Inicio Blog Página 4

La Asamblea cubana actúa más como órgano de ratificación que de deliberación

4
Foto: Cubadebate

Solo el 18 de diciembre y mediante videoconferencia, «debido al complejo contexto económico y social», aconteció el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), correspondiente a su X Legislatura.

¿Qué sucedió allí? 

Sobre la situación de la economía cubana

Joaquín Alonso Vázquez, Ministro de Economía y Planificación, en el informe de lo proyectado para el venidero año, se refirió a un crecimiento del 1%, basado principalmente en la recuperación del turismo, el incremento de las exportaciones y la reanimación de actividades productivas y de servicios. La economía –puntualizó-, «se seguirá desempeñando en un contexto de economía de guerra».  «El plan presentado no es el deseado sino el posible, es un plan mínimo». Es la misma cifra que se había planificado para este año, sin embargo, días antes el presidente cubano había informado sobre un decrecimiento del 4% en el tercer trimestre, por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que esta proyección se cumpla para el próximo año. 

Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, al explicar la distribución de lo presupuestado para el venidero año expresó que los gastos totales ascenderán a 550 mil 590 millones de pesos —que implica un incremento del 6% de lo presupuestado para 2025—, con casi el 70% destinado a sostener la educación, salud pública, asistencia y seguridad social, cultura y deporte. Sin embargo, con la multiplicidad de tasas hoy vigente, y con la galopante inflación, resulta difícil saber si será suficiente para sostener servicios públicos, hoy sumamente debilitados. 

Además, anunció adecuaciones tributarias que serán implementadas en 2026: actualización de la tasa de peaje, incrementando en dos veces lo establecido para los tramos de carretera actualmente gravados; mientras crecerá en 5 veces la cuantía del impuesto sobre el transporte terrestre.

Félix Martínez Suárez, presidente de la comisión permanente de Asuntos Económicos de la ANPP, mencionó que el 1%  de crecimiento planificado para el año que viene no expresa las transformaciones que se requieren para revertir la situación. «Se necesitaría mínimo un 4 por ciento», especificó.

Sin referirse a la Ley de Empresa que debía ser aprobada en esta sesión luego de ser pospuesta varias veces, apuntó que «la empresa estatal socialista no acaba de dar el salto que se necesita, los  servicios básicos de la población continúan deteriorándose y las desigualdades en la sociedad crecen al igual que la situación de vulnerabilidad, unido a los problemas con el suministro energético, el abasto de agua potable y la situación epidemiológica. Esto hace muy difícil la vida de la población», subrayó.

El nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas; la aprobación de 45 esquemas cerrados de financiamientos para actividades y organismos, de los cuales funcionan 31; y el inicio de la transformación cambiaria anunciado la víspera por el Banco Central de Cuba, fueron algunas de las medidas expuestas por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, como supuesto punto de partida para una «etapa superior» en la implementación del programa de estabilización macroeconómica, sin reconocer críticas señaladas por no pocos economistas cubanos a dicho programa y la falta de jerarquización de prioridades en su diseño, que, como apuntamos anteriormente en LJC, lo convierten más en una lista de deseos que en una estrategia clara para rescatar al país de la crisis.

Marrero Cruz mencionó la autorización de esquemas de autofinanciamiento en divisas para empresas de software seleccionadas, y medidas ya anunciadas para dinamizar la inversión extranjera directa, aunque aún no hayan sido publicadas las normas al respecto. No obstante, hizo notar que los ingresos totales en divisas solo alcanzaron el 73% de lo planificado, y las exportaciones quedaron al 85% de lo previsto para el año, con un incumplimiento de los ingresos y visitantes del turismo.

Además, se refirió a la aprobación del Instituto Nacional de Activos Empresariales, en proceso de constitución, así como el ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales.

Sobre las medidas implementadas por Etecsa que fueron recibidas con malestar ciudadano y que tuvieron una fuerte reacción del estudiantado universitario, dijo que se han ingresado más de 146 millones de dólares, lo cual «ha permitido avanzar gradualmente en la recuperación de infraestructuras de comunicación». Sin embargo, no hizo referencia a cuándo se tomarán medidas para garantizar mayor acceso a internet, una pregunta que se ha estado haciendo la población desde el tarifazo.

Como asunto no resuelto mencionó la caída persistente de la producción de azúcar, la cual cerró al 42% del plan.

Marrero Cruz reconoció que continuó aumentando el índice de precios al consumidor y que hay un incremento «indeseado» del dinero en circulación, sin mencionar medidas para aliviar dicha situación, otro punto medular que ha sido objeto de críticas por no pocos economistas y que se agrava si los salarios y pensiones se siguen usando como anclas nominales para intentar estabilizar la economía. 

En cuanto a desarrollo territorial, reconoció también que no se ha resuelto que se mantengan los servicios comunales, y se refirió a la ejecución de la contribución territorial, dos asuntos que, si bien son importantes, no agotan la cuestión de concebir y comunicar el desarrollo territorial más allá de servicios básicos que el Estado debe garantizar.

De su intervención, el debate en redes sociales se ha concentrado en gran medida en el deterioro de la mortalidad infantil, con una tasa de 9.8 en el actual año, y en el decrecimiento poblacional, incluyendo la que está en edad laboral.

Además, reconoció la existencia de un 20% de empleo informal, lo que puede estar relacionado a que las oportunidades laborales no son atractivas, cuando muchos salarios se mantienen por debajo de los 5000 cup, cantidad que no sostiene la reproducción de la vida en un contexto de alta inflación y dolarización.

Otras cifras alarmantes tienen que ver con las afectaciones en el abasto de agua, que alcanzaron como promedio diario a dos millones de habitantes, y el incumplimiento en la terminación de viviendas, que apenas llegaron a las 5 mil 750.

En cuanto a la situación electroenergética, apuntó que se han ejecutado mil 150 millones de dólares para la recuperación del sistema, pero hasta ahora no han representado mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo fuera de La Habana, donde los apagones siguen superando las 16 y 18 horas. 

Una intervención que se viralizó por su excepcional vínculo con la realidad de las bases productivas fue la del diputado Emilio Interián Rodríguez, médico veterinario y presidente de una cooperativa. El parlamentario llamó la atención sobre la desconexión con los precios que el Estado paga a los campesinos por productos como la leche que desincentivan la producción: «…mientras sigamos pagando el litro de leche a 38 pesos, no vamos a tener leche en Cuba, ni ganadería», afirmó. Interián Rodríguez también llamó la atención sobre la necesidad de ampliar las asignaciones de tierras a quienes la están produciendo de manera eficiente, y el papel que está jugando el sector privado en los encadenamientos productivos. 

Cambios y leyes

Sin explicaciones, se anunció la renuncia de varios cargos, lo cual sigue evidenciando la falta de transparencia con la que se comunican informaciones políticas sensibles. 

La liberación de Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular y el traslado de Oscar Manuel Silvera Martínez desde el Ministerio de Justicia a esa responsabilidad se presentaron como una simple rotación de cargos. No se ofreció balance alguno sobre la gestión saliente ni justificación para el cambio. Rosabel Gamón Verde, quien ocupaba el puesto de viceministra primera, será la nueva titular del Ministerio de Justicia. 

Particular atención ha generado la renuncia de Homero Acosta Álvarez como diputado y secretario de la ANPP, anunciada sin mayores detalles sobre sus motivos o implicaciones políticas. Con Homero Acosta se especulaba que sería el sucesor de Esteban Lazo, así que el secretismo y la falta de transparencia sobre su salida, ha dejado el terreno fértil para todo tipo de teorías en el debate público que se da en redes sociales. 

La designación en su lugar de José Luis Toledo Santander, que pasó a ser miembro también del Consejo de Estado, abre cuestionamientos sobre las razones de estos movimientos que, sin duda alguna, tienen peso para la política en el país.

Otras salidas fueron las de Ulises Guilarte De Nacimiento y Ricardo Rodríguez González, que culminaron sus responsabilidades en la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación Estudiantil Universitaria, respectivamente. 

En materia de leyes, fueron aprobadas la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluye entre sus modificaciones el reconocimiento de la inteligencia artificial y las bases éticas y profesionales para su empleo; y la Ley de Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados de las asambleas municipales, un cuerpo legal breve que reduce de cinco a dos años y medio el mandato de los delegados de las asambleas municipales.

Resulta cuando menos cuestionable que se haya «aprobado» ahora el «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía» sin tener en cuenta las críticas sobre aspectos técnicos y conceptuales  que se han señalado en cuanto a su diseño, y después de que durante más de un año se estuviera implementando sin que fuera público. 

Otros documentos también fueron aprobados, como «Plan y metas de la economía para 2026»; «Ley del Presupuesto para el 2026»; y el «Dictamen de la comisión permanente de Economía de la ANPP».

Para 2026 siete leyes quedaron pendientes de 2025, seis que estaban inicialmente planificadas para ese año y una nueva que se añade: Ley de Tratamiento de los Residuos Sólidos. Esto claramente indica un atraso más en el ya retardado cronograma de ordenamiento jurídico, y que hace cuestionar qué tan funcional está siendo la organización de la Asamblea para aprobar las múltiples leyes que necesita el país, a tono con lo pautado en la Constitución de 2019 y satisfacer las demandas de la ciudadanía. 

¿Cuáles son nuestras reflexiones?

El país tiene una inflación persistente y elevada, con incapacidad de estabilizar la moneda nacional, un desabastecimiento crónico, una crisis energética severa con apagones de más de 20 horas, y un incumplimiento sistemático de los planes (azúcar, turismo, vivienda, etc.). A nivel de discurso oficial se siguen sin reconocer responsabilidades políticas y administrativas concretas en el gobierno por la situación; se sigue desplazando la culpa únicamente a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, y ahora a la plataforma El Toque. 

Con el reciente anuncio de una tercera tasa de cambio, si bien se busca un mecanismo formal de acceso a la divisa para el sector privado —algo necesario y demandado—, este sigue siendo muy burocratizado, y además no garantiza la compra rápida de dólares a la población. Por tanto, se pasa a una normalización de la dolarización parcial, consolidando desigualdades de acceso entre quienes tienen divisas y quienes no, y no se fija un horizonte temporal para desmontarla.

Desde el discurso hay un énfasis en el control, la disciplina y el poder, con giro hacia el endurecimiento.  Y aunque se habla de reforzar el control institucional y el «control popular», este último se formula sin mecanismos autónomos ni independientes, reforzando la idea de vigilancia más que de rendición de cuentas horizontal. Y más alarmante aún, no se habla de control ciudadano sobre el poder político, sino control sobre la base social.

El discurso securitizado de tolerancia cero, que hace énfasis en «cerrar filas» contra delito, ilegalidades y corrupción, el incremento de inspecciones, la mano dura contra drogas, ilegalidades económicas y ordenamiento territorial, no resuelve los problemas de fondo, de índole estructural que tiene el país, en tanto refuerza una lógica punitiva en un contexto de crisis social, legitimando una mayor presencia coercitiva del Estado

No se abordaron a profundidad asuntos fundamentales como la emigración o la falta de incentivos o expectativas truncadas, pero se sigue apelando a la lealtad política más que a reformas estructurales que tengan una incidencia positiva sobre las vidas de las personas. De hecho, el reconocimiento de que Cuba tendrá 7,7 millones de habitantes en 2050, con un fuerte envejecimiento y reducción de la población activa, fue presentado como un dato técnico, sin un debate político profundo, y no conectado explícitamente con el modelo económico, migratorio o de gobernanza.

Incluso en un escenario tan crítico como el actual, el funcionamiento parlamentario continúa marcado por la unanimidad y el formalismo, lo cual resulta especialmente controvertido en el espacio público, porque la Asamblea se sigue mostrando con escasa capacidad deliberativa, dejando el desacuerdo reducido a matices técnicos, nunca de índole política. Admitir problemas no es suficiente si el debate se mantiene limitado y superficial, y si se privilegia la disciplina y el control por encima de reformas institucionales de fondo.

Economistas opinan sobre la medida anunciada por el Banco Central

5
Imagen generada con inteligencia artificial

La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, anunció la entrada en vigor de nuevas medidas que introducen transformaciones en el mercado cambiario a partir de este 18 de diciembre, con un esquema que reconoce tres segmentos oficiales: dos tasas fijas —1×24 y 1×120— y un tercer segmento con una tasa flotante diaria, publicada por el propio Banco Central, orientada principalmente a las operaciones de personas naturales y formas de gestión no estatal.

Según la explicación oficial, la medida busca avanzar de manera gradual hacia la convergencia cambiaria y monetaria, evitar devaluaciones bruscas del peso cubano, incentivar la entrada de divisas al sistema financiero y reducir las presiones del mercado informal. El Gobierno sostiene que este diseño permitiría ordenar los flujos de divisas, proteger operaciones consideradas sensibles para la población y crear condiciones para un mercado cambiario oficial, legal y transparente, insertado en el Programa de Estabilización Macroeconómica.

El anuncio generó diversas reacciones entre economistas cubanos, que advierten sobre los riesgos de profundizar distorsiones ya conocidas.

Para contribuir a un análisis informado, desde La Joven Cuba solicitamos valoraciones a cuatro economistas sobre esta medida.

Omar Everleny Pérez Villanueva lo considera como «un error gravísimo de política económica, que es la existencia de tasas múltiples, porque se mantendrán los mercados segmentados y eso es la misma distorsión que se pretende eliminar. Se ha anunciado que es gradual, pero en Cuba ese término aterra, porque las experiencias no han sido exitosas.

»Una de las fuentes más importantes hasta el momento son las remesas, y estas estarían vinculadas al Segmento III. Vender a la población a la tasa prefijada no es un problema, el asunto se complica al comprar la población el dinero deseado: se mantiene el tope de 100 dólares, la inscripción en el sistema Tickets, entre otros impedimentos, lo que llevará necesariamente a que se mantenga el mercado informal y es probable que la tasa aumente de dólar contra peso cubano.

»Por otro lado, se ha planteado que la tasa de compra fijada de 410 es derivada de operaciones reales. No queda preciso de dónde se ha sacado esa información, dado que, si no hay un mercado formal, ¿cómo se pueden obtener esas operaciones reales? ¿Por encuestas? Mucho se ha criticado el método de elToque, pero la tasa fijada no dista mucho de cómo lo calculaban ellos mismos.

