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Cubanos más allá de cualquier plazo
Fue noticia esta semana la publicación por la Asamblea Nacional del Poder Popular, de los proyectos legislativos de Extranjería y de Migración. Los textos están a disposición de la ciudadanía, que puede enviar sus opiniones por los correos electrónicos habilitados con ese fin.
Ambas leyes aparecen ahora como parte de la actualización de las normas cubanas, que están siendo armonizadas con la Constitución de 2019. La futura ley de Migración, en particular, genera expectativas entre los cubanos.
El instrumento jurídico enuncia detalladamente la política migratoria y pretende «centralizar la respuesta del gobierno» frente a «los movimientos masivos de personas» y «mantener estándares internacionales de manejo del tema migratorio», entre otros puntos.
Con ese objetivo, la futura ley establece una Comisión de Política Migratoria, encargada de medidas al Consejo de Ministros sobre este tema.
De aprobarse en su actual redacción, las nuevas normas permitirían a los ciudadanos cubanos el derecho de «entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional», además de «solicitar la reunificación familiar con sus parientes residentes en el exterior», «restablecer la residencia en el territorio nacional» e «importar el menaje de casa» atendiendo a las normas aduaneras vigentes.
El proyecto eliminaría la etiqueta de emigrados para quienes salgan del país luego de ser proclamada la ley. En este sentido, asume las categorías de «residente en el territorio nacional» y de «residente en el exterior» para los ciudadanos cubanos. Estas nuevas concepciones no aplican de forma retroactiva, quienes al momento de aprobarse la ley ya tengan la categoría de «emigrantes» —por haberse ausentado durante más de 24 meses del territorio nacional— podrán solicitar, siempre que cumplan con los requisitos del reglamento, ser considerados como «residentes en el exterior».
La normativa especifica que los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional «disfrutan de los derechos y garantías que establece la Constitución de la República, y demás disposiciones normativas», sin embargo, no aclara cómo estos derechos aplicarían para los residentes en el exterior.
Para mantener la residencia efectiva la persona deberá permanecer «la mayor parte de su tiempo [en el año] en el territorio nacional, o mediante una combinación de un período de permanencia y otras evidencias materiales que demuestren arraigo en el país».
Por otra parte, quienes hayan renunciado o perdido la ciudadanía serían considerados extranjeros y, por tanto, estarían sujetos a la Ley de Extranjería. Asimismo, para entrar y salir del país deberán presentar el pasaporte extranjero correspondiente, y cumplir con la exigencia de visado y los documentos de viaje que correspondan.
En adición, la normativa presenta un marco más amplio para atender a refugiados humanitarios extranjeros. También es notoria una categoría especial para cubanos en el exterior titulada «inversores y de negocios», los cuales «participan en el modelo económico cubano, a partir de las modalidades aprobadas por la ley».
Uno de los puntos más polémicos está relacionado con las «regulaciones». El instrumento mantiene la regulación por ser «fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país». Unido a esto, refiere que una persona podría ser regulada, entre otras causas, por «razones de Defensa y Seguridad Nacional» o «de interés público», términos que también aplican para impedir la entrada al país; en este caso, las autoridades pueden comunicar la decisión «cuando se encuentren en el territorio nacional, a su arribo al país o por otros medios apropiados».
Esto significa un paso muy importante del gobierno para actualizar una normativa completamente obsoleta y que reproducía muchos de los vicios y prejuicios que primaron en relación a las personas que decidían emigrar.
La propuesta ha traído varias lecturas y preguntas, sobre todo en relación a cómo se acoplarían el resto de las normativas jurídicas para incorporar los nuevos términos que propone la ley, en aras de establecer una relación más dialógica y garante de derechos con la comunidad de cubanos emigrados.
Opinamos que esta reforma demoró demasiado y ocasionó conflictos innecesarios un gran número de cubanos que residen en el exterior y que no quieren perder el vínculo con su país de origen.
