiempo. El elemento crónico de la policrisis está lejos de ser un aspecto menor en lo que respecta a su impacto psicológico; es más bien, uno de sus principales peligros. Ya vimos anteriormente la carga cognitiva que representaban la escasez y la incertidumbre, pero es pertinente abordar el efecto que esto, sumado a otros factores de estrés psicológico y físico, puede tener en los cubanos.
No hay una única definición de estrés. Aparece definido en el diccionario de la Asociación Psicológica Americana (APA) como la respuesta «fisiológica y psicológica a estresores internos o externos», que «involucra cambios que afectan casi todos los sistemas del cuerpo, influyendo en como las personas se sienten y actúan». El Dr. Hans Selye, considerado el padre de los estudios sobre el estrés, definió a su vez en 1975 dos aspectos del estrés: uno que resulta en una reacción positiva de resolución, denominado eustrés, y una respuesta negativa o desequilibrada, denominado distrés. Dicho de otro modo, el estrés es un elemento común e inevitable de la vida.
En tal sentido, el estrés, como respuesta a un estímulo externo, lleva a nuestro organismo a buscar la recuperación de su estabilidad ―denominada homeostasis― mediante cambios psicológicos o fisiológicos que permitan responder y adaptarse a la exigencia del medio. Este proceso de recuperación, denominado alostasis, se ve afectado cuando el organismo sufre una exposición crónica al estrés ―sea físico, psicológico, social, ambiental, u otro―, lo que produce una excesiva «carga alostática» que se ha asocia a la aparición de diversos padecimientos de salud física y mental.
Podemos tomar ejemplos cotidianos. Tan solo los apagones constantes ―programados o no programados― se convierten en generadores de situaciones de estrés relacionadas a aspectos diversos de la vida, como los quehaceres diarios, el estudio, el trabajo o el ocio. De igual manera, pueden incidir a menudo en los hábitos de sueño y en su calidad, lo cual tiene una incidencia directa en la aparición del estrés, además provoca agotamiento, dificultad en la toma de decisiones, irritabilidad, y la aparición de diversos problemas fisiológicos. La frustración y la angustia sostenida influyen de igual modo en el estado de ánimo, que interactúa con los aspectos anteriores y dificulta aún más las respuestas resilientes.
Solo los apagones constantes ―programados o no programados― se convierten en generadores de situaciones de estrés relacionadas a aspectos diversos de la vida.
La combinación de estas complicaciones y su reforzamiento generan un círculo vicioso que, sumado a la persistencia de los factores de estrés, conduce a un estado de estrés crónico que, como factor de riesgo, aumenta las probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, problemas metabólicos, debilitamiento del sistema inmunitario ―lo que puede incidir negativamente en la ya preocupante situación epidemiológica―, problemas digestivos, de sueño, de memoria, de atención e incluso la capacidad de aprendizaje.
De igual manera, la exposición crónica a elementos estresantes, puede influir en la aparición o empeoramiento de trastornos de la salud mental, se ha sugerido que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer e incide en el desarrollo psicológico y neurológico infantil, en especial si se asocia con una mala alimentación. Al tiempo, todo esto potencia el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias como un intento desesperado para escapar mentalmente de la precariedad cotidiana.
Desconfianza, aprendizaje social del cinismo e indefensión aprendida
Más allá del nivel individual, la crisis impacta con igual fuerza en las dinámicas psicosociales. Por una parte, el conjunto de afectaciones individuales o grupales en la ciudadanía indudablemente conduce a consecuencias en el nivel social, incluyendo en la implicación o no del individuo en la sociedad, y viceversa. Por otra, el propio deterioro del tejido social y político conduce a cambios en las dinámicas sociales que inciden directamente en los individuos, sus relaciones y sus sistemas de creencias.
Una de las primeras víctimas de una crisis generalizada ante un mar de promesas y discursos vacíos es la pérdida de confianza en las instituciones. Si bien esto es relativamente comprensible para entidades con un marcado carácter ideológico —por su relación con la estructura de toma de decisiones— esta desconfianza generalizada se puede trasladar injustificadamente a instituciones como el Instituto de Meteorología (INSMET) o ciertas instancias del Ministerio de Salud Pública, cuyas informaciones pueden ser cruciales para prevenir o mitigar amenazas, y corren el riesgo de ser desestimadas en el mismo lote que el resto.
Una de las primeras víctimas de una crisis generalizada ante un mar de promesas y discursos vacíos es la pérdida de confianza en las instituciones.
Por otro lado, la exposición sostenida a riesgos, amenazas y tragedias puede provocar una habituación en la precepción de riesgo en sí, disminuyendo la atención o valoración crítica de posibles amenazas, y como resultado, la proactividad en la toma de acciones de preparación o mitigación.
Un estudio encabezado en Italia por P. Salvati (2014) sugiere que individuos expuestos a un mismo riesgo en el tiempo desarrollan familiaridad y habituación, y, por lo tanto, su percepción se ve atenuada. Por otro lado, investigaciones como las lideradas por Harper y Van Haven, ambas en 2020, en medio del contexto de pandemia por COVID-19, arrojaron como resultado que la exposición prolongada a noticias e informaciones catastróficas o preocupantes genera una «fatiga de riesgo» que inhibe en cierto grado la sensibilidad ante peligros potenciales.
De manera similar, y en conexión con el apartado anterior, los autores Lazarus y Folkman sugirieron ya en 1984 que el estrés crónico antes mencionado impulsa al individuo confrontado por situaciones potencialmente estresantes a pasar de estrategias activas, que se orientan hacia la comprensión y la búsqueda de soluciones, a estrategias pasivas como la negación y la evitación.
Dicho de otro modo: las personas dejan de reaccionar adecuadamente a situaciones de riesgo porque ya no tienen suficientes recursos psicológicos ni sociales para procesar más peligro. Esto genera dificultades en la respuesta y gestión de situaciones complejas, y suele ocurrir en contextos de crisis sanitaria o económica, lo que, por cierto, se ajusta a la situación actual de Cuba.
Las personas dejan de reaccionar adecuadamente a situaciones de riesgo porque ya no tienen suficientes recursos psicológicos ni sociales para procesar más peligro.
Lo anterior, sumado a la desconfianza generalizada en las instituciones y la sensación de abandono o incapacidad por parte de las autoridades, conduce a lo que, siguiendo al eminente psicólogo Albert Bandura ―que desarrolló la teoría del aprendizaje social― podríamos denominar como «aprendizaje social del cinismo».
En un escenario de crisis sostenida, con un fracaso de las instituciones en generar confianza o respuestas satisfactorias, el riesgo se normaliza y disminuye la percepción de la capacidad individual y colectiva para gestionar la crisis. Se establece en la sociedad el pensamiento de que «no merece la pena» preocuparse o actuar, que «nadie hará nada» o que «nada puede ir peor».
De esta forma, se hace necesario abordar un fenómeno psicológico que, si bien no está exento de controversia, resulta de interés para comprender en muchos casos la inacción, la apatía y el desinterés generalizado que genera la policrisis en los cubanos: la indefensión aprendida.
Este concepto, descrito por Martin Seligman en 1972, hace referencia a un estado psicológico de resignación o pasividad que se produce tras experiencias repetidas de fracaso o falta de control sobre los resultados de las acciones y situaciones, lo que provoca que los individuos «aprendan» ―es decir, asuman y acepten para sí mismos― que no es posible influir o cambiar una determinada situación. Esto trae consigo en los afectados un incremento de la apatía y el desinterés en el cambio, lo cual consolida la inercia y los disuade de emprender acciones, tanto individuales como colectivas, para transformar el curso presente de las cosas.
Un estado psicológico de resignación o pasividad que se produce tras experiencias repetidas de fracaso o falta de control sobre los resultados de las acciones y situaciones
Ante una situación de crisis, donde coexisten la escasez, la pobreza y el no reconocimiento ―o irrespeto― sistemático de los propios derechos, los ciudadanos pueden asumir que la situación es «incorregible», lo que se refuerza además como resultado de fracasos previos en los intentos de transformación la realidad social, ya sea por los caminos «formales» —como reuniones o cartas— como por los «informales» —como la protesta.
La resignación conduce a la desesperanza, que fomenta actitudes de pasividad o reactividad, al tiempo que desincentiva las actitudes proactivas. En muchos casos, como todo cubano sabe, la solución imaginada para los problemas pasa por abandonar la realidad demandante por completo y pasar página, lo que se puede percibir en la crisis migratoria por la creciente imposibilidad para muchos jóvenes cubanos de imaginar un futuro en el país, con todas las consecuencias que esto trae para los que se quedan.
¿Y qué podemos hacer?
Si algo se puede aprender de los enfoques dialécticos sobre la relación entre el individuo y la sociedad, es que dicha relación no es, en modo alguno, unidireccional. Aunque el contexto juega un papel fundamental en la conformación de la persona concreta, es posible para esta asumir un rol en la transformación del contexto.
Los psicólogos humanistas nos enseñaron que, si bien las circunstancias económicas, culturales, históricas y sociales condicionan las acciones humanas, no se debe entender como una completa determinación, puesto que, a todos los efectos prácticos, en el ámbito de la experiencia cada persona, sigue siendo eminentemente libre de decidir sobre sus acciones, y asumir la responsabilidad sobre su propio destino.
Entonces, sí, la crisis generalizada está produciendo algo en nosotros: disminuye nuestras capacidades, deteriora nuestra salud, nos aísla, nos lleva a abandonar toda esperanza de mejoría, y nos tienta a ser pasivos frente el curso de los acontecimientos. Sin embargo, esto no es en modo alguno una condena fulminante.
Es cierto que muchas cosas deben cambiar desde el «arriba», y es entendible la desconfianza en el cambio cuando desde esas instancias se pide resistencia creativa y resiliencia sin que muchos ciudadanos tengan los recursos para ello. Por tanto, no puede pretenderse que el cambio ocurra espontáneamente, puesto que la inercia resulta atractiva, y un status quo se puede convertir en una «zona de confort» para quienes gozan de ciertas ventajas.
No obstante, más allá de la impostergable necesidad de encontrar soluciones concretas a la escasez inmediata, para que sea posible revertir la tendencia al aislamiento, el desinterés y la inmovilidad, es necesario que existan vías efectivas de participación social, económica y política para todos los sectores de la ciudadanía, partiendo de su diversidad y su multiplicidad de identidades, de modo que se permita transitar de la apatía y la pasividad a un involucramiento activo en la transformación y (re)construcción colectiva del país.
Si estas vías no son facilitadas, será necesario exigirlas, y si esto no fuera suficiente, la propia necesidad las hará existir por sí mismas, con independencia de si existe o no una voluntad política para reconocerlas. Un ejemplo de ello es cómo las redes sociales se han establecido como un espacio común para la expresión cívica, tanto para visibilizar denuncias ciudadanas, como para articularse cívicamente para construir soluciones; eso es, en esencia, participación. Y es que los problemas no son únicamente económicos, y, en consecuencia, las soluciones necesarias no se limitan al área de la economía.
No es necesario recurrir a la lástima o la autocompasión, ni apelar a la condescendencia de quienes están mejor, o de quienes se encuentran en la estructura de toma de decisiones, que no nos deben favores, sino soluciones concretas y sistémicas. No se trata tampoco de encerrarse en la constante lamentación resignada de nuestras propias desgracias, ni de la rumiación neurótica de nuestra supuesta impotencia, sino de tomar parte en el esfuerzo de cambio para hacer allí donde se pueda, y donde no, extender los límites de lo posible para exigir lo que se nos debe.
