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Nuevas garantías a los migrantes
Fueron noticia los criterios de los ciudadanos con relación al proyecto de ley de Migración, publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en junio de 2024 y que será aprobado en la sesión ordinaria de la ANPP próximamente.
Dicho documento suscitó discusiones en redes sociales, medios de comunicación y entre los propios diputados. Según José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, «fue la ley más debatida», ya que se produjeron 55 intervenciones.
Todo ello motivó una nueva versión que «ya está en proceso de reimpresión y discusión para los diputados», añadió el funcionario.
Una de las principales modificaciones ha sido lo relacionado con el término de «residencia efectiva». A partir de lo planteado en el proyecto de ley, esta condición «la alcanzan los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando permanecen durante cada año calendario, anterior a la fecha en que se certifica, la mayor parte de su tiempo en el territorio nacional o mediante una combinación de un periodo de permanencia y otras evidencias materiales que demuestren arraigo en el país».
Toledo Santander, en la emisión de la Mesa Redonda del pasado 11 de julio, apuntó: «La ley va a ser precisa en aclarar que, puede ser que la persona no viva los tiempos que definitivamente se establezcan, ha vivido esporádicamente en el país, pero en ese tiempo que se establezca del año natural acumula una permanencia». O sea, para obtener la residencia efectiva no será preciso permanecer ininterrumpidamente en el país, sino que es acumulativo por periodos de tiempo.
Con respecto a las manifestaciones de «arraigo», mencionó algunas a tener en cuenta para solicitar la residencia efectiva, como pueden ser que los ciudadanos mantengan en Cuba familiares, domicilio, cumplan con las obligaciones fiscales, estén vinculados a organizaciones del país o tengan cuenta en el banco. Dichos requisitos permitirán que se adquiera la condición de residente efectivo sin permanecer el tiempo estipulado para ello.
A raíz del debate generado, otra de las transformaciones al documento original será que una vez adquirida la residencia efectiva, si la persona conserva las condiciones bajo las cuales le fue otorgada, la puede mantener, sin necesidad de renovarlo anualmente.
Asimismo, «los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que, por razones de trabajo, salud, estudio u otras causas de similar naturaleza, permanezcan fuera del país durante un periodo de tiempo prolongado, mantienen esta condición cuando así lo acrediten ante la autoridad migratoria».
Uno de los puntos álgidos en la discusión fue también el de los bienes de la propiedad. Para ello, según Toledo Santander, «se decidió poner un artículo que quede bien claro que las personas ciudadanas cubanas residentes en el exterior, en correspondencia con el artículo 58 de la Constitución de la República, tienen derecho al uso, disfrute y libre disposición de los bienes de su propiedad establecidos en el territorio nacional, de conformidad con lo que la ley en tal sentido expresa».
Este es un cambio significativo para los propietarios de bienes en Cuba. Hasta ahora solo los residentes permanentes en territorio nacional podían adquirir y mantener sus propiedades en el país. Con esta modificación, los ciudadanos cubanos residentes en el exterior podrán mantener sus propiedades y adquirir nuevas.
Los cubanos tenían como condiciones migratorias las de «residente en el territorio nacional» (todo aquel que entrara y saliera de Cuba cada 24 meses) y «emigrado» (todo aquel que salió del país y no había entrado más, lo cual estuvo en vigor hasta marzo de 2020, fecha en la que se suspendió la aplicación del término de 24 meses, debido a la pandemia de covid-19).
Sobre otros aspectos polémicos de la propuesta de ley, como los mecanismos tan amplios como imprecisos que permiten a las autoridades impedirle la salida del país a los nacionales por múltiples motivos, no se indicaron nuevas modificaciones.
Esto significa que la normativa actual, aunque no elimina la condición de «emigrado» para quienes así fueron declarados con anterioridad, sí va a permitir que puedan presentarse a un proceso para ser considerados «residentes en el exterior».
