Para una obra de justa reparación histórica

Las obras para la realización del monumento a José Miguel Gómez fueron inauguradas el 18 de mayo de 1936 por su hijo Miguel Mariano Gómez dos días antes de su mandato presidencial, con fondos recaudados a través de una suscripción popular per cápita de 18 ctvs., de acuerdo a la magnitud de la población habanera de la época.

De igual forma, varios diarios antirracistas denunciaron la perpetuación escultórica a la memoria de una figura contradictoria en la historia nacional, pues ordenó la masacre del Partido Independiente de Color en 1912, una organización que contaba con importante presencia de antiguos combatientes independentistas. La responsabilidad del general-presidente en estos hechos, es análoga a la de otros militares que desempeñaron un papel activo en la aniquilación, como fueron José de Jesús Monteagudo, Arsenio Ortiz y José Francisco Martí Zayas-Bazán, quienes, tras la masacre, resultaron eximidos de toda responsabilidad judicial.

La derrota sobre los independientes de color fue celebrada en la capital con un banquete público en el que participaron importantes figuras de la burguesía cubana, con el consentimiento de la vanguardia negra, cuyos exponentes se desligaron de toda responsabilidad con el alzamiento. Es necesario apuntar que en ello influyó la narrativa de los medios de comunicación, que sembraron la matriz de opinión en torno a los alzados como sujetos «vulgares», «racistas», «apátridas», «anexionistas» y «salvajes», que constituían un peligro para «la democracia y la civilización» (moderna/occidental).

Esa injusta clasificación fue validada por representantes de la elite afrocubana, la cual asumió un paradigma liberal como referente en el orden social, que mantenía en condiciones de exclusión política, relegación y marginación económica a la mayoría de la población afrodescendiente.

En consecuencia, las personas negras debieron enfrentar los desafíos de la segregación racial en establecimientos públicos, plazas, parques, playas y empleos institucionales o comerciales durante el período considerado por algunos historiadores como «primera república». Esta etapa se caracterizó por su carácter oligárquico y caudillista en el ejercicio del poder contra los sectores desposeídos, aunque las demandas de estos últimos, en gran medida, serían acogidas en el marco de ampliación democrática posterior al proceso revolucionario de los años treinta, aun sin que se materializaran plenamente.

Con el triunfo revolucionario, en enero de 1959, se avizoraba un futuro promisorio para los sectores humildes, excluidos entre 1902-1958 del proyecto político de la burguesía local en alianza con el capital extranjero. Si bien dichos estratos habían sido protagonistas en la consagración transformadora, y se convirtieron en centro de la retórica reivindicativa del liderazgo ascendente, gran parte de sus demandas, derechos políticos, autonomía grupal y reivindicación económica quedarían nuevamente relegados bajo la autoridad del aparato gubernamental.

Durante décadas, en la narrativa del discurso político y los distintos niveles de enseñanza, predominó la percepción de que el pasado republicano fue una etapa imbuida de los más denigrantes valores sociales, alimentados bajo un manto de calificativos que imposibilitaban la realización de un análisis objetivo, estructural y sistémico de dicho proceso.

En el apuntalamiento de tales imaginarios, en marcos académicos se difundió una serie de etiquetas para distinguir a esa etapa: pseudorrepública, república mediatizada, república entreguista, entre otros cuyo empleo se encuentra en desuso por los cientistas sociales, pues su intención era exaltar al proceso revolucionario y denigrar el pasado político, restando así objetividad al análisis histórico.

Ese conjunto de calificaciones motivó a nivel inconsciente un imaginario negativo sobre la totalidad del período poscolonial, sin un balance analítico en los medios de comunicación que problematizaran en torno a la referida etapa y sus principales protagonistas en su justa magnitud. Dicha práctica ha estado acompañada por el silencio respecto a hechos de trascendencia para los sectores marginados en los distintos proyectos de liberación nacional. Igual suerte han tenido numerosos políticos del pasado republicano, debido a razones asociadas con la corrupción, el tráfico de influencias, la profundización del subdesarrollo y la dependencia político-económica de la Isla hacia los Estados Unidos.

