Paquete económico, tope de pensiones y más

El paquete económico ya está aquí

Fue noticia este 1 de enero la entrada en vigor de medidas arancelarias y nuevos impuestos, como parte del programa de estabilización macroeconómica anunciado por el gobierno en los últimos días del 2023.

Estas son las primeras disposiciones implementadas de un ambicioso plan que ha generado polémica y desconfianza entre los expertos.

En el nuevo contexto, quedó cancelado el incentivo de exención de impuestos para mipymes y cooperativas no agropecuarias en su primer año de fundadas. También fue ampliado el pago del impuesto sobre bienes y servicios a absolutamente todas las operaciones comerciales de las mipymes. Antes sólo lo pagaban en la comercialización minorista.

En cuanto a los aranceles, quienes importen productos terminados pagarán un impuesto mayor. Sin embargo, la tarifa se reduce en el 50% para las empresas que importen materias primas o bienes intermedios.

Algunas de las disposiciones que más preocupan a la ciudadanía, como el aumento en el precio del combustible, de la electricidad, del gas y del agua, todavía no han entrado en vigor.

De las medidas estrenadas en 2024, la mejor recibida fue el incremento en el salario, en razón de la antigüedad del ejercicio laboral, para el personal de los sectores de salud y educación. El beneficio alcanzará a menos de medio millón de personas.

Esto significa que el programa de estabilización no consigue, en principio, dejar atrás el círculo vicioso de la economía cubana: un modelo rentista, poco dispuesto al incentivo, que no logra llegar a buen puerto.

Opinamos, como tantos expertos, que se necesita estimular a los nuevos contribuyentes, no desalentarlos.

Invitar a la importación de materias primas con la rebaja de aranceles, es una buena idea, pero lamentablemente viene acompañada, en el caso de las mipymes, por decisiones paradójicas que podrían empeorar la crisis de abastecimientos. El plan del mediano o del largo plazo no debería afectar la situación de ahora mismo, que ya es bastante crítica.

En esa paradoja se debate la nueva política económica, sin encontrar la receta de corregir a futuro sin provocar nuevos problemas. La fórmula no aparece.

Es justo subir los salarios de profesionales que mantienen funcionando servicios de valor inestimable, pero en un país que soporta una inflación del 30% esa subida será un espejismo cuyo efecto durará muy poco. 

El sinsabor de la papa «ecológica»  

Y fue noticia que, a la altura de esta primera semana de 2024, después de un mes de molienda, sólo se han incorporado a la zafra 11 centrales de los 2022 que deberían estar activos.

El atraso se debe «deficiencias técnicas» que no fueron detectadas a tiempo, dijo Dionnis Pérez, un directivo del Grupo Empresarial Azcuba, al diario Granma.

A pesar de estos problemas, el funcionario insistió que la zafra garantizará el azúcar que se distribuye en la cartilla de racionamiento, además del consumo social y de otros sectores de la economía.

Esta no es la única noticia relacionada con la agricultura en los primeros días del nuevo año. Las empresas que integran el estatal Grupo Agrícola (Gag) pretenden sembrar más de 130.000 hectáreas de diferentes cultivos como parte de la denominada «campaña de siembra de frío», que empezó en septiembre y terminará en febrero.

José Manuel Martínez, un funcionario del Ministerio de la Agricultura, dijo a Granma que 2.700 hectáreas serán para la papa y añadió que cuentan con los fertilizantes y semillas necesarios.

Otras 600 hectáreas también serán sembradas de papa, pero en estilo «ecológico», con semillas cubanas y productos orgánicos. El funcionario explicó que el rendimiento de este último grupo será inferior. Encima, la siembra anda atrasada, reveló también Martínez.

Con respecto a otros productos, como viandas, hortalizas y granos, admitió que el Gag no cuenta con los insumos necesarios y eso provocará rendimientos bajos. En la presente campaña apenas lograrán alcanzar 18 libras de productos per cápita. Martínez aclaró que el Gag no es el único grupo a cargo de estos cultivos, así que la cifra no debe asumirse como un indicador global.

Esto significa que la descapitalización de la agricultura sigue pasando factura al campo cubano, y el consumidor final es el que paga las consecuencias junto a los altos precios de los productos en los agromercados. A pesar del tono moderado de los funcionarios, que obliga a leer las entrelíneas cada una de sus declaraciones, al parecer este año las siembras nacionales tampoco podrán satisfacer las necesidades alimentarias de la población.  

Nuestra opinión es sin una reforma agraria integral no hay futuro. En el paquete de medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero, la agricultura es una de las zonas más vagas. El diagnóstico está a la vista, pero la intervención adecuada no llega.

El 80% de la tierra está gestionado actualmente, según Marrero, por «formas productivas no estatales».  Sin embargo, siguen siendo ineficientes.

La política de otorgar tierras en usufructo no bastó. Debería pensarse en una nueva modalidad de tenencia, que dé más oportunidades a los productores en el terreno. Asimismo, urge relajar los controles, intervenir con subsidios para la compra de maquinarias, y aplicar otros incentivos a quien produzca. Mientras a la agricultura —además de «corazón»— no se le ponga inversión, la comida no llegará a la mesa del cubano con facilidad.

La baja mortalidad infantil, una buena noticia

Una de las mejores noticias del año nuevo fue la baja en la tasa de mortalidad infantil. Al cierre de 2023 estaba en los 7.1 por mil nacidos vivo. Traducido a números totales, hubo 74 fallecidos menos que en 2022.

