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Fueron noticia las nuevas medidas económicas anunciadas en el Parlamento, dirigidas a una mayor centralización y control de los actores no estatales de la economía.
En las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024, presentadas por el primer ministro Manuel Marrero, se mencionaron algunos de los incumplimientos en la implementación del plan del gobierno cubano para superar la actual crisis. «Los planes de medidas para la salida de la situación en que nos encontramos, no logran su concreción ni marchan al ritmo que se necesita», enfatizó.
El jefe de gobierno ratificó el término «economía de guerra» para referirse a las condiciones bajo las cuales se desarrolla la situación del país y comunicó que «para trabajar en los ocho objetivos que conforman dichas proyecciones se diseñaron 220 acciones, de ellas 116 han sido aprobadas; asimismo, se organizaron 100 proyecciones, de las cuales 43 se han aprobado y 15 se han implementado».
En su intervención, Marrero habló del Programa de Estabilización Macroeconómica como «el abecé que nos va a conducir a avanzar» para salir de la crisis, sin detallar en qué consiste realmente.
Con relación al «redimensionamiento» del mercado cambiario, comentó que el Banco Central de Cuba lidera un grupo de trabajo para definir cuál debe ser la tasa cambiaria en el país y presentar propuestas que «se analizarán en el transcurso del año 2024».
Así como «incrementar medidas para que las formas de gestión no estatal realicen sus importaciones con pagos desde el sistema bancario del país y no desde el exterior, para lo cual también hay medidas concretas».
Esto apunta a una «dolarización parcial» de la economía. Según se anunció, todas las transacciones a lo interno se realizarán en CUP, excepto en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y algunas entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, entidades extranjeras y otras que sean aprobadas. También se pretende el saneamiento de las cuentas en divisas de las entidades estatales; la aprobación de esquemas cerrados de financiamiento para los exportadores y el establecimiento del pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal. De igual forma, se implementarán los cobros en divisas a los servicios portuarios y se aceptará el efectivo en divisas en determinados sectores y actividades, como el turismo.
Aunque Marrero Cruz aseguró que «la visión nuestra no es dolarizar la economía, todo lo contrario», lo que llamó «dolarización parcial» se asume como una vía para incrementar los niveles de divisa en este momento.
En su explicación a los diputados insistió en que «la empresa estatal socialista es el principal actor de la economía» y estas medidas están encaminadas a su «perfeccionamiento». No obstante, no se presentó la Ley de Empresas, que se viene posponiendo hace tiempo.
«Sobre los actores económicos no estatales –dijo–, ya casi hay 10 000 mipymes, más de 5 000 cooperativas en sentido general, pero de ellas solo 464 no agropecuarias».
Con relación al tope de los precios de seis productos alimentarios de alta demanda, decretado el pasado 8 de julio, dijo que «se han acometido acciones de control y enfrentamiento. Solo en dos días, 12 y 13 de julio, se detectaron 4 954 violaciones, por las que se aplicaron 4 332 multas, captándose por estas infracciones 13 millones de pesos».
Al referirse a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), el jefe de gobierno reconoció que esos productos tienen precios más caros que los que ofertan los privados, pero afirmó que es «injusto hacer ese análisis».
«Nuestras tiendas recaudadoras de divisas están enfrentadas a un escenario más complejo», dijo. «Tienen que ir a mercados más lejanos a comprar los recursos, a precios mayores por problemas con el pago a los proveedores, y no trabajan con el mercado ilegal de divisas sino con la tasa a 1 USD por 120 CUP».
En cuanto a la estrategia inversionista Marrero anunció que se gestionan proyectos que tributarán a la producción de cerdo, pollo, ganado vacuno y bufalino; frijoles, arroz, maíz, soya, café, carbón vegetal y productos agrícolas industrializados y sus derivados.
Otro de los elementos más llamativos estuvo relacionado con la sustitución de importaciones, sobre todo en materia de alimentos: «Vamos a llegar al productor de arroz a pagar en dólares una parte de esa producción. Nos va a ser mucho más económico que importar arroz desde Asia y eso va a permitir que se compren los insumos», afirmó sin especificar cuándo se tomaría esta acción y bajo qué precios se pagaría.
También anunció la decisión de eliminar el autorizo para importar a 24 de las 73 empresas aprobadas para brindarle este servicio a las Formas de Gestión no Estatales, presuntamente por bajos niveles de actividad y mal funcionamiento.
