La disculpa pendiente a Chile

En la mañana del 21 de septiembre de 1976, en la rotonda Sheridan de Washington D.C., capital de Estados Unidos (EE.UU.), explotó el auto del político chileno Orlando Letelier. Letelier había sido embajador en ese país, así como ministro de Relaciones Exteriores, Interior y luego Defensa, del presidente Salvador Allende Gossens. En el auto, junto a Letelier, viajaban su entonces asistente en el Instituto de Políticas Públicas, la joven estadounidense Roni Moffitt y su esposo, Michael Moffitt. Letelier y Roni Moffitt murieron casi instantáneamente como resultado de las heridas causadas por el acto terrorista. Michael Moffitt contaría luego la experiencia y, junto a la familia Letelier, lucharía por décadas para esclarecer el asesinato y enjuiciar a los culpables, entre ellos varios militantes aun reverenciados como héroes en el exilio anticastrista cubano de Miami. 

Letelier había sido encarcelado en su Ministerio el 11 de septiembre de 1973 por los militares traidores que bombardearon el Palacio de La Moneda. Sufrió tortura por parte de quienes faltaron a su juramento de lealtad a la democracia y a la Constitución chilenas. Gracias a las presiones de la comunidad internacional y a la gestión del político socialdemócrata Diego Arria, quien luego fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Letelier fue liberado y fijó residencia en Washington.  Conocía muy bien los EE.UU., pues había trabajado por más de un lustro en el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Apenas dos días después del golpe, el senador liberal estadounidense Edward Kennedy y otros convocaron audiencias para enjuiciar cualquier vínculo de la nación norteña con el atentado contra la democracia chilena. En ese contexto, en el que el congreso estaba determinado a fiscalizar las acciones de la rama ejecutiva y tomaba relieve la cuestión de los derechos humanos, la llegada de Letelier a Washington se convirtió en una pesadilla para la junta militar. 

Orlando Letelier / Foto: ADN Radio

«Si estuviésemos en el gobierno de Eisenhower, nos premiarían como héroes», dijo Henry Kissinger a Nixon. El presidente andaba molesto por las investigaciones del Congreso al apoyo que dio EE.UU. a los golpistas, bajo el pretexto de luchar contra la expansión soviética. Cuentos macartistas contra todo lo que no fuese alineamiento incondicional con la derecha. Allende, el presidente derribado, no era «santo de la devoción» de Moscú. Primero, porque el médico presidente había condenado las invasiones soviéticas a Hungría, en 1956, y a Checoslovaquia, en 1968. Segundo, porque la URSS había demostrado que ni tenía condiciones ni quería construir una relación con Chile como la que tenía con Cuba, en medio de la distensión de grandes poderes de la primera mitad de los años 70. 

Fue la administración Eisenhower, evocada por Nixon y Kissinger, permeada hasta los tuétanos de macartismo, la que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz y colocó la política hacia Cuba en el rumbo de bloqueo, subversión y violación de los principios democráticos norteamericanos que llega hasta hoy. En lugar de dejar correr «la fiebre revolucionaria»  ̶ como había planteado su embajador Philip Bonsal en La Habana, que siempre estuvo contra la ruptura ̶ , Eisenhower y su equipo se abocaron a una política «de hambre y desesperación» contra el pueblo cubano para que, al estallar, reventara al gobierno de Fidel Castro. Esa misma visión llevaría más tarde al presidente Nixon en 1970 a hacer «chillar» la economía chilena pues, como decía Kissinger, EE.UU. no tiene que respetar la «decisión irresponsable» de un pueblo como el chileno al elegir el rumbo socialista, aunque lo hubiese hecho, o no, bajo las reglas de la democracia representativa. 

Sobre esa política norteamericana contra la democracia chilena, el exsecretario de Estado, Colin Powell, ha expresado que EE.UU. no se siente orgulloso. De hecho, como ha reflexionado el exministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, EE.UU. ganaría mucho en disculparse por políticas como las de Nixon, tan contrarias como las de Watergate a la dignidad de una potencia democrática. No hay nada patriótico en construir un relato falso de perfección, ante la evidencia de tantos malos procederes. En este sentido, la frase del comodoro Stephen Decatur, oficial naval estadounidense del siglo XIX, que reza: «Nuestra patria, esperando que ande por el bien, pero nuestra patria, bien o mal» —la frase del comodoro Decatur—, quedó mejor expresada por el senador inmigrante, Carl Schurtz, gran partidario de Lincoln,: «Carl Schurtz, mi patria bien o mal. Si bien para mantenerla bien, si mal para enmendar el mal».  Los que se oponen a un patriotismo abierto a rectificar y pedir disculpas deberían explicar las razones de su soberbia. 

