|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Una ciudadanía a elección
La noticia es que los medios oficiales cubanos dieron a conocer el anteproyecto de Ley de ciudadanía, que presenta varias novedades y se entrecruza con los recién publicados proyectos de Ley de migración y Ley de extranjería.
Uno de los puntos más llamativos es la posibilidad de renunciar a la ciudadanía, perderla o ser privada de ella.
La renuncia se admite solo si se hace desde el exterior y el solicitante tiene otra ciudadanía, no contiene deudas con el Estado cubano, ni es perseguido «por la comisión de un delito en el territorio nacional o en el extranjero».
La pérdida puede darse si la ciudadanía fue adquirida mediante fraude, o los ciudadanos cubanos que se encuentran en el extranjero no ratifican «ante la oficina consular cubana correspondiente, su voluntad de mantener [la]».
Uno de los puntos más polémicos vendría siendo la revocación. Si bien la propuesta explicita que «los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas», asume como motivos para la revocación «alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba».
Agrega que «cuando alguna persona incurra en causal de privación de la ciudadanía y ocasione un grave perjuicio al país en lo relacionado con la seguridad nacional, ponga en peligro la estabilidad del Estado, las relaciones internacionales o la salud general de la población, la autoridad de ciudadanía puede dictar Decreto Presidencial sin atenerse a los requisitos y formalidades para la tramitación del expediente».
La ciudadanía puede ser recuperada, una sola vez, a solicitud de la persona. Para ello debe cumplir con determinados requisitos como demostrar la inexistencia o supresión de las causas que llevaron a la privación, pérdida o renuncia; haber transcurrido al menos cinco años desde la fecha en que se aprobó cualquiera de estas situaciones; tener solvencia económica, posibilidades de reinserción social y de residir en el país.
Por otro lado, el proyecto permite la adquisición de la ciudadanía por naturalización, para ello los solicitantes deben ser mayores de edad, haber residido permanentemente en Cuba, demostrar una adecuada inserción social y solvencia económica, no tener antecedentes penales por delitos graves y aprobar un examen.
Asimismo, el presidente de la República, mediante decreto, puede aprobar la adquisición de la ciudadanía cubana a extranjeros que hayan sido perseguidos por sus ideales, alcanzado méritos excepcionales «en la defensa y apoyo a la Revolución y al Estado socialista» o prestado «un servicio distinguido a la República de Cuba».
Esto significa un paso más en el ordenamiento jurídico que vendría a completar el ciclo de leyes que legislan la relación de cubanos y extranjeros, residentes o no en la Isla, con el Estado.
La posibilidad de renunciar a la ciudadanía, si bien ha estado presente en el sistema legal cubano, nunca había estado tan clara y definida. En adición, a partir de lo pautado por la Ley de Migración —cuyo proyecto ha sido publicado recientemente —, quienes lo hagan, deberán entrar al país con su pasaporte extranjero y serán tratados como tales.
La renuncia a la ciudadanía, además, abre una nueva etapa en cuanto al tratamiento legislativo de los cubanos emigrados, sobre todo de aquellos que tienen posibilidades de ser deportados, pues al dejar de ser ciudadanos cubanos, técnicamente Cuba no tendría obligación de recibirlos. Asimismo, implicaría un trato diferente a los emigrados cubanos «no ciudadanos», por ejemplo, si alguno entrara a la Isla usando su pasaporte foráneo, y fuera apresado por una causa política, el país de acogida podría interceder por ellos.
Nuestra opinión es que esta ley, al igual que las antes aprobadas, representa un paso de avance significativo al brindar a cubanos y extranjeros un abanico de posibilidades mucho más amplio para establecer múltiples relaciones con el Estado.
La posibilidad de renunciar de forma voluntaria a la ciudadanía también es celebrable, pues la ciudadanía cubana es un derecho, pero no debería ser una obligación. En adición, resultan positivas las nuevas posibilidades de adquirir la ciudadanía o recuperarla en caso de que se haya perdido, revocado, o renunciado.
Aunque el balance de la ley es positivo, resulta ya recurrente el uso de términos ambiguos y vacuos como «actos contrarios a los altos intereses políticos» como posibles razones para revocar la ciudadanía, dando a los funcionarios correspondientes un alto margen de arbitrariedad en el ejercicio del derecho, que pudiera ser utilizado como forma de venganza ante personas que disienten del sistema político o el gobierno en la Isla, mientras se encuentran en el exterior.
Las nuevas leyes, que pautan una mejor relación con la comunidad cubana de emigrados, resuelven varias de las demandas realizadas por estos durante varios años. Llegan tarde y en un momento muy crítico, con un altísimo éxodo de nacionales, y una creciente polarización en la sociedad que ha llevado a varios de quienes residen en el exterior —sobre todo en Estados Unidos— a mantener una relación confrontacional con el Estado cubano.
Aun así, más vale tarde que nunca, quedará por ver en el ejercicio de la aplicación de estas leyes cómo se materializan sus ventajas y contradicciones.