»La economía real se encargará de demostrar que esas intenciones de una tercera tasa no conducirán a los resultados que el Gobierno espera. Las medidas que no aparecen deben estar en quitar las trabas a la producción de bienes y servicios, y en resolver especialmente el tema de la producción de alimentos».

Para el economista Carlos Enrique González, la recuperación de un mercado cambiario oficial para la población y el sector no estatal es imprescindible, pero no deja de ser algo «extremadamente complicado en una economía con decrecimiento e importantes desequilibrios macroeconómicos. Los fracasos del Ordenamiento Monetario y del anterior intento de recuperación del mercado cambiario a mediados de 2022, aunque dan una experiencia muy válida, profundizan las complejidades».

En su opinión, «hacer una evaluación del actual intento es prematuro, no obstante, se pueden señalar algunos elementos que limitan las posibilidades de éxito:

-Salir con un tipo de cambio por debajo del que funciona en el mercado informal, es, cuanto menos, temerario, y limita la capacidad de captación de esos flujos informales.

-La guerra contra el mercado cambiario informal (sin negar que hay manipulación en su tipo de cambio), no ayuda a construir un mercado cambiario oficial coherente, todo lo contrario, limitó las opciones en un escenario donde ya había muy pocas.

-La venta de divisas limitada y a través de mecanismos cuanto menos tortuosos (tickets, cuotas, colas y demás), es una limitación muy importante, por más que se haya hecho énfasis en que se venderán todas las divisas que se compren (lo que representa un paso de avance importante con respecto a la experiencia de 2022)

-La confianza en las capacidades de la autoridad monetaria para mover el tipo de cambio en función de la oferta y la demanda de divisas son pocas, especialmente en un escenario donde la demanda de divisas (por las limitaciones en la venta) no estará totalmente clara. Será fundamental la capacidad de reacción en los primeros días para subir el nuevo tipo de cambio oficial con el objetivo de igualar oferta y demanda.

»Un elemento a destacar como muy positivo es la posibilidad de que las empresas exportadoras vendan parte de las divisas que retienen por los esquemas cerrados de financiamiento al nuevo tipo de cambio. Es muy beneficioso para ellas, y se podrá comenzar a hablar de sustitución de importaciones como una posibilidad seria y no una exhortación.

Los próximos días serán definitorios para ver si se trata de un intento serio y funcional de recuperar el mercado cambiario por parte del gobierno, u otro tiro al aire».

Por su parte, el economista Ricardo González Aguila, al referirse a los cambios que esta medida representa para el sector exportador asegura que el hecho de que los «exportadores puedan vender sus divisas a un tipo de cambio mayor es una decisión audaz y, en lo esencial, correcta. Resulta muy difícil fomentar exportaciones con un tipo de cambio como el actual, fuertemente desalineado de los precios internos de la economía.

»Ahora bien, esta reforma —insisto, necesaria— se ha hecho coincidir con la formalización del mercado cambiario de los hogares, un espacio en el que hasta ahora interactuaban fundamentalmente los consumidores finales y las mipymes. Esta decisión está más allá de lo que cualquiera hubiera esperado en esta etapa. En lo personal, pensé que veríamos algo más cercano a lo ocurrido en los años noventa con la apertura de CADECA, manteniendo inicialmente al sector empresarial estatal al margen de este segmento.

»Introducir al sector exportador en la dinámica del mercado cambiario de los hogares crea nuevos desafíos que deben ser internalizados —y espero que así haya sido—. Por ejemplo, surge la pregunta de quién compraría los dólares que el sector exportador previsiblemente colocaría en el Segmento III, dado que las empresas estatales importadoras no acceden a este segmento, o al menos no se ha informado que así sea. ¿Serían las mipymes?, ¿los hogares? A la luz de como han venido funcionando las cosas, resulta difícil pensar que las divisas generadas por el sector exportador estatal terminen en esos actores.

»Una alternativa sería que lo comprase el Banco Central. Sin embargo, en la práctica, implicaría que este estaría adquiriendo esas divisas a una tasa de 410 CUP por USD (la de hoy) y revendiéndolas posteriormente al sector empresarial a tasas sustancialmente inferiores. Por ejemplo, a 120 CUP por USD en el Segmento II, o incluso 24 CUP por USD en el Segmento I. Esta diferencia se traduciría en una fuente de cuasifiscalidad, con implicaciones para los equilibrios macroeconómicos y para la sostenibilidad del propio mercado cambiario.

»Incluso, la eventual participación de empresas importadoras en el mercado cambiario solo sería viable si estas enfrentaran una actualización (alineación) de sus precios en CUP, algo que, hasta el momento, no parece estar explícitamente sobre la mesa. Explico esta idea: no es viable que empresas (importadoras) operando a precios fijados sobre la base de 24 puedan adquirir divisas sobre la base de 410. En mi opinión, sin esa actualización, la consistencia del mecanismo sería difícil de sostener.

»Por último, el paso dado ─que insisto, es muy importante a pesar de las preguntas abiertas─ no debería significar un mero ajuste contable del tipo de cambio. Es importante que esta medida se acompañe de reformas microeconómicas que permitan a las empresas exportadoras responder a las señales de precios. 

»Entre otras, avanzar hacia nuevas formas de gobernanza corporativa permitiendo a la empresa tomar decisiones de producción, inversión, fijación de precios; alinear salarios con las señales que ya existen en el sector no estatal; reformar el mercado de factores productivos para que las empresas puedan acceder de manera más ágil a materias primas y fuerza de trabajo; o eliminar cuellos de botellas en industrias complementarias a partir de financiamiento estratégicamente colocado».  

Para el economista y politólogo Arturo López Levy, el país se encamina hacia un régimen de dolarización parcial, apoyado en un sistema de tasas de cambio múltiples. «Conviene decirlo de entrada: tener más de una tasa de cambio no es, por definición, un pecado económico. En la historia del desarrollo y de las transiciones post-comunistas abundan ejemplos de esquemas duales utilizados como instrumentos temporales de estabilización. El problema no es la multiplicidad, sino cómo se diseña y para qué se usa».

En contraste con Everleny, López Levy considera que la creación de un segmento III con tasa flotante es, en principio, un paso en la dirección correcta, ya que se reconoce que el precio de la divisa no puede seguir siendo una ficción administrativa y que debe formarse en un espacio más cercano a la realidad económica. «Pero una tasa flotante no es solo una decisión técnica: exige tolerar volatilidad, incluso episodios de sobrerreacción del mercado, y contar con un colchón externo mínimo para sostenerla. En un país con baja actividad productiva, alta dependencia de importaciones, exportaciones débiles y remesas deprimidas, ese supuesto es frágil».

«En última instancia, la política cambiaria no puede sustituir la reforma del sistema económico. Sin una economía verdaderamente mixta, donde lo privado y lo estatal se integren, sin derechos de propiedad claros, sin un estado moderno, redistribuidor, regulador y desarrollista, sin privatizaciones ordenadas y sin reglas competitivas creíbles, Cuba seguirá atrapada en la precariedad. El modelo de economía de comando atraviesa una fase terminal. La alternativa no es entre shock o gradualismo, sino entre reforma integral o administración prolongada del deterioro».

Cuba puede salir de la crisis si articula reformas productivas y estabilidad macroeconómica

3
Imagen generada con Inteligencia Artificial

La economía cubana atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas, marcado por la contracción prolongada de la actividad productiva, desequilibrios macroeconómicos persistentes y un deterioro sostenido de las condiciones de vida. En ese contexto, el debate público sobre las causas de la crisis y las alternativas posibles resulta imprescindible, especialmente cuando el país discute nuevas hojas de ruta y programas de gobierno orientados a la recuperación.

En esta entrevista conversamos con Ricardo González Aguila economista experto en transformación productiva. A partir de una mirada crítica, el entrevistado analiza el estado actual de la economía cubana, evalúa el alcance real del programa de estabilización macroeconómica y expone qué reformas considera imprescindibles para salir de la crisis sin profundizar los costos sociales.

1. ¿Cómo describes la situación actual de la economía cubana?

La economía atraviesa un escenario especialmente complejo, con problemas de fondo confluyendo al mismo tiempo en distintos frentes. Por el lado de la oferta, el país aún no logra recuperarse de la caída del 11% registrada en 2020 como consecuencia de la crisis de la covid-19. Entre 2021 y 2024, el PIB real no creció: el promedio interanual fue de 0%, un comportamiento inusual si se compara con el fuerte rebote que experimentaron la mayoría de las economías tras la pandemia. Para 2025, casi todos los analistas coincidimos en que la economía volverá a contraerse, por tercer año consecutivo.

En el plano productivo interno, el sistema empresarial estatal —que aún concentra más del 70% de las capacidades instaladas de la economía— no encuentra salida a la crisis. Arrastra, por un lado, problemas microeconómicos e institucionales de larga data: precios y costos alejados de la realidad, una gobernanza corporativa que limita su autonomía, incentivos distorsionados y mercados de factores y de divisas disfuncionales. A ello se suman cuellos de botella y regulaciones que dificultan cualquier esfuerzo serio por elevar la productividad. Por otro lado, enfrenta una crisis energética que se ha convertido en un obstáculo muy serio y que marca, en la práctica, los límites y el ritmo de su recuperación. Es cierto que en el último año las inversiones en la industria energética han aumentado de forma considerable. Es una buena noticia de cara al futuro, aunque sus efectos difícilmente se verán en el corto plazo.

En el frente externo, los desafíos son también importantes. El país afronta un endeudamiento considerable con acreedores internacionales y una inversión extranjera que sigue mostrando cautela a la hora de ingresar al mercado cubano, motivo por el cual, en días recientes, han sido aprobadas nuevas medidas que buscan reactivar el flujo de inversión extranjera directa (IED) entrante.

En materia de exportaciones, los problemas son también evidentes. El turismo es un caso particularmente ilustrativo: el país cerrará el año habiendo recibido apenas alrededor del 42% de los visitantes internacionales que llegaban en 2019, lo que refleja las dificultades persistentes para recuperar uno de los principales generadores de divisas de la economía.

Las empresas exportadoras no solo arrastran las limitaciones propias del sistema empresarial estatal que mencionaba anteriormente, sino que operan bajo los efectos de un tipo de cambio real sobrevaluado, que reduce de forma sistemática su rentabilidad y su competitividad externa.

En el ámbito monetario y financiero interno, los desequilibrios persisten, aunque muestren cierta tendencia a la moderación. La inflación cerrará el año alrededor del 15%, una cifra aún elevada considerando el ajuste fiscal al que se ha sometido la economía. Por otro lado, la brecha cambiaria (la separación entre el tipo de cambio formal e informal) supera el 1800% y continúa ampliándose, lo que complica el consumo de los hogares, en un momento en que una parte creciente del comercio se dolariza y la oferta en pesos cubanos a precios estatales es prácticamente inexistente.

Todo lo descrito hasta aquí ocurre en un contexto social deteriorado por años de carencias y por los efectos propios de esta crisis: salarios estatales y pensiones bajos, que además siguen perdiendo poder de compra por la inflación; servicios sociales básicos seriamente comprometidos; aumento de la pobreza y una desigualdad en la distribución del ingreso que va en ascenso. A ello se suma la pérdida de una de las principales fuentes de competitividad del país: su población instruida, en particular la más joven, afectada, entre otros factores, por una elevada emigración.

Cual si todo lo anterior fuera poco, el contexto geopolítico de hoy es excesivamente más complejo y mucho menos favorable que hace una década. El régimen de sanciones que opera sobre nuestro país obstaculiza seriamente el comercio exterior, el acceso al sistema internacional de pagos y las relaciones financieras con terceros países; contribuyendo así al aislamiento de Cuba en un momento que necesitamos, más que nunca, del mundo.

No se trata, por tanto, de una crisis cualquiera. Es un escenario difícil para cualquier administración, que obliga a actuar sobre múltiples problemas de fondo al unísono. Afrontarlo requiere transformaciones pragmáticas y socialmente sensibles, que apunten a tres objetivos en paralelo: crecimiento económico, estabilidad macro y protección social.

2. ¿Cómo valoras el programa de gobierno recién publicado?

La publicación del programa de gobierno es un hecho esperado y, en sí mismo, una buena noticia. Contar con una hoja de ruta explícita ayuda a ordenar prioridades, alinea la comunicación con la ciudadanía y permite evaluar la gestión pública con mayor transparencia.

En mi opinión, el documento contiene aciertos. Los objetivos de trabajo identifican con claridad varios de los desafíos más urgentes del momento: aumentar la producción —en especial de alimentos—, impulsar las exportaciones, avanzar en la estabilización macroeconómica, reformar la empresa estatal, fortalecer la política social y recuperar el sistema electroenergético, entre otros. También considero positivo que se invite a la sociedad a opinar sobre el programa.

Por otra parte, creo que también contiene algunos vacíos significativos, contradicciones de fondo y líneas de política que, a mi juicio, merecerían ser revisadas o fortalecidas.

Un ejemplo claro es la contradicción evidente entre el objetivo de impulsar las exportaciones (objetivo 2) y la afirmación de que « no están dadas las condiciones para avanzar a corto plazo hacia un esquema cambiario unificado» (cita textual del objetivo 1). Sostener ambos planteamientos a la vez es problemático: renunciar a avanzar en la unificación cambiaria implica, en la práctica, renunciar al objetivo exportador. No existe un camino para expandir las exportaciones con un tipo de cambio real sustancialmente atrasado, salvo que la economía se dolarice por completo o aparezca de manera súbita una fuente «considerable» de divisas externas, escenarios que doy por descartados.

El tipo de cambio oficial, anclado en 24 pesos por USD desde 2021 para la mayor parte de las actividades de exportación, constituye el primer gran obstáculo —aunque no el único— que enfrenta la actividad. Mantenerlo fijo ha hecho que los ingresos (precios) en pesos del sector exportador permanezcan prácticamente constantes, dependiendo casi exclusivamente de la evolución de los precios internacionales.      

En ese mismo período, sin embargo, la inflación doméstica acumulada ha superado el 350%. Este desacople entre precios externos e internos —lo que en economía llamamos atraso del tipo de cambio real— erosiona la competitividad del sector. En la práctica, empuja a muchas exportaciones hacia un equilibrio de bajo nivel: rentabilidades decrecientes, salarios reales deprimidos y dificultades crecientes para invertir y renovar capacidades productivas.

