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A la Comunidad Artística e Intelectual cubana:
Los días 11 y 12 de julio del 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social, que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de mil ciudadanos. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de quinientos ciudadanos, donde se han dictado penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel.
En Cuba el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las autoridades, pendiente de regulación. Y ante los sucesos del 11/12J el Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. No son equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un objeto o bien ajeno, con las de quien agrede —siendo agente del orden o civil— a otro ciudadano.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes declaramos:
I- Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos, del mismo modo que cotidianamente se manifiesta la ciudadanía en nuestra región latinoamericana y en el mundo. Y en cualquier república, cuando se cometen excesos en las manifestaciones, los implicados —sean ciudadanos o agentes estatales— deben ser procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente.
II- Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la mala gestión gubernamental. Hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional.
III- Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de nuestras investigaciones y obras.
IV- Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba.
V- En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son —o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos. En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces.
Desde cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Y nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia.
Por ello, dada la prolongación y vicio de los juicios, la connotación punitiva de los mismos y las lecciones de procesos similares en nuestra región, exigimos la excarcelación de nuestr@s compatriotas. Y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a Derecho, de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. La forma concreta de iniciar tal proceder —por una Amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia no. El Derecho no puede subordinar a la Justicia.
Adriana Ortega Normand
Alberto Abreu Arcia
Alejandro Pérez Díaz
Alex Fleites Rodríguez
Alexander Hall Lujardo
Alexei Padilla Herrera
Alfredo López de la Rocha
Alina Bárbara López Hernández.
Amaury Pacheco Del Monte
Armando Chaguaceda Noriega
Boris González Arenas
Camila Rodríguez
Carmelo Mesa-Lago
Carolina Barrero Ferrer
Dany Roque Gavilla s.j
Eloy Viera Cañive
Fernando Pérez Valdés
Gladys Marel García Pérez
Harold Cárdenas Lema
Haroldo Dilla Alfonso
Helen Ochoa Calvo
Ivette García González
Jorge Fernández Era
José Manuel González Rubines
Juan Pin Vilar
Juliette Isabel Fernández Estrada
Leonardo Manuel Fernández Otaño
Leonardo Romero Negrín
Mario Valdés Navia
Marta María Ramírez García
Mauricio de Miranda Parrondo
Miguel Alejandro Hayes
Nelda Castillo
Omar Everleny Pérez Villanueva
Pedro Manuel Monreal González
Rafael Rojas Gutiérrez
Raudiel Peña Barrios
Raúl Prado Rodríguez
Sandra Ceballos
Tania Bruguera
Teresa Díaz Canals
Uva de Aragón y Hernández-Catá
También firman y respaldan está exigencia cívica:
Abdiel González Maimó
Adriana Fonte Preciado
Aíxa Negrín Ortueta
Alberto Hernández Osorio
Alejandra Pino Díaz
Alfredo Castellanos Collazo
Alfredo Castellanos Collazo
Álvaro Tejeda Sardiña
Amílkar Feria Flores
Aminta D’Cárdenas
Anamelys Ramos González
Aydana Hernández Febles
Camila Ramírez Lobón
Carlos Antonio Amador Rodríguez
Carlos Ricardo Molina Rodríguez
Carmen Corella
Carolina Sansón Aguiar
Cirenaica Moreira
Claudio Gaitan Garmendia
Daína Chaviano
Daniel Triana Rubio
Daniela Rojo Varona
Danilo Pompa
Danny Echerri Garcés
David Horta Pimentel
Elaine Acosta González
Flavio Garciandía de Oraá
Gerardo Mosquera
Giselle González García
Glenda Caridad Boza Ibarra
Hamed Oriol Toledo Torres
Hamlet Fernández Díaz
Hamlet Lavastida Cordoví
Hasn Carrillo Guach
Iván de la Nuez
Ivette Corcho
Jorge Carpio