Con la aplicación de la ley, las categorías desde el punto de vista migratorio serán entonces las de «residentes en el exterior» para los que no residan en el país la mayor parte de un año natural, y «residentes efectivos en el territorio nacional», para quienes sí lo hagan.
Para conocer más detalles, habrá que esperar a que el proyecto de ley sea sometido a aprobación durante el tercer período ordinario de sesiones de la ANPP en su X Legislatura, que tendrá lugar en La Habana a partir del 17 de julio y hasta el 20 de julio. Después, podrá ser consultado cuando lo publiquen en la Gaceta Oficial.
Nuestra opinión es que las modificaciones al proyecto original expuestas en la Mesa Redonda son una evolución positiva del instrumento jurídico, pues pretenden ofrecer garantías a la emigración y aclarar zonas engañosas de alta sensibilidad para una parte cada vez más importante de la comunidad cubana.
La decisión de no publicar dichos cambios en el sitio web de la Asamblea impide una comprensión más cabal de estos. No obstante, la intención de subsanar vacíos en dicho documento dice mucho de la necesidad del gobierno cubano de fomentar un vínculo positivo con la diáspora y atender sus preocupaciones, teniendo en cuenta el éxodo masivo de los últimos años.
El país precisa más que nunca de los ingresos de los emigrados, quienes pueden desempeñar un rol esencial en el desarrollo económico. Al mismo tiempo, es un paso de avance para atenuar desavenencias que han perdurado demasiado tiempo.
A más medidas, menos pollo
El Consejo de Estado aprobó este sábado nuevas normas jurídicas para regular el trabajo de las formas de gestión no estatal en Cuba, aunque hasta el momento de redactar esta nota no han sido publicados en Gaceta Oficial, ni se conoce su contenido.
Esto sucede luego de que el Consejo de Ministros ejerciera previamente la «iniciativa legislativa para presentar a la aprobación del Consejo de Estado seis decretos leyes, a partir de los cuales se actualizan las disposiciones jurídicas para los actores económicos no estatales del país», según un artículo publicado en Granma.
Las nuevas regulaciones pretenden «corregir las distorsiones» en el sector no estatal y «ordenar la actividad de manera tal que se actúe coherentemente, y que su aporte sea un verdadero complemento de la economía nacional».
Los decretos leyes son: Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia; De las cooperativas no agropecuarias; y Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, se emitieron los decretos leyes De las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias; Del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y los titulares de los proyectos de desarrollo local; y el modificativo de la Ley no. 113 Del sistema tributario. Se adoptó el Decreto para la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz insistió en que es resultado de políticas aprobadas en el Congreso del Partido y de un «amplio proceso de consultas» entre el Consejo de Ministros, gobiernos locales, organismos y actores económicos del sector privado, entre otros. «Para nada es una cruzada contra las mipymes, ni contra las otras formas de gestión no estatal», dictó.
Asimismo, Marrero Cruz ratificó que «el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ella».
Esta noticia llega luego de la entrada en vigor el pasado 8 de julio de la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que estableció a los actores no estatales precios topados para alimentos de alta demanda (pollo troceado, aceites, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas, detergente en polvo). También incluye la liberación para los importadores del pago de aranceles de estos seis productos. Anteriormente, se decidió limitar las ganancias de los no estatales en las operaciones con empresas estatales.
En un artículo publicado en Cubadebate el 11 de julio, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios actualizó acerca de la aplicación en el país de estas regulaciones: «realizaron 1 079 acciones de control, en las que fueron multados y apercibidos los autores de 393 violaciones».
Esto significa que el gobierno cubano sigue aprobando instrumentos con la finalidad de «controlar» su papel en la economía nacional. No obstante, los resultados hasta el momento no han sido muy halagüeños.