En mi opinión, mientras no exista un esquema cambiario actualizado para el sector exportador, el objetivo de dinamizar las exportaciones quedará reducido a una aspiración, no a un hecho alcanzable.

Hay quien piensa —y creo que el documento refleja esa visión— que la «dolarización parcial» y los «esquemas cerrados de financiamiento» pueden funcionar como sustitutos de un esquema cambiario actualizado. En mi opinión, ese enfoque es equivocado. Dolarizar el precio de un bien exportable (es decir, permitir que la empresa reciba dólares directamente en lugar de pesos cubanos) ciertamente facilita el acceso a insumos importados; sin embargo, no resuelve el problema de fondo asociado al atraso del tipo de cambio real.

La razón es sencilla: ni los salarios ni los encadenamientos productivos con el sector no estatal se dolarizan. Sus costos siguen expresándose en pesos, y esa valoración en moneda nacional continuará presionada —de forma explícita o implícita— por la dinámica inflacionaria de la economía interna. Mientras esa brecha persista, el sector exportador seguirá enfrentando un entorno de rentabilidad menguante, aun cuando sus ingresos brutos entren en dólares.

Insisto para concluir: sin un instrumento cambiario que alinee —o unifique— el tipo de cambio aplicable a la actividad exportadora con el resto de los precios de la economía interna, será muy difícil recuperar capacidades exportadoras y convertir las exportaciones en un eje real del modelo productivo cubano, tal como se plantea. Mientras esa desconexión persista, el sector seguirá operando con señales inconsistentes y con una rentabilidad estructuralmente deprimida, incompatible con el objetivo declarado.

3. ¿Ha funcionado en alguna medida el programa de estabilización macroeconómica?

Depende de lo que se entienda por «estabilizar». Si por estabilización se asume, en un sentido acotado, la reducción de la inflación y de ciertos desequilibrios monetarios y fiscales, alguien podría sugerir que el programa ha tenido algún éxito relativo: los datos disponibles muestran una desaceleración de los precios y una contención del déficit respecto a años previos.

Ahora bien, incluso dentro de ese enfoque de la estabilización —que en mi opinión resulta «reduccionista»— conviene introducir matices. En primer lugar, existen problemas metodológicos en relación con la forma en que se mide la inflación, lo que recomienda prudencia al sacar conclusiones definitivas sobre su tendencia. Debo aclarar que yo no pienso que la inflación se esté acelerando respecto a años anteriores; pero, perfectamente, podría no estar desacelerándose tan rápidamente como reflejan las cifras oficiales.

En segundo lugar, no está del todo claro qué parte de la desaceleración inflacionaria puede atribuirse específicamente al programa y qué parte responde a dinámicas que ya estaban en curso. La inflación venía moderándose antes de 2024, por lo que la tendencia no se originó con las nuevas medidas. Lo que hemos visto en el último año ha sido una intensificación de esa desaceleración, un hecho importante, no lo niego; pero que necesita ser estudiado con mayor sistematicidad antes de llegar a conclusiones definitivas.

Por último, una inflación del 15% —que será, aproximadamente, la cifra con la que cerremos el año— sigue siendo elevada, sobre todo si se toma en cuenta la magnitud del ajuste fiscal de alrededor de los 4,2 puntos porcentuales del PIB que experimentó la economía el pasado año. Para tener una referencia sobre lo que implica ese número, basta recordar que el ajuste de Argentina en el primer semestre de 2024 fue de aproximadamente 5,5% del PIB y fue presentado como «el mayor ajuste de la historia».

En ese contexto, no es menor preguntarnos hasta qué punto haber expuesto a la economía cubana a un reajuste de esta envergadura —con costes en términos de actividad económica, de salarios públicos y pensiones, mayor deterioro de servicios básicos y menor inversión— fue una decisión correcta. Esa sigue siendo, a mi juicio, una cuestión abierta que merece una evaluación serena.

Ahora bien, salgamos de este «marco reduccionista» sobre la estabilización. Estabilizar no sólo implica avanzar en el ordenamiento de precios internos, sino también avanzar hacia el equilibrio de las cuentas externas, y, sobre todo, facilitar la reactivación de la producción. En este sentido, al programa le falta. Mientras la economía no recupere crecimiento, capacidad exportadora, se acumulen reservas internacionales en el banco central, y se reduzca la brecha cambiaria, hablar sobre logros del programa de estabilización sería, como poco, apresurado.

Y creo que la clave de por qué al programa «le falta» se debe a un problema de concepción de fondo. Pensar que es posible estabilizar únicamente mediante instrumentos fiscales y monetarios —que es, en esencia, lo que se ha hecho hasta ahora— es, a mi juicio, ingenuo y, en muchos otros sentidos, costoso. Sin un abordaje integral que actúe adicionalmente sobre la restricción de oferta y los desequilibrios externos, a través de transformaciones estructurales y cambios en las reglas del juego, será muy difícil que la economía ingrese en una senda sostenida de estabilidad y crecimiento.

Hasta que eso no ocurra, en mi opinión, no estaremos en condiciones de hablar de estabilización.

4. Pero en este año hemos escuchado en varias ocasiones de autoridades cubanas que la inflación ha desacelerado. ¿A qué se debe?

En mi opinión, más que un plan de estabilización, lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un plan antiinflacionario. Y, en lo personal, tampoco comparto plenamente su diseño.

Creo que la desaceleración se explica por el uso combinado de tres anclas nominales —cambiaria, salarial y fiscal — que, bajo las reglas actuales de juego, han generado una distribución excesivamente asimétrica de los costos de la inflación entre los distintos agentes de la economía. A diferencia de lo que sostiene la visión más ortodoxa, la inflación no es siempre y en todo lugar únicamente un fenómeno monetario, sino, en buena medida, una «puja por la distribución de la renta». Un país puede administrar mejor sus desequilibrios si recarga el peso de éstos sobre determinados agentes de la economía.

En nuestro caso, me parece bastante evidente que una parte importante de esos costos está recayendo sobre diferentes segmentos del sector empresarial estatal —en particular, sobre el exportador, a través del atraso del tipo de cambio real— y, además, sobre los trabajadores estatales, los empleados del sector público y los pensionistas. Creo que ahí radica la clave antinflacionaria.

5. ¿Todavía queda algún margen para que Cuba salga de la crisis? ¿Qué habría que hacer?

Siempre hay margen. Creo que esta crisis exige un conjunto amplio de reformas productivas y, articuladas a ellas, reformas macroeconómicas que aporten estabilidad a un proceso en el que la transformación de los precios relativos será, inevitablemente, uno de los ejes centrales.

Explico mejor esta idea. Hoy muchos economistas coincidimos en la necesidad de cambiar ciertas reglas bajo las cuales opera el sector empresarial, porque terminan socavando la productividad y la competitividad de la economía. Me refiero, por ejemplo, a avanzar hacia nuevas formas de gobernanza corporativa; alinear precios, salarios y tipo de cambio con las señales que ya existen en el sector no estatal; reformar el mercado de factores productivos para que las empresas puedan acceder de manera más ágil a insumos, fuerza de trabajo y financiamiento; y eliminar regulaciones operativas que entorpecen el desempeño de la empresa estatal (del mismo tipo de las que recientemente se han levantado para la inversión extranjera), entre otras. A este tipo de transformaciones las llamamos «cambios institucionales» o «cambios en las reglas del juego».

Estas reformas —que, en mi opinión, son imprescindibles— van a modificar la estructura de precios relativos de la economía porque, al final del día, los precios son la expresión visible de los fundamentos de un país: de sus reglas, de su dotación de recursos, de su estructura tecnológica y de la manera en que se inserta en la economía internacional. Un «sinceramiento» de esos precios no es neutro: redistribuye rentas entre empresas, sectores, territorios y grupos sociales.

Precisamente por eso este proceso necesita estar acompañado por un marco macroeconómico consistente y por políticas que amortigüen sus costos. Hablamos de una política fiscal y monetaria coherente, una estrategia cambiaria clara y mecanismos de protección social bien diseñados, que contribuyan a ordenar expectativas, contener los riesgos inflacionarios y, al mismo tiempo, proteger a los segmentos más vulnerables y a los sectores estratégicos para el desarrollo.

El reto está ahí: en gestionar la tensión entre estabilidad y protección. En un contexto de fuerte reordenamiento de precios relativos, cualquier intento serio de estabilización implica necesariamente una redistribución de rentas. La cuestión no es si esa redistribución ocurre o no —porque va a ocurrir—, sino cómo se reparte su carga, qué límites se le ponen y qué instrumentos se utilizan para que el ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre quienes tienen menor capacidad para enfrentarlo.

Ahora bien, no quiero dar la impresión de que estas reformas sean sencillas de implementar. La alineación de precios —incluidos los precios relativos clave del sistema, como tarifas, salarios y tipo de cambio— es una de las tareas más complejas e inevitables que tenemos por delante. Un buen mapa de referencia para abordar este proceso de forma razonable se encuentra en la experiencia china de los años setenta y ochenta.

Conviene subrayarlo: tomar a China como referencia no significa que Cuba vaya a «convertirse en China»; la idea, en sí misma, no tiene sentido. Lo que hace valioso aquel caso es que muchos de los problemas microeconómicos e institucionales que hoy vemos en Cuba estuvieron presentes allí al inicio de su proceso de reformas: precios desalineados, escasez crónica, baja autonomía empresarial, sistemas de incentivos mal diseñados, mercados de factores restringidos y un sector estatal que operaba con fuertes distorsiones.

Buena parte de los instrumentos que se emplearon entonces para gestionar esos cambios —gradualidad en la implementación, esquemas duales de precios y de acceso a recursos, mayor autonomía para las empresas, reformas en los sistemas de incentivos y en la gobernanza— son, a mi juicio, referencias útiles y adaptables a nuestra realidad, siempre que se ajusten a nuestro contexto institucional y político. Justamente ese tipo de herramientas —la gradualidad, los mecanismos compensatorios, los pilotos controlados— pueden ayudar a atenuar los impactos de corto plazo sin renunciar al objetivo de fondo: construir un modelo productivo más funcional, con un sistema de precios más coherente y una economía mejor preparada para competir y crecer.

En resumen, el margen existe, pero aprovecharlo requiere coherencia entre reformas productivas y un marco macroeconómico que las sostenga.

¿Hasta cuándo será el deterioro de la economía cubana?

12
economia cubana
Imagen generada con IA

Temo no equivocarme si dijese que en los últimos tiempos la pregunta que más se escucha en la calle es «¿Hasta cuándo …?» Y se deja un espacio de tiempo, para que cada cual complete la pregunta. Hasta cuándo seguirán los problemas de la electricidad, o del agua, o hasta cuándo seguirá el bloqueo de EE.UU. hacia Cuba, y muchas otras interminables frases complementarias.

Por mi parte, como economista y cubano, la pregunta la suelo complementar así: ¿Hasta cuándo seguirá el gobierno sin tomar medidas económicas efectivas, que permitan al país salir de la aguda crisis en la que se encuentra? Intenté encontrar algunas respuestas en el Programa de Gobierno recién presentado, pero en su lectura hallé más deseos que realidades.

Tal parece que el gobierno se ha atrincherado en la idea de que la situación alcanzada solamente se debe a los efectos del bloqueo de EE. UU. y que no se puede hacer nada más, o es poco lo que pueden hacer para revertirla. Que solo nos queda resistir y resistir…

Si esa es la idea, se olvidan de que poco se puede hacer contra decisiones de terceros, pero mucho se puede hacer a lo interno, en lo que depende de uno mismo. Siempre recuerdo que en los años 90 del siglo pasado el bloqueo se recrudeció, pues EE.UU. esperó graves afectaciones en Cuba por la caída de la Unión Soviética y del campo socialista. Sin embargo, internamente se despenalizaron las divisas extranjeras, se permitieron los mercados campesinos de oferta y demanda, se abrió el país al turismo internacional, se estimuló la inversión extranjera en variados sectores, por poner solo algunos ejemplos. Y pronto empezaron a verse resultados, muy a pesar del bloqueo recrudecido, los indicadores macroeconómicos comenzaron a mejorar.

Las causas externas de la crisis

No cabe dudas de que el bloqueo de EE.UU. contra Cuba daña a la economía del país y a los cubanos. Sus efectos van más allá de que Cuba no pueda comprar algunos productos en EE.UU., porque en el mundo se producen y se comercializan más mercancías, y más ahora cuando China se ha convertido en la fábrica del planeta. Tampoco se reduce a que el mercado norteamericano esté bien cerca y los fletes para embarques de ese país son menos costosos. En definitiva, los costos de producción, incluyendo también los de mano de obra, hacen que los propios EE.UU. importen gran variedad de productos desde la lejana China y desde otros países asiáticos. Igualmente, la cuestión no solo está en que no podamos vender nuestros productos en el mercado del vecino del norte, ya que nuestras producciones han caído tanto, que ni siquiera suplimos la demanda de nuestros principales socios, por lo que no es falta de mercado lo que enfrenta Cuba en la actualidad.

Nuestras producciones han caído tanto, que ni siquiera suplimos la demanda de nuestros principales socios.

Tampoco podemos olvidarnos que una parte importante del pollo y otros alimentos que se consumen en Cuba provienen de Estados Unidos, si bien con licencias especiales que obligan a pagar al contado, con bancos que cobran altas comisiones por los riesgos, y muchos de ellos ya son traídos principalmente por el sector privado, que ha podido —más que el Estado— engranar un sistema eficiente para importarlos y venderlos en la Isla.

Pero es cierto que el bloqueo daña grandemente la economía cubana; ha impuesto enormes multas a los bancos que han hecho transacciones en USD con Cuba —la moneda naturalizada en el comercio mundial—, lo que ha provocado que muchos bancos extranjeros rechacen trabajar con los bancos cubanos. Igualmente se persiguen los embarques de petróleo hacia la Isla, se limitan las operaciones de aseguradoras internacionales, se restringen operaciones de navieras que tocan puertos cubanos, se prohíbe que empresas extranjeras con capital norteamericano dentro de sus acciones vendan sus productos a Cuba.