Ningún ciudadano debió ser privado de tener propiedades, derechos y deberes en su país natal. La futura ley y sus normativas complementarias podrían resolver varias de estas contradicciones.
También es justo que quienes deseen renunciar a la nacionalidad cubana sigan teniendo acceso al país como extranjeros, en este caso ajustados a los postulados de la Ley de Extranjería.
Es elogiable asimismo que el documento abogue por la posibilidad de que cubanos emigrados inviertan en el país.
No obstante, la propuesta mantiene varios vacíos al no explicitar los derechos de los ciudadanos residentes en el exterior. Además, asume términos sumamente ambiguos como «interés público» para regular algo tan delicado como la entrada y salida de personas. Sin límites claros se da un ancho margen a que quienes apliquen la norma lo puedan hacer de forma arbitraria —como ha sucedido hasta el momento con varios de los que han expresado su disenso con el sistema político en la Isla.
Quedará por ver si las normas complementarias y la actualización del resto de los instrumentos jurídicos, así como la propia aplicación de la ley, logran cumplir con las demandas de una comunidad cada vez más creciente de cubanos que residen en muchísimos lugares del planeta.
Un país que enfrenta actualmente una de las mayores migraciones de su historia no puede dar la espalda a la responsabilidad que tiene con esos ciudadanos. Encima, Cuba necesita de todos ellos, la mayoría emisores de remesas, y está obligada a ponerse a la altura de una relación recíproca.
La bancarización, otra medida sin los resultados «esperados»
También fue noticia que el presidente Miguel Díaz-Canel dedicó a la «bancarización» su programa Desde la Presidencia, en el cual intercambió con Juana Lilia Delgado, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC) y con Alberto Quiñones, vicepresidente del mismo organismo.
El debate se centró en argumentar la importancia de la bancarización, los problemas que dificultan su implementación y las violaciones de lo estipulado hasta el momento.
El mandatario cubano reconoció que el proceso ha tenido severas críticas por parte de la población asociadas principalmente a los problemas con el efectivo, los cajeros , el funcionamiento de los bancos, las plataformas de pago, y la negativa de los comercios a aceptar transferencias.
Alberto Quiñones afirmó que «la aplicación práctica de algunas medidas demostró que no estaban creadas todas las condiciones para la aplicación de este proceso» y Díaz Canel valoró que «tal vez las circunstancias en que surgió el proceso de bancarización no eran las más propicias para iniciarlo».
Según lo debatido, el principal problema sigue siendo la carencia de efectivo en un contexto inflacionario donde hace falta cada vez más dinero para comprar las mismas cosas. Al decir de Juana Lilia Delgado, «hay más dinero que nunca» pero está «en pocas manos».
En este sentido, la presidenta del Banco afirmó que «se vuelve un desincentivo tener depósitos en los bancos, porque cada día los precios son mayores, y no es la tasa de interés un incentivo para que las personas tengan depósitos».
Entre los sectores en los que más lento ha avanzado la bancarización ha sido el agroalimentario. Según Díaz Canel, los cubanos gastan aproximadamente el 70% de sus ingresos en alimentos, pero menos del menos de 50 % de los mercados agropecuarios tienen establecidas pasarelas de pagos. Asimismo la presidenta del BCC reconoció que muchos productores de alimentos se encuentran reticentes a cobrar de forma electrónica.
Otro de los problemas abordados fue la evasión fiscal. Los funcionarios invitados relataron que muchos negocios están cobrando mediante transferencias a cuentas personales y no hacia cuentas fiscales.
Esto trae varias consecuencias: la primera es que el cliente no puede beneficiarse de la bonificación del 6% que brindan las pasarelas de pago, la segunda resulta en que personas naturales asociadas a negocios privados vacían los cajeros de efectivo al sacar grandes sumas de dinero, y la tercera, es que ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) hay menos transparencia entre ingresos personales y los ingresos de las empresas privadas, y por tanto, se favorece la evasión fiscal.