Henry Kissinger y Augusto Pinochet en 1976 / Foto: interferencia

De esas políticas tan irrespetuosas contra los pueblos, sin credenciales democráticas, salió la oposición anticomunista que conduciría a la colaboración reaccionaria chileno-cubana contra el gobierno de Salvador Allende, antes, durante y después del golpe del 11 de septiembre de 1973. Con independencia de si EE.UU. se disculpa en algún momento oficialmente por su política de cambio de régimen impuesto a través de la guerra económica y la subversión política contra Cuba y Chile, es evidente que parte del exilio cubano anticastrista emprendió acciones contra la democracia chilena. Sería justo, apropiado y conveniente que la oposición cubana reflexione,rectifique, pida disculpas, asuma responsabilidades, condenando a aquellos entre sus filas que no solo participaron en esas acciones sino que compartieron aquellas  posturas pro-pinochetistas. 

Obviamente, se puede ser anticastrista, antidemocrático y pro-bloqueo sin comulgar con la dictadura pinochetista ni con la conexión cubana anticastrista con  el asesinato a Letelier. Sucede, sin embargo, que con esa historia de asociaciones fáusticas a cuestas, desde la conspiración trujillista en adelante, no hay una condena explícita a algunos sujetos como Orlando Bosch, Luis Posada Carriles, Virgilio Paz y los hermanos Novo Sampoll, tratados como «hombres de acción» o «héroes anticomunistas». 

Algunos dirán que esos hechos ocurrieron décadas atrás, pero se colaboró sin objeción pública bajo la idea de la unidad anticastrista con sectores que, aún hoy, los celebran. Si el exilio cubano, las instituciones cívicas, educacionales y culturales afiliadas al discurso opositor anticastrista, o al servicio de la comunidad cubana de Miami, quisieran mostrar credenciales democráticas, tienen en la conmemoración del 50 aniversario del golpe contra Allende, una operación dorada para tomar sana distancia de aquellos comportamientos cavernícolas. Tienen la oportunidad de condenar al senador Jesse Helms, orgulloso de ser «amigo personal» de Pinochet, y sus políticas contra Chile, Sudáfrica y Cuba. 

Una reflexión desde la historia

El Miami anticomunista cubano fue uno de los escasos lugares en el mundo donde se festejó el golpe contra el presidente de los chilenos, electo democráticamente, Salvador Allende. Para entonces, los lazos de solidaridad y apoyo entre lo más reaccionario de la política cubana exiliada y el fascismo chileno del grupo «Patria y libertad» habían encontrado causa común. Ambos sectores coincidían en las críticas al sistema democrático, por darle «libertades» y posibilidades al «pueblo irresponsable» que  ̶ según ellos ̶  no entendía el peligro comunista.

Ni siquiera el presidente Kennedy  ̶ desde la narrativa cubana de Bahía de Cochinos ̶  se ha salvado de la acusación de haber «traicionado» al anticastrismo cubano. En el caso chileno, hubo críticas veladas también a EE.UU. por apoyar a la democracia cristiana, cuyos afiliados fueron tildados de «flojos» por producir un candidato progresista como Radomiro Tomic en 1970, quien buscaba profundizar la reforma agraria y las nacionalizaciones del periodo del expresidente Eduardo Frei (1964-1970). Solo les encanta el modelo neoliberal y radical de derecha de Pinochet. ¿Qué pasa con la soberanía y los derechos humanos como los entiende la ley internacional? No tienen tiempo para esas contemplaciones. Todo es contra el comunismo, que es, desde su pensamiento,  cuanto huela a progresismo. 

No es casual que Michael Townley, el agente de la DINA a cargo del asesinato de Letelier, «nadara como pez en las aguas» paranoides contra «la conspiración comunista» tanto del fascismo chileno como del Miami cubano anticastrista. En 1974, según datos citados por Alan McLeod en su libro Ghosts of Sheridan Circle, comandos de exiliados cubanos ejecutaron el cuarenta y cinco por ciento de los actos terroristas a escala mundial. El término «dialogante», que en general se asocia con posturas civilizadas, fue derogado por «dialoguero». A esos que se estigmatizaban, les pusieron bombas. Y mataron a varios. 

Michael Townley /Foto: CNN Chile

La necesidad de tomar distancia

La política no es para las vírgenes vestales y, en ocasiones, produce extrañas alianzas. El gobierno de la Unidad Popular tuvo su lista de errores, discursos incendiarios penosos sobre algunos sectores a la luz de la historia, a veces contra la vía pacífica hacia el socialismo enunciada por el propio presidente Allende. Pero esos errores no justifican los horrores de la dictadura: la violación grosera, masiva y sistemática de los derechos humanos por parte de Pinochet y sus partidarios desde el mismo momento en que bombardearon el Palacio de La Moneda. 