Unido a esto, las medidas coercitivas afectan el comercio, pues se prohíbe la venta a Cuba si el producto a adquirir contiene un porciento determinado de componentes norteamericanos, incluyendo patentes; lo mismo, si el producto a adquirir por EE.UU. contiene un porciento elevado de níquel cubano. Todo ello obstaculiza las inversiones extranjeras en Cuba, por el temor de los inversionistas de quedar demandados por estar «traficando» con bienes expropiados luego de 1959.

Por demás las restricciones sobre viajes dañan el turismo, incluidos los negocios privados, pues los norteamericanos no pueden viajar a la Isla, y los residentes en la Unión Europea quedan fuera del programa ESTA —que les permite ir a Estados Unidos sin visa— si pisan territorio cubano. Por si fuera poco, las restricciones bancarias encarecen y hacen más complicadas las remesas de ayudas familiares desde EE.UU. hacia Cuba.

La política de EE.UU. no solo daña a los cubanos, sino que yo diría que es contraproducente para los propios EE.UU. La prueba de ello es que al abrirse las relaciones diplomáticas, en el período del presidente Obama, se vio una gran afluencia de capitales, en forma de restaurantes privados, taxis, habitaciones particulares a disposición del creciente turismo, compras de casas y apartamentos y otros, que aumentaron el nivel de vida de una parte de la población y redujeron considerablemente el afán de emigrar de los cubanos.  

El bloqueo va dirigido a aumentar el descontento de la población, con la expectativa de una rebelión popular contra el gobierno. Pero es más que ingenuo pensar que daña solo al gobierno. En la realidad, lo que logra es estimular una mayor emigración, descontrolada e ilegal, que va en contra de los propios intereses norteamericanos. Incluso, si el bloqueo efectivamente diera como resultado una hipotética rebelión popular, ¿quién garantizaría que la situación no traería más disturbios, escenarios incontrolables, que conllevara a más emigración y presiones en las fronteras de EE.UU.? 

Digo todo esto porque la práctica ha demostrado que la confrontación violatoria del derecho internacional no es el camino por seguir, pero está claro que es poco lo que Cuba puede hacer para evitarla, salvo ceder su soberanía, algo que ningún Estado se siente inclinado a hacer.

No obstante, también hay que decir que las políticas económicas se lo han puesto fácil. Al concentrar parte de las empresas más recaudadoras de divisas en manos de GAESA (conglomerado de las fuerzas armadas), muchas de las cuales anteriormente eran empresas estatales con carácter público, estas son mucho más sensibles a recibir sanciones por parte de Estados Unidos. Por demás, las empresas del GAE que están fuera del control de la Asamblea Nacional, o de la Contraloría, o de los Ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios, han centrado su estrategia económica de los últimos años en la construcción de hoteles, sin ocupar debidamente los existentes.

Los acumulados

Ahora que la crisis es innegable el gobierno suele mencionar que los problemas actuales son «expresiones concretas… de los problemas acumulados», o de «distorsiones» que hay que «corregir». Pero, ¿hasta cuándo seguirán existiendo esos problemas y distorsiones? ¿Cómo pueden solucionarse sin hacer una reforma estructural del sistema que los provocó? Si los problemas acumulados no están siendo corregidos seguirán acumulándose en el tiempo, y se siguen agregando nuevos problemas y distorsiones, para los cuales tampoco se vislumbran soluciones.

Tomemos la dolarización. Está claro que la llamada unificación monetaria fue un fracaso. Pero no lo acaban de admitir abiertamente y siguen extendiendo el uso del dólar, y a la misma vez se pregona que se apuesta por la desdolarización y por el peso cubano. Y en esto hay que ser claros, ninguna dolarización a medias ha funcionado: o se dolariza, o se refuerza la moneda nacional, son caminos opuestos, por tanto, no pueden transitarse en paralelo.

Si no hay una estrategia clara de verdadera unificación monetaria —es difícil tenerla, en un ambiente de tipos de cambio fijos con escasez de divisas—, acaben de reconocer la dolarización, pero con mejor y abierta ejecución: con ventas en divisas de empresas cubanas hacia las cadenas de tiendas, para estimular la sustitución de importaciones; con mejores ganancias para los productores y no para las cadenas de tiendas; con mejores salarios, en divisas, para los trabajadores de esas empresas productoras que logren vender sus productos en ese mercado. Son propuestas que están en la mesa desde hace mucho tiempo, y no han sido aplicadas. 

Por demás, si el camino sigue siendo la dolarización, hay que acabar de permitir que las mipymes comercialicen sus productos en divisas, o mediante tarjetas clásicas. En definitiva, las ventas de las mipymes parten de importaciones y son dirigidas a satisfacer demanda de parte del mercado, con ingresos en divisas. Y así podrán combatir mejor el mercado informal de divisas y las transferencias de fondos hacia el exterior, que actualmente obvian el sistema financiero cubano.  

En adición, mientras no haya una sola moneda y un tipo de cambio variable y único para empresas estatales y privadas, se debe garantizar el acceso de los importadores a la divisa por caminos legales, ya sea permitiéndoles cobrar en moneda fuerte, autorizando las casas de cambio privadas, o estableciendo un sistema de cambio con bancos estatales. Solo así podrá eliminarse el mercado informal de divisas, sin necesidad de atacar a la publicación que ha intentado mostrar un estimado de la cotización del dólar en grupos de compra-venta. Que la población y los comerciantes utilicen como referencia una tasa publicada en un medio de comunicación, en vez de la del sistema bancario, dice más del sistema bancario que del medio de comunicación.

Probablemente, una de las medidas económicas más trascendentales de los últimos años ha sido la aprobación de empresas privadas de responsabilidad limitada. Pero las potencialidades de esta modalidad empresarial no se pueden desplegar más ampliamente, si muchas de ellas deben convivir en un ambiente de ilegalidad permanente, al verse obligadas a canjear CUP a divisas en un mercado no oficial, y después buscar variadas formas de hacer llegar las divisas a cuentas en el exterior.

Definitivamente, hay que abolir el despojo que se le hace a la población, cuando reciben transferencias bancarias internacionales, de ayudas familiares, y se les abonan en cuentas en algunas ocasiones en MLC, sin acceso a tiendas en divisas, sin acceso a gasolina, apenas sin acceso a efectivo en divisas y con un marcado desabastecimiento de los productos básicos en las tiendas estatales. Eso no espera ni un minuto más, solo crea descontento y falta de confianza en el gobierno y en sus políticas económicas. ¿Qué para ello deben negociar con el GAE? Pues háganlo…

Hay que abolir el despojo que se le hace a la población, cuando reciben transferencias bancarias internacionales.

Con las utilidades en las ventas en las nuevas tiendas en USD, se deben ir reponiendo, gradualmente, los ahorros de la población en sus cuentas en USD, convertidas en la práctica en cuentas en MLC, con mucho menor respaldo. En los tiempos de la COVID pudo haber sido necesario tomar esos fondos para necesidades del Estado, pero no se puede eternizar la pérdida de los ahorros de la población, que solo trae consigo malestar y sensación de haber sufrido una acción en su contra a gran escala. Puede que no se pueda hacer de inmediato, porque las ganancias de las nuevas ventas son insuficientes y necesarias para otros fines, pero un porciento habría que sacrificar para paulatinamente irle devolviendo a la población lo que en su momento se le tomó. Eso no solo sería justo, sino que también proyectaría seriedad y recuperación de la confianza.

Otra urgencia está en acabar de restablecer las transferencias internacionales de los bancos cubanos. Si al principio no pueden hacerlo para todos los saldos acumulados, deben comenzar a circular con normalidad los fondos a acreditar en nuevas cuentas a abrirse, para los nuevos depósitos. No hay salud sin una buena circulación sanguínea y no hay economía sin una saludable circulación monetaria-financiera a través de los bancos. ¿Cuánto más hay que esperar a que se vean acciones y resultados en este sentido? Desde 2021 el sistema bancario no cumple sus principales funciones, ¿hasta cuándo hay que esperar para que comiencen a funcionar las transferencias hacia el exterior?

Medidas que se contradicen

Por la importancia actual para la economía del país, no se puede demorar ni un minuto más la transformación radical de las normativas para la aprobación de la inversión extranjera. Ahora en la pasada Feria de la Habana se anunció que la nueva ley de inversión extranjera se discutirá en la Asamblea Nacional de finales de 2026. No es un problema de los especialistas que analizan las propuestas. Es una concepción totalmente ineficiente, aprobada desde las más altas instancias, con normas que solo entorpecen los negocios.

Se hacen múltiples revisiones de estudios de factibilidad, cuando lo que hace falta es que el socio extranjero acabe de invertir. Interminables negociaciones a diferentes niveles (con empresas cubanas, con su ministerio, con el MINCEX), con recursos monetarios y tiempo invertidos, para no tener garantizado que el proyecto será aprobado. Así nunca obtendremos los recursos necesarios para revitalizar la economía.

Algo positivo es que se ha anunciado —aunque las normativas no han salido— que el tiempo máximo para decidir un proyecto estará entre 7 y 15 días; si en ese lapso no se da respuesta, se considerará aprobada. Ojalá sea así, es lo que se espera. Porque lo que ha ocurrido hasta el momento es que los organismos encargados de aprobar compiten con el bloqueo de EE.UU., para ver quién aleja más los inversores de Cuba.

Si tanto se elogia por el discurso oficial la Ventanilla Única para la Inversión Extranjera, pues que la usen, no solo para obtener documentación de diferentes fuentes, sino también para todos los trámites por los que obligan a pasar a los potenciales inversionistas (negociación de precontratos de agua, electricidad, materias primas, etc.), sin tener aprobada todavía la inversión. O que la usen para avanzar en una aprobación preliminar, en los aspectos fundamentales, de todos los que deberán aprobar definitivamente el proyecto, y así no hacer perder tanto tiempo y recursos a los interesados.

Sin contar que no me puedo explicar cómo se pueden dar el lujo de rechazar proyectos de inversión extranjera, en la situación en que se encuentra la economía cubana. Los rechazos deben ser contados y por razones muy justificadas, como pudiera ser sospecha creíble de lavado de dinero, pero cualquier capital legal que quiera entrar en Cuba debería tener las puertas abiertas.

No me puedo explicar cómo se pueden dar el lujo de rechazar proyectos de inversión extranjera, en la situación en que se encuentra la economía cubana.

De paso, por fin hay que acabar de darse cuenta de los otros aspectos que entorpecen la inversión extranjera, como la expatriación de los dividendos, las aprobaciones de inversiones en el transcurso de la vida de la empresa, el pago de fuerza de trabajo a través de empresas estatales empleadoras que se quedan con el mayor porciento —los salarios no son para engrosar las arcas del gobierno, sino para mejorar el nivel de vida de los trabajadores—, la regulación indirecta de algunos precios —pues aunque los precios de las empresas mixtas son de libre negociación con los compradores, estos deben vender sus productos a través de las cadenas de tiendas o actores privados sujetos a topes.

No se trata de quitarle el máximo a las empresas mixtas existentes. No gana más el país por quedarse con las divisas de los salarios de los trabajadores y por no transferir los dividendos de los socios extranjeros. Gana más cuando se estimula adecuadamente la inversión extranjera —no tanto con rebajas de impuestos sino con garantías de seguridad económica— y al país fluyan más capitales frescos. Esto lleva tiempo expuesto por mí y otros economistas, y todavía no se ha hecho nada, o casi nada para revertir la situación

El tiempo es una variable muy importante. No solo puede dar idea de lentitud en la búsqueda de soluciones, sino también que, al dejarse pasar, después ya puede ser tarde emprender algo que se podía haber hecho en el pasado.

Por ejemplo, refiriéndonos a los problemas del agua en La Habana. Se tenía una empresa mixta, Aguas de La Habana, que al principio intentaba compensar sus costos en divisas, facturando en CUC a determinadas empresas estatales. Esta facultad, de cobrar en CUC a empresas estatales, la fueron perdiendo poco a poco. Pero podía habérsele cedido los beneficios de la otra empresa mixta, Aguas de Varadero, con mayores ingresos en divisas provenientes del turismo, y así asegurar las inversiones en La Habana. Nunca se aprobó. Hoy no hay recursos suficientes para la gestión integral del agua en la capital de la nación, y ahora ya es tarde para tomar la decisión que se pudo tomar en aquel entonces, aunque se quisiese.

Otro punto clave es la electricidad. Si se hubiese invertido en nuevas centrales térmicas, bajo esquema BOOT (donde el inversionista extranjero construye, tiene la propiedad durante cierta cantidad de años, la opera, y al finalizar el término de la concesión, la entrega al Estado), hoy tuviésemos plantas más modernas y con mayor capacidad de generación.

Es cierto que, durante varios años, a ese inversionista el país tendría que pagarle la electricidad en divisas, pero peor es pagar la electricidad por el uso de patanas turcas, que nunca serán de Cuba. Después de la unificación monetaria, y con la situación actual del país, seguramente hoy sería muy difícil encontrar inversionistas dispuestos a erigir plantas eléctricas en el país, aun cuando la propiedad fuese de ellos durante un tiempo.

Debido a la correlación actual de fuerzas políticas y el apoyo desde las más altas esferas, se reconoce que sí existe una decisión pendiente, que sería muy complicada tomar por parte de cualquier gobierno. Se trata de reducir las prerrogativas y alcance de las empresas del GAE. Decisión necesaria, no solo porque esas empresas no responden a la Contraloría y otros organismos estatales; no solo porque facilitan las medidas del bloqueo contra Cuba; no solo porque probablemente ingresen más utilidades que las que necesitan para la defensa; no solo porque probablemente de sus arcas salen recursos hacia el resto de la economía, solo cuando el GAE lo considere oportuno; no solo porque la mayor parte de la utilidad en ventas, se queda en poder de las tiendas, en lugar de en poder de las empresas productoras nacionales; sino, y sobre todo, porque cada vez más se convierten en un Estado dentro del Estado, y porque esas ganancias las pueden destinar a variadas inversiones, a su antojo —como en hoteles, o en un puerto de contenedores en el Mariel, que no son inversiones en la defensa— apenas sin contar con el gobierno, o sin una efectiva fiscalización.