Un artículo publicado en la Radio de Sancti Spíritus reconoció que «de los 6 productos a los que el Ministerio de Finanzas y Precios, les reguló el límite máximo de los precios, parece ser que el pollo ha sido el primero en volar de la red donde más se comercializa: los actores económicos no estatales».
El texto también llama la atención acerca de que los actores privados, a pesar de que tienen precios privativos para quienes viven de salarios y pensiones, venden productos más baratos que en las tiendas en Moneda Libremente Convertible, algo que fue examinado también por el economista Omar Everleny en el portal de noticias IPS.
Asimismo, el economista y empresario Oscar Fernández Estrada vaticinó que las medidas ya aprobadas pueden aumentar la escasez de los productos regulados al desestimular su importación y venta: «a los que venden leche hoy los puedes obligar a que la vendan al precio topado, pero no puedes obligarlos a continuar importándola», sentenció.
Otra voz experta que cuestionó la efectividad de las medidas fue la investigadora Ileana Díaz. «Todos los precios son altos topados o no ante salarios y jubilaciones deprimidos. La solución no es tan banal, es y tiene que ser integral del modelo», expresó para más adelante esbozar la solución que ella —junto a muchos otros economistas— recomienda:
«La única vía real, aunque compleja, de proteger al pueblo de forma sostenible, es acabar de realizar la reforma integral, que cambie todo lo necesario en las bases microeconómicas y permita un modelo de funcionamiento con reglas de juego claras para todos los actores, donde compitan todos en igualdad de condiciones, donde la complementariedad de todos logre la satisfacción del pueblo según reza en la Conceptualización. Basta de perder tiempo, esto no puede ser hasta el infinito, pues la economía no aguanta, viene Trump y los ciclones».
A pesar de no haber sido publicados los decretos leyes para su consulta, desde el discurso oficial todo indica que vendrá un mayor control y regulación para los actores económicos no estatales, a pocos días de presentarse en la ANPP el estado de la implementación de las Proyecciones del Gobierno para «corregir distorsiones» y «reimpulsar la economía» durante el primer trimestre de 2024.
Nuestra opinión es que mientras se continúen desoyendo a los expertos y se ignoren las leyes de la economía, la situación solo puede empeorar, especialmente para los de menores ingresos, quienes, con tope o sin tope, siguen sin poder acceder a los precios actuales.
Se insiste en la aplicación de métodos que han demostrado ser fallidos en otras ocasiones con la complejidad de que hoy los actores privados han aumentado su impacto en el comercio interior de bienes de primera necesidad. Esto deja al Estado de manos atadas ante decisiones de estos actores imposibles de controlar —como la de dejar de importar— y a la ciudadanía desprotegida ante la posible carencia de estos productos.
¿Hasta cuándo podrán sostenerse las acciones de control? ¿Quién garantiza que no exista corrupción en dichas acciones? ¿Cómo aseguran la oferta de estos productos de máxima demanda?
Por la poca, fragmentada y confusa información disponible, parece que ninguna de las medidas aprobadas en días recientes tiene como objetivo fomentar la actividad del sector no estatal, por el contrario, limitan sus posibilidades en un contexto de inseguridad alimentaria, donde el Estado se ha mostrado incapaz de satisfacer la demanda.
Mientras no exista una reforma integral, poner parches en un tejido completamente dañado no servirá de nada, por el contrario, puede aumentar el problema.
¿Quién apaga el Morro?
Fue noticia un estimado del demógrafo y economista Juan Carlos Albizu-Campos sobre el vertiginoso decrecimiento de la población cubana. Consultado por la agencia EFE, el estudio indica que «la población de Cuba cayó un 18 % entre 2022 y 2023, principalmente por la migración, hasta situarse en los 8.62 millones de personas».
