Liberar y reconciliar sin condiciones

El gobierno cubano ha vuelto a liberar presos por razones políticas el pasado jueves 27 de febrero, después de una pausa de varias semanas. Parecía que la promesa hecha en enero, de excarcelar 553 sancionados, quedaría sin efecto después que la administración Trump devolvió a Cuba a la lista de «patrocinadores del terrorismo».

Los habituales silencios del discurso oficial dejaron a la opinión pública a la expectativa. ¿Se reanudarían las excarcelaciones anunciadas, o el proceso, reclamado por cientos de familias, duró el mismo tiempo que estuvo Cuba fuera de la lista de países «patrocinadores del terrorismo?

El 30 de enero había ocurrido la última liberación masiva que trascendió a los medios y a los reportes de las ONGs interesadas en el tema. Hasta ese momento, sólo 209 presos por razones políticas habían sido excarcelados, detalló Prisoners Defenders. Esta organización registrada en España, con su foco principal en el registro de violaciones de derechos humanos reportadas en Cuba, asegura que la mayoría de los presos que recientemente recuperaron su libertad «ya tenían derecho al régimen abierto, libertad condicional y libertad inmediata».

Además de Prisoners Defenders, Justicia 11J es otra organización que ha obtenido amplia visibilidad en reportar las prácticas irregulares de los tribunales y cárceles cubanas ante presuntos delitos de carácter político. Justicia11 aclara en una nota que las estadísticas disponibles sobre la situación de estos presos no son exactas, apenas se trata de lo que han podido verificar a partir de familiares y activistas que hacen trabajo de campo en el país. Incluso con el sesgo político o metodológico que pudieran tener, estas ONGs han aportado los informes más detallados con que contamos para entender la dimensión de la violencia estatal, expresada como procesos judiciales indebidos, condenas excesivas y encarcelamientos bajo pautas distintas a los comunes.

Ambas organizaciones insisten en que la libertad regulada que se ha otorgado a los presos, no debe ser vista como un auténtico gesto humanitario, pues las condenas siguen vigentes a pesar de la excarcelación. No ha habido amnistía. Se trata, en general, de «libertad condicional», una opción que implica, en lo legal, el mantenimiento de la sanción, y en la práctica obliga a la supervisión de jueces, policía y organizaciones sociales.

La libertad regulada que se ha otorgado a los presos, no debe ser vista como un auténtico gesto humanitario, pues las condenas siguen vigentes.

Si el informe de la ONG es exacto, muchos de los presos políticos tenían derecho a esta liberación, en coherencia con los denominados «beneficios penitenciarios» que reciben los sancionados por delitos comunes.

Un preso que no tenga antecedentes penales o que fuera menor de 20 años al delinquir o que sea mujer, tendría derecho a la libertad condicional en el momento de cumplir un tercio de la condena. Los presos por razones políticas generalmente se ven excluidos de estos «beneficios». Prisoners Defenders señala, por ejemplo, que el 100% de las presas «de conciencia» que no tienen antecedentes penales, ya debería estar en plena libertad o en libertad condicional. A la misma conclusión llegaron acerca de los jóvenes menores de 20 años.

En efecto, la ley cubana contempla los «beneficios de la excarcelación anticipada», definidos como «requisitos establecidos para el otorgamiento de la libertad condicional y la sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por alguna de las sanciones alternativas a la de privación temporal de libertad». El acceso a estos «beneficios» está previsto por la legislación, vigente desde 2022, como un derecho de todos los reclusos.

La oposición política organizada, desde sus bases en Miami y Madrid, ha acusado al gobierno de usar a los presos políticos como carta de negociación internacional. El énfasis del discurso oficial en afirmar su gesto como una tradición humanitaria propia de las relaciones con la Santa Sede, sin mencionar el «toma y daca» con la administración Biden, confirma que el trato dado a los presos políticos es más deshonesto de lo que parecía. Como si no bastara con las sanciones excesivas que enfrentan, también se les excluye de las opciones de liberación que tiene el resto de los presos. Negocian con ellos. Retienen una parte significativa en las cárceles. Dicen que los mueve la humanidad compartida.