Más allá de este tema, muchas otras decisiones podían haberse tomado hace tiempo. Existen más propuestas de variados economistas del país. ¿Seguirán demorando la toma de decisiones importantes, dejando que nuestra economía continúe depauperándose? ¿Cuántos años lleva la academia cubana alertando sobre la necesidad de tomar decisiones concretas? ¿Hasta cuándo se puede esperar a que se les escuche?

Unido a esto, se observa un alto nivel de incertidumbre en las políticas, dicho en buen cubano, «pa´trás y pa´lante». Esto queda bien manifestado en el reciente «Programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana», en el cual se menciona en el epígrafe 2.12 «aplicar de manera selectiva las operaciones de swap y las modalidades de negocios asociados a inmuebles». Ahora en la Feria, el ministro de Comercio Exterior dijo que sería «de una manera selectiva», en la cual los bienes transferidos son para que los extranjeros los utilicen activamente en la reactivación de la economía, algo que está bien, pero añade que estos se revierten al Estado transcurrido un tiempo, lo cual resta atractivo para los inversores.

Se observa un alto nivel de incertidumbre en las políticas, dicho en buen cubano, «pa´trás y pa´lante».

Un swap es una operación mediante la cual el Estado intercambia temporalmente determinados activos o derechos (por ejemplo, el uso de inmuebles) con un socio extranjero, a cambio de inversión, financiamiento u otros beneficios para la reactivación económica. No se trata de una venta definitiva, sino de un acuerdo en el que una de las partes cede el uso o explotación del bien por un período y bajo condiciones específicas.

Para más contradicción, al día siguiente habló la viceministra y fue enfática en descartar las operaciones swap como manera de resarcir deudas: «no vamos a aplicar ‘shot’ de deuda. No estaríamos intercambiando activos por deuda». O sea, acaban de publicar el Programa y no pasa mucho tiempo y ahora te dicen que NO habrá swap, o habrá, pero con unas características que limitan su actuar y desestimulan a los inversores.

Sí fue muy positivo el anuncio de que los inversionistas podrán comercializar de manera mayorista con los actores económicos sin restricciones y también «podrán acceder a la compra de combustibles en divisas y se incluye la posibilidad de importación directa de combustible en caso de que fuera necesario».

También el Gobierno cubano anunció que se va empezar a promover «activamente» la participación de «capital extranjero» en el sector bancario nacional. Ideas que fueron desarrolladas en el pasado, pero fracasaron por las presiones existentes tanto del exterior, como internamente. Pero, más que un cambio sustancial, al menos en lo presentado, es más de lo mismo, pues se queda en deseos y proyecciones generales sin cambios sustanciales concretos.

Es más que conocido que quien invirtió o piensa invertir en Cuba se tiene que enfrentar al riesgo de las sanciones norteamericanos. A eso le añadimos que Cuba introduce constantemente cambios que provocan inseguridad en los inversores, o decisiones abiertamente arbitrarias, como por ejemplo, el congelamiento de las transferencias al exterior por tiempo indefinido. Todo ello repercute en que Cuba esté en desventaja con otros países a la hora de atraer inversiones, las inversiones se mueven hacia lugares más seguros y rentables. Eso conlleva a que los cambios que tiene que hacer Cuba tengan que ser más atractivos, seguros y rápidos.

Lo que sucede es que las dificultades para desatar al sector privado y cooperativo y abrirlo a la inversión extranjera son estructurales, producto de una madeja de leyes, regulaciones y prácticas que es necesario cambiar. Entre ellas la categoría de residencia efectiva, que sin estar vigente aún la Ley de Migración, ya se está aplicando parcialmente e impide que la mayoría de los cubanos residentes en el exterior puedan invertir legalmente; están los DL sobre mipymes, CNA y TCP y el Decreto sobre actividades prohibidas, todos de 2024; la propia Ley de Inversión extranjera que excluye al sector privado, y encima la resistencia institucional de organismos como el MINAGRI a la inversión de quienes se fueron en las cooperativas agropecuarias.

***

En conclusión, la clave para salir de esta crisis económica cubana —que se me ocurre decir que ya tocó fondo— está en tomar de inmediato medidas aún más audaces hacia la economía interna, especialmente en el sistema monetario y cambiario. A esto debe sumarse la racionalización del sector estatal, empresarial y presupuestado, la eliminación de todas las trabas del sector agrícola, y una verdadera apertura al sector privado y cooperativo, más otro sinnúmero de obstáculos a la producción que deben desaparecer ya.

El año se acerca a su fin, no hay un solo indicador sólido de que el próximo vaya a ser mejor. Con un país quebrado resulta imposible sostener conquistas sociales como la salud y la educación, que hoy muestran evidentes signos de deterioro por falta de financiamiento, al tiempo que se profundiza el empobrecimiento de la población, se prolongan las horas de apagones y fallan cada vez más los servicios públicos básicos.

La gente no puede seguir esperando eternamente para aspirar a una vida digna. Si el temor a cambiar de manera profunda las políticas económicas es entrar en contradicción con el socialismo, conviene reconocer que, si las cosas siguen como van, pronto no habrá ningún socialismo que defender. La disyuntiva es clara: o se toman ya decisiones audaces y coherentes con la realidad, o será la propia realidad la que termine demoliendo lo que aún queda en pie.

Un Festival para repensar los escenarios del país

0
festival de teatro
Imagen generada con IA

Entre el 8 y el 16 de noviembre se celebró el Festival de Teatro de La Habana (FTH), en un contexto minado de obstáculos y dificultades que, a la vista de muchos, hubiera sido más propicio para su suspensión. El evento fue concebido a partir de un diseño cuyos orígenes datan de 1980, y ahora llega a su convocatoria vigésimoprimera tras el paso del huracán Melissa, bajo los apagones que siguen interrumpiendo la idea de una vida normal en nuestro país, y con el añadido de los contagios que las arbovirosis han ido dispersando entre nosotros.

Si bien la realización del festival en medio de la crisis, por un lado destacó el afán del Consejo de las Artes Escénicas por preservar este punto de diálogo entre los teatristas de la Isla y quienes llegan hasta aquí desde otras naciones para presentar sus espectáculos, también dejó ver un severo contraste.

Las suspensiones de obras, que afectó el diseño de su programación, y una serie de reajustes que sobre la marcha hubo que poner en práctica, ante una cantidad de espectadores muy reducida en comparación a la de otros festivales anteriores fueron la causa. Sumado a esto, la desaparición de no pocas sedes teatrales de larga tradición en su cartelera que se agravan con la ausencia, estando en programa, de varios de los mejores colectivos del país.

El Festival de Teatro de La Habana, dedicado en esta ocasión al centenario de la gran actriz cubana Raquel Revuelta, también dejó una imagen acerca del estado actual de nuestro panorama escénico, que clama por una discusión y un replanteo impostergable. Este debate es extensible a otras zonas de lo cultural, y en general, a muchas coordenadas de lo que sucede en la vida cubana postpandémica, bajo los múltiples efectos de lo que, en términos políticos, también nos afecta.

De los 26 espectáculos anunciados por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) como integrantes de la selección oficial e invitados al FTH, aproximadamente la mitad no pudo llegar a la escena, por razones que iban desde la imposibilidad de varios colectivos extranjeros para llegar a La Habana, hasta cuestiones de logística o enfermedades.

Solo 13 de esas propuestas de la muestra oficial pudieron apreciarse, y quedaron fuera de la ejecución real del evento grupos de México, Colombia, Rusia y Alemania-Brasil, y por la parte nacional otros como Teatro El Público, El Ciervo Encantado, Estudio Teatral Macubá, Andante, Icarón, Retablos-Salamandra, el Proyecto Trotamundo y Ludi Teatro.

Igualmente, la ausencia de un espectáculo como Réquiem por Yarini fue un golpe duro a la cartelera, y no menos inconcebible fue el que no se incluyera, así fuese como invitado, a Teatro de La Luna con su estreno más reciente: El camino de hoy, que logró devolver a la escena cubana el sello propio de su director, y confirmar el talento de sus dos actrices.

La combinación de esas causas y vacíos arroja un panorama preocupante ante el propio medio teatral y sus espectadores. Además el Festival, presidido por un cartel que no satisfizo las expectativas de muchos y que fuera elegido por encima de otras propuestas de diseño más sugerente, venía de antemano con una serie de problemas irresueltos que también hacen imprescindible el repaso de sus protocolos, su campaña de promoción y su propia dinámica de producción y ejecución.

Más allá del Festival de Teatro

Vayamos por partes. El Festival se acercaba y poco se sabía de su muestra oficial, de las sedes que la acogerían y de los grupos extranjeros que prometían llegar a La Habana. No fue hasta el 19 de octubre que se publicó el listado de colectivos de esa cartelera, y la conferencia de prensa programada unos pocos días antes del evento, nunca llegó a realizarse.

He trabajado en numerosas ediciones del FTH, como coordinador de su boletín, el Perro Huevero, y también como miembro de la Sección de Crítica e Investigación Teatral de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNEAC, a la que se le confía el momento teórico de este certamen. Desde esta experiencia puedo decir que el evento anteriormente ha atravesado por momentos difíciles, pero incluso en esos periodos la campaña promocional ha sido más efectiva.

En un contexto en el que ha bajado considerablemente la presencia del público en las salas, pues los problemas de transporte y la economía inciden en esa afluencia, era esencial reforzar la invitación hacia los espectadores, que llegaron al 8 de noviembre sin demasiadas noticias acerca de lo que verían en las salas.

A lo antes dicho se añade otro problema no menos grave: el cierre y el deterioro de varias de nuestras sedes. Hace algunas semanas estalló en las redes, con toda la gama de sensacionalismo que suele aparecer en esas plataformas, la alerta acerca del estado real del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el más importante e histórico coliseo de nuestro país. Este permanece cerrado desde hace ya varios años, sin que se brinden demasiadas noticias del porqué de su cierre, provocado por numerosas afectaciones que afloraron durante y después de una reparación capital, que costó no poco dinero.

Lo cierto es que en un estado más o menos semejante de secretismo se ha mantenido lo que sucede, o no sucede, con espacios tan relevantes para la vida cultural y capitalina como el Teatro Mella, el Guiñol Nacional de Cuba, el Amadeo Roldán, la sala Raquel Revuelta, el teatro Fausto, por no hablar del Teatro Musical de La Habana, que padece hace décadas un deterioro acaso ya insalvable.

En el resto de las provincias tampoco es alentador el panorama. El Teatro Sauto o la Caridad, en Matanzas y Santa Clara, también se encuentran inactivos. Y hay salas, que por las afectaciones eléctricas, tampoco pueden mantenerse abiertas, como ha pasado, de modo francamente incomprensible, con  Teatro de las Estaciones en la Atenas de Cuba.

Cuando sucede algo como lo que mostró la noticia viral sobre el Gran Teatro de La Habana, la respuesta institucional intenta, tardíamente, ofrecer las explicaciones que no debieron esperar a que resonara la alerta. Y es que más allá de todo, un teatro cerrado no es solo una institución cultural que deja de funcionar, es una pieza esencial en la vida de una urbe, un punto de confluencia que activa intercambios, aporta referentes artísticos y configura públicos. Que se mantengan activas otras sedes no alivia lo que esos teatros, ahora cerrados por largo tiempo, significaban en un mapa de consumo artístico mucho más intenso, incluso como valor simbólico del estado vital de nuestra cultura.

Por si fuera poco, el problema sigue expandiéndose. La sala Raquel Revuelta, que desde su reinauguración (antes fue el cine Olimpic) tuvo problemas de orden constructivo, no pudo ser reabierta como se esperaba en este evento dedicado al centenario de la notable actriz que le da nombre. El Teatro Nacional de Cuba, en funcionamiento, no ha escapado de otros dilemas técnicos que varios artistas han hecho saber a las instituciones que deben resolverlos. La madera de mala calidad, el comején, equipamiento de luces y sonido deficiente, filtraciones, roturas de aire acondicionado y otras cuestiones se han ido acumulando.

Asimismo, el cierre progresivo de esas salas no ha servido como aviso de un problema de infraestructura y logística que ahora mismo afecta seriamente a otros espacios, como el Ciervo Encantado, y que impidió que el Trianón, sede de Teatro El Público, pudiera acoger las funciones de El sabueso de los Baskerville y Réquiem por Yarini que tanto se esperaban. La alternativa, en el segundo caso, de trasladar el fastuoso espectáculo concebido por Carlos Díaz a una casona del Centro Histórico tampoco pudo consumarse, debido a problemas de electricidad que impidieron mover el vestuario y la utilería hacia ese nuevo destino. 

Todo ello supera ya a la capacidad de respuesta del CNAE y se impone que nuevas alianzas, desde ahí y el Ministerio de Cultura, se pongan en marcha. Porque los teatros no se van a arreglar solos, claro está, y la cultura, esa inversión a largo plazo, es costosa. Los riesgos de no atender esto puntualmente son muchos, entre ellos el de perder el valor de identidad que muchos de esos edificios añaden al paisaje urbano y a la propia dimensión cultural de las ciudades a las que pertenecen.

Al final del evento, tampoco pudieron llegar a la capital, tras el arrasador paso del huracán Melissa, las propuestas de Teatro Andante y Macubá (Faro y Las mujeres de Alejandro), lamentablemente. La piedra en el estómago, Un domingo llamado Deseo, El tridente del diablo, Sueño que soy isla, Las penas que a mí me matan, propuestas nacionales, también se suspendieron por enfermedad de sus técnicos o intérpretes. Y a todo lo anterior se añade que grupos como Ludi, Argos Teatro o de Teatro de La Luna, por motivos de selección u otros, no llegaron a la muestra, lo que hace saltar a la vista otros posibles debates.

El Festival de Teatro de La Habana debe operar como un mosaico de lo mejor de nuestra escena, según lo producido cada dos años, y ponerla en contacto con el público y los creadores internacionales, con el fin de que produzca una reflexión mayor. Esta cavilación debería ir hacia un cuestionamiento más hondo acerca de la realidad y las dificultades del teatro ante nosotros, para promover el diálogo con un mundo escénico que también enfrenta retos, más allá de la globalización, lo decolonial, las etiquetas que dictan los discursos en tendencia y la visión que imponen ciertas agendas. El abordaje a  algunos de estos desafíos muchas veces ocurre sin profundizar realmente en ellos.

