La libertad de expresión

La libertad de expresión, ciertamente, no es una entelequia, tampoco es un concepto ideológico, es un derecho fundamental.

¿Qué les dice esto?

«Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva». Constitución de la República, Artículo 1.

¿Y esto?

«El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Constitución de la República, Artículo 54.

La ley no es un juego de palabras cuyo significado se puede cambiar con el discurso, por muy apasionado que sea, porque dejaría de ser ley. No se puede decir, imbuido en euforia patriotera: «a este caso sí y a este no»; salvo que sea porque uno sí, y otro no, constituye el hecho o situación que condiciona la aplicación de la norma. Eso puede que no lo sepan los legos, por muy cultos que sean, pero no lo deben ignorar los juristas que aplauden.

Las leyes son, en sí mismas, una expresión concentrada de la política, el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Lo dice el Manifiesto Comunista. No caben, entonces, reinterpretaciones políticas sobre la manifestación política que es la ley, mucho menos, sobre la más política de las leyes, que es la Constitución.

Concretamente, ahora no se pueden aparecer algunas damas y caballeros, como han aparecido por las redes, y no tarda que en otros medios, a decir que el artículo 54 de la Constitución no dice lo que dice. O sí, lo pueden hacer, pero en tal caso no pueden afirmar que nuestro Estado es un Estado de derecho.

También pueden criticar la democracia, como concepto y como práctica, pero no pueden expresar que la categoría democrático, que también se utiliza en el artículo 1, antes visto, no es lo que esa categoría significa jurídica y filosóficamente, porque lo que habría que cambiar no sería su concepto, tan frecuentemente vilipendiado, sino su práctica, su ejecución; no justificando, con el mal de otros, hacer mal también.

La libertad de expresión no tiene otro contenido y alcance que no sea el que, con letra clara, establece el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado –no ratificado aún– por Cuba el 28 de febrero de 2008, ocasión en que declara que los derechos protegidos en ese pacto están consagrados en la Constitución de la República y en la legislación nacional; y que las políticas y programas del Estado garantizan el efectivo ejercicio y protección de estos derechos para todos los cubanos.

Entonces, es ineludible concluir que el derecho de expresión que el Estado cubano «reconoce, respeta y garantiza» consiste en la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Así se aprobó en referéndum el día 24 de febrero de 2019. Así se proclamó el 10 de abril de 2019. No hay términos medios, no hay retrocesos, no hay arrepentimientos. Ahora, usted que votó Sí, puede decir que no le gusta, pero no puede pretender que no se aplique, ni puede impedir que se ejerza; si votó No, tal vez pueda decir que no le gusta, pero tiene que cumplirla porque es ley del Estado.

El Código Penal vigente protege este derecho en su artículo 291. «Delito contra la libre emisión del pensamiento», así se denomina la norma, que prohíbe y sanciona, impedir a otro, en cualquier forma, el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa garantizado por la Constitución y las leyes; con una modalidad que dispensa una sanción superior cuando el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su cargo.

Un Estado democrático de derecho, no es un concepto que podemos reinventar, porque está dotado de contenido, por la ley y por la doctrina. Lo único que podemos hacer es marcar la diferencia en su desarrollo, en su práctica. La libertad de expresión es el nervio central de un Estado democrático de derecho.

No hace mucho reflexionaba, inspirado en la frase de Rosa Luxemburgo: «La libertad es siempre libertad para el que piensa diferente». Entonces, la utilidad de la libertad de expresión está en poder manifestar la opinión diferente, porque para apoyar al que gobierna, para incorporarse a la opinión social establecida, para emitir ideas políticamente correctas que refuercen la opinión publica vigente, no se requiere libertad alguna ni se necesita protección o, por lo menos, no de la misma intensidad.

Los instrumentos internacionales y la Constitución, no solo consagran y protegen la libertad de expresión para difundir informaciones o ideas aceptadas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, lastiman o inquietan, pues así resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática, ha reiterado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los derechos fundamentales, si bien tienen límites, no están ni pueden estar sujetos a condicionamientos para su ejercicio, porque perderían su naturaleza esencial y validez. ¿Cómo sería posible exigir y quién podría calificar la corrección de una idea u opinión para autorizar su ejercicio? Es un contrasentido.

El derecho a la libertad de expresión posibilita la realización de la persona en un doble sentido: por una parte, como sujeto individual, al permitir que exprese sus ideas y opiniones, defendiendo y potenciando su autonomía individual; por la otra, como sujeto político, al contribuir a la formación de la opinión pública y participar en las decisiones políticas.

Este y no otro es el sentido y fundamento de la libertad de expresión, construido, admitido y consensuado por la comunidad internacional, el que se considera en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la que nuestro país es miembro. De manera que la alternativa que tienen los amigos que ahora dicen «a este caso sí», «a este caso no», es la de utilizar sus influencias y conseguir consenso para una reforma constitucional —que sería bastante prematura, por cierto— para derogar el artículo 54 de la Constitución, de paso modificar el 3 e instar a que el país denuncie el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pero mientras esto no ocurra, no tienen otra alternativa que respetar la Constitución del país que dicen defender y honrar al pueblo soberano que la votó, del cual forman parte.

Ciertamente, tiene razón quien dijo que la libertad de expresión no es una entelequia, es un derecho fundamental. Y falta mucho machete por dar, mucha consciencia por inquietar y mucha vergüenza por comprometer, para que sea una realidad plena. Los hechos lo demuestran.