Después de todo, regularmente se recuerda de Ortega y Gasset su frase de «yo soy yo y mi circunstancia», pero por lo general se olvida la segunda mitad de la cita, que, para nuestro contexto ―y a modo de cierre― es infinitamente más valiosa: «…y si no la salvo a ella no me salvo yo».
Bibliografía
Harper, C. A., Satchell, L. P., Fido, D., & Latzman, R. D. (2020). Functional fear predicts public health compliance in the COVID-19 pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(5), 1875–1888. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00281-5
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company.
Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. Times Books.
Salvati, P., Bianchi, C., Rossi, M., & Guzzetti, F. (2014). Societal risk perception of landslides in Italy. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions, 2(3465–3497). https://doi.org/10.5194/nhessd-2-3465-2014
En las últimas semanas, en las redes sociales se comparten imágenes que retratan la difícil realidad de distintos territorios del país. Por habitual que se haya vuelto ver pasillos de hospitales abarrotados, camillas improvisadas y pacientes que esperan, incluso en el piso, durante horas para ser atendidos, no deja de ser una señal inequívoca de la crisis del sistema de salud.
A los altos índices de infestación del mosquito Aedes aegypti y la reaparición constante de dengue, chikungunya y otras arbovirosis se suma el avance de distintas enfermedades transmisibles que están en ascenso en varias provincias. El conjunto de estas experiencias indica un sistema sometido a una presión mayor de la que hoy puede sostener.
El resultado es que muchas personas han empezado a gestionar los padecimientos por su cuenta; se organizan para turnarse en el cuidado de enfermos y, con los recursos disponibles, aplican protocolos básicos de vigilancia y cuidado; contratan a actores privados para fumigar… Esto constituye una señal del traslado progresivo del peso del cuidado y la prevención desde las instituciones hacia los hogares.
La combinación de infraestructura deteriorada, escasez de insumos, altos niveles de transmisión y una carga cada vez mayor sobre las familias demanda un análisis inmediato y una respuesta institucional a la altura del problema. Un sistema que enfrenta necesidades crecientes opera hoy con menos financiamiento, menos personal y menor capacidad estructural. Esa tensión se refleja con claridad en los indicadores de salud disponibles.
El Anuario Estadístico de Cuba 2024. Cuentas Nacionales (Edición 2025)muestra que el valor agregado del sector Salud Pública pasó de 9 531 millones de pesos en 2020 a 8 215 millones en 2024, con un único repunte coyuntural en 2021 (10 892 millones) asociado a la pandemia.
Según fuentes del propio ministerio, el presupuesto asignado para 2025 fue de 76 mil 37 millones de pesos, el 24%del Presupuesto del Estado. Sin embargo, no se sabe cuánto de ese monto está otorgado en moneda fuerte, algo necesario para mantener las importaciones de materias primas, medicamentos, e instrumental médico.
Por su parte, el reporte Indicadores seleccionados del sistema empresarial y presupuestado (enero-septiembre de 2025, ONEI) confirma que la salud pública apenas representa 0,7 % de las ventas del sistema empresarial estatal, lo que expresa una dependencia casi total del financiamiento presupuestario. Más relevante aún es la asignación de inversión, pues el sector recibe solamente 1,3 % de la inversión total del país, muy por debajo de electricidad-gas-agua (35,8 %) o turismo (más del 22 %). Esta estructura de prioridades indica que la recuperación y modernización del sistema sanitario no ocupa hoy un lugar central en la política de inversión estatal.
Según el economista Pedro Monreal, «en 2008 la inversión turística era 2,5 veces mayor que la inversión en salud como % del PIB, pero en 2024 la diferencia aumentó a 17 veces. El “esfuerzo” nacional en salud en 2024, medido por el % del PIB, era la mitad del registrado en 2008. No solamente disminuyó el “esfuerzo” en salud y asistencia social (ayuda a “vulnerables”) en cuanto a la inversión (ampliación y mejoramiento de infraestructura), sino también en términos del gasto presupuestario corriente que apoya esas prestaciones».
Este retroceso ocurre en un país demográficamente más exigente. Según las cifras oficiales, en 2024, el 23,6 % de la población cubana tenía 60 años o más, lo que confirma un incremento sostenido respecto a décadas anteriores. A comienzos de los años 80, el grado de envejecimiento se situaba alrededor del 11 %, y para inicios de los 90 apenas superaba el 12 %. Esto significa que en la actualidad la proporción de adultos mayores prácticamente se ha duplicado respecto a los niveles de los años del llamado Periodo Especial.
La tendencia es clara: Cuba enfrenta un cambio estructural en su pirámide demográfica, con un peso creciente de las personas mayores y más presión sobre los sistemas de salud, cuidados y protección social.
El Anuario Estadístico de Salud reportó que la mortalidad infantil se mantuvo en 7,1 por cada 1000 nacidos vivos el año pasado, sin mejoras respecto a 2023. Sin embargo, algunas provincias mostraron incrementos importantes: La Habana (10,1), Isla de la Juventud (8,8), Santiago de Cuba (8,0), Guantánamo (7,3) y Ciego de Ávila (5,8). El país retrocedió frente al nivel de 2020 (4,9) y exhibe una desigualdad territorial creciente.
La disponibilidad de medicamentos es otro punto crítico. A mediados de diciembre de 2024 se informó que, de los 292 renglones del cuadro básico, solo 24% estaba disponible. En la sesión parlamentaria de ese mes se precisó que alrededor del 70% del cuadro básico —461 de 651 productos— se encontraba en falta total o con baja cobertura debido a la escasez de divisas para importaciones y materias primas. La proyección para 2025 reconoció que las dificultades persistirían, como es visible, en la red de farmacias, desplazando la compra de medicamentos hacia el mercado informal.
Esta situación ha provocado múltiples deformaciones, entre ellas el ascenso del mercado informal como vía imprescindible para acceder a medicinas, lo cual, además de desproteger a una franja poblacional que no puede pagar esos precios, elimina cualquier control estatal sobre la calidad de estos productos, y su uso responsable por parte de la población.
El personal sanitario también se ha reducido de forma marcada, no solo por la emigración creciente, sino por los bajos salarios, las condiciones laborales precarias y la sobrecarga que enfrentan quienes permanecen en el país. A ello se suman las regulaciones que limitan la movilidad internacional de estos profesionales, lo que genera una desmotivación adicional y contribuye al agotamiento del recurso humano disponible.
El Anuario reporta que el número de médicos disminuyó a 75 364 en 2024, casi un 30% menos que en 2019, cuando la cifra superaba los 90–100 mil. Esto implica un descenso directo en la razón de médicos por habitantes. La menor disponibilidad de especialistas incrementa la carga asistencial, prolonga los tiempos de espera y dificulta sostener programas comunitarios, especialmente en territorios con envejecimiento acelerado. La reducción simultánea en enfermería, estomatología y técnicos de la salud profundiza esas carencias.
A este panorama se suma un cambio estructural más amplio. A diferencia de los difíciles años 90, cuando la crisis afectó casi por igual a toda la población, la situación actual es más profunda y también más desigual. Como explicó la socióloga Mayra Espina en el podcast La Sobremesa, en Cuba «las clases sociales se sienten mucho más y son mucho más diferenciadas. La lógica de “ganadores y perdedores” del Período Especial vuelve a manifestarse hoy, distribuida según los diferentes capitales económicos, educativos, políticos o sociales». Esto explica por qué ciertos grupos logran amortiguar mejor el deterioro, mientras la mayoría enfrenta de forma directa el desabastecimiento, el encarecimiento y el deterioro de los servicios básicos.
En este contexto, el gobierno insiste en que los ingresos provenientes de la cooperación médica internacional son esenciales para sostener el sistema. El Ministerio de Salud Pública ha señalado en reiteradas ocasiones que estos recursos en divisas financian la gratuidad de los servicios y permiten cubrir gastos básicos del sector.
En diciembre de 2024, la Asamblea Nacional anunció la aprobación de un sistema de autofinanciamiento de salud pública, mediante el cual los ingresos obtenidos en el exterior serían retenidos al 100% por el sector y destinados a la compra de materias primas y medicamentos. El ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda se refirió posteriormente a un «esquema de autofinanciamiento en divisas, basado en ingresos por exportaciones», aunque reconociendo que los avances han sido limitados.
Las estadísticas públicas disponibles no permiten conocer con precisión cuánto se ingresa realmente por la exportación de servicios médicos, ni qué proporción de esos recursos se reinvierte en el sistema de salud. Este grado de opacidad limita la evaluación de políticas que han sido anunciadas como mecanismos de autofinanciamiento de la salud pública.
En conjunto, los datos muestran un sistema de salud que trabaja con recursos menguantes, crecientes necesidades demográficas, brechas territoriales amplias y una infraestructura deteriorada. La evidencia señala una disminución progresiva del esfuerzo económico destinado al sector y un deterioro que no puede explicarse únicamente por coyunturas externas, sino por tendencias acumuladas a lo largo de décadas.
Por la magnitud del impacto en la vida cotidiana, el riesgo epidemiológico creciente y las consecuencias sociales que entraña el deterioro de servicios esenciales, la situación de la salud pública en Cuba no puede seguir siendo un asunto secundario en la formulación de políticas. Debe ocupar un espacio protagónico en las agendas del debate del Congreso del Partido Comunista de Cuba, en las deliberaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y en las definiciones del próximo Pleno del PCC.
Estos espacios están llamados a examinar con rigor las causas del deterioro, a revisar el uso de los recursos públicos y a exigir mecanismos de control, transparencia y seguimiento que permitan evaluar resultados. Para ello, es imprescindible que los diputados, como representantes del interés público, participen en un debate real, sin unanimidades automáticas que rehúyan la gravedad del momento.
En textos anteriores hemos profundizado también en algunas alternativas que apunten a incorporar alianzas público-privadas, con el fin de apoyar áreas como la importación de insumos, la logística básica o servicios complementarios, siempre evitando que la presencia de actores privados reduzca la responsabilidad del Estado o genere desigualdades en el acceso.
Lo cierto es que el país necesita deliberaciones informadas, capaces de enfrentar preguntas difíciles y de asumir la revisión de políticas que no están ofreciendo los resultados previstos. Esa falta de respuestas efectivas ha dejado a muchas personas con una sensación de desprotección y vulnerabilidad que no tiene precedentes en la memoria reciente.
Sin una intervención integral y sostenida, la recuperación del sistema sanitario corre el riesgo de quedar rebasada por una crisis que se manifiesta cada día más en los hogares, hospitales y calles. Pero cualquier estrategia será limitada si no se apoya en una economía capaz de producir, generar ingresos y crecer. Solo un incremento real de la capacidad productiva permitirá sostener, en el tiempo, las inversiones y el financiamiento que el sector necesita para reconstruirse.
La lectura del anteproyecto del Código de Trabajo, puesto a debate público hasta el próximo 30 de noviembre, es una oportunidad para mirar la realidad nacional. En particular, la sedimentación de los sujetos económicos que la describen, de las relaciones entre ellos, y en general, acerca de las comprensiones políticas sobre las relaciones laborales.
Es una propuesta de ley que, por el peso estructural en las relaciones clasistas que encarna, debería ser llevada a plebiscito. Al menos, por esa misma razón, debería ser foco de mayor atención y debate público sobre sus contenidos, alcances y contradicciones, así como sobre las condiciones que potencian u obstaculizan la implementación de sus principales aportes.
De cara a esta necesidad, es lamentable que se reitere una metodología para su análisis en los espacios laborales que implica una sumatoria de propuestas (adición, eliminación o duda) y no un proceso de deliberación. Como se enfatiza en la descripción metodológica para el análisis del documento, «no se promoverá ni permitirán intercambios o criterios sobre lo que se propone».