Sobre esto, también hubo momentos de diálogo complaciente, donde la crítica debió ser más participativa. La institución podría sacar más partido de diálogos menos complacientes y menos expositivos.

Una zona interesante del Festival fue la que propuso ASSITEJ Cuba, que tuvo sus funciones, talleres y conferencias de la muestra Escena Rebelde en la Nave Oficio de Isla, lugar donde Osvaldo Doimeadiós ha encontrado el espacio para su comunidad creativa. Y si bien esa programación tuvo aristas valiosas, no dejó de parecer como un festival dentro de otro, creando a veces roces con la programación oficial en términos de horarios, lo que impidió acercarse a ella como tal vez merecía.

Por tanto, insistir en el objetivo real del Festival de Teatro de La Habana: ser esa vitrina actualizada de tendencias y modos escénicos que ponga a Cuba en diálogo vivo y crítico con el mundo desde lo que sube a las tablas, es una cuestión también esencial, que así como puede y debe asumir variantes en su concepto, debe defender también, desde su diseño y su cartelera, aquello que lo identifica ante los espectadores y el propio medio teatral, más que reducirse a una cartelera donde no siempre se hacen evidentes esas conexiones que deberían ser más provechosas, durante y después del evento mismo.

En general, el Festival se hizo pese a todo, gracias al empeño de técnicos y responsables de las salas a quienes vale agradecer también en medio de tantas contingencias, y dejó una impresión ambivalente: la de un acto de resistencia que funcionó en alguna medida, pero que no aportó una impresión que sobrepasara la medianía general de la calidad en lo que su curaduría nos propuso. Y eso se conecta, irremediablemente, con el reajuste que ahora mismo, en la Cuba actual, tiene también que asimilarse desde la cultura y su valor. Incluyendo en ello, cómo no, el económico.

Crisis cultural y responsabilidades compartidas

La crisis nos afecta a todas y todos. Las economías también viven una neurosis que nos hace decidir si salir o no a la calle, si permanecer fuera de casa a horarios en los que el transporte se hace aún más imposible. La desaparición de revistas y publicaciones impresas, la llegada de otras maneras de hacer publicidad y visibilizar opciones más ligeras e improvisadas, han generado vacíos en una interrelación que antes era mucho más viva.

Ante este panorama, las instituciones culturales han optado por llevar la cultura a los barrios, y en eso se emplean también recursos que podrían aprovecharse en reparar galerías y teatros, sin menoscabo de esa acción que pasaba antes por las manos de los decisores de Cultura Comunitaria. Sin pretender reducir el acceso del arte a una élite, ha de insistirse en que acudir a una biblioteca, a un teatro, a un museo, es lo que aporta una conexión directa con referentes primordiales, y eso también forma parte de la tradición cultural replanteada desde 1959. Por tanto, como mismo se crean maneras de llevar los espectáculos artísticos a las comunidades periféricas, deben buscarse otras para que quienes vivan en esas comunidades puedan acercarse a las instalaciones culturales que tienen las condiciones óptimas para ofrecer una propuesta de calidad.

Entiendo que para muchas personas que ostentan posiciones de alto poder decisivo ahora mismo otras son las prioridades, pero me preocupa la escasa representación de intelectuales y artistas en nuestros órganos de máximo poder, así como la visión acomodaticia que se tiene cada vez más de la cultura, o su empleo como medio propagandístico.

La responsabilidad con el valor espiritual de la Nación pasa por asumir un diseño más complejo de las narrativas y discursos del país, y la conciencia crítica del mejor arte cubano no puede ser desplazada bajo las excusas que proponen de esperar por mejores momentos. Porque el panorama actual, bastante incierto, está sufriendo ya el peso de esa larga espera, y el éxodo y el silencio de creadores y espacios también se deja sentir en muchas zonas de nuestra cotidianidad.

Como resumen, el Festival de Teatro de La Habana no queda tanto en la memoria.

La compañía brasileña Os Satyros tuvo a su cargo la apertura, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, con una versión de La casa de Bernarda Alba concebida desde una teatralidad contaminada, cargada de efectos de luz y humo, que al tiempo que reducía la extensión del texto lorquiano, acentuaba la lectura de género mediante un elenco que podía ser, según la noche de presentación, esencialmente femenino o masculino, o mezclar ambos, en lo que fue su aporte más interesante.

bernalda alba brasil
La casa de Bernarda Alba, Brasil

Por otro lado, espectáculos como El anuncio (Gestus, Ecuador), Crimen, historia de una reina (Imágenes paganas, Chile), o Cuando el mundo entero dormía (Inmanencia, Argentina) y el Payaso Cocó, de Brasil, funcionaron sin desentonar, en una curaduría discreta que aspiraba a tener momentos más fuertes, como el que proponía el Teatro de Sátira de la Federación Rusa con Lobos y ovejas, que lamentablemente no llegó a la cita.

Por la parte cubana, Teatro de las Estaciones (Un rastro en las estrellas), Teatro Tuyo (Clownpuerta) y Los Cuenteros (La noche más oscura del mundo) aportaron montajes para niños y de títeres, a los que se añadieron Teatro La Proa y varios de los que trabajaron dentro de la muestra Escena Rebelde. Obras del Estudio Teatral La Chinche (Charlotte Corday), Teatro Rumbo (Ese tren se llama Deseo), Teatro D´Dos (que rescató Delantal todo sucio de huevo), La Franja Teatral (Leviatán) y la Nave Oficio de Isla (con Miguel Will y El nombre de Juana) también fueron programadas, en una cartelera que debió revisarse casi diariamente debido a suspensiones y reajustes, bajo las difíciles circunstancias en las que se desplegó esta edición.

tren deseo
Ese tren se llama Deseo, Cuba

De lo visto en la muestra nacional, quiero destacar ese proyecto conjunto entre Mujeres Fuente de Creación y Osvaldo Doimeadiós, que permitió a la actriz Monse Duany ganar elogios y aplausos con su unipersonal, un sentido tributo a la gran excéntrica cubana Juana Bacallao, en el año de su centenario.

Contenida y al mismo tiempo echando mano a todos sus recursos expresivos, Duany logra una caracterización loable, que lejos de ir por el camino de la caricatura, cumple con los rigores del homenaje a una figura irrepetible, al tiempo que nos revela sus aristas más humanas. Ojalá este espectáculo siga ganando solidez en su interrelación con el público y pueda ser apreciado en una temporada más extensa, como merece.

Juana Bacallao Montse
El nombre de Juana

El nombre de Raquel Revuelta volvió a nuestros recuerdos una y otra vez. En mi mente, está atravesando el parqueo del Teatro Nacional de Cuba, en 1991, hacia la inauguración del Festival de ese año que ella presidía, como máxima dirigente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas: una imagen que aún me impresiona desde la memoria.

En el evento teórico, o en la exposición que recuperaba imágenes suyas y programas de mano que organizó la Fundación Ludwig de Cuba volvimos a ver su rostro. Valdría preguntarse qué pensaría ella de este esfuerzo que significó una nueva edición de un evento al que no se debe renunciar, pero que también debe reformularse en pos de una sintonía real con lo que, en cuanto a calidades, diversidades y logística, puede gestarse hoy en el país.

En esa necesidad coincide lo que muchas otras cosas de nuestra realidad: la urgencia por establecer coordenadas de trabajo en conjunto, mediante alianzas que no eludan el debate o la discrepancia, el consenso real y no una voluntad que no asimile consultas ni propuestas de cambio ya imprescindibles. Y que, en el caso de la vida teatral que tenemos —no solo la que queremos— proponga a quienes ostentan las responsabilidades de defenderla un compromiso que vaya desde el rescate de salas y coliseos hasta una presencia más comprometida ante nuestros espectáculos.

Defender a los que aún están inmersos en ese empeño es crucial, cuando se empiezan a desvanecer referentes y maestros y maestras. La propia Raquel Revuelta debería perdurar más que en la formalidad de las celebraciones o en un calendario que trascienda el telón final. Porque es así que estamos realmente rindiéndole tributo a quienes lo dieron todo por la escena, a los que imaginaron una Cuba teatral donde el presente y el futuro del país nos reciban como una temporada permanente.

¿Se puede declarar una Emergencia de Salud Pública en Cuba?

1
Imagen generada con inteligencia artificial

La magnitud de la problemática sanitaria cubana ya no necesita presentación. Pese a la gravedad del panorama, la narrativa oficial ha sido parca y ambigua. Recientemente Miguel Diaz-Canel calificó por primera vez, públicamente, la situación actual de «epidemia», algo que no le compete, puesto que según la Sección Segunda «De la situación de Emergencia epidemiológica» en la Ley de Salud Pública cubana, es el Ministerio de Salud Pública junto al Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología quien tiene la obligación de declarar, proponer y dictar las medidas sanitarias que se requieran tanto al gobierno como a la población. 

La calificación de epidemia no es solo un elemento discursivo, sino que tiene consecuencias en las estrategias, el alcance, el uso de recursos, la movilización interna e internacional, etc. Es por ello que el término debe ser validado (o inaugurado al menos en televisión pública) por las autoridades correspondientes.

En Cuba no se sabe con precisión cuántas enfermedades infecciosas están circulando. Esto ocurre por varios motivos, principalmente porque la recogida de datos es insuficiente y la falta de transparencia institucional no permite estudios paralelos. Sin embargo, los datos oficiales indicaron un aumento sostenido de los síndromes febriles en 68 municipios; mencionan que el dengue mantiene transmisión activa en 38 municipios, y que La Habana reportó casos en todos sus territorios, sin excepción. 

En cuanto al chikungunya, el acumulado nacional ha alcanzado los 21 681 casos, de los cuales más de 20 000 son sospechas clínicas. La enfermedad se ha extendido por 14 provincias, 93 municipios y 151 áreas de salud. La mayor carga —el 98,5 % del total— se concentra en seis provincias: Matanzas, La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara. Respecto al Oropouche, señalan que desde el 26 de septiembre no se han registrado nuevos casos, ni confirmados ni sospechosos, lo que indica una interrupción temporal de la transmisión.

No obstante, estos datos no sirven como base científica para la planificación y puesta en marcha de proyectos reales. Por poner otro ejemplo: si el Oropouche significó un problema epidemiológico de gran envergadura en un período tan reciente como en el segundo semestre del año anterior; si su estructura, su vector y su huésped, su patogenia, y su comportamiento epidemiológico es similar al resto de arbovirosis, ¿qué evidencia científica respalda la improbable teoría de la interrupción de la transmisión? Probablemente se haya dejado de diagnosticar porque el sistema sanitario cubano no cuenta con los medios para detectar, prevenir y controlar su propagación, además de la posibilidad de que las personas con síntomas no acudan a los servicios de salud. Sin embargo, y aunque parezca obvio, que no se diagnostique no significa que no esté circulando.

Según datos recopilados a partir de información del Perfil de País en la Organización Panamericana de la Salud y en la prensa estatal y no estatal, ahora mismo pueden estar circulando en Cuba disímiles enfermedades tropicales, algunas endémicas y otras novedosas: las arbovirosis en primer lugar, como el dengue, el zika, el chikungunya, el oropouche, que coexisten con influenzas y parainfluenzas, encefalitis y hepatitis (sobre todo A y C), sin olvidar las transmitidas por roedores, como la leptospirosis, ni dejar de mencionar el propio coronavirus. 

Queda por descartar otras cuya cercanía epidemiológica y similaridad se han mencionado, como el Virus del Nilo Occidental. Ello ha provocado incontables síndromes febriles inespecíficos, o sea, fiebre cuyo origen no se puede saber con certeza, pues el cuadro clínico desarrollado es apenas distinguible. Algunas de estas enfermedades se complican debido a la situación de insalubridad, la insuficiente alimentación, la falta de recursos y pueden llegar  a desarrollar meningoencefalitis, hemorragias, Síndrome de Guillain Barré y otras complicaciones, reportadas sobre todo en redes sociales.

Se añade a esta situación otras condiciones epidemiológicas graves como la interrupción de los servicios eléctricos y de agua potable, la presencia de residuos sólidos y líquidos en las cercanías de viviendas y centros de trabajo, y el reciente paso de Melissa, la tormenta tropical que arrasó con el oriente del país, catalizadores todos de la situación epidemiológica.

Por tanto, ¿se puede declarar en Cuba una emergencia sanitaria?

La experiencia internacional con las emergencias

Las Emergencias de Salud Pública de interés internacional (PHEIC por sus siglas en inglés) es la herramienta clave del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Sin embargo, el proceso de dicha reclamación ha sido históricamente lento, politizado y opaco, con retrasos significativos en la activación de mecanismos de respuesta. Hay múltiples historias al respecto: los cuatro meses que demoró la OMS en declarar la emergencia por Ébola en África Occidental que redujo significativamente la capacidad de contención temprana, un patrón repetido en la de covid-19, cuando la OMS no logró consenso inicial pese a la evidencia de propagación internacional. Estos retrasos llevan a una falsa sensación de seguridad: si la OMS no declara emergencia, los gobiernos tienden a relajar la respuesta.

Es por ello que algunos expertos proponen un sistema escalonado de alertas con criterios objetivos:

  • Nivel 1: riesgo alto en un solo país con potencial de expansión.
  • Nivel 2: importaciones múltiples con propagación limitada.
  • Nivel 3: transmisión sostenida en múltiples países.

La finalidad de declarar una emergencia a tiempo es movilizar recursos extraordinarios, utilizar las fuerzas militares, activar y canalizar la cooperación internacional, evitar daños sociales y económicos mayores y calcular la dimensión y la gravedad de la situación. Además, obliga a reorganizar la fuerza de trabajo sanitaria, tomar control temporal de la logística y las instituciones, limitar movimientos, abrir hospitales de campaña o suspender actividades escolares y laborales.

Pero también implican riesgos: limitación de libertades civiles, potencial arbitrariedad, decisiones sin control democrático y uso político del estado de emergencia, además del daño económico que ocasionaría un cierre de fronteras o similares decisiones.

Cuando la escala global aterriza en los territorios nacionales, las autoridades internacionales regulan las emergencias sanitarias de sus estados miembro, siempre priorizando los intereses y la legislación de cada país soberano.