La restauración de los símbolos republicanos vs la pobreza de los sectores populares en la Cuba posrevolucionaria

El 10 de septiembre de 2022, sin embargo, fue reinaugurado en La Habana el monumento al general José Miguel Gómez, emplazado en la avenida de los presidentes, en la barriada capitalina del Vedado. Esta obra arquitectónica, deslumbrante debido a su esbeltez y belleza estética, había sido recolocada en dicho espacio urbanístico a finales de la década del noventa por la Oficina del Historiador de la Ciudad, encabezada por Eusebio Leal Spengler.

Tal decisión se produjo en un contexto en que se invertían cuantiosas sumas como parte de la preservación y rescate del patrimonio. Una de las disposiciones en ese sentido fue devolver a su lugar de origen la efigie del líder villareño, derribada por la población ante la vorágine que significara la victoria de 1959.

En aquel momento, las estatuas de otros presidentes, como Tomás Estrada Palma y Alfredo Zayas Alfonso, resultaron igualmente demolidas por la euforia de las masas, que las identificaba cual símbolos de un pasado lamentable por lo que representaban en materia de relegación social y económica. Sin embargo, las de los otros mandatarios no gozaron de igual suerte en los recientes planes de conservación estipulados por las autoridades encargadas de resguardar la memoria.

Han sido numerosos los activistas, académicos, artistas e intelectuales negros/as que han discutido sobre la procedencia de suprimir las manifestaciones simbólicas del racismo y el pasado colonial. La legitimidad de ese acto se sustenta en las acciones llevadas a cabo en otros países contra aquellos dispositivos que actúan como reflejos en las masas de la neocolonización, la dominación imperial o cultural hacia determinados grupos sociales relegados.

No obstante, en Cuba persiste la invisibilización mediática en torno al predominio del racismo estructural, el sostenimiento de una parte importante de la población negra en condiciones de pobreza, la carencia de un marco legal adecuado para el asociacionismo afrodescendiente, la supremacía económica de personas blancas en las principales actividades lucrativas, las barreras socioculturales para la extensión de valores que refuercen los rasgos de identidad ancestrales, así como la marginación, en las páginas de la historia, de líderes y lideresas negros/as de proyección antirracista. Ese conjunto de factores, entre otros que podrían enunciarse, atentan contra el despliegue de condiciones que proyecten el imaginario de una sociedad posracial.

Todo ello posibilita que los patrones discriminatorios se reproduzcan a nivel social, al tiempo que esos postulados resultan de difícil identificación por quienes padecen sus efectos, que es además un sector con déficits en materia de instrucción y consiguientes dificultades para el acceso a la educación superior debido a razones socioeconómicas e históricas, según han certificado investigaciones de especialistas como Mayra Espina, María del Carmen Zabala, Yulexis Almeida Junco y Rosa Campoalegre.

La violencia epistémica que las clases dominantes han ejercido contra las comunidades negras en la represión de su identidad, apropiación cultural y/o marginación de saberes, explican por qué los aparatos simbólicos de opresión pasen inadvertidos ante sus problemáticas cotidianas. En este contexto, caracterizado por una profundización de la crisis económico-social, son escandalosas las millonarias inversiones hacia la industria hotelera, el embellecimiento de la monumentalidad patrimonial o la restauración de emblemas coloniales.

Ellas contrastan con la ausencia de políticas públicas dirigidas a dignificar espacios habitacionales empobrecidos —en los que existe presencia notable de personas negras—, así como con la falta de voluntad para el desembolso de sumas encaminadas a materializar formas de gestión empresarial que tengan por propósito la generación de riquezas de forma colectiva y sustentable, en medio de un escenario de inseguridad alimentaria y aumento de la vulnerabilidad económica.

La restauración de numerosos símbolos republicanos —el monumento a José Miguel Gómez, el Capitolio Nacional, el Palacio Presidencial—, así como la realización de megaproyectos constructivos con fines de explotación turística, como 23 y K, 1ra y 70, Packard, Paseo del Prado y Manzana de Gómez, por solo citar algunos; resultan contradictorios ante los escasos recursos destinados a potenciar espacios urbanísticos precarizados, en los que existe sobrerrepresentación de personas negras. Dicha práctica política reproduce el esquema de acumulación de las élites y oligarquías tradicionales, en detrimento de un modelo económico socializador del bienestar, el poder y la equidad como paradigmas de justicia social.

