Trumpistas y «proembargo»: ¿Qué dice la reciente encuesta sobre los cubanos de Florida?

La noticia es que, de acuerdo con la encuesta más rigurosa realizada a la comunidad cubana en Florida, el 55% de los cubanos en Estados Unidos se identifica como republicano, y el 68% votaría por Trump en las elecciones.

El informe de la encuesta sobre Cuba, realizado anualmente por la Universidad Internacional de Florida (FIU) bajo el liderazgo del profesor Guillermo Grenier, evidencia la sólida influencia que el Partido Republicano mantiene sobre la comunidad cubana en este estado, en el cual se estima que reside el 76% de la población de origen cubano. Esta es la decimosexta edición de la encuesta, que en esta ocasión entrevistó a 1001 personas en el período comprendido entre septiembre y octubre.

La proporción de votantes republicanos ya sitúa a Florida como un estado «rojo» y no como «péndulo» (swing state), lo cual le resta influencia en la disputa política por los votos electorales de los candidatos presidenciales, ya que el Partido Demócrata considera el estado como perdido y enfoca sus recursos y energías en aquellos que aún se mantienen como péndulos.

El comportamiento de los cubanos que viven ahí reafirma esto, y es contrario con el voto latino que suele favorecer a los demócratas.

Incluso, ante la pregunta de a quién preferirían como senador por el estado, entre Rick Scott, el republicano que anteriormente fue gobernador del estado, o la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, la mitad de los cubanos de la muestra dijo que prefiere a Scott, mientras que la demócrata obtendría un 19%.

La encuesta muestra resultados contradictorios. En cuanto a las medidas unilaterales coercitivas, denominadas «embargo», el 55% está a favor, menos que en 2022, cuando el apoyo era del 63%. No obstante, en los resultados de este año, el 75% coincide en que las sanciones no han sido efectivas.

El instrumento cruza estas opiniones con otras variables sociodemográficas que permiten extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, entre los demócratas, el apoyo a dicha política restrictiva es solo del 28%, mientras que entre los republicanos asciende al 75%. En la desagregación por rangos etarios no hay diferencias significativas, aunque entre los menores de 39 años el apoyo es ligeramente menor que en el resto. Sin embargo, en las generaciones migratorias sí hay tendencias llamativas: la generación con más apoyo es la que migró después de 2020, con un 69% a favor de las sanciones, a pesar de que se supone que sean quienes más frescos tengan sus efectos en la Isla; curiosamente, entre quienes no nacieron en Cuba, pero son de origen cubano, el sustento a esta política es solo de un 42%.

Por otro lado, la opinión está dividida sobre la libertad de viajar a Cuba, un derecho que deberían tener todos los estadounidenses, especialmente los cubanos. El 51% está en contra, mientras que el 47% está a favor; sin embargo, un 42% envía remesas regularmente a la Isla.

También llama la atención el hecho de que el 68% apoya que Cuba se mantenga en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, lo cual se contradice con que la mayoría (un 63%) apoya la exportación de alimentos y medicinas a Cuba.

La permanencia de Cuba en esa lista, creada por Washington e incluyendo a algunos de sus adversarios políticos, pone trabas financieras a las transacciones con entidades cubanas, dificultando y encareciendo la posibilidad de que Cuba importe alimentos. Por otro lado, la importación de medicinas, si bien está autorizada por ley, realmente no se aplica debido a la cantidad de requisitos que implica.

Esta noticia significa que la mayoría de los cubanos residentes en Florida se alinean con la línea discursiva del Partido Republicano sobre el enfoque hacia su país de origen. Además, aunque reconocen que no ha dado resultados, otorgan demasiado crédito a una política de máxima presión que es, en parte, responsable de la situación que provocó que muchos emigraran.

¿Por qué es importante entender a la comunidad cubana en Estados Unidos? Si bien son una fuerza política activa más en un amplio abanico de grupos étnicos, hay al menos tres cubanos de origen en el Capitolio, y la fuerza política de esta comunidad influye en las decisiones de la Casa Blanca. No obstante, en términos de tamaño, los cubanos son una parte muy pequeña de la gran comunidad hispana, y menos del uno por ciento de la población estadounidense. En Florida, los cubanos son solo un 7.1% de toda la comunidad latina, el grupo étnico más grande de ese estado sureño.