Esta práctica obstruye la construcción colectiva de propuesta, o lo que es lo mismo, potencia la individualización de lo que son problemas colectivos, comunes, gremiales y clasistas.
La presentación de propuestas individuales se circunscribe a los colectivos laborales o a los sindicatos de una misma rama. En el propio diseño metodológico se explicita que «excepcionalmente, el Comité municipal de la CTC podrá autorizar unir colectivos de varios sindicatos, previa consulta con la CTC Provincial».
La estructura piramidal de las organizaciones cubanas, empresariales, políticas y de masas, es una de las características del diseño político cubano que condiciona la calidad de los procesos democráticos. Este ejercicio legislativo reitera la insuficiencia de esos procesos.
La horizontalidad del trabajo de base, la vinculación de actores diversos dentro de un mismo territorio, por ejemplo, propiciaría un mayor alcance en los diagnósticos sobre la realidad, así como las propuestas de solución y control sobre las decisiones. Por el contrario, la segmentación en entidades y sectores se erigen en barrera al desarrollo político de la clase trabajadora en su conjunto.
¿Cuánta riqueza develaría el encuentro entre colectivos diferentes y entre personas sindicalizadas de sectores distintos? ¿Cuánto aportaría al análisis una visión de conjunto, los puntos comunes, las propuestas similares, los desafíos compartidos? ¿Cuánto aportaría un proceso de creación colectiva de visiones y propuestas?
¿Cuánta riqueza develaría el encuentro entre colectivos diferentes y entre personas sindicalizadas de sectores distintos?
El anteproyecto en cuestión resulta una foto de los actores económicos nacionales y de las relaciones políticas que entre ellos se concretan. Pone a escrutinio, además, el vínculo entre economía y política, lo que contribuye a pautar el tipo de orden social que se concreta en Cuba, tendiente o no a organizar las relaciones de trabajo, y dirimir los conflictos que de estas de derivan, mediante mecanismos democráticos.
El análisis de esta propuesta de ley, en término categorial, permite recordar el peso que tienen en los procesos productivos, las relaciones sociales de producción: ¿quiénes deciden qué y cómo se produce?, ¿cómo se organizan los procesos laborales?, ¿qué sujetos prevalecen en estos procesos?
Los contenidos de este anteproyecto vuelven a poner sobre la mesa los pactos socioclasistas a los que asistimos en este movimiento calidoscópico que vive la sociedad cubana por más de una década.
En este escenario, la clase trabajadora cubana tiene como desafío para la defensa y sostenibilidad de sus derechos, de un lado, su vinculación con la burocracia, erigida en su representante, con los límites que esto ha implicado para su autorganización política y autogestión productiva.
De otro lado, aparece la nueva clase capitalista nacional, para la que, en última instancia, los derechos de la clase trabajadora son un límite potencial a su acumulación y expansión.
La contradicción esencial entre el capital y el trabajo se presenta en Cuba de manera cada vez más evidente y verificable. ¿Tiene la burocracia cubana la capacidad de mediar de manera eficiente en este conflicto ya estructural?
Un Estado socialista de derecho tiene en ese asunto un debate esencial y determinante. En este particular se coloca, quizá, la mayor exigencia a la creatividad teórica y política. Esta razón ensancha la necesidad de mirar con rigor y responsabilidad los acápites que presenta esta propuesta de ley.
El código por dentro
Resulta llamativo que, en el artículo 14 del citado documento, se defina a la persona trabajadora como aquella «persona natural (…) que labora por cuenta ajena con subordinación a una persona jurídica o natural».
Subrayo el término subordinación, el cual marca un carácter tendencial tanto en referencia al empleador estatal como al privado. Si se sustituye este término por el de, por ejemplo, vinculación, podría acotar el contenido jerárquico que implica toda subordinación.
El anteproyecto salva una de las contradicciones más importantes del código vigente: la confluencia de empleadores y empleados en una misma organización sindical. En el artículo 23 se reconoce que «las personas trabajadoras y los empleadores, tienen derecho a afiliarse o no a las organizaciones sindicales y de empleadores, respectivamente, para la mejor defensa de sus derechos e intereses».
El anteproyecto salva una de las contradicciones más importantes del código vigente: la confluencia de empleadores y empleados en una misma organización sindical.
Este es un reconocimiento fáctico de la emergencia de clases dentro del país, y la creación de condiciones para su legitimación y operatividad política. ¿Será una puerta abierta a las antiguas patronales? ¿Qué vínculo tendrán los empleadores estatales y los privados?
Con miras en la variable del equilibrio de poder al interior de las entidades laborales, se debe prestar atención a la aparición una nueva figura: «la persona de confianza». Según consta en los artículos 46 y 47, «son aquellas que por la naturaleza y las características de la actividad que debe desarrollar, presupone un vínculo de confianza con el jefe inmediato que los designa».
Refiere a personas trabajadoras que cumplen funciones de administración, dirección, «vigilancia y control» sobre otros trabajadores, bienes o recursos, entre los que se encuentran los jefes de brigada, de taller, encargados de almacén; y personas trabajadoras que por las características de la actividad y el nivel de dirección en que las desarrollan requieren ser confiables y ocupan cargos de secretarias ejecutivas y choferes de ministros, viceministros, directores y otros jefes de entidades.
Según consta en los citados artículos, «la discreción consiste en la no divulgación por parte del designado, de determinados hechos, actos o circunstancias, que por la naturaleza de su labor tuvo conocimiento de ellas».
El primer elemento de alerta sobre esta figura es que la confianza se refiera al jefe, no al colectivo, tampoco a los objetivos de la entidad. En segundo lugar, instaura una jerarquía entre las personas trabajadoras que, de hecho, crea estamentos dentro de las entidades: jefes, administrativos subordinados a él y las personas trabajadoras. En tercer lugar, alimenta la cultura del secretismo, lo cual obstruye la transparencia y potencia la corrupción.
El primer elemento de alerta sobre esta figura es que la confianza se refiera al jefe, no al colectivo, tampoco a los objetivos de la entidad.
¿Acotará alguna regulación esos «determinados hechos, actos o circunstancias»? Por lo pronto sería recomendable prescindir de estos artículos.
A pesar de estas alertas, resulta positivo que el documento marca avances en la definición de derechos y deberes de los sujetos implicados: trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales, administración del trabajo. Respecto al Código de Trabajo vigente, supera la limitada participación de la organización sindical, la que avala que los empleadores adoptan las decisiones oído el parecer de estas.
En esta nueva propuesta se disponen los mecanismos para implementar de forma efectiva la negociación colectiva y la participación de las personas trabajadoras en la planificación, regulación, gestión y control de la economía, en la toma de decisiones. Igualmente se incluyen a todas las formas de gestión.
Como dato positivo se amplían los principios previstos en la norma vigente, entre ellos: la irrenunciabilidad de los derechos del trabajo y su progresividad; el principio protectorio (evitar que la desigualdad entre el empleador y la persona trabajadora derive en una situación de indefensión de esta); la estabilidad laboral; igualdad y no discriminación (no se explicita la discriminación política); la igualdad de remuneración; la actuación colectiva.
Se amplían los principios previstos en la norma vigente, entre ellos: la irrenunciabilidad de los derechos del trabajo y su progresividad.
Como parte de estos principios, se prohíbe la violencia, el acoso y la discriminación en el ámbito laboral, al igual que el trabajo forzado.
Entre los derechos de las personas trabajadoras que pretenden viabilizar esos principios se contemplan la participación de forma activa en la adopción de las principales decisiones, así como en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía en las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas; solicitar y recibir información por parte del empleador y la organización sindical, que estos rindan cuenta de su gestión y de la solución de los problemas planteados en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores y en otros ámbitos; así como presentar quejas y peticiones al empleador.
No obstante estos adelantos, el derecho de las personas trabajadoras de «participar de forma activa», se contradice con el enunciado de las facultades de los empleadores, artículo 19, las que incluyen ostentar «la máxima dirección y representación, que lo autoriza para planificar, organizar, reglamentar, adoptar decisiones, controlar y establecer el orden laboral interno».
El derecho de las personas trabajadoras de «participar de forma activa», se contradice con el enunciado de las facultades de los empleadores.
Si bien se dedica un amplio desarrollo a las formas y temas de la participación de las personas trabajadoras, artículos 484 y 485, en su «materialidad», artículo 482; inciso c), se devela que los trabajadores son consultados, no deciden.
Es importante acotar que el alcance del código comprende a todas las entidades donde se desarrolla relaciones laborales, lo cual no se reduce al ámbito productivo. Contempla a los órganos del Estado, organismos de la Administración Central del Estado (con excepciones para el MININT y las FAR), entidades nacionales, organizaciones superiores de dirección empresarial, órganos locales del Poder Popular, empresas, instituciones presupuestadas, sociedades mercantiles, dependencias de las organizaciones políticas y de masas, las cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y privadas, los proyectos de desarrollo local, las formas asociativas autorizadas por la ley y otras formas de gestión con personalidad jurídica.
No se percibe un proceso profundo de debate sobre el anteproyecto. Tampoco ha sido amplia la cobertura de los medios nacionales sobre el desarrollo de las consultas. Contrario a lo sucedido con el debate constitucional y posteriormente sobre el Código de las Familias, no ha aparecido un tema específico que centre la atención sobre esta propuesta normativa.
Este hecho pudiera ser explicado, entre otros factores, por la individualización que profundiza la crisis en la gestión de la vida cotidiana, por los bajos niveles de politización de las personas trabajadoras, por la crisis de legitimidad de las organizaciones que conducen el proceso, y por los acumulados prácticos en las dinámicas laborales que sugieren inviable algunas de las formulaciones, nuevas o reiteradas, de la propuesta a debate.
En lo que concierne específicamente al ámbito empresarial estatal, el diseño del sistema ha distorsionado el principio de propiedad y gestión social sobre los medios de producción, basado en el control directo de las personas trabajadoras.
En la práctica, al tiempo que define el carácter del socialismo cubano, el poder decisional recae sobre el cuerpo de funcionarios que el Estado designa para administrar la propiedad social, en el entendido de que el Estado representa al propietario. Surgen así dos sujetos distintos en la empresa estatal: quien trabaja y quien dirige.
Esta realidad deriva en la baja implicación y compromiso de las personas trabajadoras, la que se concreta en la reducción de la iniciativa y la creatividad a lo técnico, no a lo organizativo, y menos a lo estratégico dentro de las entidades laborales.
La participación directa es formal. ¿Bastará la letra de una nueva norma para transformar esa realidad?
Se debe entender que la pretendida autonomía de la empresa hacia afuera tendría que estar condicionada a una relación democrática hacia dentro, basada en el empoderamiento de las personas trabajadoras, y no el de un cuerpo de funcionarios designados por el Estado para administrar la propiedad social, como afianzan las leyes y regulaciones vigentes.
De manera general y estructural, es un desafío para el rediseño socialista remover el verticalismo enquistado en la cultura de dirección en todas las entidades laborales, reproducida tanto en métodos de selección de cuadros como los excesivos controles externos. ¿La nueva norma contribuye a resolver este dilema?
Es un desafío para el rediseño socialista remover el verticalismo enquistado en la cultura de dirección en todas las entidades laborales.
Por otro lado, no es viable pensarse el rediseño de las relaciones laborales socialista sin que los sindicatos encaminen, prioritariamente, la organización del saber colectivo (diagnóstico, demandas y soluciones) y su impacto en las decisiones estratégicas; y sin que pulsen a favor de formas de cogestión y autogestión productivas.