Sobre las soluciones previstas, aunque Quiñones dejó claro que para resolver la situación «no solo se requiere de voluntad, sino también de inversiones», en la mayoría de las expuestas prevalecen las de tipo punitivista y «de control».
Según el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hay que «tratar de que el dinero regrese al sistema bancario financiero y que se disminuya la demanda de efectivo». Para esto, se tomarán acciones contra aquellos negocios que no estén aceptando pagos electrónicos, asimismo, los bancos revisarán las cuentas de personas naturales que reciban grandes cantidades de dinero y sus propietarios deberán justificar el origen.
Esto significa, como demuestran las evidencias, que la bancarización está siendo un proceso complicado por muchos obstáculos, pero sigue siendo prioridad política para la dirección del país.
En el programa se evitó hablar de aquellas otras problemáticas que inciden directamente sobre el fenómeno, como la ausencia de un mercado cambiario formal, lo que obliga a las mipymes a acudir al mercado informal —que funciona mayoritariamente con efectivo— para adquirir los dólares que necesitan para importar.
Juana Lilia Delgado esbozó la consecuencia, pero no la causa, al afirmar que «cuando uno compara los niveles de importación que han hecho esos actores económicos con los niveles de actividad económica que deben generar esos niveles de importación, indudablemente se demuestra que en esas cuentas fiscales deberían de haber depositado altas sumas de dinero».
Para ello, el empresario Alfonso Larrea, en una entrevista que dio a La Joven Cuba, tiene la explicación «[la bancarización] fue como fusible que abre un circuito: invierto en divisa, compro, vendo en el país, voy al mercado informal, recupero mis dólares y ya cerré el circuito. La bancarización abrió el circuito. El mercado informal funciona únicamente con efectivo, al limitar el acceso al efectivo, limitas el acceso al mercado informal».
Nuestra opinión es que la bancarización es necesaria, pero no tan oportuna en las actuales circunstancias económicas. Es una respuesta ante la falta de efectivo, pero por lo mismo, una política difícil de implementar. El proceso demanda una funcionalidad que el sistema bancario no está en condiciones de ofrecer.
Si bien se agradece la «sinceridad» del programa al mencionar las principales quejas de la población, el análisis quedó trunco al no abordar problemáticas esenciales —como la del mercado cambiario— que, en tanto no se solucionen, difícilmente podrá garantizarse el éxito de la bancarización.
En consecuencia, las mipymes y buena parte de la población que necesita acceder a los dólares a través del mercado cambiario informal, seguirán buscando alternativas para evitar que el efectivo llegue al banco.
Siempre que la inflación siga creciendo y las personas requieran más dinero para obtener una canasta básica de productos y servicios, la economía necesitará de más dinero para funcionar. Hoy, para adquirir algo tan básico como un cartón de huevos, en varios lugares se necesitan tres billetes de la máxima denominación emitida en el país (mil pesos). Varios economistas han propuesto crear nuevos billetes con montos mayores, algo que no fue valorado en el espacio como una posibilidad.
También resulta llamativo lo recurrente que se están haciendo expresiones como «no salió según lo previsto», «no tuvo los resultados esperados», «no estuvieron dadas las condiciones»… que hace preguntarse ¿cómo se trazan las políticas económicas?, ¿acaso no se hacen estudios prospectivos y no se tienen en cuenta las dificultades existentes?, ¿sobre qué base se planifica?
Mientras tanto, la ciudadanía se enfrenta entonces a la paradoja de un país que intenta bancarizarse con herramientas deficientes.
La bancarización, como tal, no es una solución para los problemas financieros. Es, apenas, una contribución a la funcionalidad de la circulación. En el futuro podría ser una ganancia significativa para todos los actores económicos, si se resuelven las distorsiones actuales. Ese momento no ha llegado, a pesar de la buena propaganda que recibe por parte del discurso oficial.
