¿Qué está pasando con la licitación de locales comerciales en Cuba?

Cada vez es más frecuente ver locales del Estado, algunos en proceso de abandono o que llevaban tiempo con muy poca oferta, reabiertos por pymes o cooperativas. El proceso en sí no tiene por qué ser negativo, de hecho, siempre será mejor una gestión que ponga a funcionar estas instalaciones a que queden subutilizadas o destruidas. Sin embargo, muchas veces causa incertidumbre en la ciudadanía ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Se hace por licitación o son seleccionados a dedo quienes ocuparán y gestionarán el espacio? ¿Qué requisitos son necesarios? ¿Qué actores intervienen?

La Resolución 40, del 19 de abril del 2022, del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), contiene el «Procedimiento para la licitación del arrendamiento de establecimientos del sistema del comercio interior» firmado por la Ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez.

El citado instrumento tiene por objeto establecer el procedimiento para la licitación del arrendamiento de los establecimientos que forman parte del patrimonio estatal de las entidades del comercio de subordinación local, que incluye venta de mercancías, gastronomía y los servicios, así como los arrendamientos de las organizaciones superiores de dirección empresarial atendidas por quien suscribe, para su gestión por formas estatales y no estatales.

Queda claro que este procedimiento se rige por principios muy bien definidos:

1. Transparencia: es el conocimiento de las acciones y decisiones de la licitación que tengan los participantes para un efectivo control social y popular;
2. igualdad: que los participantes tengan iguales derechos y oportunidades;
3. publicidad: que sean públicas las distintas acciones y decisiones del procedimiento de licitación;
4. concurrencia: tienen derecho a participar en la licitación todos los que cumplan las condiciones generales que se establezcan;
5. competencia: se garantiza la posibilidad a todos los potenciales oferentes de participar en el proceso, sin que se puedan introducir limitaciones que no tengan base técnica, legal o económica;
6. eficiencia y razonabilidad: debe seleccionarse la oferta más conveniente para el interés público, y la decisión debe ser ajustada a derecho, así como que se encuentre justificada en la consecución de un fin legítimo.

Para realizar una licitación, el jefe de cada entidad constituye una comisión de licitación, oído el parecer de su instancia superior, encargada de ejecutar el proceso y de proponer a la aprobación del Consejo de Dirección de la empresa, el oferente elegido para la adjudicación del arrendamiento. Pero esta Comisión se avala por el Gobernador o el intendente de los consejos de la Administración Municipal, según corresponda.  La Comisión se integra por un número impar de miembros y en ella están representadas las áreas técnicas, económico-financieras y jurídicas de la empresa, un representante de la Dirección Estatal de Comercio o Dirección de Comercio, según proceda y del Sindicato.

En este procedimiento de licitación participan:

1. a) trabajadores del establecimiento que se licita;
2. b) trabajadores por cuenta propia;
3. c) cooperativas no agropecuarias;
4. d) proyectos de desarrollo local;
5. e) entidades estatales;
6. f) micro, pequeñas y medianas empresas;
7. g) formas productivas de la agricultura;

Según dicha resolución, la entidad que administra el establecimiento que se va a licitar realiza el anuncio mediante la publicación de la convocatoria conjuntamente con el pliego de licitación, a través de los medios de comunicación que esta decida.

El pliego de licitación debe contener la información siguiente: a) Objeto de la licitación; b) identificación del licitante; c) plazo de duración de la licitación; d) lugar y fecha de entrega de las ofertas; e) lugar, fecha y hora en que se realiza la apertura de los sobres sellados que contienen las ofertas; y f) condiciones específicas de la licitación.

Todo está bien regulado, los pasos a seguir, las fechas de las respuestas, entre otras. Asimismo, resulta interesante que se establezca transparencia total en el proceso, para no dar margen al soborno o la corrupción.

¿Significa ello que de forma automática algunos eliminarán estas prácticas con poca o ninguna ética? Esta pregunta surgió inicialmente con informaciones que aparecían en la prensa, especialmente cuando el emblemático Estadio Latinoamericano del Cerro pasó a ser administrado por una mipyme.

No se cuestionaba el hecho de que el llamado Coloso del Cerro sea o no administrado por una mipyme, como tampoco hay que cuestionarse las palabras del Comisionado Nacional de ese deporte, cuando dijo que el objetivo de esa medida era que instalaciones de ese tipo tengan autonomía financiera y sean autosostenibles.

Estadio Latinoamericano / Foto: Tribuna de La Habana

Más bien, las preguntas a hacer fueron: ¿bajo qué parámetros, o cómo se escogió a la mipyme que se encargará de esta administración? ¿Se hizo pública la intención de pasar el estadio a esta nueva forma de administración, de manera que se pudiera escoger al mejor, entre varios pretendientes? ¿Qué compromisos u obligaciones adquirió la mipyme para obtener la administración de un bien público? ¿Estaban aplicando la Resolución 40 del MINCIN?