De igual forma, resulta evidente la postergación de ámbitos dedicados a reivindicar la memoria de los afrodescendientes que participaron en las gestas emancipatorias, cuya narrativa se maneja en los tópicos del nacionalismo, pero sin incluir sus pronunciamientos y/o actitudes frente al racismo de la época. En idéntico estatus se encuentra la población afrocubana que desempeñó un papel relevante en la lucha por el abolicionismo y contra el racismo sistémico, como fueron las víctimas de la esclavitud, la Conspiración de Aponte (1812), la Conspiración de la Escalera (1844) o los miembros del Partido Independiente de Color (1912).

En cambio, figuras que se distinguieron por sus prácticas excluyentes contra la población negra poseen múltiples sitios dedicados a la exaltación de su legado, como son los casos del ex presidente José Miguel Gómez, o el senador Martín Morúa Delgado, cuya enmienda sirvió de instrumento jurídico para ilegalizar al PIC y como herramienta de la clase política dominante para respaldar la masacre. De igual forma Alejandro Rodríguez, primer alcalde de La Habana, cuenta con un imponente monumento en la intersección de las avenidas Línea y Paseo. El referido político tomó partido de forma directa en los acontecimientos que provocaron la muerte del general Quintín Bandera durante el alzamiento de 1906 ante el intento de reelección fraudulenta de Tomás Estrada Palma, hechos bautizados como guerrita de agosto.

La memoria de los abolicionistas, esclavizados, independientes de color y pensadores antirracistas, ha quedado relegada debido a la persistencia de un esquema colonial. El mismo ha sido trazado por los escritores de la historiografía hegemónica, así como por las autoridades políticas e institucionales que asignan grandes sumas a la inversión hotelera y la restauración de monumentos de ese tipo, mientras se agudiza la precariedad de las clases populares y se invisibiliza la memoria de las/os afrocubanas/os, que padecen, al decir de Gustavo Urrutia, las consecuencias del «plusdolor» como resultado del fenómeno racial que atraviesa su existencia.

Desde 1961 el intelectual marxista Walterio Carbonell, en su libro Crítica: cómo surgió la cultura nacional, dedicado a Fidel Castro, alertaba sobre los peligros de reproducir en la concepción del poder los esquemas de una visión libresca y aristocrática de la cultura que se extendiera hacia todos los sectores de la sociedad, como resultado de un legado de pensamiento elitista procedente de la república, cuya funcionalidad podría permanecer enquistada en el grupo de jóvenes revolucionarios al frente del país. La tesis de Carbonell apuntaba a que si bien el territorio nacional se transformaba en lo político, tales cambios debían destacarse por su integridad y entender a los subalternos como protagonistas de la praxis libertaria, en lugar de responder ante sus demandas como meros objetos instrumentales.

La preservación de la memoria cultural negra en los distintos niveles educativos, su reconocimiento en hechos históricos fundamentales desde los orígenes de la nación, y la perpetuación escultórica de sus aportes dentro de la monumentalidad nacional; constituyen deudas pendientes con dicho grupo social, a la espera por una obra de reparación histórica reivindicativa de la igualdad y la justicia.

De igual forma, persiste la opacidad sobre los avances concretos del denominado Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, encabezado por el propio presidente Miguel Díaz-Canel. Entre tanto, se divulgan estrategias populistas de reanimación barrial de marcado carácter epidérmico, pues no responden a las necesidades básicas de la población residente ante la agudización de la crisis socioeconómica, la inseguridad alimentaria, el deterioro del déficit habitacional, la dolarización de la economía y la caída en los rendimientos productivos. Ello se debe a la persistencia de un esquema de acumulación rentista/importador, amparado en la exportación de servicios médicos, la inversión extranjera, la recepción de divisas por vía remesas y la explotación turística.

La promoción del emprendimiento privado ha sido otra de las posibles vías de solución fomentadas por la dirigencia para paliar la crisis. Esta estrategia, sin embargo, no favorece a los afrodescendientes, que por lo general carecen de capital y, por razones culturales, pasan a ocupar los peores espacios de remuneración salarial en un sector enteramente desregulado en materia de derechos laborales.

De igual forma, es notoria la ausencia de acciones afirmativas y políticas públicas desde el Estado que se enfoquen en redimir los entornos más afectados por la crisis sistémica/estructural. Esto agudiza la problemática, mientras persiste un escenario de ineficiencia generalizada, malestar social y escaso crecimiento económico con patrones de equidad.