Tope de ganancias del sector no estatal en negocios con las empresas estatales
La noticia es que el Ministerio de Finanzas y Precios emitió una resolución en la que se regulan los márgenes de ganancia de productos y servicios que pueden contratar las entidades estatales al sector privado. La cifra ha quedado establecida en un margen de hasta un 30 por ciento sobre los costos y gastos.
En una comparecencia en televisión nacional, Vladimir Regueiro, titular del ramo, declaró que la medida debió ser tomada como una forma de «contención en los precios» que, según el funcionario, se ha detectado un aumento en los últimos meses.
«En los últimos tiempos ha habido un marcado crecimiento de los pagos que se realizan desde el sector estatal hasta las formas de gestión no estatal y no siempre se ha soportado en el ejercicio de las regulaciones que se han establecido en el país».
En la medida se reconoce la autoridad de los consejos municipales y provinciales para determinar los precios y tarifas máximas a productos y servicios de los diferentes actores de la economía.
Esta noticia llega días después de que se pudiera ver en las redes un video del primer ministro Manuel Marrero condenando los excesivos pagos de empresas a mipymes por servicios o productos, en una reunión con otros titulares de gabinete y directores de empresas estatales. También cuestionó que directivos estatales dejen deteriorar los locales para luego pasarlos a manos de privados.
También en los últimos días han circulado varios rumores de medios de Miami sobre un caso de corrupción en el que presuntamente están vinculados los dueños de Diplomarket, una empresa privada que se dedicaba a la venta de numerosos productos.
Esto significa que es probable que el gobierno haya decidido hacer un disparo de advertencia a las mipymes que quieren sobrepasar la línea de riqueza; también podría ser un intento de contención a que el presupuesto estatal se desvíe hacia el sector con contratos excesivamente beneficiosos para estos nuevos actores económicos.
La crisis económica cubana es cada vez más difícil de ocultar. Si bien el Partido y gobierno cubanos han tenido que reconocer los resultados desastrosos, en varias ocasiones han aprovechado matrices de opinión negativas por los altos precios de algunas mipymes que venden directo a la población para hacerlas parecer las culpables del aumento del costo de la vida.
Numerosos economistas y empresarios consideran que resoluciones como la 209/2024 son desacertadas, ya que la economía cubana necesita políticas de fomento para que todo el que pueda producir bienes o servicios de calidad, lo haga y se cree más riqueza que pueda ser distribuida.
Sobre esta medida en particular, el economista Pedro Monreal comentaba en sus redes sociales que en esencia es una variante de «topes de precios» y que en su opinión no tendrá un impacto en la reducción de la extraordinaria inflación que sufre la sociedad cubana:
«Los precios deben formarse esencialmente en el mercado (incluso en mercados regulados). Reemplazar esa función del mercado con “facultades” de funcionarios locales no solamente restringe los precios de mercado, sino que entraña el riesgo de “mercados de corrupción”», concluyó.
Nuestra opinión es que el gobierno tiene todo el derecho de regular las relaciones entre los diferentes actores que actúan en el mercado, pero debería dejar de ir por las ramas, con medidas limitantes para los sectores productivos y ocuparse más de los grandes problemas estructurales que lastran el desempeño de este gabinete.
Por demás, la única forma de regular precios no es el tope, una medida que, como también reflexionó Monreal, nunca ha funcionado en la Isla, pues «se convierte en inflación “reprimida” que coexiste con desabastecimiento y con precios de mercado negro». Las políticas de fomento a la producción, que serían la forma más efectiva de hacer bajar los precios, siguen prácticamente ausentes.
Por otro lado, la determinación de las ganancias del sector privado continúa siendo muy inexacta, pues para importar deben comprar el dólar en el mercado informal y a precios ya tres veces mayores a los reconocidos por el Estado, algo que oscurece totalmente sus fichas de costo.
Es válida la preocupación de que directivos estatales compren o contraten a las empresas privadas productos y servicios a precios excesivos, como una forma de corrupción y clientelismo. Pero esto no se resuelve topando precios, sino estableciendo mecanismos claros y transparentes —como las licitaciones públicas— para estos casos.
Mientras estas escaramuzas entre los sectores conservadores del Estado cubano y los privados continúan, todavía no se conoce la fecha en la que se discutirá la tan llevada, traída y necesaria Ley de Empresas. Una regulación que —aunque excluye al sector privado—, bien implementada, podría contribuir de forma significativa a una mayor productividad de las empresas estatales y tener un efecto positivo en la economía cubana.
En un escenario en el que las posibilidades de un triunfo de Donald Trump siguen subiendo —y que presupondría un aumento de las medidas unilaterales coercitivas—, una estrategia inteligente del gobierno cubano sería destrabar y abrir todas las oportunidades para que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, puedan operar en Cuba, con todas las garantías legales y financieras que del ejecutivo cubano dependa garantizarles.