Las casas por construir
Por otra parte, fue noticia esta semana el retroceso en el plan de la vivienda y la producción local de materiales de la construcción, analizado en la reunión mensual de los gobernadores e intendentes, con el primer ministro Manuel Marrero.
Al cierre de mayo, según se reveló, solo se concluyeron poco más de 3 500 viviendas, lo que representa apenas el 0.8% de lo necesario para resolver el déficit.
Marrero recordó a las autoridades provinciales que, en este sentido, se les recomendó «hacer cosas diferentes» y hasta el momento no han tenido éxito.
«En el tema de la vivienda, es una limitación objetiva que no hay cemento ni acero, y en un corto plazo no va a existir un cambio sustancial en la producción de estos elementos», reconoció el primer ministro.
Marrero instó, como es habitual en sus declaraciones, a buscar soluciones locales. En este caso, se refirió a buscar yacimientos de arcilla y fabricar hornos.
«Los recursos más seguros que vamos a tener son los que seamos capaces de producir», recalcó.
En la reunión también se discutió, en parecidos términos, sobre la producción de alimentos.
Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro, dijo: «Tenemos en cada provincia y municipio identificado un número importante de áreas donde se puede sembrar arroz popular, y con todo el tema de autoconsumo, todas las empresas deben tener áreas, unido a aquellas que podemos asignar en los territorios».
Esto significa prácticamente que el país ha colapsado en la producción de materiales de construcción, y en última instancia, en su política de vivienda, lo cual repercute directamente sobre las personas con situaciones más desventajosas.
Opinamos que las posibilidades productivas locales, a la luz del modelo actual, siempre serán insuficientes y por tanto, si se mantiene lo pautado hasta el momento, muchas personas seguirán esperando por un techo donde vivir.
La apuesta del gobierno, como en otros renglones, ha sido instar a los gobiernos locales a resolver la imposibilidad que tiene el gobierno central de atender el problema. Una vez más queda demostrado que la centralización y la verticalidad son un lastre para la solución de necesidades tan generales.
Los gobiernos locales, por su parte, no están en condiciones de resolver estos pendientes con celeridad. ¿Cómo podrían hacerlo, cuando el gobierno central, con más recursos, se rinde?
La solución podría estar en generar modelos mixtos de producción, con participación de los gobiernos locales y de los posibles productores privados de materiales de construcción. Asimismo, el Estado tendría que destinar mayor cantidad de presupuesto a la importación de materiales.
En un sistema que se asume como socialista y enarbola principios de justicia social, garantizar una vivienda digna debe ser prioridad, no solo en el discurso, sino en la toma de decisiones y en la ejecución presupuestaria.
Los dilemas de la prensa cubana
También fue noticia la celebración del pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).
El encuentro analizó el «experimento para el cambio de los modelos de gestión de la prensa», entre otros temas. Ricardo Ronquillo, el presidente de la organización, se refirió a la nueva Ley de Comunicación y opinó que «llegamos atrasados», pero, no obstante, «estamos a tiempo».
El funcionario reconoció que el rol de los medios está en discusión permanente y que la prensa oficial es presentada por la oposición política como «un sistema incapaz de responder a las exigencias de la nación».
No obstante, el presidente de la UPEC también admitió que «el modelo de prensa fundado por la Revolución es disfuncional para la economía y tenemos que transformarlo». Añadió que se trata de un sistema de medios muy regulado y que es necesario «saltar de la etapa de las prohibiciones a los incentivos».
En ese camino hacia la renovación de los medios oficiales, se pretende «la apertura de nuevos espacios de colaboración entre los medios, el impulso a la creación de contenidos audiovisuales y de creaciones sonoras para la red, la ampliación de parrillas con nuevos proyectos en respuesta a programas priorizados de gobierno y la transmisión en streaming de eventos importantes».