Su principal atractivo para los partidos políticos es que son una comunidad muy activa. Según la encuesta, el 95% afirmó que está registrado para votar, y el 89% indicó que, con seguridad, votará en las próximas elecciones presidenciales.

El apoyo a las sanciones es sin duda un éxito del Partido Republicano, ya que poco más de una cuarta parte de los encuestados que se identifican como demócratas están de acuerdo las sanciones, y de esta, solo un 14% está «fuertemente a favor».

Esta noticia también sugiere que las opiniones políticas de la comunidad están influenciadas por la efectiva maquinaria propagandística de la línea dura del Partido Republicano, que ha tenido un auge sobre todo en redes sociales. Aunque solo el 33% de la muestra afirma que los influencers impactan su opinión política de manera fuerte o moderada, esta cifra aumenta al 41% entre quienes migraron después de 2020. Por tanto, es muy probable que el discurso de influencers extremistas, defensores férreos de la llamada «línea dura» contra Cuba, esté definiendo los criterios políticos de la comunidad cubanoamericana, sobre todo de aquellos que migraron recientemente y que desde la Isla consumían sus contenidos.

Entre las principales contradicciones en las opiniones políticas de los cubanos que muestra esta encuesta, destaca la opinión sobre Biden y Trump en temas migratorios.

Si bien la gran mayoría otorga una baja calificación a la gestión de Biden, el 72% apoya el programa de parole humanitario, que permite la entrada al país de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos por un período de dos años, en el cual los cubanos aprovechan para regularizar su situación migratoria utilizando los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano.

Sin embargo, la propia encuesta muestra un alto apoyo a Donald Trump, cuyo compañero de fórmula ha prometido deportar a los migrantes que entraron al país de manera legal y con diferentes estatus, como el de protección temporal para personas que provienen de países en conflicto, o el programa de parole humanitario que ha beneficiado a miles de cubanos. Es decir, una mayoría apoya al candidato que pretende eliminar el programa que les ha garantizado a ellos o a sus connacionales una vía segura para emigrar.

Esta misma semana se supo que JD Vance, el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, redobló sus ataques contra la migración legal y repitió un mensaje que lleva desarrollando durante varios meses: declarar ilegales programas que el gobierno ha implementado para ofrecer un camino seguro a miles de migrantes que huyen de guerra, violencia o pobreza extrema. Vance lo llama la «varita mágica» y culpa directamente a Kamala Harris por estos programas, algunos de los cuales preceden a la actual administración. «Lo que Donald Trump ha propuesto hacer es detener el parole masivo», dijo Vance en un evento de campaña en Arizona.

Este mes se conoció que el gobierno de Biden, en lo que parece una respuesta a la presión republicana, no renovará el parole, es decir, el permiso para quedarse en Estados Unidos a quienes entraron hace dos años utilizando ese programa. Esto no debería afectar a los cubanos que han entrado, pues suelen aplicar rápidamente a las prerrogativas particulares que les otorga la Ley de Ajuste Cubano para regular su estatus migratorio con relativa facilidad.

Esta no es la única contradicción: el efecto que tuvo la administración de Trump sobre Cuba está por cuantificarse, y muchas de sus iniciativas permanecen vigentes hasta hoy.

Recientemente el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos revocó un fallo anterior que obligaba a cuatro grandes líneas de cruceros que solían operar en Cuba, a pagar más de 400 millones de dólares en multas a los representantes de Havana Docks, una empresa que tenía privilegios de uso sobre muelles del puerto habanero antes de 1959.

El juicio y la demanda fueron posibles porque Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, que todas las administraciones desde Clinton habían decidido no aplicar debido a su carácter extraterritorial, que implicaría complejizar exponencialmente los procesos legales asociados a este. No obstante, Trump activó este recurso legal, permitiendo que aquellos que tuvieron propiedades antes de 1959, y que ahora están en uso por compañías extranjeras, demandaran en cortes estadounidenses a esas empresas por usar lo que llaman «propiedades traficadas».