Se reclama de los sindicatos recolocar la centralidad del trabajo en el diseño y control de las políticas, y no reducir su función a la ratificación, cumplimiento y control de los planes y normativas diseñadas burocráticamente.
Los sindicatos deben ir más allá de la tradicional movilización e impulsar la creación de espacios permanentes en todas las entidades donde los colectivos laborales propongan, elijan y puedan revocar a cada directivo y personal administrativo; y aportar así a las formas de gestión colectiva y directa de los trabajadores y trabajadoras que son consustanciales al socialismo. Estas formas de gestión colectiva están presentes en esta y otras leyes, pero no han sido estimuladas por las políticas: ¿por qué razones?
Los sindicatos deben ir más allá de la tradicional movilización e impulsar la creación de espacios permanentes.
Las pautas anteriores no desatienden como exigencia para la empresa estatal, dentro de las entidades laborales, mejorar la eficiencia global de la economía. Es necesario aumentar la base productiva y su calidad. ¿Podría ser la gestión democrática de los procesos laborales más eficiente que la gestión autoritaria, tanto en el ámbito estatal como privado?
No hay datos que sugieran que este anteproyecto de ley no sea aprobado en los plazos previstos. Con su ratificación contribuirá a dar forma legal al país que vamos siendo, lo que implica, en su especificidad, ajustes al contexto laboral cada vez más evidentemente clasista y con tensiones democráticas.
Queda por delante el desafío de viabilizar sus contenidos positivos y revisar sus imprecisiones, para lo cual es condición, de un lado, el incremento de la cultura política y jurídica de las trabajadoras y los trabajadores, y de otro, la remoción de lastres estructurales del diseño político cubano que condicionan el alcance de este código.
El Huracán Melissa tocó tierra por Santiago de Cuba a las 3:10 a.m. el 29 de octubre de 2025, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h. Unas horas antes, su paso por Jamaica con categoría 5 lo convirtió en la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años y el ciclón más fuerte de la concluida temporada en el Atlántico.
Su trayectoria en Cuba atravesó una zona muy montañosa, que trajo precipitaciones y récords de lluvias, lo que devino en el peor escenario posible: un escurrimiento masivo, crecidas repentinas, e inundaciones de gran magnitud en zonas como Río Cauto. Su poder destructivo hizo graves y dispersos daños en todas las provincias orientales, sobre todo en comunidades que ya de por sí estaban en una fuerte situación de vulnerabilidad.
Durante las jornadas siguientes a Melissa, la sociedad civil cubana, organismos internacionales, el sistema empresarial público y privado, autoridades locales, comunidades y gobierno han colaborado para la gestión, traslado y distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas. Y si bien estamos lejos de la coordinación y efectividad deseada, lo visto no es un mal escenario, salvo por la escasez de recursos en Cuba, que también debilita la respuesta ante las crisis climáticas y los desastres naturales.
Foto: Marcel Villa
Muestra de esta solidaridad fue la Caravana «Río Cauto en nuestras manos», organizada por pobladores de esa localidad radicados en La Habana, con el apoyo logístico de la empresa privada Pedro Carr, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), las autoridades locales y otros actores independientes. Un ejemplo de la colaboración multilateral entre partes, involucradas en un proceso de transformación, aunque no profunda, pero sí de alivio inmediato para las comunidades afectadas.
El grupo estuvo entregando módulos gratuitos de alimentos y aseo, incluyendo leche, enlatados y repelente para insectos, así como equipos electrodomésticos de primera necesidad y lámparas recargables en tres consejos populares del municipio Río Cauto: Cauto del Paso, Grito de Yara y Cauto Embarcadero; además de hacer un levantamiento de sus necesidades básicas adicionales, para llegar en próximas semanas.
Foto: Marcel Villa
Si bien no es un panorama desconocido, en la cuenca hidrográfica del Cauto, como en muchas de las zonas afectadas, sobresale en las imágenes la pobreza acumulada, como si las condiciones de vida se hubiesen mantenido intactas durante un siglo, más allá de procesos de transformación que no han sido capaces de establecer un piso de necesidades básicas para sus pobladores. Todos repiten, con razón, que antes de Melissa la pobreza ya estaba, pero sobrecoge cada vez más su ferocidad y la alta vulnerabilidad de esas poblaciones ante desastres y enfermedades como las arbovirosis, que están proliferando en el país.
¿Qué hacer? La asistencia humanitaria no es lo suficientemente transformadora de esa realidad, no siempre puede o le toca ¿Qué sigue?
Foto: Marcel Villa
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Cauto del Paso es una comunidad llana, rural, y pobre, en medio de la cuenca hidrográfica del Río Cauto, prolija en ríos y presas. Una entrada antigua en Ecured menciona poco más de 500 habitantes y «un fondo habitacional de 162 viviendas, que se encuentran en regular y mal estado». El último censo, post Melissa, hecho por los trabajadores sociales para recibir las donaciones, avistó poco más de 70 viviendas.
En Cauto del Paso no hay médico de la familia, no hay centros de trabajo, no hay instalaciones culturales ni deportivas, y ahora apenas hay caminos. En el recuerdo de sus habitantes solo Flora (1963) y Melissa (2025) han sepultado completamente su lugar en agua y fango, desde la yerba hasta la copa de los árboles. Ambos, diluvios en los que sobrevivió, apenas, lo que pudo flotar.
Foto: Marcel Villa
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En Grito de Yara no hay electricidad ni agua desde el día antes de Melissa. En dos semanas han vendido carbón una única vez, a 1000 CUP el saco, que alcanza para cuatro o cinco días. En las mañanas, la humareda de leña y plástico que utilizan para preparar el desayuno es el despertador. Unos camiones llevan, racionan y entregan agua en las aceras, 200 litros por familia, para ser subidos a segundos y quintos pisos en porrones y cubetas. La comunidad se organiza como puede.
Foto: Marcel Villa
La electricidad es un lujo muchísimo antes de cualquiera de los ciclones de este año y el anterior. Algunas vecinas, las que pudieron, se dividieron con justicia los pedazos de tierra entre edificios, para plantar sus cocinas rústicas de leña. Muchas son compartidas o se prestan. A otras no les importa tanto el tizne en sus apartamentos, ni las sábanas ahumadas en las tendederas, y sus nonós permanecen en balcones y pasos de escaleras. No pueden o no quieren bajar. Son cuidadoras, o están muy cansadas. El regreso a los fogones ha sido un golpe durísimo en autonomía, tiempo y calidad de vida, sobre todo para las mujeres, que en esos entornos siguen cargando con casi todo el peso de la casa.
Foto: Marcel Villa
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En el Centro de Evacuación que se instaló en el seminternado Ernesto Che Guevara, en el Consejo Popular de Grito de Yara, conviven cientos de personas, organizadas en más de 40 familias, desde hace más de 20 días. Algunos no tienen a dónde regresar después de Melissa, para otros sus viviendas aún no están habitables. Son derrumbes totales o el agua todavía está adentro.
Niños, ancianos, embarazadas y personas en situación de discapacidad duermen sobre colchonetas, el resto: mujeres y hombres, en sábanas sobre el piso. Allí, aunque fuera de horario y no con la calidad requerida, tienen alimento, además de atención médica básica y un techo.
Foto: Marcel Villa
El lugar huele a orina y sudor, consecuencia de una instalación de pocos baños, no diseñada para dar albergue a tantas personas, tantos días. Los adultos lucen tristes e irritados, los niños no tanto, tienen la plaza y los artefactos de la escuela para jugar.
Foto: Marcel Villa
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La pobreza es un problema complejo que no tiene límites ni definición única. La información disponible evidencia un incremento de la pobreza y la inseguridad alimentaria en Cuba que para muchos es preocupante.
En contraste, el discurso oficial utiliza muy poco los términos pobreza y desigualdad, de mayor fuerza política, y prefiere eufemismos o frases conductuales, en lugar de referirse explícitamente a la naturaleza sistémica del problema.
Foto: Marcel Villa
A pesar de la escasez de datos para estudiar o entender la pobreza en Cuba, la socióloga Mayra Espina, en entrevista con el podcast «La Sobremesa», usando lo cálculos sobre canasta básica del economista Omar Everleny, estima que alrededor del 40-45% de los cubanos se encuentran en situación de pobreza.
Foto: Marcel Villa
Otro dato ilustrativo es la inclusión de Cuba en el reporte de pobreza alimentaria infantil de la UNICEF para el año 2024. Este indicador mide «la incapacidad de los niños y niñas para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en la primera infancia (es decir, los primeros cinco años de vida)». De acuerdo con el informe, la prevalencia total de pobreza alimentaria infantil en Cuba es del 42%, una cifra que está por encima del 38% considerada la media latinoamericana y caribeña. De ese 42%, el 9% se encuentra en situación de pobreza alimentaria grave, o sea, que consumen menos de 2 de los 8 grupos de alimentos considerados como necesarios para un desarrollo saludable de la infancia.
La pobreza, además, viene acompañada casi siempre de la desigualdad. Y si bien en Cuba tampoco hay disponibilidad de cálculos oficiales recientes sobre esto último, es sencillo intuir, basado en la experiencia colectiva, la acelerada profundización de la brecha social, resultado de la treintañera crisis económica, social y posteriormente política, por la que atraviesa el país. Esta situación se ha agravado con la reforma del 2019 (llamada ordenamiento monetario) que redujo aún más los subsidios de los que dependían las personas más empobrecidas y devaluó la moneda nacional, con lo cual, los salarios estatales perdieron gran parte de la capacidad de compra.
Foto: Marcel Villa
Ante la desigualdad, como la pobreza, la sociedad cubana también ha sido reactiva. Estas continúan destruyendo el sentido de realización y autoestima de las personas, además de amenazar el desarrollo a largo plazo del país y consolidar la ausencia de oportunidades y el limitado acceso a recursos.
Foto: Marcel Villa
Disponer de información para Cuba y tener estudios comparados es fundamental para definir, medir y comprender los alcances y dimensiones de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad; y estimar los recursos necesarios para resolverlos o mitigarlos. Sin embargo, como apunta la investigadora Tamarys L. Bahamonde «es importante (…) recordar que en esas cifras están atrapados seres humanos con aspiraciones, habilidades, y vidas truncadas (…). Las estadísticas, aunque esenciales, son instrumentos que no pueden abstraerse de la complejidad moral y humana de algunos problemas».
Ni la dignidad, ni la democracia, ni la libertad, ni el desarrollo existen en abstracto. Son un médico de la familia en Cauto del Paso, caminos seguros, viviendas confortables, alimento, empleo, agua, agricultura desarrollada, electricidad… Es el cuidado a la vida, a las ideas de emancipación y a la felicidad.
El reciente ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba, ante el paso del huracán Melissa, ha reavivado el debate sobre cuáles son las buenas y malas prácticas a la hora de enviar asistencia internacional, especialmente entre países que mantienen relaciones conflictivas o donde existen regímenes de sanciones.
El gobierno de Washington finalmente optó por el envío de tres millones de dólares a través de la Iglesia Católica, sin dirigirse oficialmente al Estado cubano, ni canalizar la ayuda por mecanismos diplomáticos o gubernamentales, decisión que generó una cadena de reacciones que evidencian la complejidad de operar ayuda humanitaria en contextos polarizados.
Cuba precisó que no existió ofrecimiento oficial al momento de anunciada la ayuda, y luego agradeció el gesto cuando se supo que sería dada a la Iglesia. No obstante, actores de la oposición extremista en Miami, inconformes con esta vía, acusaron a la Iglesia de estar comprometida con el gobierno cubano. Como alternativa propusieron que la entrega se hiciera directamente por medio de la embajada de Estados Unidos en La Habana y organizaciones opositoras.