El «complejo» acto de negociar

La insistencia del presidente Díaz-Canel en que se trataba de una «decisión unilateral y soberana», inspirada en «el espíritu» del Jubileo católico, como apuntó el Minrex, fue una ridiculez innecesaria. Los estadounidenses no escondieron ninguna información. La prensa reveló detalles del acuerdo antes de que la Casa Blanca y la Plaza de la Revolución publicaran, el mismo día, sendas notas oficiales.

La liberación de los presos fue el resultado de una negociación que tuvo al papa Francisco como mediador, una escena semejante a la de 2014 que inauguró el «deshielo» de las relaciones entre ambos países. En aquel momento, pisando terreno firme, Raúl Castro informó el acuerdo en televisión. Hizo feliz a un pueblo entero, agotado por la confrontación, que poco tiempo después dio vivas al presidente Obama en las calles habaneras.

Díaz-Canel, presionado por el próximo regreso de Trump, prefirió reservarse el entusiasmo. Hizo todo lo posible por no darle al asunto la importancia que parecía tener. Se asignó al Ministerio de Relaciones Exteriores el encargo de informar la liberación de los presos y la «liberación» que demandaba Cuba de la etiqueta terrorista. Se redactaron notas diferentes, para que fueran leídas del modo «correcto».

Negociar en desventaja, bajo una urgencia, en tensión económica, y bordeando una crisis humanitaria, no le resta «soberanía» a la negociación. Por el contrario, la afianza. El interés de la ciudadanía, la necesidad de la mayoría, es un argumento inconfundiblemente «soberano». La gente, en sus vidas individuales, no se acompleja demasiado por estas cosas, más si pudieran ayudar a resolver los problemas cotidianos.   

Negociar en desventaja, bajo una urgencia, en tensión económica, y bordeando una crisis humanitaria, no le resta «soberanía» a la negociación.

Lo único lamentable de esta negociación es que un gobierno soberano negocie con la libertad de cientos de personas y que el otro gobierno soberano, que ha ejercido una soberanía abusiva fuera de sus fronteras, negocie con el bienestar de millones de personas. Y los gobiernos tampoco se avergüenzan, ni se acomplejan por esto. Hay que estar avisados. Podrían venir futuras negociaciones de este estilo. El pragmatismo de la administración Trump las está imponiendo por todos lados en tono de cínica franqueza, sin aparentar filantropía.  

Con las excarcelaciones de este jueves, el gobierno cubano parece haber dado un paso responsable, de una intención sinceramente «soberana». Esta vez no depende de ninguna negociación externa —al menos que sepamos—. En todo caso, hace honor a la palabra dada.

Si la mayoría de estos cubanos ya debería estar con sus familias, al amparo de los «beneficios penitenciarios»; si la parte desinteresada del acuerdo, el Vaticano de los buenos oficios diplomáticos, sigue festejando el año jubilar; si, por último, todos sabemos que las sanciones impuestas a los presos políticos no se ajustan a la gravedad de los delitos que pudieron haber cometido, porque los tribunales las impusieron para disuadir futuras disidencias, ninguna razón de Estado debería impedir que continúen las excarcelaciones hasta cumplir, por lo menos, con lo prometido en enero.

Todos sabemos que las sanciones impuestas a los presos políticos no se ajustan a la gravedad de los delitos que pudieron haber cometido.

La negociación es ahora doméstica y también ocurre en desigualdad de poder. De un lado el Estado y su máquina política, legal, administrativa, del otro lado la ciudadanía y su crítica humana a la razón de Estado. Estos negociadores, que comparten la responsabilidad sobre la supervivencia de la nación, no se podrán reconciliar del enfrentamiento del 11 de julio de 2021 sin la cuota de liberaciones que se le adeuda a la sociedad cubana.