Esto significa que la política oficial de «orden» y «control» ha sido dirigida hacia los actores económicos no estatales que, a pesar de las fallas que puedan presentar en su actividad, son quienes cubren vacíos en la sociedad cubana que el Estado se ha mostrado incapaz de llenar, como la oferta de productos alimentarios.
Como ya es habitual, varios economistas se pronunciaron respecto a la intervención del primer ministro sobre asuntos económicos en el Parlamento.
En entrevista reciente para LJC, Omar Everleny afirmó: «Lo que sí está claro que es muy difícil salir adelante con esos divorcios entre tasas de cambio formal e informal, entre salarios y pensiones con precios fijados por el Estado a las mipymes, entre el atraso y la precariedad de la canasta básica que se entrega y las ofertas que existen en las tiendas estatales en divisas y las mipymes».
La profesora Ileana Fernández Díaz, quien coordina la Red de Emprendimiento de la Universidad de La Habana, dijo en entrevista para OnCuba: «Cuando ves las transferencias que hace el presupuesto del Estado al sector empresarial como subsidio, no como inversión de capital, te das cuenta que ese 18,5 % de déficit fiscal no sale de la nada. Tenemos un modelo que fractura a los actores económicos».
Por su parte, el economista Juan Triana Cordoví, en el blog Segunda Cita comentó: «En mi opinión personal sería un error y creo que trágico regresar a un proceso de mayor centralización porque ya es bien alta. En Cuba ninguna empresa decide en qué invertir por sí misma, excepto GAESA. Todas las decisiones de inversión y de asignación de recursos reales para operaciones se toman en los niveles más altos de gobierno, comenzando por las divisas. De hecho, el regreso a los esquemas cerrados de financiamiento en divisas es un reconocimiento de la ineficiencia e ineficacia de la asignación centralizada de recursos».
El economista Pedro Monreal publicó en sus redes sociales: «Si la nueva fase de “orden y disciplina” aspirase realmente a “perfeccionar” la política hacia las mipymes, el centro del análisis no debería ser solamente “¿qué hicieron mal las mipymes?”, sino “¿qué hizo mal el Estado” para fomentar el desorden y la indisciplina?»».
Nuestra opinión es que existe un divorcio entre el discurso proyectado en la sesión del Parlamento y la realidad. Muchos cubanos esperaban soluciones, más allá de la retórica. Sin embargo, eso no fue lo que se mostró, las disposiciones concretas anunciadas, encaminadas a controlar el sector privado, auguran un incremento de la escasez y un posible aumento de los precios, todo lo contrario a lo que dicen que se pretende lograr.
En cambio, las medidas que pudieran tener un efecto positivo en la economía, como pueden ser el establecimiento de un mercado cambiario formal, los pagos en moneda fuerte a los productores de alimentos, o la captación de inversión extranjera para el sector agrícola, si bien se esbozaron, no se les puso una fecha de implementación. Mientras tanto, los males se siguen acumulando.
Términos como «reordenamiento» o «redimensionamiento» de la economía pierden fuerza en un escenario en el que las consignas de siempre ya no surten efecto.
El Estado debe regular el sector privado, pero antes o a la par, debe arreglar su sistema empresarial. El gobierno no ha logrado en casi 10 años apuntarse ni un solo éxito económico, y a la larga el deterioro de las condiciones de vida tiene consecuencias políticas de incalculables proporciones.
Se oxida la joya de la corona
Fue noticia que la Comisión de Salud y Deporte en la Asamblea Nacional del Poder Popular abordó uno de los temas más sensibles en la sociedad: el estado actual del sistema de salud cubano.
En su intervención, el titular del ramo, José Ángel Portal Miranda se refirió a la corrupción y delitos como el cobro por los servicios médicos, «un asunto que no solo va contra la más elemental ética y principios del sistema nacional de salud, sino que afecta la calidad y transparencia en la atención».
«Duele mucho cuando, después de que nosotros hacemos un esfuerzo y el gobierno hace un esfuerzo para garantizar esos servicios, las personas se tengan que enfrentar a que alguien, de manera poco ética, e inescrupulosa se los cobre. Es inadmisible», sentenció.
Por su parte, la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández comentó que han implementado «70 acciones específicas para la prevención de tendencias negativas» relacionadas con «problemas de organización de los servicios, eficiencia en procesos clave para la atención al paciente, incumplimiento del control interno y protección de nuestros recursos».
Una de las preocupaciones es el control de los servicios farmacéuticos. Para ello, asegura Cruz Hernández, «se han llevado a cabo 3 311 auditorías a farmacias comunitarias y 1 630 a unidades asistenciales, revisando un total de 231 720 recetas médicas y 163 478 certificados médicos».