Cabe destacar que la Iglesia Católica tiene una vasta experiencia, tanto en la ejecución de ayuda en territorios atravesados por conflictos, como en la mediación entre Cuba y Estados Unidos para llevar a cabo causas humanitarias como la liberación de presos por razones políticas.
Mientras tanto, y en contraste con el modelo estadounidense, países como Alemania, Noruega y Canadá ofrecieron ayuda institucional a Cuba por los canales diplomáticos y con coordinación gubernamental, sin generar mayor controversia. A su vez las Naciones Unidas lanzó un plan de respuesta de 74 millones de dólares, articulado con las autoridades cubanas y actores humanitarios internacionales, del cual se han activado y recibido 11 millones hasta la fecha, 4 de ellos dedicados a la logística pre posicionamiento de los suministros, práctica habitual en el sistema multilateral, y que contribuye a que la ayuda sea más eficaz y más coordinada.
Uno de los pilares fundamentales de la cooperación internacional en casos de desastre es el respeto a los principios humanitarios reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional Humanitario y las normas operativas de agencias como OCHA y la Cruz Roja.
Estos principios son humanidad: el propósito primordial de la ayuda es aliviar el sufrimiento humano; neutralidad: los actores humanitarios no deben tomar partido en conflictos políticos, religiosos o ideológicos de los territorios apoyados; imparcialidad: la ayuda debe entregarse sobre la base de las necesidades, sin discriminación; e independencia operativa: las acciones humanitarias deben mantenerse separadas de los objetivos políticos, económicos o militares.
En contextos de crisis o sanciones, respetarlos se vuelve aún más crucial. Si en su lugar, la ayuda se usa como instrumento de presión o se canaliza exclusivamente a través de determinados actores políticos por su agenda ideológica, se arriesga la eficacia y legitimidad del proceso.
Por otro lado, aunque la ayuda directa a personas afectadas es un mecanismo válido y necesario, excluir a un Estado como receptor de los mecanismos de ayuda, con el argumento político de evitar beneficiar a un gobierno considerado autoritario o sancionado, puede tener efectos contraproducentes.
Si bien corresponde exigir transparencia y gestión eficiente de los recursos donados, debe tenerse en cuenta que la recuperación de un territorio devastado requiere la participación activa de las instituciones estatales. Son estas las que pueden reconstruir infraestructuras dañadas: red eléctrica, acueductos, hospitales, cuerpos de bomberos, telecomunicaciones, vías públicas, etc. Por tanto, canalizar ayudas solo por vías paralelas limita su impacto estructural, puede dificultar la logística de distribución y se corre el riesgo de fragmentar la respuesta, duplicar esfuerzos o generar tensiones en el terreno.
Por estas razones, aunque la pluralidad de actores amplía el alcance y la legitimidad de la respuesta humanitaria, el impacto y la eficacia de la recuperación en el terreno depende en gran medida de la coordinación institucional.
En el caso cubano también debe tenerse en cuenta que los contextos donde concurren emergencias y regímenes de sanciones, constituyen uno de los escenarios más complejos para gestionar ayuda humanitaria. Y sin embargo, existen precedentes de colaboración exitosa entre Estados con fuertes tensiones políticas ante situaciones de desastres.
Un ejemplo paradigmático es el terremoto de Siria en febrero de 2023, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció una suspensión temporal de ciertas sanciones para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a zonas controladas por el gobierno sirio.
Este, entre otros, es uno de los casos que demuestra que existen precedentes y mecanismos legales para relajar temporalmente los regímenes de sanciones en función de necesidades humanitarias. También marca una pauta sobre cómo los países emisores de sanciones pueden actuar de manera coherente con los principios del derecho internacional humanitario.
Recomendaciones para una ayuda efectiva en contextos de conflicto o sanciones
A partir de las experiencias recientes, se pueden extraer una serie de buenas prácticas para el envío de ayuda internacional en escenarios politizados:
Mantener un canal oficial abierto, incluso si no se reconocen plenamente los gobiernos: los desastres requieren coordinación logística con instituciones locales.
Evitar el uso instrumental de la ayuda, que puede ser percibida como un intento de intervención o propaganda.
Garantizar excepciones humanitarias dentro de regímenes de sanciones, con criterios objetivos y acceso sin trabas.
Aprovechar la experiencia multilateral, como la de Naciones Unidas o la Cruz Roja, que cuentan con mecanismos neutrales y consolidados.
No sustituir al Estado, sino complementarlo, incluyendo a actores civiles pero también institucionales en la respuesta.
Promover transparencia y trazabilidad en el uso de los fondos, para prevenir corrupción o desvío. Incluso cuando existan legítimas preocupaciones sobre transparencia o uso propagandístico por parte de los gobiernos, las acciones deben mantenerse centradas en la recuperación de las personas afectadas, y ello no se logra aislando completamente a los gobiernos, sino integrando formas de verificación independientes y exigiendo a las organizaciones receptoras —sean estatales o no— mecanismos de transparencia.
Respetar la soberanía del país receptor, incluso en contextos de desacuerdo político, siguiendo la Carta de las Naciones Unidas.
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Respetar los principios humanitarios siempre será el mejor camino para establecer coordinaciones con las autoridades locales y actores de la sociedad civil en aras de buscar soluciones excepcionales, más aún si se necesitan ayudas realmente transformadoras, no simbólicas.
La asistencia humanitaria ante desastres debería ser un ámbito de tregua o al menos de suspensión de hostilidades, un momento en que todos los actores, por encima de los antagonismos existentes, se proponen aliviar el sufrimiento de la población. Cuando un lado rompe esa filosofía y condiciona la ayuda a fines políticos, se arriesga a romper todo el puente de asistencia, lo cual, en última instancia, atenta contra la sociedad civil a la que todos aspiran a beneficiar.
Los desastres nos recuerdan nuestra vulnerabilidad compartida. La respuesta a ellos debiera también recordarnos la importancia de la empatía y la colaboración por encima de las diferencias. Mantener viva la ética de la solidaridad humana, aún entre adversarios, es una señal de madurez internacional.
El país sufre una grave policrisis, que tiene como una de sus causas, aunque no la única, el cúmulo de insuficiencias y errores económicos y políticos en que ha incurrido el gobierno actual durante los últimos años. No hay forma de eludir o minimizar esta valoración, cuya sombría magnitud las autoridades se niegan a reconocer.
Esta policrisis tiene insoslayables consecuencias políticas, fácilmente discernibles en la creciente falta de credibilidad del gobierno cubano. En muchos casos sus decisiones son percibidas como improvisadas y tardías. En otros, decisiones que la ciudadanía considera ineludibles son pospuestas sine die sin explicar las razones.
Así sucedió, por ejemplo, con la Tarea Ordenamiento. Se anunció originalmente que se pondría práctica en el 2016 pero se la pospuso. En el 2021 ya no se pudo posponer más y se aplicó en medio de la pandemia de COVID y con la economía en franca recesión. Según muchos especialistas cubanos, fue el peor momento posible. Aunque este error se ha reconocido de forma esquiva con la frase de que «estuvo mal diseñada», realmente no se ha reconocido toda la envergadura de la equivocación, ni se ha revelado quienes fueron los principales responsables.
Por cierto, quien, por su cargo debió hacerlo y soslayó reconocerlo entonces –el ex vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil – fue defenestrado hace más de un año. Su inculpación y errores no se han explicado completamente a la opinión pública. Otro ejemplo más de secretismo.
El resultado de los desatinos en la política económica del gobierno está a la vista: la producción de bienes y servicios está en caída libre desde hace años con el consiguiente deterioro de los indicadores socioeconómicos y evidentes consecuencias perversas para la población. En muchos casos esos daños son irreversibles, como, por ejemplo, el que resulta de la ola migratoria que ha significado la pérdida de especialistas necesarios para la recuperación económica.
El resultado de los desatinos en la política económica del gobierno está a la vista: la producción de bienes y servicios está en caída libre desde hace años con el consiguiente deterioro de los indicadores socioeconómicos y evidentes consecuencias perversas para la población.
Una de las consecuencias políticas principales es que la ciudadanía tiene cada vez menos esperanzas de que, bajo las actuales circunstancias y con el presente liderazgo, se salga del hueco en que estamos metidos.
La insatisfacción y desconfianza de la ciudadanía con el estado de cosas prevaleciente muchas veces se manifiesta en la subestimación de eventos como la recién celebrada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El argumento más común que se oye en conversaciones privadas y hasta públicas es que estas sesiones no resuelven nada. Y se tiende a señalar, no sin razón, que en las mismas los ministros van a justificar sus desaciertos y los diputados, salvo raras excepciones, no parecen inclinados ni propensos a reclamar autocríticas ni mayores rectificaciones.
Eso explica en gran medida lo sucedido con la intervención, de corte neoliberal, de la exministra del Trabajo y Seguridad Social, sobre el tema de la política del Estado hacia los llamados «deambulantes», un término que difícilmente refleje la situación de desamparo y vulnerabilidad en que viven cientos de miles de cubanos.
Para la gran sorpresa de la ciudadanía, entre los diputados asistentes a la reunión de dos comisiones parlamentarias el 14 de julio, esa presentación pasó inadvertida y fue hasta aplaudida.
Como era perfectamente previsible, aún antes de que terminara el día se produjo un estallido popular digital desde un amplio sector de la sociedad civil que sigue siendo esencialmente anticapitalista.
La presentación de la exministra, además de inadmisible, era totalmente incongruente en su condición de miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que había tenido su Décimo Pleno unos días antes.
Uno de los aspectos más significativos de este hecho es que, al igual que sucedió con el aumento de las tarifas telefónicas de ETECSA y la subsiguiente protesta y resistencia pública, especialmente en el sector estudiantil, la reacción popular no siguió el libreto promovido por elementos opositores externos en las redes sociales. Nadie se «tiró para la calle» a protestar.
Asimismo, en ninguno de los dos casos, los habituales propagandistas del gobierno pudieron acudir a la nociva práctica de encubrir los errores cometidos con el consabido argumento de que eran acciones «enemigas» que formaban parte de una suerte de «guerra de cuarta generación», promovida en las redes sociales.
Ante ambos temas lo que se produjo fueron protestas populares progresistas o de izquierdas, expresadas mayoritariamente en redes sociales o en los marcos del entramado institucional oficial, como la Universidad y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en el caso de ETECSA.
La ciudadanía ejerció su derecho a la protesta legítima sin seguir un libreto prestablecido. En el primer caso la ministra se vio obligada a renunciar debido a la presión popular y el presidente de la República tuvo que acudir al día siguiente a participar en la reunión de las mismas comisiones para aclarar que ni el partido ni el gobierno compartían esos criterios. En el segundo el presidente, el primer ministro y otras autoridades maniobraron para evitar el enfrentamiento, aunque lo que se ha ofrecido y con lo que se «ha aplacado» al estudiantado es, en el mejor de los casos, una solución a medias.
Respecto a la renuncia de la ministra, el resultado dejó un mal sabor porque, a pesar de que se produjo en el marco de la ANPP, los diputados no estuvieron a la altura del clamor ciudadano. No cumplieron su función fiscalizadora. O sea, no nos representaron.
En el caso de las tarifas de ETECSA, el tema no apareció en la agenda de la sesión de la ANPP. Lo que correspondía es que la comisión parlamentaria correspondiente hubiera convocado a la ministra del ramo y a la presidenta de ETECSA para que rindieran cuenta de los evidentes errores en su desempeño. Después de todo, esta es una de las empresas estatales socialistas de las que tanto se habla en el Parlamento como puntales de la economía.