No existe un único umbral numérico, pero la OMS suele basarse en tres criterios:

  • Gravedad: Cuando hay riesgo elevado para la salud colectiva, aumento inusual de casos, o presencia simultánea de varias enfermedades transmisibles.
  • Extensión geográfica: Cuando la transmisión se documenta en múltiples provincias o territorios.
  • Capacidad de respuesta superada: Cuando los sistemas de vigilancia, diagnóstico, atención o control vectorial no pueden manejar la situación.

Como es evidente en la situación actual, Cuba cumple con los tres criterios.

Lo que dice la ley cubana

El marco jurídico cubano en materia de salud pública establece, desde las Disposiciones Preliminares de la Ley, que el sistema sanitario debe garantizar el derecho a la salud mediante servicios gratuitos, integrales y de calidad, sustentados en esfuerzos intersectoriales entre la sociedad y el Estado y asegurados por la responsabilidad estatal en la provisión de recursos humanos y materiales . 

La Ley declara que estos servicios deben prestarse con dignidad, equidad y sin discriminación (Art. 4), y sitúa al MINSAP como órgano rector del Sistema Nacional de Salud, cuyas disposiciones se interpretan conforme a la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Cuba (Art. 6). A ello se suma que el MINSAP desarrolla el Sistema de Vigilancia en Salud, encargado de captar y analizar información para alertar y asistir a autoridades sanitarias y gubernamentales (Art. 33), en coordinación con una red local y nacional que permite tomar decisiones basadas en la evolución de los eventos de interés sanitario. 

Asimismo, el Ministerio regula el ejercicio profesional, garantiza la presencia de personal en territorios que lo requieran (Art. 49), y determina la planificación económica, la distribución de recursos y el encadenamiento productivo del Sistema (Arts. 60–62).

En el ámbito específico de la Higiene, Epidemiología y Microbiología, la Ley otorga al MINSAP la responsabilidad de establecer regulaciones científicas, técnicas y metodológicas para la promoción, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como para la atención de situaciones de emergencia epidemiológica o sanitaria (Art. 67). 

Finalmente, la Sección Segunda «De la situación de emergencia epidemiológica» define que, ante epidemias, pandemias o eventos graves, el MINSAP es la autoridad encargada de dictar las medidas sanitarias necesarias, de cumplimiento obligatorio para toda la población (Art. 71); y, cuando exista una amenaza grave e inmediata para la salud pública —con potencial de convertirse en evento de importancia nacional o internacional— debe además establecer controles sanitarios internacionales, reorganizar los servicios y ejecutar las misiones definidas por el Estado (Art. 71.2).

En tales circunstancias, el ministro de Salud Pública tiene la obligación de informar y proponer al gobierno las intervenciones sanitarias requeridas, guiadas por principios éticos y regulatorios y considerando el balance riesgo-beneficio para individuos, grupos y sociedad (Art. 72).

¿Por qué es importante llamarlo por su nombre, emergencia sanitaria?

Dado que el marco regulatorio nacional e internacional lo permite, que la situación actual sea declarada «emergencia sanitaria» facilitaría procedimientos fundamentales: 

  • Movilizar y estimular la cooperación internacional, usar recursos económicos extraordinarios (como  emplear los hoteles como albergues, y los institutos o escuelas como hospitales).
  • Priorizar los productos biofarmacéuticos para mitigar las consecuencias de las infecciones circulantes y garantizar el cuadro básico de medicamentos
  • Permitir las donaciones de privados.
  • Movilizar al ejército para la recogida de residuos sólidos urbanos.

Y, en mi criterio lo más importante: pedir ayuda técnica y científica a consultoras internacionales, a la OPS, OMS y otras instituciones similares como GAVI, los centros para el Control y la prevención de enfermedades (CDC), La Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) y, si fuera políticamente viable, a gobiernos extranjeros con recursos y experiencia en el manejo de epidemias. 

Por otro lado, en el caso cubano, la limitaciones en el suministro y la falta de recursos indica que la mejor solución a corto plazo son las donaciones.

El espíritu de las regulaciones para emergencias descansa, en esencia, sobre tres criterios que permiten suspender los procesos ordinarios: que la situación sea verdaderamente apremiante, que el daño previsto o potencial tenga dimensiones calamitosas y que dicho daño no pueda evitarse mediante los mecanismos institucionales habituales.

Las facultades extraordinarias que se activan en un escenario de emergencia pueden parecer desmesuradas, pero responden a una lógica muy concreta: cuando la situación es tan apremiante que amenaza con volverse catastrófica y cuando ese daño no puede detenerse a través de los procedimientos ordinarios, el Estado asume poderes que alteran la normalidad jurídica. El espíritu de estas leyes parte de esa premisa: hay momentos en los que la urgencia pesa más que valores que, en tiempos normales, consideramos intocables. No se trata de ignorarlos, sino de admitir que ante riesgos graves e inminentes, la protección colectiva puede exigir una suspensión temporal de esas garantías.

Dentro de esos marcos excepcionales, los gobiernos pueden asumir atribuciones que van desde actuar como comandancia militar hasta suspender leyes que rigen el funcionamiento ordinario del Estado. Se les permite movilizar todos los recursos gubernamentales disponibles, utilizar propiedades privadas y públicas, controlar el movimiento de personas, especialmente en procesos de evacuación o en zonas afectadas. También pueden desplegar fondos de emergencia o contingencia, aunque el poder legislativo mantenga, en condiciones democráticas saludables, su papel en las decisiones a tomar. Además, las declaraciones de emergencia tienen un efecto político y diplomático propio: generan atención pública, rompen bloqueos legislativos y permiten avanzar medidas que, bajo la presión de intereses particulares o la inercia institucional, habrían quedado paralizadas.

Es por ello que la declaración de una emergencia sanitaria en Cuba es más que viable, pero queda frenada sobre todo por intereses políticos que, en mi criterio, descansan en dos causas fundamentales: no movilizar recursos privados (o cuasiprivados (como los de las sociedades anónimas) para su resolución y no mostrarse vulnerable ante las autoridades sanitarias, la prensa extranjera, la diplomacia. Igualmente influye el temor de afectar el flujo turístico, uno de los renglones que se asume como prioritario por las políticas económicas, a pesar de sus bajos números. 

Es importante aclarar que no solo necesita ser una enfermedad letal para declarar dicha situación; ello comprende incluso desastres naturales y actos terroristas, o sea, cualquier cosa que dañe críticamente la salud y el bienestar del pueblo y que supere las capacidades de resolución del gobierno. 

Lo que ocurre hoy en Cuba no es solo una crisis sanitaria, sino una pieza más del engranaje de la policrisis que amenaza cualquier ápice de calidad de vida del país y su gente.  Las epidemias —las visibles y las no tanto— han terminado por erosionar la ficción que durante décadas ha sostenido el discurso oficial cubano sobre la calidad del sistema sanitario y el cuidado que en ello pone el gobierno. Reconocer la emergencia sería una acción de responsabilidad que ampliaría la percepción de la población sobre el riesgo real al que está expuesta, y que abriría la puerta a la ayuda internacional. Lo peor, sin dudas, nada indica que las medidas a largo plazo tampoco están tomadas, y como lleva varios años ocurriendo, especialmente después de la pandemia de covid, los brotes infecciosos y las crisis sanitarias ocurrirán cada año, más o menos en momentos similares, como indica la evidencia científica internacional, más allá de que el gobierno decida reconocerlas o no.  

Sin disenso no hay salida a la crisis

5
disenso
Imagen generada con inteligencia artificial

En cualquier sociedad el disenso cumple la función de señalar problemas, cuestionar decisiones políticas y hacer rendir cuentas a quienes están en el poder. En el caso de Cuba, donde la gestión de una crisis económica y social prolongada exige revisar decisiones, corregir errores y abrir canales de participación, tratar la crítica como una amenaza en lugar de asumirla como un derecho ciudadano legítimo solo puede agravar las tensiones existentes.

La Constitución de 2019 establece que «el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Asimismo, afirma que «toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso», y por tanto no puede «ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido». Igualmente, admite que «las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional».

Sin embargo, la distancia entre ese marco constitucional y el ejercicio cotidiano  es considerable. En la práctica, se ha desarrollado un uso expansivo y discrecional de determinadas figuras penales y administrativas —como la «desobediencia» y las regulaciones vinculadas al supuesto interés de seguridad nacional— que habilitan la sanción de conductas que, en sí mismas, forman parte del ejercicio legítimo de derechos. Los casos del emprendedor William Sosa, recientemente detenido, o del historiador Alexander Hall, impedido de salir del país, confirman estas afirmaciones. 

Igualmente ha sido sumamente cuestionable la manera en que se ha abordado el trabajo del medio no estatal elToque y su vínculo con colaboradores y emprendedores en la Isla. Desde un punto de vista democrático, tanto un medio de comunicación tiene derecho a cuestionar la gestión de un gobierno, como un gobierno a señalar los elementos de la agenda de un medio que le resulten injerencistas o manipuladores. 

Ahora bien, las acciones legales contra un medio de comunicación proceden únicamente cuando la publicación incurre en conductas tipificadas en la ley, como la difusión de información falsa que cause un daño verificable, actos de difamación, o la vulneración de otros derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente. En algunos países, también puede considerarse ilegal la recepción o utilización de fondos provenientes de gobiernos extranjeros enemigos destinados a influir en procesos políticos internos, incluidos programas de cambio de régimen.

No obstante, para que dichos mecanismos operen con legitimidad y eficacia, es imprescindible la existencia de un Estado de derecho con un marco legal claro, coherente y garantista que proteja la libertad de expresión y de prensa, incluyendo el ejercicio del periodismo independiente y no solo el de los medios estatales o públicos. La ausencia de ese marco —que el Estado cubano ha evitado establecer— limita la posibilidad de que los ciudadanos y los propios medios accedan a recursos legales efectivos y a un entorno de libertad informativa real.

Por tanto, criminalizar públicamente a todo un equipo bajo figuras como «terrorismo mediático», con nula sustentación en tratados internacionales, resulta más una respuesta policial a una situación política, y un intento de asesinato de reputación, que un cuestionamiento legítimo a la agenda de un medio. 

Por otro lado, resulta clave distinguir entre criticar al gobierno y criticar al país, una diferencia que con frecuencia se ha desdibujado en el discurso político cubano. Cuestionar decisiones concretas, señalar errores de gestión o exigir cambios en políticas públicas no equivale a atacar a la nación ni a desearle un mal a Cuba; por el contrario, muchas de esas críticas parten precisamente de la preocupación por el bienestar colectivo y la defensa del interés nacional. 

El problema no es la existencia de tipos penales dirigidos a conductas realmente dañinas, sino la elasticidad con que pueden interpretarse cuando lo que está en juego es la expresión de inconformidad frente a decisiones de gobierno, críticas a dirigentes u organización ciudadana con fines pacíficos. 

Es importante subrayar que las limitaciones a la libertad de expresión por razones de interés público no son un fenómeno exclusivo de Cuba. En diversos ordenamientos jurídicos se sanciona, por ejemplo, la revelación de secretos de Estado que puedan poner en riesgo operaciones de seguridad, o la incitación al odio y a la violencia contra determinados grupos. 

Sin embargo, estas restricciones deben estar reguladas con reglas claras, y su aplicación debe estar regida por un debido proceso. En cambio, cuando de manera recurrente se invocan razones de «seguridad nacional» para restringir o castigar expresiones de descontento ciudadano que no llaman a la violencia ni encubren actividades delictivas, se evidencian varias problemáticas asociadas a esta distorsión. 

Por una parte, se limita un derecho ciudadano legítimo y esencial para la fiscalización del poder público. Por otra, se banaliza y vulgariza el propio concepto de seguridad nacional, que pasa a asociarse menos con la protección de la soberanía y la integridad del país, y más con la protección política de determinadas decisiones o figuras del aparato burocrático. Dejar que la categoría de «seguridad nacional» se convierta en un comodín para deslegitimar cualquier crítica termina erosionando la confianza de la ciudadanía en la seriedad de las instituciones que deben velar por esta.

La política de hostilidad y agresión de un gobierno extranjero tampoco puede utilizarse como un cheque en blanco eterno para castigar el disenso interno. Que exista un contexto externo adverso no elimina la responsabilidad de la dirigencia nacional en la gestión de la economía, los servicios públicos, la protección social o la transparencia. 

Hoy Cuba atraviesa una crisis multidimensional, con efectos visibles en la escasez de alimentos y medicamentos, la recurrencia de apagones, la inestabilidad de los servicios públicos y un deterioro perceptible de la calidad de vida. Ante esta realidad, no se le puede pedir a un pueblo que sufre cotidianamente dichas carencias que no confronte a quienes tienen el mandato legal y político de buscar soluciones. Pretender silenciar esa confrontación no elimina las causas del malestar, ni hace que quienes las padecen se olviden de ellas.

La criminalización del disenso tiene además consecuencias profundas sobre la dinámica política y social. Una de ellas es el aumento del extremismo reactivo y de la polarización. Cuando las vías moderadas de expresión y participación están bloqueadas, cobra fuerza la percepción de que solo las posiciones más radicalizadas son capaces de romper el cerco. 

Otra consecuencia es la deslegitimación gradual de las propias instituciones: si se percibe que estas responden con castigo ante los señalamientos, pero no con correcciones o rendición de cuentas, se debilita la idea de que el cambio y las reformas son posibles dentro del marco existente. 

Por otro lado, eliminar la función política del disenso público como mecanismo para hacer rendir cuentas a los decisores es caldo de cultivo para que estos tomen medidas sin pensar en el efecto ciudadano de estas, o que quienes ostentan el poder lo utilicen impunemente a su favor. 

Un ejemplo claro puede verse en el exministro de economía Alejandro Gil. Durante años, distintos actores —economistas, periodistas, ciudadanos— advirtieron en redes sociales y medios no estatales sobre los riesgos y efectos de determinadas decisiones económicas tomadas bajo su mandato, que incidían en el deterioro de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, esas críticas eran desestimadas o tachadas de estar alineadas a «agendas enemigas». Solo cuando las propias instancias oficiales hicieron públicas investigaciones y acusaciones por presuntos delitos y errores de gestión se reconoció que existían problemas graves en la conducción económica. 

