Tomado de Rebelión
Salim Lamrani
La cuestión del número de «presos políticos» en Cuba está sometida a polémica. Para el gobierno cubano no hay presos políticos en Cuba, sino personas condenadas por delitos inscritos en el código penal, particularmente el hecho de recibir financiación de una potencia extranjera. En su informe 2010, Amnistía Internacional (AI) habla de «55 presos de opinión»1, de los cuales 20 fueron liberados en julio de 2010, otros 6 el 15 de agosto de 2010, luego de la mediación de la Iglesia Católica y de España, y otros dos antes.2 Entonces, según AI, quedan actualmente 27 «presos políticos» en Cuba. Finalmente la oposición cubana y más precisamente Elizardo Sánchez, de la Comisión de Derechos Humanos y por la Reconciliación Nacional (CDHRN), señalan la cifra de 147 presos políticos, menos los 6 recientemente liberados, o sea 141.3 Los medios occidentales privilegian esta última lista.
Primero conviene aclarar un aspecto de esta cuestión antes de evocar el tema del número exacto de «presos políticos» en la Isla : la existencia o no de la financiación de la oposición cubana por parte de Estados Unidos.
Esta política, clandestina entre 1959 y 1991, ahora es pública y muchas fuentes lo confirman. En efecto, Washington reconoce esta realidad en varios documentos y declaraciones oficiales. La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba».4 La ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que «el presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba».5 El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana».6 Entre las medidas previstas se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente». El segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna.7 El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba».8