No se pone en dudas la seriedad de la mipyme escogida, ni se asevera que en este caso se haya hecho un mal trabajo de selección, ni se cuestiona que el acuerdo logrado haya resultado beneficioso para el Estadio Latinoamericano, como tampoco se desea convertir en material de estudio el acuerdo alcanzado con la empresa, que pudo ser muy seria. Tampoco se puede afirmar a priori que se irrespetó lo que plantea la Resolución 40. Más bien de lo que se trata es de que hubo poca información pública para saber lo que sucedería con el estadio insigne de la capital.

La imprescindible transparencia

Está muy bien la creación de mipymes, desde cero, para realizar nuevos trabajos o crear nuevos valores, con o sin competencia con las empresas estatales existentes del mismo ramo.

Pero cuando una mipyme, un trabajador por cuenta propia (TCP) u otra forma de gestión no estatal (FGNE) asume los activos de una entidad estatal —bajo arrendamiento, administración, adquiriéndolos o cualquier otra forma—, deben existir normas claras para estos acuerdos y deberían conocerse su proceso y resultado de forma pública.

Se trata no solo de que la sociedad salga beneficiada económicamente, sino también de que exista transparencia y se descarte algún tipo de favoritismo, o cualquiera de los males que trae consigo esa decisión.

Entonces, no ha de determinarse cuál es el nivel de aprobación de determinado otorgamiento,  sino también anticipadamente dar a conocer al público lo que se pretende ceder, para que se pueda recibir la mayor cantidad de propuestas y, en una licitación, poder escoger la mejor opción. No importa si la magnífica idea de negocio se le ocurrió a alguien de una determinada mipyme o fue impulsada por la institución estatal que la tenía entre sus activos.

Se deben estipular muy bien los compromisos que asume la contraparte del Estado. Y muchas otras cuestiones que en una licitación pública estarían muy identificadas, donde la sana competencia entre la mayor cantidad posible de ofertantes puede dar como resultado los mayores ingresos para la sociedad y la mejor calidad en el servicio.

El público debe enterarse con suficiente antelación de lo que se pretende hacer con el bien del Estado, y por variados medios de difusión, entre otras cosas, para ver si puede participar con alguna propuesta de inversión. Tampoco debe olvidarse que los bienes del Estado pertenecen a la sociedad cubana, por tanto, si hubiera alguna forma de transferencia —ya sea temporal, permanente, parcial o total— debe rendírsele cuentas constantemente a la ciudadanía de cómo están siendo gestionados.

No es recomendable que lo sepamos por la prensa después de consumado el hecho, porque la primera pregunta que puede surgir es por qué solo una limitada cantidad de personas se enteraron de que se estaba licitando un bien del Estado bajo otras formas de gestión.

Experiencias positivas hay en el mundo, cuando ocurren las Ofertas Públicas de Venta de acciones, o cuando el Estado subasta licencias, por ejemplo, del espectro 5G de telefonía móvil. La solución para Cuba no es complicar el asunto ni «tirar el sofá por la ventana», sino trasparentar las decisiones y que se conozcan los términos en que se arriendan locales; la misma resolución la ampara.

El Estadio Latinoamericano no fue el único local cuya gestión de forma total o parcial pasó a manos de privados causando controversia. Hay interrogantes sobre cómo fue el proceso de asignación de espacios en el corredor turístico habanero de 1era y 70, en el municipio de Playa del consejo Miramar. Se supo que el gobierno municipal de Playa estuvo incentivando ese proceso para que se permitiera a cuentapropistas instalar cafeterías y restaurantes en la primera línea de costa, espacio que no se estaba utilizando. No obstante, no se divulgó suficientemente ese proceso en la selección para arrendar locales pertenecientes al Estado, a emprendedores autónomos interesados en establecer cafeterías, restaurantes u otros negocios.

Paseo Marítimo 1ra y 70 / Foto: Diario de las Américas

El resultado ha sido destacable y beneficioso para la parte de la ciudad que asiste a ese lugar. Pero, sin descartar que en todos los casos se haya hecho una buena selección, no se puede decir tampoco que hubo una previa y amplia información al público que permitiera también a todos los actores económicos interesados en ocupar el espacio, competir en igualdad de condiciones. Actualmente la mayoría de las administraciones provinciales tienen portales en Internet, lo cuales pudieran ser una de las tantas formas en que se dieran a conocer los locales disponibles para cambiar la forma de gestión, en aras de que todos los interesados apliquen a la licitación.

En estos momentos estos aspectos pueden ser más importantes aún. No solo porque están cambiando las normas y permitiéndose nuevas formas de gestión, o porque el Estado pueda haber decidido que es hora de mejorar la eficiencia de algunos establecimientos existentes, como cafeterías y restaurantes en céntricas avenidas, o instalaciones deportivas en desuso, sino porque la competencia en el sector privado naturalmente será mayor con el incremento constante de los actores económicos aprobados.

Estoy a favor de las licitaciones de locales descapitalizados y que afean el ornato de la ciudad, solo que sería muy útil que se haga una publicidad en la que todos podamos participar o dar alguna opinión. Ejemplos negativos abundan en el mundo. Cuando se pretenda licitar un bien público, nunca será conveniente que las instituciones cubanas apliquen prácticas nocivas para este tipo de decisiones.