Jorge Dalton
Jorge Ferdecaz
Jorge Gómez de Mello
José Alejandro Estévez
José Leandro Garbey Castillo
José M. Fernández Pequeño
Juan Carlos Sáenz de Calahorra
Juan Manuel Tabío
Julio Llopiz Casal
Karla Rodríguez Albert
Kianay Anandra Pérez
Laideliz Herrera
Lázaro Saavedra González
Lilian María Martinó Lechuga
Llamirka Peñate Saavedra
Luis Cino Álvarez
Luis Roberto Gómez Alarcón
Lynn Cruz
Magdiel Jorge Castro
Manuel Alejandro Rodríguez Yong
Manuel García Verdecia
Manuel Jorge Mesías
Marcela García Olivera
María Antonia Borroto Trujillo
Mariela Brito
Marta Castillo
Marta Luisa Hernández Cadenas
Massiel Carrasquero Ramos
Miguel Alejandro Montero Ochoa
Miguel Augusto Gómez Fernández
Miguel Coyula
Miryorly García Prieto
Pedro Pablo Bacallao
Rachel Alfonso
Reinier Díaz Vega
Remy Ramses Hernández Lois
Ricardo Figueredo Oliva
Ricardo Franco Leyva
Roberto Viña Martínez
Rodolfo Gómez Schlittler
Rosario María Cruz Matos
Royma Cañas
Saily González Velázquez
Samuel Farber
Serguei Martínez Castillo
Teresa Cárdenas
Víctor Manuel Viera Potestad
Yanet Rodríguez
Yelanys Hernández Fusté
Yunior Morales
Desde la comunidad internacional apoyan este manifiesto:
Antonio Tonga – Movimiento Migrantes, Portugal
Atenágoras Lópes – Coordinación Nacional del sindicato Conlutas, Brasil
Daniel Ruiz – Preso político excarcelado, Argentina
Eduardo Almeida – Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), Brasil
Herbert Claros – Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas
Jessica Barquero – Candidato a la vicepresidencia, Costa Rica
Jhon Vega – Candidato a la Presidencia, Costa Rica
María Rivera – Convencional Constituyente, Chile
Miguel Sorans – Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional
Pablo Almeyda – Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional
Sebastián Romero – Preso político excarcelado, Argentina
Sérgio Carlitos Pereira – UPRG Cassacá 64, Guinea Bissau, África
Soraya Misleh- Periodista y activista, Palestina-Brasil
Vera Lúcia – Precandidata presidencial, Brasil
Zé María de Almeida – Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), Brasil
* La redacción de La Joven Cuba ha recibido este manifiesto que ponemos a disposición de los lectores. Varios de los miembros del equipo decidieron acompañarlo con su firma.
Creo que las sanciones son desproporcionadas, cualquier ciudadano con un mínimo de instrucción y humanismo entiende ese hecho. Sin embargo, hay frases del artículo poco precisas y/o alto % de utopía en las intenciones expresas en el mismo.
1) «Y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a Derecho, de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido».
Qué quieren decir los autores del artículo con «responsabilidades asociadas al estallido?. Se refieren a los manifestantes u opresores?. O a ambos?.
2) «Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el .procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades «….
Sabemos que en los estados de derecho existen mecanismos institucionales para hacer rectificar a las autoridades, sin embargo, en un país donde no existe separación de poderes, no me queda claro cómo se logra que las autoridades rectifiquen. La exigencia de rectificación a las autoridades por parte de la ciudadanía me parece noble y legítima, sin embargo, en el contexto actual, es utópico esperar una respuesta positiva de las autoridades.
3) «La forma concreta de iniciar tal proceder —por una Amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia no».
La fórmula en este contexto es muy importante, INDULTO o AMNISTÍA tienen significado diferentes para la dignidad del preso político, y no conviene olvidar que el DESTIERRO ha sido una fórmula aplicada con frecuencia.
4) El Derecho no puede subordinar a la Justicia».
Según entiendo, el Derecho es el medio para lograr el fin, que debe ser la Justicia. Si el Derecho no funciona bien, no veo cuáles son los instrumentos para lograr la JUSTICIA.
NO FIRMO EL PRESENTE ARTÍCULO. Expresaré mi total desacuerdo con las condenas injustas a los manifestantes del 11J y el desrespeto escandaloso por los derechos humanos en el país, en otros medios.