También se abordó la gestión económica de estos medios, que, según los presentes se va expresando de forma muy desigual. Mientras Cubadebate ya logra ingresar más de dos millones de pesos anuales, lo mismo que Juventud Rebelde, Granma apenas llega a 150 mil pesos.
Los problemas generacionales también sobresalieron en el espacio. El presidente de la Upec señaló además que más del 70% de los jubilados de la prensa tienen pensiones semejantes a las que paga la asistencia social.
Este tema lo saldó con una apelación al gobierno: «Hay que cambiar eso, lo que pasa por cambiar las formas de pago en todo el sector. Para ello, no pedimos más dinero, sino que le decimos a la dirección del país que hay que rescatar la naturaleza económica de la prensa».
En adición, fue debatida la exigua matrícula en la carrera de periodismo y la poca permanencia de los jóvenes en los medios estatales.
Uno de los puntos más debatidos fue la obligatoriedad para las mujeres que ingresen en la carrera de pasar un servicio militar, lo cual ha desestimulado a no pocas a optar por esta. Según el reporte de prensa sobre el evento, la profesora Maribel Acosta llamó la atención sobre «que han sido desatendidas las sugerencias de los profesores, como cambiar la decisión de esa obligatoriedad por un concentrado militar de menos tiempo». «Nunca se nos preguntó, pero desde ese día expresamos que la decisión es un zarpazo a la carrera, cuando no tenemos estudiantes suficientes en ella», sentenció.
Esto significa un reconocimiento de la inefectividad del modelo de prensa propagandístico, subordinado a la política partidista, que hasta el momento ha prevalecido en Cuba.
No es algo nuevo, pues el gremio periodístico —tanto el formalmente reconocido como el independiente— lleva señalándolo en cada Congreso de la UPEC, sin que haya avances significativos, más allá de exhortaciones o instrumentos jurídicos.
Nuestra opinión es que los medios estatales tienen una crisis estructural que hasta el momento no tiene solución visible. Más allá de las dificultades económicas, el problema es político y estrechamente vinculado al control autoritario y verticalista del Partido Comunista de Cuba que traza líneas y políticas editoriales, decidiendo sobre la agenda de los medios de prensa.
La entrada de la publicidad podría garantizar salarios más justos a los profesionales de la prensa, pero no que cumplan su función de brindarle a la ciudadanía información y análisis valiosos sobre la dura realidad que vive el país.
Los intentos desde los medios estatales de una prensa más aguda y cuestionadora —como el caso de Alma Mater— rápidamente han sido ahogados por las estructuras burocráticas a las que se supeditan, y desde la dirección de la UPEC no ha sido visible la defensa de estos casos como proyectos de avanzada en los momentos más críticos y en que, un respaldo desde la dirección de la organización gremial, hubiera sido una muestra de hacia dónde ciertamente pretende enrumbarse el sistema de prensa, y quizá, un freno para la destrucción de estos proyectos.
Por su parte, los medios no estatales siguen sin respaldo legal y a menudo son criminalizados. No obstante, con mayor o menor calidad, ya sea con corresponsales en el terreno o desde la distancia, siguen ganando espacio entre las audiencias cubanas.
El espacio, como muchos otros, tiene el valor de reconocer el problema, sin embargo, el mismo día que se publicó el reporte, muchos otros titulares triunfalistas o irrelevantes llenaron las planas de los periódicos estatales, y muchos jubilados siguen dependiendo de sus amigos e hijos para subsistir luego de años de trabajo. Lo cierto es que no parece significar un punto de inflexión para los medios estatales ni un cambio de giro en la forma en que se asumen las agendas pública y editorial.
[…] tan clara y definida. En adición, a partir de lo pautado por la Ley de Migración —cuyo proyecto ha sido publicado recientemente —, quienes lo hagan, deberán entrar al país con su pasaporte extranjero y serán […]
[…] noticia los criterios de los ciudadanos con relación al proyecto de ley de Migración, publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en junio de 2024 y que […]