Otra lista contra lista, y más

La noticia es que el Gobierno cubano ha hecho llegar una lista de personas consideradas terroristas a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que previamente había sido publicada en la Gaceta Oficial, y cuyos integrantes se encuentran bajo investigación.

La lista mezcla activistas con un reconocido y confeso historial violento —incluyendo la explosión de bombas en la Isla—, con activistas que utilizan las redes como plataformas para su mensaje político.

El documento también incluye a activistas influencers que se insertan en el escenario mediático utilizando las redes sociales llamando a la violencia y han mantenido un discurso de odio hacia simpatizantes del Gobierno cubano, o incluso contra figuras públicas radicadas en la Florida que se han negado a criticarlo. Entre ellos, hay quien ha convocado al derramamiento de sangre, como única forma de derrocar a la «dictadura».

Estas últimas acciones relatadas han sucedido desde la Florida y con la pasividad complaciente de las autoridades norteamericanas encargadas de controlar el discurso de odio y la desinformación. Asimismo, muchos de sus protagonistas han sido beneficiados por fondos de programas para «promover la democracia» en Cuba mediante un cambio de régimen, a pesar de que sus valores democráticos ya de por sí son sumamente cuestionables.

Resaltan los nombres de activistas como el de Ninoska Pérez, una antaña voz contra el gobierno cubano y acusada por este de organizar actos terroristas cometidos en La Habana durante la segunda mitad de la década del 90. También llama la atención el del influencer Alexander Otaola, quien ha multiplicado sus vistas en YouTube con un discurso que fomenta el extremismo político violento, y ha impulsado campañas de descrédito contra cualquiera que no coincida plenamente con sus posiciones políticas. También incluye a un hombre que disparó a la Embajada cubana en Washington, por lo que se encuentra bajo investigación en Estados Unidos.

La televisión cubana en un largo programa que puso al aire para explicar el sentido de las acusaciones, ante la pregunta a las autoridades invitadas de si los activistas están solo utilizando su libertad de expresión, los funcionarios respondieron que violan los derechos de otros al promover el odio y llamar abiertamente a la violencia.

Esto significa que el Gobierno de Cuba intenta oficializar y pedir ayuda a los organismos internacionales para hacer frente al discurso de odio, y de paso dar evidencia de que la Isla ha recibido agresiones consideradas terroristas, y además, que existe un significativo número de voces en Miami que reciben fondos federales para promover la violencia y la desestabilización en su país natal. 

El alcance de esta denuncia internacional está por definirse aún. No obstante, como mismo Estados Unidos utiliza elementos vinculados o no al terrorismo para justificar la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, Cuba ofrece una información sistematizada sobre quienes considera que hayan ejecutado acciones violentas o las hayan promovido por cualquier vía.

Nuestra opinión es que la redacción de esta lista es un intento por hacerle frente a una ofensiva comunicacional de las fuerzas que apuestan y trabajan por derrocar al Gobierno cubano. Estos grupos que operan desde Estados Unidos utilizan grandes recursos accesibles para ser efectivos comunicacionalmente, mientras, el gobierno cubano ha estado a la defensiva intentando llegar con dudoso éxito a una audiencia que cada vez se mueve más en un el entorno virtual y en plataformas internacionales que dictan sus propias reglas y las aplican también según sus intereses.

Por otro lado, habría que ver la respuesta de la Interpol a esta petición, ya que los influencers no suelen ser perseguidos por organismos supranacionales como estos por promover el discurso de odio, algo que por lo general es resuelto por otros organismos. 

A nuestro juicio, la lista falla en unir en un mismo grupo a personas que han ejecutado planes de poner bombas, junto con activistas que han encontrado un medio de empleo y reconocimiento en la siempre fértil y rentable campaña contra el Gobierno cubano. Ambos apuestan por el mismo propósito, pero no utilizando los mismos medios.

En un escenario de creciente conectividad a Internet, los contenidos producidos en Miami están dirigidos a cubanos en distintos lugares del mundo y calan con efectividad en las audiencias dentro de la Isla, que a su vez tienen pocas alternativas para informarse, debido a la crisis de los medios públicos cubanos que han perdido influencia por la desconexión con las agendas ciudadanas y las formas desactualizadas de narrar los sucesos.

La denuncia con la Interpol —si hubiera la suficiente presión internacional para ello— podría impulsar al menos el enjuiciamiento de quienes han estado directamente vinculados a sucesos violentos, aunque la complicidad de muchos políticos norteamericanos los ha blindado en ocasiones anteriores.

Para quienes en plataformas como Facebook o Youtube naturalizan el discurso de odio, el extremismo político y promueven la violencia, la mejor forma de contrarrestarlos es con una ciudadanía bien informada y educada en valores democráticos. Sobre esto, podría hacerse mucho más y mejor desde las organizaciones civiles cubanas, que desde un organismo internacional con fines policiales.  

Foul que no es strike: ¿la bandera de quién es?

La noticia es que el Gobierno colombiano ha hecho pública su posición en contra de la participación de un grupo de atletas emigrados representando a Cuba en un torneo de béisbol de Barranquilla, organizado por la familia colombiana Rentería.

En caso de que la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional de Barranquilla aceptara la participación de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (Fepcube), «se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba», afirma un comunicado de una declaración del Ministerio de Deportes de Colombia y del Comité Olímpico de ese país.