La provincia con mejor tasa es Pinar del Río con 3.1. Veinticinco municipios no reportaron la muerte de ningún bebé menor de un año. Seis provincias cerraron con tasas por debajo de la media nacional.

Otros indicadores también mejoraron con respecto a 2022. La tasa de mortalidad preescolar bajó a 3.6 y la escolar a 2.1 por 10.000 habitantes. La mortalidad materna que se hallaba en 40.9 por 100.000 nacidos vivos en 2022, descendió a 38.7 en el año pasado.

Esto significa una satisfacción notable para el gobierno en un momento en el cual tiene pocos logros que exhibir. La mortalidad infantil es un indicador que ha tenido históricamente mucho peso en el discurso político cubano.

Opinamos que, naturalmente, es una buenísima noticia, aunque deja algunas preguntas. ¿Qué cambió en los servicios médicos cubanos de 2022 a 2023, cuando el éxodo de profesionales de la salud se mantuvo, unido a la carencia de medicamentos e insumos?

Tal vez el crecimiento de este indicador en años anteriores, sumado a escándalos como el ocurrido a inicios del actual —que implicó la muerte de 8 recién nacidos con consecuencias legales para el personal sanitario encontrado como responsable— reforzó la prioridad o el control sobre el Programa Materno Infantil. También habrá quien se cuestione las estadísticas oficiales, pero sin pruebas contundentes de que estén manipuladas, solo queda celebrar.

Las pensiones topadas

Por último, fue noticia este sábado que habrá un tope al salario promedio que se tendrá en cuenta de forma completa para el cálculo de las pensiones.

El Consejo de Ministros decidió modificar el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, en vigor desde 2009, con el objetivo declarado de «atemperar a los cambios como consecuencia del proceso de transformación en la distribución de ingresos de la población».

El documento publicado en la Gaceta Oficial, se refiere a que el envejecimiento poblacional implica que haya cada vez más pensionados en el país, y también menos contribuyentes que generen los ingresos necesarios para garantizar sus chequeras. Por lo cual, es necesario modificar lo hasta ahora previsto con el fin de «atenuar los gastos del presupuesto de la seguridad social».

La nueva disposición también explica que, a raíz de las transformaciones realizadas en el sistema empresarial cubano —que eliminaron el tope «a la cantidad de salarios medios mensuales a distribuir»—, cuando se calculaba la jubilación sobre la base de los salarios promedios de quienes laboran en empresas con gran superávit, resultaba en «pensiones con elevadas cuantías».

El salario promedio para la pensión se estima sobre la base de los mayores salarios devengados por el trabajador durante cinco años, seleccionados de entre los últimos quince años naturales anteriores a la solicitud de la jubilación. También promedian otros añadidos legalmente cobrados en ese tiempo, como el pago por distribución de utilidades.

Para calcular la pensión se sigue aplicando el 60 % al mencionado salario promedio. Si el jubilado tuviera más de 30 años de trabajo, se incrementa un 2 % por cada año el porcentaje hasta llegar a un 90 % como máximo. En esto no hay modificaciones.

El cambio principal consiste en que, a partir de la entrada en vigor de la citada medida, cuando el salario promedio supere los 9 510 pesos, se irán aplicando progresivamente reducciones a la cifra final que se tomará en cuenta para el cálculo de la pensión de forma siguiente:

• al exceso de 9 510 pesos hasta 19 020 pesos, se le aplica el 60 %;
• al exceso de 19 020 hasta 28 530, se le aplica el 40 %;
• al exceso de 28 530, se le aplica el 20 %.

«Los trámites de pensiones por edad e invalidez total iniciados con anterioridad a la puesta en vigor de este Decreto, continúan su tramitación por las disposiciones normativas por las que se iniciaron», agrega la normativa.

Esto significa que las desigualdades salariales, incluso entre quienes están laborando en el sistema estatal, están siendo un problema para el Estado. Actualmente un trabajador de una empresa con altos indicadores de rentabilidad puede ganar en el trimestre tres o cuatro veces lo que gana un médico o un profesor universitario, cuyos salarios son generalmente estáticos. La diferencia antes mencionada también se aplicaría proporcionalmente a las pensiones.

La nueva disposición intenta «redondear» de alguna manera esta disparidad —aunque no lo logra del todo. No obstante, lo hace reduciendo progresivamente el máximo en vez de aumentado el mínimo.

Nuestra opinión es que resulta muy difícil que la economía se exprese en todo su potencial cuando se corta las alas a las zonas más eficientes.

Trabajar, entre tantas cosas, por una pensión justa, es un objetivo legítimo; especialmente cuando numerosos jubilados —si no tienen familiares que los ayuden u otros capitales que movilizar— viven con un limitadísimo acceso a alimentos e insumos básicos imprescindibles para mantener una vejez digna.   

Quienes laborado toda su vida no son responsables de que en Cuba mueran más personas de las que nacen, o de que muchos jóvenes prefieran vender su fuerza de trabajo fuera de las fronteras nacionales. Para quienes permanecen en el territorio y se miran en los espejos de sus padres o abuelos próximos a jubilación, tampoco es algo alentador. 

Esta medida, si resultara inevitable, debería ser temporal. La fórmula adecuada para reducir la desigualdad de ingresos en un sector tan sensible como las personas de la tercera edad no radica en bajar los máximos —que tampoco resultan tan altos si se tiene en cuenta el costo de la vida—, sino en ajustar los mínimos a lo necesario para adquirir una verdadera canasta básica.