Las altas penas impuestas ante las protestas de los últimos años, funcionaron según la lógica del Estado. Hay menos disposición ciudadana para salir a las calles en actitud de reclamo. Sin embargo, las contradicciones, el descontento, son los mismos. La gente ha preferido buscar soluciones individuales, lo mismo abandonar el país, que emprender negocios, legales o ilegales. Estamos en el ojo del huracán del descontento acumulado. Esta calma es un espejismo.

Razones no faltan

Mantener la promesa de las excarcelaciones, sin sumarse al vaivén de la política estadounidense, respetando la palabra dada, me parece un signo de madurez política. Expresa, en el fondo, un reconocimiento de la necesidad que tenemos de resolver un problema pendiente. Cada preso liberado también representa una liberación para el Estado, una cuenta menos que rendir a sus críticos.

Las relaciones con Europa, por ejemplo, que son decisivas para Cuba, mucho más tras el aumento de tensiones con Estados Unidos, implican un intercambio sobre derechos humanos. Tener cientos de presos por razones políticas, sancionados a condenas excesivas, es el argumento de artillería pesada que se ha utilizado más frecuentemente en los últimos años para cancelar el acuerdo de la Unión Europea con nuestro país.

Tampoco son despreciables los reclamos que se hacen desde la ciudadanía cubana. Y aunque el principal activismo para la liberación ha venido de los grupos y líderes opositores, no han sido inexistentes las otras figuras del espectro político, incluso militantes del Partido Comunista o la Unión de Jóvenes Comunistas que, de manera pública o privada, y con más o menos matices, se han sumado a este reclamo. No se puede enarbolar durante décadas la bandera de la justicia social y el humanismo, y pretender luego conciliar a la gente con que se use toda la violencia del Estado contra personas provenientes de los sectores más empobrecidos de la sociedad.

Si la razón humanitaria o de respeto a la justicia no bastaran, la Plaza de la Revolución debería acabar de aceptar que estos presos ya cumplieron su papel disuasorio, no representan una carta decisiva de negociación con la actual administración estadounidense y podrían ser una excusa para el distanciamiento de Europa. El gobierno de Suecia lleva solicitando, hace algún tiempo, la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Cada vez consigue más apoyo. La excarcelación en curso, si se lleva a término, aunque no signifique el cierre del asunto y todavía queden cientos de presos en las cárceles, serviría para aliviar la tensión y fortalecer una relación amenazada por los grupos de poder que apuestan por aislar a la Isla.

Si la razón humanitaria o de respeto a la justicia no bastaran, la Plaza de la Revolución debería acabar de aceptar que estos presos ya cumplieron su papel disuasorio.

Reclamar la liberación incondicional de todos los presos, no de un grupo seleccionado bajo criterios imprecisos, también es un signo de coherencia por parte de los defensores de derechos humanos. El tema ha sido tan instrumentalizado por la política estadounidense que no suele aparecer en el debate de activistas y medios progresistas. Es como si mencionarlo significara complicidad con los discursos hegemónicos. La polarización extrema de esta discusión no beneficia a Cuba, por el contrario. Mientras haya presos, los que imputan a La Habana de intolerante tendrán una evidencia a su favor. Los presos son un hecho de carne y hueso. Son personas que nadie puede esconder, ni siquiera en la prisión. Son sujetos de derecho que obligan al gobierno cubano a un trato respetuoso y coherente con la ley.

Negociar es un acto soberano, incluso si hay que negociar en desventaja. Lo lamentable es que las circunstancias favorezcan el canje de unas vidas por otras, de la libertad de un grupo de personas ajenas a esa negociación a cambio de un respiro para el país.  Tras ese intento fallido de aliviar a la nación entera, lo más soberano que queda por hacer, lo más útil, es mantener la voluntad de reconciliación que traen, en su esencia, las excarcelaciones. Hacer justicia con nosotros mismos, sin condicionamiento, es un ejercicio de indudable soberanía.