El resultado neto de ambos acontecimientos fueron nuevas derrotas para el gobierno, que no demostró eficacia en su desempeño.
El contexto de la reforma constitucional
Fue en ese contexto que, en el día final de esta sesión de la ANPP tuvo lugar un acontecimiento que merece una reflexión ciudadana sobre lo que ello implica para el futuro de la nación.
El pasado sábado 19 de julio, antes del habitual discurso de clausura de Miguel Díaz Canel, máximo dirigente partidista y estatal, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, anunció que se presentaría, deliberaría y sometería a votación una propuesta de reforma constitucional que el Buró Político del Partido había aprobado someter a consideración de la ANPP a solicitud y por iniciativa del general de Ejército Raúl Castro, que no ocupa ningún cargo formal en las estructuras del Estado, del gobierno o del partido, salvo el de miembro del parlamento. Sería uno de los escasos momentos en los cuáles un diputado haga uso de la iniciativa parlamentaria que le otorga la Constitución.
Se trataba de la eliminación del requisito de una edad mínima de 60 años para ser electo presidente de la República por primera vez, previsto en el segundo párrafo del artículo 127 de la Constitución del 2019.
Paradójicamente este fue un párrafo que el propio Raúl Castro había insistido en incluir cuando se discutió el proyecto de Constitución que fue presentado a referendo hace seis años.
En esta ocasión, inmediatamente después hubo lo habitual: un dictamen aprobatorio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, leída por su presidente, José Luis Toledo Santander, diputado desde 2018; varios diputados interviniendo para apoyar la reforma, algunos de ellos exmiembros de la Comisión Constituyente creada para redactar el proyecto de Constitución sancionado en el 2019; y, finalmente, una votación unánime nominal (a viva voz), en la que cada uno de los 440 diputados presentes en el Palacio de Convenciones afirmó rotundamente que «SÍ», que la aprobaba, siguiendo el ejemplo de Raúl Castro, quien fue el primero en ser llamado por el Secretario de la Asamblea, Homero Acosta.
Ante la mirada entre atónita y aburrida de la mayor parte de la ciudadanía, la Asamblea repitió un procedimiento acostumbrado: voto unánime precedido de la práctica usual del secretismo con la que la dirección del partido y del gobierno maneja la mayor parte de los asuntos importantes, incluso aquellos que necesitan de la aprobación ciudadana.
Aunque sería absurdo oponerse a una decisión tan razonable como ésta, resulta ineludible lamentar que este sea un ejemplo más de las constantes y perniciosas prácticas de secretismo y de culto a la unanimidad que prevalecen en la cultura política nacional, pero especialmente en el Parlamento. Es tan lamentable como el grave incidente que llevó a la renuncia de la ministra del Trabajo y Seguridad Social.
Y lo paradójico es que esas prácticas han sido criticadas por el propio Raúl Castro.
Las críticas de Raúl en el 2007 y 2010
Resulta incomprensible que el secretismo y el culto a la unanimidad sigan formando parte del modus operandi de las autoridades políticas cubanas a casi 15 años de que el entonces máximo dirigente del partido y del gobierno, Raúl Castro, las criticara profundamente en un discurso del 18 de diciembre del 2010, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Ese no fue, para nada, un discurso más.
Sucedió apenas 3 meses antes de que tuviera lugar el VI Congreso del PCC, cónclave que llevaba 14 años sin celebrarse.
Fue el último pronunciamiento público de Raúl Castro dentro del ciclo político iniciado con la renuncia de Fidel Castro el 30 de julio del 2006 y concluido con la celebración de ese congreso en el 2011.
En esos momentos el partido estaba volcado hacia la preparación de documentos trascendentales para el futuro de la nación, promovidos por el propio Raúl Castro. Esos documentos debían ser aprobados en el Congreso, entre ellos el programa de reforma económica conocido como Lineamientos para la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
También vale destacar que se había cumplido al menos un año de la crisis política en las altas esferas del país resultante de la renuncia a sus cargos partidistas y gubernamentales de, entre otros, Carlos Lage Dávila y Felipe Pérez Roque, quienes se habían convertido en los dos más íntimos colaboradores de Fidel Castro en la etapa final de sus 47 años al frente del país.
El trasfondo de esa crisis, según se reveló posteriormente en videos al que tuvo acceso la militancia del partido, fue lo que para algunos se entendió como —incluyendo los encartados— la imprevista designación de José Ramón Machado Ventura como Primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de ministros en febrero del 2008.
A las alturas de ese año se asumía que el designado para esa alta jerarquía sería el seguro sucesor de Raúl Castro al terminar su segundo mandato en el 2018 y muchos de los cercanos colaboradores de Fidel pensaban que ese candidato seguramente sería Carlos Lage, quien, con el complicado título de secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de ministros, había operado como una especie de primer ministro de facto desde su designación en 1986.
En el desarrollo de aquel discurso al que se hizo referencia más arriba, pronunciado en diciembre del 2010, apenas un año después de la crisis política del 2009, el entonces presidente de los Consejos de Estado y de ministros, quiso resaltar la importancia del momento que se vivía con una frase que asombró a muchos por la crudeza con que calificó la situación del país y con que criticó la forma de gobernar hasta ese momento:
«O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos».
Por cierto hoy, a 15 años de pronunciarlas, no pueden ser más premonitorias, pues no se ha rectificado.
Antes, en ese texto, el general de ejército había aclarado que «en medio de las amenazas y urgencias cotidianas . . . no fuimos suficientemente exigentes ante violaciones y errores de carácter económico cometidos por algunos dirigentes y también demoramos en rectificar decisiones que no tuvieron el efecto esperado pero supervivieron».
Puede conjeturarse que en este discurso del 2010 Raúl Castro quiso legar al partido, al gobierno y al parlamento una serie de reglas de funcionamiento, que sin llegar a ser una verdadera reforma en lo político, sí representaban advertencias de cómo se debería actuar en el futuro, cuando ya no condujera al país la generación histórica, forjadora de la Revolución. Era ineludible pasar de una gobernanza de tipo autoritario-patriarcal carismática[1], como lo fue el sistema de gobierno de Fidel Castro, a una más democrática y colectivista.
Puede conjeturarse que en este discurso del 2010 Raúl Castro quiso legar al partido, al gobierno y al parlamento una serie de reglas de funcionamiento.
Para valorar la esencia democratizadora de esos pronunciamientos del 2010, vale la pena recordar algunos antecedentes además de los ya apuntados.
Raúl había dado pasos decisivos para eliminar algunas de las prohibiciones prevalecientes hasta julio del 2006 en materia de internet, uso de dispositivos móviles, acceso a los hoteles y libre movimiento de personas. Impulsó el lanzamiento de una reforma migratoria que terminaría con la llamada «tarjeta blanca» o permiso de salida. Raúl fue claro en este tema: los cubanos deberíamos tener el derecho a la salida y entrada del país sin ninguna limitante institucional o de seguridad. Debió vencer la oposición burocrática a este tema imponiendo su aprobación definitiva en el 2013 a pesar de la recalcitrante resistencia de algunos ministerios.
El 26 de julio del 2007, apenas un año después de asumir la máxima dirección del país y a tres del inicio de un importante proceso de transición generacional del poder, Raúl Castro había pronunciado otro discurso fundamental que el periódico Granma publicó con el significativo título de «Trabajar con sentido crítico, creador, sin anquilosamientos ni esquematismos».
Fue precisamente en ese discurso del 2007 que Raúl Castro se refirió, con inusual firmeza, a lo pernicioso del culto a la unanimidad, instando a los ciudadanos que expresaran sus opiniones ante la consulta sobre la nueva Ley de Seguridad Social, que había encontrado mucha resistencia ciudadana:
«El proceso de estudio y consulta con todos los trabajadores, que comenzará el próximo mes de septiembre, previo a la aprobación de la Ley por la Asamblea Nacional en diciembre, servirá para esclarecer todas las dudas y brindará la oportunidad de expresar cualquier criterio. Todos serán escuchados con atención, coincidan o no con la opinión de la mayoría, tal como se ha venido haciendo con los planteamientos derivados del proceso de reflexión sobre el discurso del pasado 26 de julio. No aspiramos a la unanimidad, que suele resultar ficticia, en este o en cualquier otro tema».[2]
Otro aspecto a destacar del discurso del 2007 fue su requerimiento de que «ante la necesidad de producir más y con sentido de racionalidad y eficiencia» habría que «introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios».
En ese mismo pronunciamiento, Raúl Castro criticó por primera vez el secretismo:
«Es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo. Siempre un Estado tendrá que mantener en lógico secreto algunos asuntos, eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación. Es vital explicar, fundamentar y convencer al pueblo de la justeza, necesidad y urgencia de una medida, por dura que parezca».[3]
Pero resulta imprescindible volver al discurso de clausura de la sesión de la Asamblea Nacional de diciembre del 2010, a pocos meses del VI Congreso del PCC.
Los párrafos criticando el secretismo fueron bien claros:
«Y por eso soy defensor a ultranza de acabar con el secretismo,
»Y soy un defensor de la lucha contra el secretismo, porque detrás de esa adornada alfombra es donde se ocultan las fallas que tenemos, y los interesados en que sea así y siga así.
»Por eso, ¿secretismo? No. El que quiera guardar secretos de sus propias deficiencias que luche y dedique ese gran esfuerzo en evitarlas —me refiero a las deficiencias.
»Es decir que los errores, si simplemente son analizados —como mencionábamos hace un momento— con honestidad, pueden transformarse en experiencias y lecciones para superarlos y no volver a incurrir en ellos.
»Si no lo hacemos así, continuamente estaremos repitiendo el mismo error.”
El culto a la unanimidad no escapó a la mirada crítica de Raúl Castro en el 2010:
«No hay que temerle a las discrepancias de criterios y esta orientación, que no es nueva, no debe interpretarse como circunscrita al debate sobre los Lineamientos; las diferencias de opiniones, expresadas preferiblemente en lugar, tiempo y forma, o sea, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo. Es por demás un derecho del que no se debe privar a nadie. Mientras más ideas seamos capaces de provocar en el análisis de un problema, más cerca estaremos de su solución apropiada».[4]
Parece obvio que la dirección del partido y del gobierno cubanos no han aplicado estas ideas consecuentemente en los 15 años transcurridos desde entonces.
Y esto es particularmente ostensible en el caso de la política económica.
El verdadero significado de la reforma constitucional
Esta reforma constitucional puede considerarse el preámbulo del proceso político que llevará a la inauguración de un nuevo presidente de la República en abril del 2028. Es conveniente explicar este tema con cierto detenimiento ya que hay numerosas interpretaciones, muchas de ellas mal intencionadas, y hay algunos tecnicismos que es bueno clarificar.[5]
No es extraño que Raúl Castro se anticipe a los acontecimientos con un buen margen de tiempo. Por un lado, su edad le obliga a dejar las cosas lo más resueltas posibles. Por otro, no se puede olvidar que, según él mismo reconociera, la decisión de promover a Miguel Díaz Canel a los primeros planos y en definitiva a la máxima dirección del país no estuvo exenta de contratiempos. Cuando lo presentó como candidato a sucederle en el 2018, lo llamó «el sobreviviente».
