Deportaciones y restricciones: el legado de Marco Rubio para Cuba

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Esta semana fueron noticias varios hechos que impactaron las ya quebradas relaciones entre Cuba y Estados Unidos: suspensión del parole, hostilidad hacia las misiones médicas, y más deportaciones.

La más llamativo ha sido la revocación del parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a partir de esta semana.

Por tanto, los que entraron al país utilizando el programa creado por Biden y que aún no hayan aplicado por alguna vía a regularizar su situación migratoria deben salir del país o pueden ser deportados, aunque es muy probable que se queden en Estados Unidos utilizando una serie de subterfugios que los mantenga fuera de la atención de las autoridades.

Hasta fines de noviembre de 2024, 531,670 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente y obtuvieron la permanencia temporal, que corresponde a un período de 24 meses (dos años).

Se calcula que de los 110 mil cubanos que entraron a ese país utilizando este programa, un estimado de 26 mil no ha tenido el tiempo suficiente (un año y un día) para poder aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, por lo que ahora se encuentran en un limbo legal que los haría susceptibles a deportación.

De hecho, el Ministerio del Interior cubano informó que «este jueves 27 de marzo se produjo la devolución a Cuba de 60 migrantes irregulares (55 hombres y cinco mujeres) en vuelo procedente de Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional José Martí, como parte de los acuerdos migratorios bilaterales».

La nota agrega que «una de esas personas fue trasladada al órgano de investigación por encontrarse como presunto comisor de hechos delictivos antes de emigrar y otro porque abandonó Cuba ilegalmente mientras se encontraba en libertad condicional».

Asimismo contabiliza que «con esta operación, incluida una realizada desde los Estados Unidos, el 23 de enero y el pasado 27 de febrero suman 13 devoluciones desde distintos países de la región en el 2025, con un total de 367 personas».

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó en X sobre las deportaciones:

«La amenaza de políticos anticubanos de deportar a cubanos que han emigrado a Estados Unidos es un acto de cruel cinismo. Empujados por [el] bloqueo económico y estimulados a emigrar, el propio gobierno de ese país les incitó a mentir al llegar a la frontera para protegerlos como refugiados», afirmó refiriéndose a que en el proceso de aplicación a la Ley de Ajuste los aplicantes deben afirmar que huyen de situaciones extremas de violencia o represión, para poder ser aceptados y poder regularizar su situación migratoria.

La revocación del parole y las deportaciones masivas eran promesas que ya se habían hecho antes, o que se habían circuladas en planes que se decían falsos, pero hoy son una realidad.

Abogados en inmigración advierten que los residentes permanentes legales de origen cubano y venezolano podrían enfrentar dificultades al reingresar a Estados Unidos si viajan al extranjero. Según el especialista Armando Olmedo «si una persona es cubana o venezolana y es residente permanente, y tiene un viaje planeado al exterior, aguántense, el agua está un poco turbia». El problema radica en que, al estar Cuba y Venezuela en una lista de países considerados «peligrosos», los ciudadanos de estos Estados podrían tener problemas para entrar a Estados Unidos, aun siendo residentes en la nación norteña. «En la primera administración esa orden excluía a residentes permanentes […] no está claro si residentes permanentes van a ser impactados por esta proclama», añadió el experto.

Otro grupo en riesgo son quienes cruzaron la frontera con México. Jueces federales han dictaminado que el documento I-220A —entregado tras pasar— no puede ser utilizado para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, porlo tanto, varios pudieran ser detenidos y deportados. La única forma que tendrían de regularizar su situación sería aplicando al asilo político o que un familiar tramitara la reunificación.

María Elvira Salazar, representante republicana y experiodista de medios en español del sur de la Florida, quien ha hecho parte de su carrera política sobre la supuesta base de defender a los hispanos desde el partido rojo, culpó al expresidente demócrata Joe Biden por el supuesto limbo en que están estas personas beneficiadas por el parole, repitiendo así la línea oficial de Donald Trump en el tema. A la vez agregó:

«Estas personas huyeron de regímenes comunistas fallidos con la esperanza de encontrar libertad y oportunidades en Estados Unidos, solo para ser traicionados por políticas incoherentes y mal manejadas. La administración Trump debería reconocer esta realidad y no castigarlos por los errores de Biden. Démosles la oportunidad de acceder a las protecciones que se les prometieron».

Cabría preguntarse, por ejemplo, qué régimen comunista hay en Haití, aunque igualmente parece que la administración Trump no está muy dispuesta a escuchar a esta «interlocutora». Todo parece indicar que las políticas antinmigrantes respetarán cada vez menos el tan debatido «privilegio cubano».