Violencia, drogas y corrupción: soluciones paliativas a problemas demasiado grandes
Fue noticia esta semana que instituciones gubernamentales asisten a la Mesa Redonda con temas vinculados a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
El espacio televisivo contó con la presencia de directivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Contraloría General de la República, la Fiscalía (FGR) y el Tribunal Supremo Popular.
El 1er. Cor. Eddy Manuel Sierra, jefe de la Dirección General de la PNR reconoció que es «innegable que la situación compleja» del país repercute en actos delictivos de diversa índole, entre ellos el robo, en ocasiones con empleo de armas, y en los que están involucrados jóvenes y menores de edad.
En este sentido, el hurto de celulares en el transporte público es uno de los mayores temores de quienes utilizan este servicio. En la mayoría de los casos, las personas a bordo son las que «resuelven» la situación con sus modos y maneras de impartir justicia. Luego es que acuden a las fuerzas del orden, si es que lo hacen.
En el programa también se refirieron al tráfico de drogas. Según el primer coronel Sierra, a pesar de que Cuba «sigue siendo un mercado virgen» y con voluntad de gobierno de tolerancia cero al narcotráfico, se han dado casos en centros educacionales del país, a diferentes niveles.
El viceministro de Educación, Eugenio González Pérez, comentaba al periódico Granma en una entrevista que «en los centros educacionales los hechos por ingerir sicoactivos han ocurrido de manera casuística, pues es la vía pública el escenario principal en el cual se producen más casos y con la mayor cantidad de participantes, con más frecuencia los fines de semana y después de las diez de la noche». A esto se añade que el promedio de edad de los participantes es de 15.2 años.
Por otra parte, en la Mesa Redonda se habló nuevamente de la corrupción en el área económica con la participación, muchas veces, de los propios directivos de las entidades afectadas. Con respecto a ello, han sido revelados en los últimos tiempos varios hechos de violaciones estatales, sobre todo en la gastronomía y los servicios, que generan graves daños al presupuesto del Estado. No obstante, la mayoría de los casos mostrados tienen lugar en la base.
Según Miriam Marbán González, primera vice contralora general de la Contraloría General de la República, la mayoría de estos delitos están causados por «un deterioro de los valores éticos de las personas que se involucran en este tipo de conductas», sumado a «un deficiente autocontrol en estas entidades y falta de supervisión de los niveles administrativos».
En el espacio se evitó dar cifras de delitos relacionados con corrupción, las pérdidas generales ocasionadas al presupuesto estatal, y detalles sobre los funcionarios implicados.
Esto significa que si bien es importante que el discurso oficial ponga énfasis en una realidad —de la que es cada vez más difícil hacer la vista gorda—, persiste el enfoque punitivista y el descargo de responsabilidades por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
En estos espacios es frecuente culpar en primera instancia a las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos, y a las publicaciones en redes sociales digitales dirigidas supuestamente a crear pánico y desautorizar el trabajo de las instituciones oficiales.
No obstante, la inseguridad es una percepción colectiva. Aunque el discurso oficial reconozca el incremento de delitos, no dirige la atención a su responsabilidad en las causas que favorecen el aumento de estos hechos. Persisten las acciones paliativas que no ofrecen una solución integral. Tampoco se ventilan datos oficiales que permitan comprender la magnitud del fenómeno.
Recordamos lo expresado a la agencia extranjera EFE por la contralora general de la República, Gladys Bejerano: «La gente no cae en la corrupción en paracaídas. Es un proceso: corrupción es descomposición. Es un proceso de pérdida de valores». En dicha intervención, fue llamativo el comentario de la funcionaria donde expresaba que el conglomerado empresarial GAESA, de las Fuerzas Armadas, tiene una «disciplina y organización superior», por tanto, no está bajo su supervisión.
Sin desconocer cuánto afecta el descontrol económico que tiene lugar en todos los niveles, es evidente que como dice el popular refrán: «la soga se rompe por el lado más débil», mientras en las alturas poco se sabe de cómo se «controla».
A más de tres meses de anunciada la destitución del ex vice primer ministro y ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, la ciudadanía sigue esperando por información detallada sobre los «graves errores» cometidos y las «actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas» que fueron anunciadas el día 7 de marzo.
Ni siquiera el anteproyecto de Ley de la transparencia y el acceso a la información pública incluye a los órganos superiores del Estado ni a los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, por tanto, seguimos a ciegas.
Opinamos que la seguridad ciudadana no puede depender solamente de la respuesta de la actividad policial y las instituciones, que ha demostrado ser ineficiente. La severa crisis económica que sufre el país, el aumento de las desigualdades sociales, la creciente pérdida de legitimidad en el discurso de los representantes del gobierno y su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población derivan en un aumento de la violencia, las ilegalidades y la inseguridad.
Mientras no existan y se apliquen políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de los ciudadanos, la atención a los grupos vulnerabilizados y el mejoramiento de la calidad de vida, la actual situación solo puede agravarse.