En el camino quedaron al menos tres altos dirigentes políticos que en su momento parecieron tener más posibilidades que él por su mayor visibilidad en tiempos de Fidel Castro: Carlos Lage, Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque. Las aspiraciones de dos de ellos (Lage y Pérez Roque) quedaron patentizadas y suprimidas en la crisis política del 2009 cuando renunciaron después de ser acusados de prácticas corruptas.[6] Realmente, como se demostró en videos que se proyectaron para conocimiento exclusivo de la militancia del PCC, su principal error político fue haber cuestionado la elevación de José Ramón Machado Ventura a Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros en el 2008.
Como es usual entre los dirigentes cubanos, la trayectoria política de Díaz Canel antes de llegar a ser el máximo dirigente del país incluyó períodos como dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria y hasta de Segundo Secretario de la UJC Nacional, y dos mandatos como Primer Secretario del Partido en las provincias de Villa Clara y Holguín. Eso le dio la experiencia imprescindible para el manejo de las políticas organizativas al interior del entramado partidista. Se asume que lo hizo bajo la firme conducción de José Ramón Machado Ventura, quien, desde su posición de miembro del Secretariado encargado de la esfera de la organización del partido, fue y aún es la mano derecha de Raúl Castro para cualquier tema que tenga que ver con la rotación y promoción de cuadros.
La trayectoria partidista de Miguel Díaz Canel estuvo jalonada por su elección como miembro del Comité Central en 1991 y como miembro del Buró Político en el 2011.
Para complementar su formación partidista con experiencias en instituciones gubernamentales fue designado Ministro de Educación Superior en el 2009, y vicepresidente del Consejo de Ministros en el 2012. Al año siguiente se le promovió a Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, cargos que lo convirtieron en el lógico sucesor de Raúl Castro en el 2018 cuando este cumplió sus dos mandatos.
Así, en el 2028 concluirá previsiblemente su segundo mandato como presidente de la República y no podrá aspirar otra vez. Habrá que reemplazarlo con otro dirigente de primera línea.
El párrafo 3 del artículo 126 de la Constitución 2019 establece claramente lo siguiente: «El Presidente de la República puede ejercer su cargo hasta dos períodos consecutivos, luego de lo cual no puede desempeñarlo nuevamente».
Ese aspecto fue reiterado de manera clara y terminante tanto por el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, durante su introducción a la reforma constitucional en el plenario como por los dos más importantes diputados encargados de la redacción de leyes y decretos, Homero Acosta y José Luis Toledo, en un contacto directo con la prensa tan pronto terminó la sesión.
Díaz Canel fue electo por primera vez en abril del 2018.[7] Precisamente por eso, su reelección para el segundo mandato de cinco años tuvo lugar en abril del 2023, según consignó en su momento la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Por tanto, ese mandato terminará irrevocablemente en abril del 2028 y la Asamblea Nacional tendrá que elegir un nuevo presidente por el método previsto en la Constitución.
Cualquier especulación sobre otro proyecto queda por tanto cancelada, al menos esa es la intención anunciada en este momento. No hay razón para que no se cumpla, siempre que no suceda un hecho extraordinario.
Otro aspecto que se deduce de la decisión del parlamento cubano es que Raúl Castro sigue siendo la personalidad política de la que dependen las decisiones más importantes en el país y que, si no sucediera algo antes de abril del 2028, estará estrechamente involucrado en la designación del candidato a presidente que sustituya a Miguel Díaz Canel al terminar sus dos mandatos.
El párrafo que se eliminó mediante esta reforma constitucional recién aprobada tenía el gran inconveniente que reducía la terna de posibles candidatos a solamente un cuadro dirigente, Roberto Morales Ojeda, el único integrante del Buró Político del Partido que cumplía el requisito de edad. Asumo como una regla no escrita del sistema político cubano que no se puede ser presidente de la República sin ser previamente miembro de esa instancia partidista. Por supuesto, cabe la posibilidad de que en el próximo Congreso del Partido, a celebrarse en abril del año próximo, ingresen al Buró Político algunos candidatos más jóvenes que los actuales, pero siempre tendrían el handicap de ser recién electos al BP.
El párrafo que se eliminó mediante esta reforma constitucional recién aprobada tenía el gran inconveniente que reducía la terna de posibles candidatos a solamente un cuadro dirigente, Roberto Morales Ojeda.
Entre paréntesis, no estoy aprobando ni criticando este proceder, sencillamente estoy constatando una realidad política.
Conviene aclarar que la toma de posesión de un nuevo Jefe de Estado en abril de 2028 no implicaría necesiariamente que Miguel Díaz Canel desaparezca de la esfera política cubana, pues no hay nada que impida su continuidad como Primer Secretario del PCC. Por añadidura, en los regímenes socialistas de partido único, como el cubano, se reconoce como una cuestión más que protocolar y consuetudinaria que, cuando ciertos cargos del primer nivel no coinciden en la misma persona, el rango partidista está por encima del gubernamental en la línea de mando del país. El Primer Secretario del Partido estará por encima del Presidente de la República.
Para calzar el argumento de que esta decisión constitucional puede no ser necesariamente apresurada, me permito recordar el complejo proceso previo a la elección del presidente. En este intervienen los consejos electorales a distintos niveles y sus correspondientes comisiones de candidatura, las asambleas municipales y la Asamblea Nacional. Aunque la elección del presidente de la República por lo general se realiza en un acto sencillo por cada nueva Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular un 24 de febrero o el 19-21 de abril cada cinco años, al mismo tiempo se eligen los miembros y directivos del Consejo de Estado, este proceso está precedido por actos relacionados con las elecciones a nivel de circunscripción y de asambleas municipales. Intervienen las comisiones de candidatura y los consejos electorales. Sería conveniente recapitular como ha sido el proceso y como probablemente sea si se hacen las cosas con continuidad.
No se debe olvidar que, a tenor con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución, este proceso está supervisado por las instancias correspondientes del partido.
Abril del 2026: IX Congreso del PCC. Decisiones en materia de política de cuadros y electorales importantes: Ratificación o no de Miguel Díaz Canel como Primer Secretario para un segundo mandato como tal; renovación del Comité Central; renovación del Buró Político. Tanto los delegados al Congreso como los nuevos miembros del Comité Central tendrán su vista puesta en el ciclo electoral y en los posibles candidatos a presidente y los otros cargos electivos en el 2028. Todo esto, por supuesto, asumiendo que en el Congreso no surja una iniciativa de reforma constitucional para permitir que Miguel Díaz Canel sea renovado para servir un tercer mandato. No es probable pero no se puede descartar.
Octubre a Diciembre del 2027: Proceso de nominación de candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. El proceso incluye las asambleas a nivel de barrio. Por ley se debe nominar entre un mínimo de 2 y un máxímo de 8 candidatos por circunscripción. Son elecciones a dos vueltas. (No hay fecha fija pero en el 2022 este proceso tuvo lugar entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre).
Noviembre-Diciembre del 2027: Elecciones a delegados de las Asambleas Municipales. En el 2022 se celebró el 27 de noviembre la primera vuelta y el 4 de diciembre la segunda.
Diciembre del 2027: Constitución de las Asambleas Municipales del Poder Popular. En el 2022 tuvo lugar el 18 de diciembre. Debido a que antes de fin de año debe tener lugar la última sesión ordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, seguramente se celebrarán alrededor de esa fecha o antes.
Primer Trimestre del 2028: Proceso de recogida y aprobación de propuestas para las nominaciones a candidatos para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular con la participación de los consejos electorales provinciales y municipales y de las asambleas municipales bajo la orientación del Consejo Electoral Nacional. Desde el 2019 hay una nueva Ley Electoral aprobada con el número 127 por la X Legislatura de la Asamblea Nacional en sesión del 13 de julio.
Segunda quincena de marzo (probablemente alrededor del 18 o 25). Elecciones a diputados. Por ley deben celebrarse un domingo. Aquí vale la pena recordar que aunque son elecciones directas, es decir los ciudadanos votamos por los candidatos de nuestra circunscripción, la costumbre es que una vez concluido el proceso de búsqueda de candidatos, el Consejo Electoral Nacional nomine a sólo uno por escaño en candidatura cerrada, o sea no hay ni candidatos alternativos ni lo que en otros sistemas electorales se denomina «columna en blanco». Los ciudadanos somos conminados a votar y a votar por el único candidato o, mejor, a votar por todos. O sea, voto unido. Nuevamente, unanimidad. En caso de no estar de acuerdo con el candidato nominado, el elector puede entregar la boleta en blanco o deshabilitarla con alguna marca. Solo que en estos dos últimos casos los votos no cuentan. Solo se cuentan los votos válidos. La abstención es un recurso posible si no se está de acuerco con el o los candidatos nominados. Pero no es bien vista.
19 de abril. Elección de los principales dignatarios nacionales para el período 2028-2033: presidente y vicepresidente de la República; presidente, vicepresidente, secretario y demás miembros del Consejo de Estado; presidente, vicepresidente, y secretario de la Asamblea Nacional; presidentes y vicepresidentes de las comisiones parlamentarias. Estas elecciones se harán en una sesión extrarodinaria de la Asamblea Nacional convocada a tales efectos, con candidatos nominados por el Consejo Nacional Electoral. En esa sesión se organizará el trabajo de la nueva (11na. Legislatura) de la ANPP.
28 de mayo. Elección de los gobernadores y vicegobernadores de las 15 provincias del país. Estas elecciones las realizarán los delegados en cada Asamblea Municipal del Poder Popular a partir de los candidatos nominados por el presidente de la República. Como es usual, habrá un solo candidato. Ni los gobernadores ni los vicegoernadores son electos por vía directa.
Así debe lucir el cronograma electoral cubano 2026-2028 si se siguen haciendo las cosas como en el pasado.
Si esto es así, no se puede aspirar a ningún cambio radical ni siquiera en los dos vicios que Raúl Castro criticó en el 2007-2010: secretismo y culto a la unanimidad.
Hay pocas posibilidades de que se produzca aquello a lo que llamó el entonces Primer Secretario del PCC:
«O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos».
Repito una idea que ya apunté más arriba: «la ciudadanía tiene cada vez menos esperanzas en que, bajo las actuales circunstancias y con el presente liderazgo, se salga del hueco en que estamos metidos».
Dura realidad, pero dura realidad, al fin y al cabo.
¿Se puede hacer algo? Una propuesta desde la ciudadanía
La policrisis que vive el país requiere que el gobierno no siga posponiendo los pasos de reforma económica que la ciudadanía pide a gritos y nuestros mejores expertos recomiendan. Los colegas economistas cubanos se han cansado de hacer propuestas de cambios, ajustes y transformaciones, argumentándolos prolíficamente. Por otra parte, existe el ejemplo de los procesos de reforma económica en China y Vietnam que han tenido sobresalientes resultados.
Los politólogos y sociólogos no hemos sido tan propositivos a la hora de abordar la grave situación del país, a pesar de que cada vez se hace más evidente que los problemas en el terreno social y económico tienen una causa política evidente: el régimen gubernamental cubano actual no fomenta ni la creatividad ni la adopción de medidas audaces para resolver los problemas. No acomete con decisión un punto: hay que desencadenar las fuerzas productivas a fin de fomentar el desarrollo. Solo así se llegará al bienestar y a la prosperidad prometidas desde el 2011.
Los politólogos y sociólogos no hemos sido tan propositivos a la hora de abordar la grave situación del país.
Paradójicamente, so pretexto de defender la continuidad, ni los altos dirigentes ni la burocaracia son proclives a «cambiar todo lo que deba ser cambiado», como reclamó en su momento Fidel Castro, ni al cambio de conceptos y estructuras, como urgió Raúl Castro.