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se encuentra de gira por tres países del Caribe, y según distintas fuentes, parte de sus prioridades es ofrecer declaraciones y generar un mayor efecto intimidatorio sobre las misiones médicas cubanas en el exterior. Esto ocurre después del anuncio en febrero de que el gobierno estadounidense impondría restricciones de visa a los funcionarios vinculados con la contratación de personal cubano en el exterior.

La medida generó una inmediata reacción entre los miembros del CARICOM, el bloque de países caribeños que han contratado o tienen en sus países médicos cubanos.

El posible impacto y la conducta a seguir fue discutida en una reunión virtual, de la que trascendió lo que dijo el presidente de Guyana: «abandonar Cuba no es parte de la ecuación». Guyana emplea los servicios médicos de tres países: Cuba, Nigeria e India.

También Mia Motley, la primera ministra de Barbados, aseveró que aunque su país actualmente no tiene médicos cubanos empleados, ella sería la primera en decir que su nación no pudo haber sobrevivido la pandemia sin los médicos cubanos. Y aclaró que se les pagó a esos médicos lo mismo que los nacionales.

«Estoy preparada, como otros en la región, para que, si no logramos un acuerdo consensuado en este tema, entonces, si el costo es perder mi visa para Estados Unidos, entonces que así sea», afirmó Motley.

Rubio no demoró sus declaraciones sobre Cuba. Mientras ofrecía una conferencia de prensa en Jamaica, donde laboran alrededor de 400 médicos cubanos, reiteró la idea de que las misiones médicas eran parte de un esquema violatorio del derecho de los médicos, que estos no reciben ingresos y que se trata de un programa de explotación del gobierno cubano. Además, exhortó a que aquellos países que quieran emplear médicos cubanos deben hacerlo de manera directa, con ellos, y sin el gobierno como intermediario.

«Básicamente, operan como trabajo forzado en muchos lugares», repitió nuevamente sin ofrecer pruebas de cómo en estas misiones se incumple lo estipulado por organismos internacionales sobre trabajo forzado.

«Cada país opera su programa de manera diferente y, obviamente, debido a nuestra relación con Jamaica, vamos a dialogar con ellos sobre esto, a profundizar en el tema y a comprenderlo mejor. Quizás nada de esto se aplique a la forma en que se maneja aquí», añadió.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Hollness, reaccionó en calma. Dijo a la prensa que los médicos cubanos habían sido de increíble ayuda para Jamaica, que sufre una falta de personal, y que son muy cuidadosos de no explotar a esos médicos y que se les trate respetando las leyes laborales vigentes en el país.

«Cuando Marco Rubio tenía 5 años, médicos y técnicos cubanos ya estaban brindando asistencia médica en #Jamaica, donde han salvado miles de vidas. Rubio mintió y ofendió al pueblo de Jamaica y a los miles de cubanos que han ofrecido voluntariamente sus servicios allí», afirmó Eugenio Martínez, director General De América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores en X.

Ya sea en declaraciones de prensa o en discursos públicos, ya son varios los que rechazan la campaña de Washington que afirma que esas misiones son trata de personas y que los médicos van obligados o se les violan derechos.

Ya antes publicamos que si bien el gobierno retiene una parte del ingreso que se paga por el trabajo del profesional de la salud o de otros sectores, se afirma que este dinero se dedica al sostenimiento de servicios públicos como la salud y la educación. También es conocida la prohibición de entrar al país por ocho años en caso de abandonar la misión médica.

No obstante, no hay pruebas de que los médicos no asistan a estas misiones voluntariamente, y si bien no obtienen todo el ingreso que pagan esos gobiernos por ellos, muchos ven esta posibilidad como una salida de la pobreza, o la solución de problemas urgentes en el orden doméstico y personal.

Marco Rubio, quien debería ser el diplomático más ocupado del mundo, no ha ahorrado tiempo dejando a Cuba en segundo plano. Su agenda ha marcado otra «tarea cumplida» para su lobby de apoyo en Florida. Esta semana nominó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá, un activista opositor cubano que murió en un accidente por el cual se han formulado acusaciones de que había sido asesinado por los organismos de la Seguridad del Estado, sin que eso se haya podido probar.

La activista opositora, creadora de la plataforma CubaDecide, y que también ha tenido controversias con activistas opositores dentro y fuera de la Isla que han cuestionado el uso de los fondos de su organización y el abandono a sus aliados, ha hecho carrera utilizando el capital político de su padre, y sobre la base de acusar al gobierno cubano de su asesinato en foros internacionales como la OEA.

