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La noticia es que medios y organizaciones de la oposición han denunciado el fallecimiento en condiciones no aclaradas de Yoleisy Oviedo Rodríguez, quien se encontraba bajo custodia del Estado en el campamento de trabajo El Guatao, en La Habana. Por la información publicada, Oviedo Rodríguez, de 44 años y madre de dos hijos, había sido sancionada en 2022 tras participar en una manifestación en Güines, Mayabeque, y cumplía una condena de cinco años de privación de libertad.
«Aunque desconocemos las causas de la muerte […] de acuerdo con información vista en redes sociales, Yoleisy presentaba problemas de salud que no fueron oportunamente atendidos. Hasta ayer en la tarde, su familia no había podido acceder a su cuerpo» señaló el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, una organización opositora que declara como objetivo «monitorear incidentes represivos o violatorios de derechos humanos al interior de los centros de reclusión del país».
La muerte de Oviedo Rodríguez ha reavivado el debate sobre la situación en las prisiones cubanas y las condiciones de reclusión. La antes citada organización afirmó que en las últimas 48 horas se han registrado cuatro fallecimientos en prisión y que en lo que va de año la cifra asciende a 12. Cuando se trata de una persona vinculada a una causa política la atención mediática suele ser mayor.
Esto significa que el tema de las personas privadas de libertad por motivos políticos continúa siendo un punto de atención en la opinión pública sobre Cuba. La disponibilidad de información sobre la población penal en la Isla, tanto de presos comunes como de carácter político, sigue siendo sumamente limitada, lo que dificulta conocer el estado real de las condiciones en los centros penitenciarios.
Según la World Prision Brief —una ONG internacional dedicada a investigar y proporcionar acceso gratuito a información sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo—, en las cárceles cubanas hay una tasa de prisioneros de 794 por cada 100 mil habitantes. Esto coloca a Cuba debajo de El Salvador, como el segundo país con mayor tasa de personas encarceladas con respecto a su población.
Esta información no puede ser contrastada con datos oficiales, pues ninguna fuente oficial ha revelado el monto de la población penal.
Por lo general las valoraciones sobre este tema tienden a estar sumamente polarizadas. Los medios estatales relatan escenarios idílicos en los centros penitenciarios, mientras los de la oposición señalan condiciones inhumanas.
El acceso a información actualizada y verificable sobre las prisiones en Cuba sigue siendo un desafío, ya que no existen organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas que puedan operar como observadores habituales en el terreno.
Por otra parte, el tema de la liberación de presos por razones políticas también ha sido motivo de múltiples cuestionamientos. En principio La Habana aceptó excarcelar 553 presos luego de que la administración Biden eliminara a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Sin embargo, a las pocas horas de tomar la presidencia Trump revirtió esas medidas y avivó las sanciones; luego de esto, varias organizaciones alertaron que no se reportaron más liberaciones de presos vinculados a causas políticas.
El gobierno cubano no reconoce la existencia de presos políticos, sin embargo, en aquel momento Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, afirmó en televisión nacional que las personas liberadas estaban condenadas por delitos que incluían hurto, robo con fuerza, lesiones, amenazas, desórdenes y sedición.
Hasta el día de hoy los medios y organizaciones que se han dedicado a monitorear el proceso reportan alrededor de 210 pesos políticos sacados de las prisiones con licencias extrapenales, la mayoría encarcelados por los disturbios del 11j. Se desconoce, por tanto, si el gobierno cubano decidió frenar las liberaciones —en cuya negociación también participó el Vaticano— o completar la lista con presos por otras causas no vinculadas a la política y la protesta social.
Nuestra opinión es que resulta de vital importancia que las autoridades esclarezcan lo sucedido con la mayor transparencia y brevedad posible.
Las muertes en los centros penitenciarios —ya sea por causas inevitables o agravadas por malas condiciones— no son exclusivas de la Isla, pero mirar para otro lado no debería ser nunca una opción. Se trata de personas en extrema situación de vulnerabilidad, y por tanto, sus derechos deberían ser observados y defendidos con sumo cuidado.
El sistema penal no está exento de la crisis multidimensional que vive la Isla, en la cual la carencia de alimentos e insumos médicos se hace cada vez mayor. Por tanto, la difusión de información precisa y la supervisión independiente de las condiciones en los centros penitenciarios, y particularmente de las personas enjuiciadas luego de protestas sociales, contribuirían a brindar un conocimiento más certero sobre la situación carcelaria en Cuba. Un tema de gran opacidad y marcado por la polarización en los discursos.
Una atención médica adecuada y un trato digno a todas las personas privadas de libertad es un reclamo justo y necesario. La función del Estado es brindar estas garantías y la de la sociedad civil es monitorearlas.