De acuerdo a ese comunicado, que luego fue reproducido por los medios oficiales cubanos, el evento «de carácter privado e invitacional», no hace parte del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

Si bien algunos países asistirán con selecciones nacionales, el Gobierno cubano declinó la invitación por varias razones: la posibilidad de que Cuba pudiera participar en la Serie del Caribe y esta coincidiera con ese torneo, lo cual ya no sucederá porque esta vez se realizará en Miami y Cuba fue excluida. A ello se suma que posteriormente, los organizadores optaron por invitar a los peloteros emigrados, en su mayoría, abiertamente opositores al sistema político de la Isla.

Esto significa que la hostilidad resultante del conflicto Cuba – Estados Unidos fertiliza en el campo de pelota. Por años, los atletas cubanos que partieron a Estados Unidos no podían integrar las selecciones nacionales, sin embargo, desde hace algún tiempo Cuba da la bienvenida a los peloteros emigrados siempre y cuando no se hayan ido del país mediante el abandono de una misión oficial.

No obstante, también por años, a los cubanos que jugaban en equipos de las grandes ligas en Estados Unidos, se les exigía por parte de sus contratadores, no mantener vínculos con Cuba, una limitación de sus derechos que se eliminó durante la administración de Obama, pero que fue revertida, como casi todo lo que se avanzó en el deshielo.

Nuestra opinión es que si bien es derecho de esos jugadores participar en el torneo que deseen, son las autoridades deportivas nacionales las competentes para decir qué atletas juegan bajo la bandera de un país. Más allá de las críticas que se le puedan hacer a las comisiones deportivas cubanas por la exclusión de figuras por motivos políticos, duplicar una delegación o permitirle a un grupo de atletas decidir por su cuenta representar al país, cuando no es una práctica que se permita en otros casos, es tratar a la Isla desde una excepcionalidad que dista de las reglas normalmente establecidas en este tipo de eventos.

No es la primera vez que atletas que partieron de sus países por diferentes razones compiten en eventos internacionales, pero no lo hacen usando la bandera de su país, sino por ejemplo, bajo la bandera de refugiados, como es el caso de varios atletas sirios en las Olimpiadas.

Permitir que atletas organizados de forma independiente representen el país en un evento deportivo donde el resto de participantes son selecciones formadas por las instancias deportivas locales, sería desconocer a las autoridades deportivas cubanas, avaladas por los organismos internacionales.

Sanciones y migración: ¿el huevo de la gallina?

La noticia es que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso a Washington levantar las sanciones a Cuba como una de las soluciones para la afluencia de migrantes irregulares.

Así lo anunció AMLO en una de sus mañaneras esta semana, mientras describía un plan de seis propuestas que presentó a Estados Unidos para enfrentar el creciente número de personas que, cruzando México, intentan llegar a su vecino del norte.

El plan incluye como solución la integración económica regional en toda América y la eliminación de las sanciones que pesan sobre la economía cubana, y que resulta en el empeoramiento de la calidad de vida de los cubanos, en prácticamente todos los órdenes.

No es la primera vez que AMLO demanda el levantamiento de las medidas coercitivas —que son entendidas por él también como «bloqueo»—, junto al establecimiento de un diálogo bilateral, y la eliminación de Cuba de una lista redactada por Estados Unidos de naciones que supuestamente auspician el terrorismo.

«Qué peligro puede la Isla significar para Estados Unidos o cualquier otro país», se preguntó el líder mexicano, que reporta miles de cubanos semanalmente en sus instalaciones migratorias, así como en los puestos fronterizos.

Esta semana también ha sido noticia que continúan al menos 40 vuelos al mes entre Cuba y Nicaragua operados por aerolíneas venezolanas. La gran mayoría de los que viajan a Nicaragua, país que no exige visa a cubanos, hacen el recorrido hacia México.

Esta inclusión de las sanciones como parte del plan mexicano, significa que para el país azteca la circulación de cubanos es un problema cada día mayor que no parece mejorar, y es un posicionamiento abiertamente crítico hacia las sanciones de un aliado inevitable de Estados Unidos.

Para la administración Biden, que se aproxima a las elecciones en condiciones de fragilidad en términos de popularidad, es muy importante que México filtre las masas de refugiados que llegan a la frontera sur estadounidense, como una forma de evitar el cuello de botella en la frontera, una imagen útil para los Republicanos que intentan culpar a Biden del problema.

Nuestra opinión es que, más allá de la intención de AMLO de beneficiar a Cuba, es evidente que México necesita mitigar la afluencia de migrantes que son un problema para su política interna. El Gobierno de ese país ve además cómo en otros lugares de Latinoamérica los ciclos políticos, la inversión extranjera o incluso el apoyo de la inversión estadounidense, ayuda a enfrentar algunas de las causas por las que las personas emigran, sin embargo, en el caso de Cuba el esquema reforzado de sanciones. La inmovilidad de Washington en ese sentido contribuye a que la llamada estampida sea un problema que solo parece crecer.

Los Estados Unidos mantienen su discurso de querer ayudar al pueblo de Cuba. Bajo esta máxima se sostiene el privilegio para los migrantes cubanos, unido a sanciones económicas que acentúan las problemáticas en la Isla que motivan su salida. Lo fallido de esta fórmula se hace cada vez más evidente, el cambio de régimen sigue sin ocurrir, y mientras tanto, se ven presionados a aceptar a más «refugiados», de los que pueden acoger para no contradecir esta imagen de «benefactores». Habrá que ver cuánto más tiempo esta serpiente siga mordiendo su cola.