Por último fue noticia que luego de una suspensión temporal, los empleados de Radio Martí se reincorporaron a sus puestos este miércoles, tras haber sido dados de baja administrativa el pasado 15 de marzo por una orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba reducir el gasto federal.  La medida, que incluyó el apagado de los transmisores en los Cayos de Florida, provocó críticas de figuras políticas de ambos partidos en Florida. Sin embargo, no queda claro cómo seguirá operando el medio que también ha sido cuestionado por la calidad de sus contenidos y su real impacto en la audiencia cubana.

Estas noticias significan que no importa cuán radical sea Elon Musk y su equipo armado con tijeras para el gasto público, o cuán pragmáticos quieran parecer, el dinero para los programas de «cambio de régimen» sobrevivirán a Trump, a Musk y a quien venga detrás pues su eliminación implicaría afectar los intereses, y los bolsillos, de un lobby que sigue siendo muy poderoso.

Si bien estos programas han demostrado su inefectividad, siguen sirviendo para mantener vivo el enfrentamiento que establece el tema Cuba como un motivo inextinguible para asustar a todo el que pise un tanto a la izquierda, y ponerle a cualquiera que no siga su línea de intereses el cartel de «comunista».

En contraste, los recortes y cambios se dan en programas, que si bien no eran perfectos, intentaban ordenar los flujos migratorios y darle a los cubanos una alternativa segura y legal para escapar de la evidente crisis en su país.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), la revocación se debe a que «no ofrecen un significativo beneficio público, no son necesarios para reducir los niveles de inmigración ilegal, no mitigó suficientemente los efectos domésticos de la inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos señalados, y es inconsistente con los objetivos de política exterior de la Administración Trump».

No obstante, sí hay cifras de disminución de entradas por la frontera sur de estos grupos de nacionales, como una consecuencia directa al parole humanitario.

Buena parte de los cubanos que se acogieron a esta posibilidad que el actual gobierno ha calificado de ilegal —sin ningún basamento, considerando que fue un programa legal instaurado por la administración anterior—, están en Estados Unidos gracias al patrocinio de familia. El impacto de la revocación en la comunidad de cubanos sería significativo, pues implicaría la deportación de personas que ya tienen redes de apoyo y vínculos laborales en Estados Unidos.

Nuestra opinión es que estas medidas tendrán impactos distintos. La revocación del parole Humanitario generará un gran trauma para muchas familias cubanas, y la necesidad de vivir en un riesgoso limbo, lo cual nunca ha sido el caso para los ciudadanos cubanos que al arribar a Estados Unidos siempre tenían vías para legalizar su situación migratoria.

La política de eliminar visas intenta asustar a muchos funcionarios que están vinculados con esas misiones médicas en el exterior, pero es un sistema tan amplio y complejo que es poco probable que se aplique a cabalidad.

No obstante, todas estas noticias indican que Cuba sigue siendo central y que en este momento las decisiones en torno a qué curso se toma con Cuba están en manos de Marco Rubio, que siempre intentará servir a su comunidad de la Florida, cuya influencia política lo ubicó donde está hoy.

Resulta contradictorio que un Estado que dice intentar la eliminación de las guerras —aunque las filtraciones en grupos de Signal dicen lo contrario—, que construye una relación distinta con su enemigo histórico —Rusia—, que recorta fondos para la vacunación de poblaciones vulnerables en el mundo a nombre de reducir el gasto público, dedique esfuerzos y tiempo a un gobierno tan lejos en su lista de riesgos y desafíos internos, y con políticas que afectan al pueblo cubano, creando mayor incertidumbre y aumentando presiones sobre el potencial migratorio.

Es la muestra de la mentalidad de halcón ganador de la guerra fría que no quiere admitir en su hemisferio a un país que se sale de su sombrilla de influencia y prefiere echarle toda la fuerza de las consecuencias por ese actuar díscolo, mientras, de manera totalmente hipócrita, dice preocuparse por ese pueblo que sufre las consecuencias de que su Departamento del Tesoro persiga buques petroleros, y que ahora mismo tampoco quiere acoger a las víctimas de esa crisis en la que tanto se regodean y ayudan a empeorar.

Ambas orillas hoy sufren estas decisiones que sirven más a los propósitos de quienes las toman, y muy poco a los esfuerzos por hacer de Cuba un país más libre y democrático.

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Redacción
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