Por tanto, incluso desde una perspectiva de preservación de hegemonía, la clausura del disenso es contraproducente. Ningún proyecto político puede sostenerse eternamente solo mediante la coerción y la disciplina, especialmente en contextos de crisis prolongada. La legitimidad se renueva en la capacidad de incorporar críticas, corregir decisiones fallidas y abrir espacios donde las personas sientan que pueden hablar sin temor a represalias. Cuando, en lugar de eso, las contradicciones naturales de cualquier sociedad se responden con criminalización o castigo, no solo se daña a quienes disienten, sino se mina la base de consenso que requiere cualquier Estado para reproducirse.

Por tanto, resulta esencial que sean abiertos y seguros los espacios ciudadanos para señalar lo mal hecho, proponer soluciones y confrontar —de forma pacífica y respetuosa— a quienes desde posiciones de poder obstaculizan esas soluciones. Ello implica revisar el uso expansivo de figuras penales y administrativas sobre conductas que deberían estar protegidas por la libertad de expresión y de manifestación; asegurar que las limitaciones a las libertades  respondan a criterios de necesidad y proporcionalidad, y no a la voluntad de castigar el disenso; y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para que la crítica no sea percibida como amenaza, sino como un componente normal de la vida pública.

El disenso es un elemento básico en cualquier proyecto que aspire a ser democrático, inclusivo y sostenible. Permite controlar la burocracia, visibilizar errores, corregir rumbos y evitar que decisiones adoptadas desde el poder se alejen por completo del bienestar ciudadano. La criminalización de este derecho no solo vulnera lo reconocido en la propia Constitución, sino que también agrava la crisis al cerrar vías de diálogo y de reforma. Que las personas no puedan expresar el descontento no hará que dejen de sentirlo. 

La solución no es punitivista, es política, y pasa por reconocer el papel imprescindible de la crítica, y garantizar mecanismos seguros para que la ciudadanía pueda ejercerla sin miedo ni castigo. Por tanto, solo en un contexto de garantías reales para el disenso será posible que las distintas voces de la sociedad aporten a la salida de la crisis. Por el contrario, seguir por el camino de la criminalización se aleja de cualquier solución pacífica al conflicto, que lejos de mermar, crece con cada persona impedida de su legítimo derecho a no estar de acuerdo.

Un país que se va

7

Cuba emigra y no es noticia. La emigración ha terminado por ser un hilo invisible que une a la Giraldilla de La Habana con el Versailles de Miami, el Metro de Madrid, y el Zócalo de México. Cuba a veces emigra, a veces se exilia; dos palabras que conviven con naturalidad en otras orillas, aunque la semántica oficial todavía persista en omitirlo.

La emigración —o el exilio, según quien lo pronuncie— es la gran paradoja de una Revolución que se erigió en nombre del pueblo. Los millones que han abandonado la Isla, votando con los pies o con los remos, son los mismos que ahora ayudan a sostener la economía de muchos hogares. Un país que durante décadas exportó azúcar, tabaco y médicos depende hoy en gran medida de las remesas enviadas incluso por aquellos que escucharon el «no los queremos, no los necesitamos».

Desde 1959 ha existido una división entre «los que se fueron» y «los que se quedaron», entre «los de allá» y «los de aquí», pero partir hacia un nuevo destino, sea en busca de oportunidades o por disentir de un gobierno o sistema político, no rompe el vínculo de una persona con su tierra de origen.

La deuda moral con los de fuera

La relación del gobierno cubano con su población de otras orillas sigue siendo una gran asignatura pendiente, entre tantas. Desde el oficialismo, durante décadas, el emigrado ha sido visto con una mezcla de recelo y utilidad: sospechoso ideológico, pero fuente inagotable de divisas.

El emigrado cubano debe pagar tasas consulares abusivas, pasaportes a precios de lujo, y trámites lentos y humillantemente onerosos. Envía dinero, medicamentos, y comida; pero su opinión, en realidad, no es bienvenida. Incluso fuera del territorio nacional, el cubano continúa siendo sujeto de un sistema que se resiste a reconocerle como ciudadano pleno. Una vez que el cubano establece residencia en el exterior, su entrada en el país queda sujeta a la decisión arbitraria de un funcionario anónimo, y pierde los limitados derechos electorales que mantienen los ciudadanos residentes en Cuba. Sin embargo, no es extraño que un emigrado descubra en otras tierras que su voto sí tiene consecuencias y aprenda a utilizarlo como algo más que una formalidad.

Es justo admitir que, en los últimos años, el Gobierno ha hecho ciertos gestos hacia su diáspora: flexibilizaciones consulares, discursos más conciliadores y encuentros simbólicos. Pero esos gestos, aunque mediáticamente amplificados en los medios oficialistas, no modifican la sustancia.

El espejismo de la normalización

Por mucho tiempo, los diplomáticos cubanos han repetido el mantra de la normalización con Washington. Pero ese discurso olvida una verdad elemental: no podrá haber normalización real mientras la política exterior cubana no normalice primero su relación con los cubanos en otras orillas. Este teorema político lo demuestra el Partido Republicano en cada elección. Independientemente de que guste o no, los cubanos de Miami, Kentucky, o Houston serán invariablemente sujetos de referencia en la política exterior de los Estados Unidos hacia la Isla, ya sea por deferencia o por intereses electorales.

La decisión intrépida de Barack Obama en el 2014 dio sus frutos en un tiempo limitado. Durante unos años, cientos de exiliados hicieron las paces con quienes en alguna ocasión le lanzaron huevos al grito de traidores. Pero esta política necesitó trabajo de campo; no olvidemos que, tras anunciar su decisión, Obama viajó posteriormente a Miami en múltiples ocasiones para explicar y convencer a los cubanoamericanos —votantes suyos, por cierto— sobre su política conciliatoria. 

Esta clase elemental de política no se enseña en la Ñico López, por tanto, los representantes del Estado cubano nunca han articulado un discurso que logre convencer a los emigrados sobre la necesidad de apoyar un engagement. Y cuando hablo de los emigrados me estoy refiriendo a una comunidad mucho más diversa y compleja que la mostrada en las reuniones de Nación y Emigración. Igualmente, bastó una crisis como la del 11 de julio, para que se culpase desde el Palacio de la Revolución a miembros de esa comunidad de “orquestar” las protestas desde afuera, en lugar de analizar los problemas internos que las estimularon.

Por otro lado, uno de los principales errores del “exilio histórico” en Miami ha sido apoyar actos de terrorismo realizados por los elementos más radicales de esa comunidad y su alianza con servicios de inteligencia extranjeros. No discuto el derecho de los emigrados de influir en la política exterior de su nueva ciudadanía, pero apoyar actos violentos cruza una raya difícil de justificar. De igual manera, resulta poco creíble demandar cambios democráticos en Cuba, cuando en la otra orilla se apoya el desmantelamiento del Estado de Derecho y los sueños húmedos de aspirantes a dictadores.

Para el MINREX, Estados Unidos no es solo un adversario político; es también el epicentro de una diáspora poderosa y políticamente articulada. Ninguna política exterior cubana, por audaz y novedosa que sea, podrá prosperar si sigue ignorando a ese actor que con su músculo hoy influye en campañas presidenciales, y define, en gran parte, la imagen de Cuba ante el mundo.

Por demás, al otro lado del Atlántico, en esa segunda capital de la diáspora que es Madrid, ésta también aprende a articularse alrededor de la derecha española de Ayuso, Feijóo, Monasterio y Abascal, y aspira a dominar la política exterior de los peninsulares hacia los criollos una vez se apague el fuego de ese Ave Fénix de la política española que es Pedro Sánchez.

Reconciliarse con sus ciudadanos de ultramar no garantiza una relación diplomática estable con Washington o Madrid, pero constituye un paso muy importante para lograrlo. Esta teoría, sin embargo, parece incomodar en el Palacio de la Revolución. Al Buró Político le cuesta admitir que el país más importante para la política exterior de Cuba no es Estados Unidos, sino la Cuba que vive en Estados Unidos; y pronto, como van las cosas, también le costará admitirlo con España.

El exilio como espejo

La emigración cubana no es homogénea. Hay quien se fue buscando libertad, hay quien se fue buscando leche en polvo. Hay quienes levantan empresas en la Florida, y quienes limpian mesas en un restaurante de Houston. Ambas maneras igual de dignas. Pero todos, o casi todos los ciudadanos de ultramar, comparten la sensación de que vieron en marcharse su realización personal.

En ese contexto, sorprende la ausencia de una política que ampare a los cubanos emigrados, principalmente aquellos que se encuentran en tránsito. No existe —al menos públicamente, salvo casos muy puntuales— una red de asistencia, ni un sistema de información, ni protocolos de apoyo consular. Por tanto, ahora, en tiempos de deportaciones y crisis migratorias, los ciudadanos quedan en una especie de limbo. Por un lado, el país de origen apenas los reconoce, o lo hace a regañadientes, salvo para recaudar aranceles consulares, y por otro, el país de tránsito o de destino no los acoge. Entonces el cubano se convierte en el sujeto de un peloteo diplomático entre La Habana, Panamá, Bahamas, Managua, Tapachula, o Laredo.

De hecho, en demasiadas ocasiones muchos cubanos han sido convertidos en apátridas de facto. Hay ejemplos de ciudadanos cubanos que no pueden regresar a su país, aun cuando lo deseen, por la decisión arbitraria de un funcionario en La Habana. En los Estados Unidos, aun cuando muchos de nuestros ciudadanos están sujetos a una campaña de deportación o sin  documentos vigentes, el consulado cubano no tiene una red de representación consular honoraria que extienda sus funciones a lo largo del país norteño, o al menos una página web actualizada con información sobre la protección a sus ciudadanos. No es tan difícil seguir el ejemplo de México, o Colombia, por solo mencionar dos casos. Por hacer una propuesta, el MINREX incluso bien pudiera publicar en su sitio web información útil para aquellos cubanos que son objeto de trata de personas o violencia en el exterior, sobre todo violencia sexual. El gobierno cubano, que tanto se enorgullece de acciones humanistas, necesita de más políticas humanitarias hacia los suyos.

El país que se queda

Mientras tanto, Cuba se vacía. Cada vuelo hacia Managua, cada balsa improvisada, cada solicitud de refugio en México, Moscú o Madrid, aunque se disfrace de viaje familiar, en realidad oculta —en su gran mayoría— un voto de decepción con el proyecto de país que nunca llegó. Mi generación, la de finales de los 80, creció en una crisis económica que, tras más de tres décadas, mantiene las mismas causas y poco se ha hecho para enfrentarlas definitivamente; y en esa generación que intentó hacer la Revolución, muchos de sus miembros sobreviven gracias a las ayudas de los hijos y nietos que un día repudiaron, en términos prácticos, el proyecto fracasado.

En la Cuba de hoy hay más expertos en trámites migratorios que en derecho electoral o ingeniería agrónoma. El pasaporte, ese caro librito azul, se ha convertido en una fuente de esperanza más valiosa que el título universitario; y en cada familia hay alguien que partió, alguien que planea partir o alguien que sueña con poder hacerlo. La emigración cubana, con sus varias olas, es un éxodo colectivo y sostenido. La respuesta de los funcionarios cubanos es, como siempre, echar mano al consabido catalejo; pero bien poco le importa a un cubano las causas de otro latinoamericano para emigrar. Sus esperanzas y anhelos no los encuentra en la tierra que le vio nacer, y está dispuesto a cruzar un puente que sabe será quemado desde la otra orilla porque no podrá regresar.

Sin embargo, lo más triste es que la Revolución en el poder, que sepamos, hasta ahora no conoce, o no se esfuerza en conocer, cuántos de los suyos yacen en el Estrecho de la Florida o en la Selva del Darién. Justo es, para esas madres que lloran a sus hijos sin una tumba, crear mecanismos que les permitan conocer qué ha pasado con ellos.

El camino por tomar

El Gobierno cubano tiene ante sí varias avenidas para resolver —o al menos atenuar— la encrucijada que mantiene con su emigración. La primera, y quizás más simbólica, pasa por transformar su servicio consular en algo más que una ventanilla burocrática.

No basta con la cortesía formal —virtud que muchos funcionarios practican—; hace falta un mandato político claro, una voluntad, un discurso que emane desde los niveles más altos del Estado, capaz de entender que cada trámite es también un gesto de reconciliación con sus hermanos de otras orillas.

La segunda avenida, más práctica y menos sentimental, apunta a la economía. El Gobierno debe reconocer, sin titubeos ni pretextos ideológicos, el derecho de los cubanos residentes en el exterior a invertir en su país, más allá del uso de testaferros o la mera importación y reventa de alimentos y artículos de consumo. Sin distinciones de fecha o razones de partida, el gobierno debe ofrecer garantías jurídicas y financieras con estándares internacionales; hacer que el embargo o bloqueo (cada cual que le llame como mejor le plazca) tenga un costo de oportunidad tan alto que sea imposible justificar su existencia.

La diáspora es capital humano, financiero y moral que los líderes de Palacio no pueden seguir despreciando por orgullo, desconfianza o celos de poder. No hay mejor inversor que sus semejantes en otras orillas. Ellos conocen la realidad, conservan la lengua, mantienen vínculos afectivos y culturales con toda la Isla desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí. En un momento en que el interés extranjero para invertir en Cuba es escaso, abrir esa puerta podría ser una tabla de salvación para un pueblo ya de por sí con hambre de alimentos y de esperanzas; y si para ello el Buró Político debe ceder cuotas de poder, más valdría hacerlo ahora, mientras aún quede algo que administrar.

Finalmente, la tercera avenida, quizá la más profunda, es de orden moral y jurídico: reconocer el derecho automático, universal, inalienable, de todo cubano a regresar a su país. Ninguna reconciliación será posible mientras el retorno siga dependiendo del permiso de un burócrata o seguroso. Ninguna nación puede considerarse completa si veta la entrada a sus propios hijos.

Epílogo

Quizás algún día, cuando el país se atreva a hablar sin miramientos, se reconozca que el mayor error histórico de la Revolución no fue perder la comunicación con Washington o posiblemente Madrid, sino con sus propios hijos. Porque ningún gobierno que depende de su diáspora para sobrevivir puede seguir tratándola como un hostil. Y ningún pueblo que se ve obligado a marcharse puede llamarse, sin ironía, soberano.