Criminalizar las protestas no detendrá el descontento ciudadano

Recientemente se conocieron protestas en algunas localidades del país, como Gibara, por los prolongados apagones y la escasez. Es en este contexto que el Tribunal Supremo Popular y el periódico Granma informan sobre el juicio en Bayamo a 16 personas que participaron en las manifestaciones de marzo de 2024, lo que se calificó como «disturbios».

El texto publicado habla de «desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir», pero, como ya es costumbre, no da voz a ninguno de los manifestantes, ni expone los argumentos de la defensa.

El hecho de que se desarrolle ese juicio un año después, pero a días de las noticias de protestas ciudadanas, funciona como recordatorio de que en Cuba manifestarse, incluso si se hace pacíficamente, puede equivaler a exponerse a un proceso judicial.

La gente lo sabe. Pero hace años que los «mecanismos establecidos» para canalizar las inquietudes dejaron de generar confianza. La población sobrevive sin que las instituciones representen espacios o vías para mejorar la realidad. Hasta el momento, nadie parece asumir responsabilidades ni ofrecer soluciones concretas a la situación diaria de los cubanos. Frente a ese vacío, la calle se convierte en el último recurso para expresar el reclamo.

Esto no significa justificar actos vandálicos, pero sí distinguir entre violencia y el derecho legítimo a la protesta ciudadana.

Aunque la Constitución reconoce el derecho de reunión y manifestación, a día de hoy no existe una norma que regule su ejercicio y abundan disposiciones que permiten criminalizar lo que debería entenderse como participación cívica, con todo lo positivo que eso puede significar para fortalecer la vida pública y abrir espacios de diálogo que hoy permanecen cerrados.

Así, lo que debería discutirse abiertamente termina haciéndose visible solo en redes sociales. Mientras, los medios oficiales una vez más callan y se limitan a replicar notas de organismos de gobierno.

Contrasta con las noticias sobre protestantes en los tribunales, preguntas que tiene la ciudadanía y nadie contesta: ¿qué juicio enfrentan quienes comparten responsabilidades en la policrisis nacional? ¿Qué consecuencias ha tenido para autoridades el pésimo desempeño? ¿Qué se sabe del proceso contra el exministro de Economía, Alejandro Gil?

La protesta no es otra cosa que una forma de control popular, en la cual la ciudadanía expone en el espacio público sus inconformidades y carencias, muchas veces luego de recurrir sin respuesta a otros mecanismos establecidos.

Por tanto, las manifestaciones no son más que un síntoma del malestar ciudadano que se expresa en muchos otros ámbitos de la sociedad. Sin embargo, en este contexto la Asamblea Nacional permanece unánime y complaciente; sin ejercer su función, no solo de aprobar leyes necesarias que siguen pospuestas, sino de hacer rendir cuentas a quienes hoy están en espacios de toma de decisiones.

Hablar de resistir es incoherente en el discurso político cuando es evidente que unos soportan más sacrificios que otros. En un contexto de reducción de la calidad de vida para las mayorías, la directiva del país debería dar ejemplo de austeridad, sin embargo, cada vez son más frecuentes las imágenes de primeros dirigentes y sus familiares en viajes, fiestas, hoteles lujosos… Esto también acrecienta el malestar ciudadano.

Reducir las protestas a la manipulación de la oposición o a los efectos de las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos, tampoco resulta convincente para la ciudadanía, pues supone ignorar la cuota de responsabilidad del propio gobierno y su falta de voluntad para asumirla.

De ahí que lo imprescindible sea aceptar estas expresiones como un derecho ciudadano, dejar de criminalizarlas y abrir canales efectivos de diálogo. Y sobre todo, empezar por reconocer sin rodeos los errores de las políticas internas que han agudizado la escasez y las desigualdades. Mientras esa rendición de cuentas y esas soluciones no lleguen, seguirán agravándose las condiciones que empujan a la protesta.