El ministro de Salud Pública apeló al trabajo de las organizaciones políticas y de masas como el Partido, la UJC y el Sindicato para prevenir hechos delictivos de esta índole. Insistió en la ética y la empatía de los trabajadores del sector, así como en la preparación de los cuadros para garantizar el control en este sentido.
El desabastecimiento en la red de farmacias del país es una de las mayores demandas de la ciudadanía. El Cuadro Básico de Medicamentos (CBM) este año es de 651 productos, de los cuales 250 son importados por el Minsap. Sumado a ello, la falta de personal en las farmacias, las afectaciones a medicamentos controlados por el llamado «tarjetón» y la baja cobertura del CBM inciden en la calidad de la atención de salud.
Al respecto, el ministro comentó: «Decir que esta situación se va a resolver en los próximos días sería irresponsable. Las soluciones pasan por un esfuerzo, sobre todo, desde el punto de vista financiero, pero también de organización interna y funcionamiento de toda la cadena desde la producción hasta el expendio en las farmacias».
La falta de medicamentos, equipos e insumos en un escenario de crisis económica se refleja en la calidad y disponibilidad de la atención sanitaria. Se ha afectado la retención de los profesionales de batas blancas, muchos deciden abandonar sus trabajos para dedicarse a otras actividades en el sector no estatal que les permitan mayores remuneraciones. La emigración de personal joven y calificado también ha repercutido en las instituciones de salud.
«Hemos discutido la fluctuación del personal económico y de servicio. No podemos entregar las armas, tenemos que buscar alternativas. Los directores son responsables de completar los equipos, y debemos buscar fórmulas, porque no es solo el salario lo que prima», agregó Portal Miranda.
Por otro lado, se informó que en el primer semestre de 2024 hubo casi 8.000 nacimientos menos que en los primeros seis meses de 2023. La tasa de mortalidad infantil, si bienpasó de 7.9 por cada 1 000 nacidos vivos en 2023 a 7.4 en lo que va de 2024, sigue siendo alta en comparación con un quinquenio atrás.
Esto significa que la grave situación económica, el deterioro de la infraestructura de salud, el acelerado envejecimiento en el país y él éxodo migratorio hacen mella en una de las banderas políticas de la Revolución cubana.
El éxodo del personal médico ha hecho colapsar múltiples servicios de salud en un país con una población sumamente envejecida que cada vez demandará más atención médica.
Asimismo, la crisis económica afecta duramente la salud de la población. El pasado mes un informe de UNICEF sobre pobreza alimentaria infantil reveló que el 9% de los niños cubanos sufren pobreza alimentaria severa y el 33% pobreza moderada, lo cual afecta directamente la salud de los infantes.
Estas problemáticas no son nada nuevo. A finales de 2023 la médico y articulista Adriana Fonte Preciado alertaba en un artículo publicado en esta plataforma muchas de las problemáticas mencionadas en la Asamblea:
«el personal facultativo del MINSAP ha sufrido una peligrosa disminución en sus filas —solo en el último año 12 065 médicos dejaron sus puestos de trabajo para emigrar al sector privado o al extranjero—; la falta de medicamentos es catastrófica y la escasez nutre el mercado virtual […] donde las personas ofrecen comprar, vender, o intercambiar medicamentos sin regulaciones de las autoridades, convirtiéndose en caldo de cultivo para la corrupción, los precios abusivos, la falta de control de calidad farmacológica y de vigilancia, incluso sobre los medicamentos de uso intrahospitalario y de alto riesgo».
Nuestra opinión es que estos desafíos representan una amenaza para el bienestar de la población cubana. Es cada vez más visible la brecha entre quienes pueden acceder hoy a recursos, medicamentos, atención inmediata y de calidad, y quienes no pueden permitírselo.
También es cierto que los profesionales cubanos, formados en una educación respetada por sus homólogos, atraviesan situaciones graves a nivel financiero con respecto a sus pares de la región. Apelar a la ética y a la responsabilidad de los trabajadores de la salud no resolverá esta situación lamentable en un país que se preció de ser uno de los líderes a nivel mundial en cuanto a la atención de salud pública.
En esencia, la salud requiere inversión sistemática y significativa por parte de los Estados. Si la crisis económica no permite que se destinen mayores presupuestos para ello, el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos irá en picada y traerá en consecuencia un impacto social que los políticos no deberían despreciar.
