Armas de fuego en Cuba y la invisible espada de Damocles

En el nuevo Código Penal que entró en vigor el primero de diciembre de 2022, —aunque sí considera agravante la violencia de género en casos de homicidios y otros crímenes— no registró el término feminicidio como figura de delito, ni en su variante estándar bajo el derecho internacional, ni bajo ninguna categorización específica, como pudiera ser, por ejemplo, la violencia vicaria.  

Tampoco se contabilizan, aunque fuera técnicamente más sencillo, las muertes causadas por ciudadanos o policías que desenfundaron su pistola e hicieron más que disparos al aire. Precisamente, varios de los feminicidios registrados este año por plataformas feministas independientes han sido perpetrados de esta forma. 

En el caso de los feminicidios, por ejemplo, hemos sabido que en el presente año hasta el 24 de julio, se elevan en Cuba hasta 54 según los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo. La mayoría tienen como victimarios a parejas o ex parejas de mujeres que muchas veces dejaron hijos.

El primer crimen de este tipo públicamente registrado del 2023 ocurrió en Guantánamo, cuando la joven doctora Damaris Rodríguez Domínguez fue asesinada por su pareja —un policía de tránsito— quien también disparó al paramédico que la acompañaba. Según una nota del periódico Venceremos, «el perpetrador se entregó a las fuerzas del orden sin oponer resistencia».

Con cierre el pasado día 14 de julio, el informe del referido Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) para el primer semestre de 2023, daba cuenta de 49 feminicidios, 13 más que los comprobados en 2022. Entre ellos, el de Rosmery Ponce de 25 años, en el poblado de Güines (Mayabeque), el cual, según lo relatado por una amiga de la víctima, se llevó a cabo con arma de fuego, «un disparo limpio directo a la cabeza, nadie vio a la persona, pero se cree que fue su expareja, además padre de su niño». En todos estos casos la conmoción ha sembrado una interrogante: cómo el arma de fuego había llegado a manos del asesino.

Tomada de IStock

En el actual año se dieron a conocer otros casos involucrando el uso de pistolas. Acorde a lo reportado por OnCuba, en Guanabacoa dos individuos encapuchados hicieron disparos al aire y asaltaron a una pareja, sustrayendo cerca de un millón de pesos y prendas. Por otra parte, el medio estatal Tribuna de La Habana informó, en una nota publicada en mayo, sobre un incidente que había incluido disparos con armas de fuego: el saldo preliminar del hecho dejó a dos lesionados graves y con peligro para la vida.

Control de armas y transparencia ciudadana

A tenor del Decreto Ley No.262 de 2008, el Ministerio del Interior había ordenado en 2010 incluir en un registro nacional todas las armas en manos de la población. Similar medida se había tomado poco después del triunfo de la Revolución, cuando lógicamente muchas personas las poseían, debido al conflicto que recién culminaba.

En la Gaceta Oficial No. 041 Extraordinaria del 2 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado, presidido por Raúl Castro, proclamó la resolución concerniente a la tenencia, el porte y el uso legal de armas de fuego, bajo seis licencias con especificidades de acuerdo al tipo de armamento.

De manera general, amparados en el artículo 66, el poder para disponer de «los permisos para su empleo, así como las situaciones donde sea precisa la licencia correspondiente», se entregó a los miembros del Ministerio del Interior. Como primer requisito, quien porte un arma deberá ser mayor de 18 años y demostrar aptitud psicofísica.

Si bien la sociedad cubana luego de 1959 se ha caracterizado por una baja tenencia de armas de fuego, las estrategias actuales para su control generan alarmas en la población, ya que siguen ocurriendo hechos delictivos que las involucran.

El portal web GunsPolicy, un observatorio sobre armas de la Universidad de Sídney, dio cuenta en 2017 de un estimado en Cuba de aproximadamente 234 mil armas, en tanto en 2012 eran 220 mil. El informe incluye también las armas que portan los encargados de velar por el orden de forma autorizada. El dato no está basado en reportes oficiales, sino en aproximados a partir de organizaciones no gubernamentales y extranjeras, además de reportes de prensa. Asimismo, la cifra carece de actualidad; no obstante, a ausencia de una estadística oficial, este y ia datos de Small Arms Survey —con números muy similares— son los únicos registros públicos disponibles sobre el tema.