Efe aclara que «el cálculo se basa en las cifras de cubanos que han llegado a EE.UU. entre octubre de 2021 y abril de 2024, que ascienden a 738 680 personas, según informaciones de las autoridades estadounidenses que combinan visados, paroles y llegadas irregulares. De ahí se extrapola el número total de migrantes, teniendo en cuenta el porcentaje de cubanos que marchan a EE.UU. con respecto al total de personas que dejan el país rumbo a cualquier destino, que para 2022 y 2023 el autor estima en un 33 % tomando como base las tendencias de años anteriores».
Según esa lógica, 1.79 millones de personas habrían migrado en esta etapa, un número sin precedentes en la historia del país.
A la migración habría que sumarle el decrecimiento natural de la población cubana porque, como indica Albizu «tanto en 2022 como en 2023 hubo muchas más muertes que nacimientos en la Isla».
Las últimas cifras oficiales disponibles datan del año 2022, en el cual se produjeron 95 403 nacimientos y 120 098 defunciones, por tanto, murieron 24 695 personas más de las que nacieron, lo que acentúa la tendencia al decrecimiento natural de la población que venía desde 2017.
Las cifras de 2023 no están disponibles aún, solo un reporte de prensa adelantaba que «se registraron alrededor de 90 300 nacimientos», no hablaba de las muertes, pero siguiendo la lógica del envejecimiento poblacional es posible predecir que la tendencia es al aumento.
Sobre las cifras migratorias también hay mucha oscuridad. El reporte de EFE afirma que «no arrojan suficiente luz sobre el hecho migratorio reciente. En primer lugar, porque Cuba sólo reconoce a un ciudadano que ha emigrado cuando pasan 24 meses de su salida del país».
Asimismo, el censo de población y vivienda se ha pospuesto en reiteradas ocasiones. Las autoridades cubanas han afirmado a varios medios de prensa que tendrá lugar en 2025.
Esto significa que la tendencia al decrecimiento de la población cubana es un hecho cada vez más difícil de ocultar. Es un síntoma más de la crisis socioeconómica que vive la Isla y para el cual el gobierno, si bien ha expresado su preocupación, tiene pocas respuestas y menos soluciones.
De entrar en vigor la nueva Ley de Migración, el Estado cubano tendría que cambiar su forma de contabilizar a quienes no residen en el país. No obstante, hasta el momento, no hay ninguna información de cómo se hará.
El estimado de Albizu-Campos fue ampliamente replicado por varios medios independientes y extranjeros, y no dejó de causar polémica. El periodista retirado Fernando Ravsberg llamó la atención sobre que las cifras expuestas significarían que habrían salido del país 2400 cubanos diarios, «¿10 aviones llenos cada 24 h durante 730 días?» se preguntó.
Nuestra opinión es que urge un sistema estadístico mucho más eficiente y transparente que arroje luz sobre un tema tan importante como la demografía.
El rezago con el censo es muy probable que responda, además de a la falta de presupuestos, a motivos políticos. No obstante, en tiempos de Internet, todo vacío de información será llenado de una forma u otra.
¿Por qué a esta altura de 2024 no están disponible las cifras sobre nacimientos y muertes de 2023? ¿Cómo el Estado piensa contabilizar las personas que han migrado en los últimos años, aunque mantengan su vínculo con la Isla?
Más allá de la exactitud de las cifras aportadas por el demógrafo —que siempre aclaró que se trataba de un estimado—, es evidente que hay un decrecimiento de la población cubana que se ha acentuado de forma vertiginosa en los últimos años.
La migración es un fenómeno recurrente en países subdesarrollados. Cuba no es el único que enfrenta este desafío. Pero intentar ocultar el problema no lo resolverá.
El censo —si no es pospuesto nuevamente— dirá la última palabra. Por el momento cada vez más servicios públicos colapsan por falta de personasl, y cada vez más padres y madres despiden a sus hijos que se van buscando el futuro que no pudieron encontrar en su país.
[…] nueva normativa se sumaría a los decretos anunciados, pero tampoco publicados aún, que también regulan las mipymes privadas y el trabajo por cuenta […]