Cada vez menos y más envejecidos
La noticia es que Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), expuso en el Parlamento los últimos cálculos oficiales sobre la población cubana.
Para ello se utilizó el término de «población efectiva», que recoge a toda persona viva que haya acumulado en el territorio nacional 180 días durante los últimos 360.
Según ese concepto, Alfonso Fraga afirmó que en Cuba al cierre de 2023 la población efectiva cubana era de 10 055 968 personas, no obstante, hoy se estima en menos de diez millones.
Según los datos aportados, en el período comprendido entre 2021 y 2023 hubo un decrecimiento natural de 120 621 (el cual se obtiene de restarle a la cantidad de nacimientos la cantidad de muertes), asimismo emigraron 1 011 269 residentes e inmigraron 6 263, por lo que el saldo migratorio es de menos 1 005 006 personas.
El total de las provincias vio decrecer su población efectiva, las que más personas perdieron en el período analizado fueron La Habana (-328 732), Villa Clara (-74 050) y Camagüey (-73 173).
Según los cálculos de la ONEI, la población efectiva al cierre de 2023 era un 10,1% menor a la que se tenía al 31 de diciembre del 2020 y similar a la que Cuba registró en algún momento del año 1985. Asimismo, se predijo que 2024 debería cerrar con la menor cifra de nacimientos registrada desde 1959.
El envejecimiento poblacional fue otro fenómeno analizado, según los datos aportados, casi un quinto de la población del país (24.4%) tenía 60 años o más en el 2023. Por cada 1 000 niños de 0-14 años, nacionalmente hay 1 511 adultos mayores de 60 años o más. En adición, las mayores pérdidas de población se registran en las edades de 15-59 años, justo la que tiene más posibilidades de trabajar.
El vicejefe de la ONEI reconoció que este panorama «presentará una economía envejecida, caracterizada por el alto costo, para la sociedad y la familia, de una atención y cuidado a la creciente población adulta mayor, incrementando el costo de los programas sociales con peso en la seguridad y asistencia social y una menor base para la renovación de los recursos laborales del país y sus territorios».
Esto significa un reconocimiento por parte de las autoridades de la grave problemática demográfica que vive la Isla con múltiples afectaciones en sectores como la economía o los servicios públicos.
Además de la baja natalidad y la alta mortalidad, queda claro que la mayor pérdida poblacional está relacionada con la emigración, una problemática asociada a la fuerte crisis socioeconómica agravada principalmente desde 2019.
La metodología oficial para medir la población siempre causó polémica entre los demógrafos, por registrar la pérdida por migración solo cuando la persona perdiera la residencia por pasar más tiempo en el exterior que el estipulado (dos años que fueron prorrogables desde la pandemia). Esto traía un cálculo inexacto de la población, pues contabilizaba a personas que hacía tiempo no residían en el país. Algo que fue reconocido en el reporte de Juan Carlos Alfonso Fraga.
Ante la oscuridad numérica, el demógrafo Juan Carlos Albizu realizó un estimado que fue noticia en días pasados, el cual estimaba una pérdida del 18% de la población cubana entre 2022 y 2023 para un restante de 8.62 millones de personas residiendo en la Isla. El estimado se hizo a través de una compleja metodología que tenía en cuenta reportes de migrantes cubanos informados por organismos estadounidenses y tendencias numéricas a partir de las cifras oficiales cubanas disponibles en aquel momento.
El investigador en todo momento dejó claro que se trataba de un estimado que intentaba suplir el vacío de los datos oficiales. La reciente publicación de los cálculos de la ONEI pudiera ser una respuesta ante dichos cuestionamientos.
Nuestra opinión es que más allá de asumir uno u otro estimado, ambos demuestran que es evidente el decrecimiento vertiginoso de la población cubana, tanto de forma natural, como por el saldo migratorio.
Si bien el envejecimiento y decrecimiento poblacional tiene factores multicausales, es evidente que la migración representa una de las causas que más impactan en el problema.
Las problemáticas que se desprenden de las cifras generan múltiples incertidumbres: ¿cómo piensa el Estado cubano suplir la fuerza de trabajo que hoy envejece o se va del país?, ¿cómo se garantizarán servicios de apoyo, cuidado y atención médica las personas de la tercera edad cuya familia emigró o no puede hacerse cargo de ellos?
El Estado debe asumir su responsabilidad con quienes dieron su vida por un proyecto de país diferente. Con los jóvenes que se van… mientras no exista un futuro capaz de brindarles oportunidades de realización, difícilmente el panorama pueda cambiar.
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