En su libro The last two years of Salvador Allende, el exembajador de Estados Unidos en Santiago de Chile al momento del golpe despeja dudas. «Era Salvador Allende un demócrata, que quería transitar por la vía pacífica al socialismo? …mi respuesta es que si lo era». Allende no fue un mártir en defensa de algún totalitarismo: murió protegiendo la democracia representativa. Días antes del golpe, dejó claro al cardenal Silva Henríquez y a la democracia cristiana en la persona de Patricio Aylwin que, mientras él fuese el presidente, «no habría en Chile dictadura del proletariado». 

Eduardo Frei pagó con su vida su coqueteo con fuerzas contrarias a la soberanía chilena y no apoyar con claridad el plebiscito que Allende tanteaba proponer y el general Carlos Prats le aconsejó al líder demócrata-cristiano apoyar.  Contra la democracia chilena, como contra la revolución de 1959 en Cuba, se aliaron los cubanos anticastristas, el fascismo chileno y lo peor de la política estadounidense, representado eventualmente por el senador Jesse Helms.  De esa gente, lo justo, correcto y productivo para cualquier demócrata es estar alerta y  lo más lejos posible. 

Después de los asesinatos y desapariciones de miles de chilenos en los primeros meses tras el golpe, y la exposición de sus crímenes en el escenario internacional, el tirano Pinochet encargó a la infame DINA el asesinato de sus principales oponentes en el exterior. Esa guerra contra los demócratas chilenos se unió a la campaña terrorista lanzada por el exilio radical cubano «contra el comunismo, por los caminos del mundo». No es sorprendente que miembros del mal llamado Movimiento Nacionalista Cubano hayan asesinado a Letelier en la capital de EE.UU. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) supo de una lista larga de atentados contra objetivos dentro y fuera de ese país: diplomáticos, aviones civiles, personalidades e instituciones económicas, políticas, deportivas y culturales, que incluyó hasta el Lincoln Center. 

Movimiento Nacionalista Cubano / Foto: LatinAmericanStudies.org

Para los exiliados cubanos radicales, Pinochet es el parangón latinoamericano del método Yakarta, descrito por Vincent Bevins en su libro homónimo. Son los infames «tres días para matar» y aplicar la limpieza de raíz como cura para los devaneos de la izquierda y lo que perciben como afines. No solo fue el crimen contra Letelier. Según la investigación de John Dinges y Saul Landau que culminó en el libro Asesinato en Embassy Road, el radical anticastrista Virgilio Paz, condenado por la justicia estadounidense, fue el enlace entre la DINA y los fascistas italianos que colaboraron para intentar asesinar en Roma al senador democratacristiano Bernardo Leighton. ¿Dónde está la condena de los cubanos democratacristianos a los que viven orgullosos de haber colaborado con la dictadura acusada de asesinar a Eduardo Frei Montalva?

No es tampoco casual que Pinochet y los cubanos anticastristas radicales agrupados en la Fundación Nacional Cubanoamericana convergieran en los años 80 en la oficina del senador Jesse Helms. Este defensor del segregacionismo racial en EE.UU. y del régimen del apartheid en África del Sur, fue el patrocinador de la «ley» que consagró el bloqueo contra Cuba, y se proclamaba «amigo personal de Pinochet». Entre apoyar al apartheid y apoyar a Jorge Mas Canosa en sus planes de hacer de la soberanía de Cuba una comedia con una nueva Enmienda Platt, Helms recriminó al embajador del presidente Reagan en Chile, Harry Barnes, por asistir al funeral de Rodrigo Rojas, un residente legal en EE.UU. que fue quemado vivo junto a la joven Carmen Gloria Quintana por participar en una protesta pacífica contra el régimen de su «amigo personal». Hablemos entonces de hacer alianza «democrática» con los que iban de la mano y hoy todavía rinden homenaje al senador Helms, como pasaba cada vez que su excolaborador John Bolton pasaba por Miami. 

La evidencia es clara. Primero, que la colaboración criminal entre los anticastristas radicales cubanos y la dictadura pinochetista es un hecho probado por la justicia estadounidense. Segundo, que sin la condena sin ambages a esa colaboración, la invocación a la democracia para la unidad anticastrista es una mera hoja de parra. No puede haber credibilidad democrática sin atender a ese pasado terrorista y denunciar a quienes, orgullosos, se declaran sus continuadores. Tercero, que varios de estos actos terroristas tuvieron lugar en EE.UU., país que refugió y dio apoyo político y militar a los militantes anticastristas, quienes «agradecieron» a Washington violando las leyes cubanas, poniendo bombas en su capital, colaborando con Jesse Helms y lo peor de su clase política y apoyando el bloqueo contra Cuba y los actos criminales de la dictadura de Pinochet. Cuarto, que esas políticas, respaldadas por el exilio anticastrista cubano, además de contraproducentes, son ilegales desde el derecho internacional y moralmente insostenibles, por lo que tanto ellas como sus autores hallan repudio en la comunidad democrática mundial.