Este fallo favorece a las empresas de cruceros, y habrá que ver si es disuasivo al miedo de hacer negocios con la Isla y permite que estos buques, que eran fuente de vida económica para tantos trabajadores privados, pequeños negocios, artesanos y choferes en puertos como Cienfuegos, La Habana o Santiago de Cuba, vuelvan.

Nuestra opinión es que los criterios políticos de la comunidad cubana en Florida, especialmente de los nacidos en Cuba que residen en Estados Unidos, confirman el avance de una mentalidad de violencia económica que, además, no ha producido ningún resultado en cuanto a la promoción de valores democráticos.

El camino de asfixia para lograr un cambio político en Cuba, vigente durante 60 años, ha afectado principalmente a la ciudadanía, especialmente a los grupos más vulnerables y empobrecidos. Por el contrario, quienes gobiernan no sufren directamente sus consecuencias en la economía familiar, e incluso, puede ser una excusa para achacar a esta política externa las deficiencias resultado de las políticas internas.

No obstante, hay que reconocer que lo que sí ha sido efectivo ha sido la campaña mediática articulada desde múltiples medios y plataformas digitales, que ha posicionado la opinión de que dichas sanciones solo afectan al Estado y no a la población —como si esto fuera posible—, o que realmente no existen porque la Isla compra pollo a Estados Unidos, pagándolo al contado, utilizando una excepción puntual y con múltiples dificultades para transportarlo, encareciendo así su precio.

El mayoritario apoyo a esta política por parte de quienes hace tan solo cuatro años o menos sufrían sus consecuencias también confirma el desgaste de las campañas políticas en la Isla que apuestan por su derogación. Esta tendencia está relacionada también con la pérdida de credibilidad que hoy tienen, en una parte de la ciudadanía, los mensajes provenientes de los aparatos mediáticos estatales cubanos, muchas veces deslegitimados porque su agenda tiene pocos puntos de contacto con los problemas de sus audiencias, y las opiniones que se extienden en la calle y en las redes.

Con el tema particular del «bloqueo», la sobresaturación de mensajes relacionados a este, así como su uso por parte de algunos dirigentes para enmascarar problemas internos ha terminado provocando un rechazo a cualquier mensaje que intente explicar sus efectos.

Aún así resulta paradójico que no pocos cubanos salgan de la Isla hartos de la propaganda política del Partido Comunista, pero luego sean altamente sensibles a los mecanismos de propaganda de candidatos como Trump, que no solo muestra claros rasgos de autoritarismo, e insulta y excluye activamente a los migrantes como ellos, sino que apuesta por políticas que afectan directamente a sus familiares en su país de origen.

Esta «fotografía» en números que ofrece Guillermo Grenier refleja el camino político de una comunidad atrapada entre intereses políticos poco fundamentados y los afectos a su gente. Por un lado, envían remesas en su mayoría, pero no alcanzan consenso en que sea libre y fluido viajar a Cuba, donde están esos receptores de remesas: familia y amigos.

La comprensión de la realidad sigue moviéndose en planos dicotómicos: quienes culpan a las sanciones de todos los males de Cuba, sin reparar en la responsabilidad del gobierno, y quienes niegan o minimizan su impacto, o, en cambio, lo justifican «por un objetivo mayor». Estas visiones simplistas son amplificadas por medios e influenciadores políticos cuya visión partidista —ya sea a favor o en contra del gobierno— no les permite —o no les conviene— buscar puntos de racionalidad para delimitar las responsabilidades de cada cual y, sobre todo, proponer políticas, tanto en Cuba como en Estados Unidos, que beneficien a quienes hoy son las principales víctimas de este conflicto.

Una comunidad emigrada mayoritariamente trumpista y proembargo le hace un flaco favor a la promoción de un desarrollo democrático en Cuba, cada vez más azotado por infortunios humanos y naturales. La única forma de revertir este proceso es mediante el diálogo real y el entendimiento que debería estar libre de cualquier política restrictiva y extremismos, pero al parecer esta vía no le resulta atractiva o conveniente a ninguno de los grupos de poder.