Armas de fuego en el mundo por cada 100 habitantes en 2017 según Small Arms Survey

A nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó en 1990, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley. Casualmente aprobados en La Habana, Cuba, en diciembre del mismo año, dichos acuerdos consideran lícito el uso de armas de fuego cuando existe amenaza para la vida y seguridad de los funcionarios.

En la Isla pocas veces se divulgan los casos judiciales que involucran armas de fuego, ya sea a mano de las autoridades o de la población. Mucho menos se informan las condenas a agentes del orden por abuso de la fuerza; por tanto, es difícil para la ciudadanía entender a ciencia cierta si era «vital» abrir fuego. Tampoco hay publicada ninguna estadística oficial sobre la cantidad de armas circulantes, el estado de su control y las muertes causadas a manos de estas.

Aunque según lo pautado por la ONU, se supone que el uso de este tipo de armamento se ejerza «con moderación y en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; reduciendo tanto como sea posible los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana». En Cuba, desde 2020, al menos cinco personas han perdido la vida en acciones que tuvieron como antagonistas a policías con armas reglamentarias. Si bien esta cifra no es alta en comparación con la mayoría de los países del continente, tampoco es posible saber con exactitud cuántos casos más ocurrieron sin que trascendieran a la opinión pública.

Diubis Laurencio, manifestante del 11j muerto por un arma de fuego / Tomada de El Toque

Una de las muertes más notorias fue la de Diubis Laurencio Tejada, manifestante del 11J. A partir del análisis forense se concluyó que había sido baleado por la espalda, lo cual siembra la interrogante de si corría peligro la vida de quien disparó.

También fue conocido en 2020 el fallecimiento de Hansel Hernández Galiano a manos de un policía. Según el reporte oficial, el joven de 27 años se enfrentó al agente con piedras y este respondió con un disparo «en defensa propia».

Casos como estos, y la falta de transparencia con la que son manejados, dejan en dudas si el uso de un arma de fuego —de forma mortal— era la única alternativa posible para resolver el altercado.  

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Un estudio elaborado en México por las asociaciones feministas EQUIS Justicia para las Mujeres, Intersecta Organización para la Igualdad, Data Cívica y el Centro de Estudios Ecuménicos, demostró que la violencia armada ha tenido un impacto particular en grupos poblacionales históricamente vulnerados, como las mujeres trans y las trabajadoras sexuales. Asimismo datos recogidos por organizaciones como el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Unlirec), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otras organizaciones, evidencian que «la presencia de un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo de muerte para las mujeres entre un 200 y 500%».

Si comparamos las muertes conocidas en Cuba causadas por armas de fuego con aquellas ocurridas en otras partes del mundo, como Estados Unidos, México o incluso varios países de Europa, es realmente una cifra ínfima. Sin embargo, no todos los hechos tienen divulgación, ni existe un registro oficial público de la cantidad de armas circulantes en la calle —de forma legal o no— ni de los crímenes cometidos con estas. Por tanto, la incertidumbre que provoca la falta de transparencia se revierte en una mayor inseguridad ciudadana. ¿Cuántos más casos pueden estar pasando sin que lo sepamos? ¿Qué soluciones se han propuesto?

Tomada de Star Tribune

La contabilización de armas no funciona de manera igual en todos los países; no obstante, la mayoría de las naciones occidentales en algún momento han dado algún registro oficial sobre su tenencia, y los crímenes causados por esto. En América Latina puede ponerse como un buen ejemplo de transparencia en este tema el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe en Argentina, que brinda informes detallados sobre los crímenes en los que se han utilizado armas de fuego.

Por su parte, en la Isla urge redirigir la mirada a cualquier hecho donde se empleen este tipo de armas y poner atención en el aumento de la violencia, sea policial o de género. No hablar de un asunto, por escabroso que resulte, no implicará que desaparezca. Los hechos demuestran que ocurre exactamente lo contrario.

Además, se hace necesario establecer controles sicológicos y de habilidad para el uso más estricto y la tenencia de armas, sobre todo, entre los agentes del orden. Asimismo, se impone llevar con mayor severidad las sanciones por su empleo, sin importar contra quién o por qué se apriete el gatillo, sobre todo, porque el telón de fondo se descorre en un país que siempre se ha preciado de limitarlas.

Los casos aquí relatados indican que la espada afilada pende sobre la cabeza Damocles, aunque no conozcamos el grosor del hilo que la soporta. El debate público sincero y transformador sobre el tema, es la única solución para evitar más desenlaces fatales.