Por tanto, mi argumento como ciudadano preocupado por el futuro del país y por el bienestar de la mayoría de los cubanos, es que ya ha llegado el momento de considerar como prioritarias reformas políticas que rompan con la inercia, el anquilosamiento, y el inmovilismo que prevalecen como modus operandi preferido de los que gobiernan.
Por esta razón me atrevo a proponer una reforma electoral. Lo que explico no es nada nuevo. De alguna manera ya desde la Constitución de 1976 y de su reforma en el 1992 se introdujeron cambios que se justificaron por hacer el sistema cada vez más democrático.
Esta es una propuesta que tiene el mismo objetivo en la esperanza de que resulten en una mejor manera de gobernar el país.
Adicionalmente, muchos ciudadanos lo propusimos ya en el 2018 durante la consulta popular sobre el anteproyecto de Constitución.
La propuesta está basada en un principio ya reconocido en la Constitución y en leyes del país adoptadas desde 1976 cuando se estableció que para las elecciones de delegados municipales los ciudadanos propondríamos los candidatos en asambleas de barrio o de circunscripción y que teníamos derecho a proponer un mínimo de dos y un máximo de 8. Es más, para ser válida una elección municipal debía contar al menos con dos candidatos. Y los ciudadanos realmente hemos estado ejerciendo todos estos años nuestro derecho a nominar y elegir directamente.
Se trata de establecer en todo el sistema electoral el principio de la elección directa y no indirecta como ha prevalecido hasta ahora.
No puede ser una elección realmente democrática si al ciudadano se le propone un solo candidato por cargo a cubrir. Sea el cargo que sea.
Por eso propongo que se establezca este principio electoral (comicios competitivos entre al menos dos candidatos nominados y votados directamente por los electores) para todos los cargos electivos del país, a saber:
Presidente de la República.
Vicepresidente de la República.
Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Gobernadores.
Vicegobernadores.
Delegados municipales.
Los Consejos Electorales actuarían como una especie de electores primarios que tendrían que proponer al menos dos candidatos y no menos de ocho por cada cargo electivo después de consultar directamente al electorado. Por supuesto, habría que tener una segunda vuelta.
También debería aprobarse que las boletas incluyan una columna en blanco para que los votantes puedan incluir a cualquier otro nombre que consideren capaz.
Aclaro, no estoy proponiendo elecciones multipartidistas. En Cuba la Constitución prevee la existencia de un solo partido hegemónico. Se trata de elecciones competitivas.
Con esta fórmula podríamos tener una Asamblea Nacional más representativa del pueblo y más dispuesta a ejercer su función de supervisar al Ejecutivo Nacional en la conducción del gobierno, pues respondería solo ante sus electores. Así lo establece la Constitución y así debe ser. Tendríamos menos secretismo y menos culto a la unanimidad.
Finalmente, propongo que en el próximo Congreso del PCC se estudie esta alternativa y se apruebe para que se pase a la Asamblea Nacional que la estudiaría y pondría en vigor las leyes y reformas que garanticen este nuevo procedimiento para ponerlo en marcha durante el proceso electoral que se inicie a fines del 2027.
Con esta reforma podríamos lograr que el gobierno cubano funcione mejor y responda a las necesidades populares.
Lo que propongo no es otra cosa que seguir avanzando y llevar a sus lógicas consecuencias el proceso de ampliación de la democracia previsto en todas nuestras constituciones y proclamado como meta por los actuales dirigentes políticos.
[1] Soy consciente del carácter controversial de aplicar este concepto para definir el régimen político cubano. Pero me niego a aceptar las dos narrativas extremas que prevalecen en el debate nacional: el de la «democracia perfecta» que defienden los partidarios acérrimos del gobierno y el de «la dictadura» que los adversarios, especialmente en el exterior, tratan de imponer como dogma. Baso esta y otras apreciaciones propias en el estudio de la extensa bibliografía sobre el autoritarismo, entre las que se destacan los textos escritos por Juan José Linz, Guillermo O’Donnell y Steven Levitsky, entre otros. En todo caso, cuestiono el posible valor científico y político del dogma típico de algunos especialistas cubanos asociados al liberalismo que dividen el mundo entre democracias y dictaduras, sin ningún espacio gris entre ambas.
[3] He abundado en estos temas y en la importancia de lo acaecido en esos años hasta el 2009 en varios artículos, pero especialmente en un texto que recibió mención en el Concurso de ensayo de la revista Temas del 2008, y que fue publicado posteriormente por la misma en una versión actualizada: «Cuba cincuenta años después: Continuidad y Cambio Político», TEMAS No. 60, octubre-diciembre de 2009, páginas 37 a 47. Varias versiones de este artículo han sido publicadas dentro y fuera de Cuba, incluso en inglés, y se puede encontrar en formato PDF en https://temas.cult.cu/revista/mostra_articulo/1156 o en la plataforma digital Rebelión (https://rebelion.org/docs/99236.pdf).
[5] No se me escapa que lo que voy a describir a continuación no es un procedimiento democrático. Es totalmente autoritario. No es el de mi preferencia, como quedará claro al final de este texto.
[6] Ya Roberto Robaina había sido destituido antes.
[7] Si bien en aquel momento regía la Constitución de 1976 modificada en 1992 y el cargo para el que fue electo tenía otra designación (Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros) en octubre del 2019 esa designación se transformó en presidente de la República a tenor con lo dispuesto en la nueva Constitución.
Entre el entretenimiento y la justicia, vuelve a girar el debate sobre la imposición de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos hacia Cuba. Algunos se apresuran a acuñar, incluso, que no existen en absoluto.
La reciente votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, más allá de las victorias simbólicas que se adjudicaron ambos bandos del espectro político —y del carácter no vinculante del resultado—, es la acción más importante anualmente de la diplomacia cubana en su intento de mantener una opinión internacional desfavorable hacia esa política estadounidense.
El debate, sin embargo, suele centrarse en si las sanciones sirven de justificación para las fallas del gobierno cubano, o en denunciar que no se contemplan hechos pasados como las nacionalizaciones y pérdidas de negocios. Pero en la conversación pública cubana rara vez se reflexiona a profundidad acerca de los fundamentos legales y democráticos sobre los que deberían juzgarse las sanciones contra un Estado.
Con independencia de cuáles sean las aspiraciones políticas de los distintos sectores cubanos, es frecuente el uso selectivo de normativas internacionales. De un lado, por ejemplo, se suele apelar con frecuencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para denunciar violaciones en Cuba; del otro, al principio de soberanía de los Estados recogida en la Carta de las Naciones Unidas. En principio, todas las posturas del espectro político parecen coincidir en que el marco jurídico internacional es válido, hasta que ya no, como en el caso de las medidas unilaterales de Estados Unidos.
El artículo 2.1 de la Carta de la ONU establece el principio de igualdad soberana, lo cual implica que cada Estado tiene plena autoridad sobre sus asuntos internos, y el derecho a decidir su sistema político, económico y social sin injerencias externas. Cualquier intento de subordinar a un Estado en el ejercicio de esos derechos constituye, por tanto, una violación de ese principio.
Pero si entre las razones por las que un sector importante de los cubanos apoya las sanciones norteamericanas está la falta de democracia, cabe preguntarse ¿por qué se asume que para lograr avances deban usarse mecanismos antidemocráticos que, además, violan las leyes internacionales? ¿Qué sentido tiene usar normativas de la ONU para algunos casos, y desconocerlas en otro? ¿Es esta una postura democrática?
La cuestión que se evade a menudo en el debate publico es que si fuera a aceptarse la violación de la soberanía y en general de las leyes internacionales, se estaría abriendo la puerta para que cualquier Estado sancione a otro con un pretexto similar o tome medidas unilaterales de cualquier tipo con total impunidad y, además, que sea percibido como algo normal.
Dicho de otro modo, si un Estado puede violar impunemente varios artículos de la Carta de la ONU y recibir respaldo por ello, ¿no estaría habilitado cualquier otro a hacer lo mismo con otras normas del consenso internacional, como los tratados de derechos humanos? ¿Dónde estaría, entonces, el estándar democrático?
Es cierto que el Derecho Internacional se incumple a menudo. Pero esa realidad no anula su validez ni su utilidad. Los principios sobre los que se erige —como la soberanía, la autodeterminación, la no coacción y la solución pacífica de controversias— son producto de consensos multilaterales. Por eso, las sanciones impuestas fuera de ese marco colectivo, sin resolución del Consejo de Seguridad, son consideradas ilegales.
Esto es diferente a las sanciones con aval multilateral, que responden a una conducta ilícita específica del Estado objetivo, una conducta, por tanto contraria al derecho internacional. En el caso de Cuba son medidas punitivas, unilaterales (porque no hay consenso sobre su implementación) y de amplio espectro, y según la fundamentación de Estados Unidos, no resultado de una acción concreta ilegal, sino con el propósito declarado de un cambio de régimen.
Por tanto, sin importar el resultado anual de la votación, el esquema de sanciones no tiene fundamento que lo habilite como legal. Según el marco normativo de la ONU:
“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de otro” (Resolución 2625 (XXV), 1970).
“Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado y obtener de él la subordinación en el ejercicio de sus derechos soberanos” (Resolución 3281 (XXIX), 1974, Art. 32).
En esto consisten los principios de no intervención y no coacción. Acciones contrarias a eso, implicaría aceptar que cada país tiene un cheque en blanco para violarlos cuando lo entienda. Es por esto, y no por simpatías políticas, que puede interpretarse la votación mayoritaria de rechazo a la resolución presentada por el Minrex.
Y estas son las razones por las cuales, a pesar de que la presión de la Casa Blanca logró 7 votos en contra y 12 abstenciones, la mayoría de los países votó en contra de las medidas unilaterales. Lo hicieron gobiernos de todos los colores políticos —también de derechas—, algunos con una relación distante de Cuba, pero con claridad sobre el peligro que implica naturalizar el uso de acciones de este tipo para lograr cambios en la política interna de un país.
Como resumió Lee Schlenker para Responsible Statecraft,«otros aliados de Estados Unidos en Europa y América Latina, críticos del sistema político y económico cubano, han mantenido una postura firme contra la imposición de medidas coercitivas unilaterales, que —argumentan— violan el derecho internacional, empobrecen al pueblo cubano y poco hacen por incentivar los derechos humanos o la reforma económica en la Isla».
Desde La Joven Cuba insistimos en que más allá de las posturas ideológicas sobre Cuba, el problema es mayor: aceptar y aplaudir que un Estado imponga medidas coercitivas contrarias al derecho internacional, con fines políticos, equivale a renunciar al principio de legalidad en las relaciones internacionales. ¿Qué democracia se defiende cuando se justifica la violación de normas fundamentales?
Cualquier salida a la crisis cubana, respetuosa del derecho internacional, debería estar encaminada a fomentar una normalización de relaciones, lo que pasa necesariamente por el fin de las sanciones y la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No es imposible; en 2016, ningún país votó en contra de la resolución en la ONU, y Estados Unidos se abstuvo. Bastaron algunos gestos diplomáticos para mejorar la vida de millones de cubanos.
Nada de esto exonera al gobierno cubano de su responsabilidad, la de garantizar participación ciudadana, bienestar económico y reformas estructurales.
En la situación actual del país hay responsabilidades compartidas entre la gestión del gobierno y el efecto de las sanciones. Intentar equiparar el impacto de ambos factores,o determinar cuál pesa más, no beneficia en modo alguno a los cubanos, ni mejora su situación. Lo que sí puede marcar una diferencia real es que ocurran transformaciones sustanciales tanto en la política interna como en el entorno externo, y eso implica que cambie la política de Estados Unidos hacia Cuba.
