Cuando tenía 7 años, mi tío Pedrito mató a Rosaura, su mujer, «por puta». Al menos eso repetían mis tías: «la pobre, pero se lo merecía». Después de 11 años, cuando ya estudiaba Sociología en la Universidad de las Villas, entendí par de cosas relacionadas con tío Pedrito y Rosaura, su mujer, que nunca fue nombrada como mi tía porque usaba licras y le gustaba ir a los carnavales.

Aun sabiendo que era cuestión de género, estudiando el tema y siendo —cinco años después— profesora de dicha disciplina, seguía sin entender por qué era un feminicidio y no un femicidio. Fue un asesinato de un hombre a una mujer, por ser su mujer, punto. En Cuba no queda ningún asesinato impune, me repetía. El sistema nos protege, somos las flores de la Revolución, y seguía con la consigna. No fue hasta que cambié de rol —en ese mismo sistema—, que entendí que las mujeres en Cuba no somos ni siquiera un número.

Entre femicidio y feminicidio, más allá del asesinato

Feminicidio es una palabra fuerte. Sin embargo, en el imaginario popular se desliga del golpe de efecto que sí provoca la palabra asesinato, aun cuando inequívocamente una contiene a la otra en la totalidad de los casos. No obstante, la primera, por su carácter de violencia estructural y epistémica, es incluso más profunda.

El femicidio, a su vez, viene a ser homólogo del asesinato cometido por un sujeto o sujetos de forma individual; en tanto se considere el ser mujer como motivo para acabar con una vida. Es el hecho de morir por ser percibida como inferior a manos de un hombre, cuyas causas van desde el odio, desprecio, placer y hasta sentido de propiedad sobre la sujeta.

Es un término tan aborrecible en su esencia como inexacto para explicar un fenómeno muchísimo más insondable:  al no reconocer en su matriz conceptual el papel del Estado, el término esconde o minimiza todo un grupo de mediaciones sociales y violencias estructurales —como las violencias simbólicas otorgadas a sujetes bajo una lógica patriarcal; modos políticos aprendidos y aprehendidos y la impunidad otorgada por el sistema— que determinan la comisión de estos crímenes, y, por tanto, hacen a dicho Estado corresponsable.

El concepto de feminicidio sí logra resumir lo horrendo del hecho, su carácter sistémico y la culpabilidad del sistema que «pare» tanto a víctimas como a victimarios. Es definido como el escalón último de un proceso perpetuo de terror que incluye las violaciones, maltratos, torturas, mutilaciones sexuales, abuso sexual, violencia física y emocional, maternidad y heterosexualización forzadas, etc.

Es la conclusión de la desprotección de los cuerpos feminizados ante una masa amorfa denominada sistema y que presenta muchas formas de patriarcados, por tanto, sus conclusiones-feminicidios son tan variadas y atroces como diversas sus formas de opresión.

El feminicidio se convierte en un crimen colectivo materializado en cuerpos individuales. Es perpetrado a través de un sujeto/s, pero como ejercicio de semiótica de la violencia, al tiempo que enuncia todo un aparato de poder-dominación-impunidad. Hablar de Estado feminicida es una redundancia, en tanto está implícito en el segundo la responsabilidad del primero. Sin embargo, nunca está de más colocar un sujeto al enunciado.

En 2022, Cuba fue incluida por primera vez en el Mapa Latinoamericano de Feminicidios que confecciona Mundo Sur, una plataforma feminista con sede en Francia y Argentina encaminada el empoderamiento social y económico de las mujeres latinoamericanas. En Cuba, nos están matando y el Estado sigue jugando a fingir que todo está bien.

 Estado feminicida y activismos feministas

En 1999, Radhika Coomaraswamy, relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, instó a Cuba a aprobar una legislación contra la violencia de género. En marzo de 2000, la Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, entregó una nota verbal en respuesta a las recomendaciones expuestas por la relatora en su informe sobre la visita al país.

Lejos de reconocer las recomendaciones realizadas por la relatora en materia de violencia de género, se dedicó una amplia parte de dicha nota a justificar y criminalizar la intervención por parte de la sociedad civil, así como negar la situación de desprotección de la mujer en Cuba, etc.

Veinte años después, cuarenta mujeres cubanas entregaron una carta titulada Solicitud de Ley Integral de Género en Cuba (conocida como Carta de las 40) a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a la Presidenta de la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de Igualdad de la Mujer. Una vez más, los ejes centrales iban en torno a la situación de las mujeres en Cuba y la violencia que contra nosotras se ejerce, tocando como fin último el feminicidio.

En 2020, se fundó el observatorio de feminicidios de Alas Tensas Revista Feminista Cubana, primer subregistro del fenómeno. Dicha plataforma, acompañada de los subregistros pertenecientes a la Plataforma Yo Sí Te Creo En Cuba y la Red Femenina de Cuba, han llevado la carga sistemática de hacer, al menos, justicia epistémica, poniendo los nombres donde van.

A menudo estos observatorios son cuestionados en los medios estatales por su carácter independiente; sin embargo, hace un año, como parte del llamado Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la viceprimera ministra Inés María Chapman anunció la creación de un Observatorio de violencia de  género con datos oficiales en Cuba que sigue esperando por salir a la luz. En ausencia de un registro por parte del Estado, estas iniciativas —con las limitaciones a las que se enfrentan— constituyen la única cifra pública actualizada en el país sobre estos crímenes.

El feminicidio en Cuba, como fenómeno y no como acto a secas, arrastra, no solo lo execrable de los sucesos, sino la criminalización de grupos y movimientos que se encargan de visibilizar y trabajar en torno a los subregistros, el descrédito en cuanto a la responsabilidad estatal de tomar cartas en el asunto, sumado al acoso por parte de la policía política a los familiares de las víctimas para evitar que ofrezcan información valiosa.

El feminicidio no se asume con la connotación política que le es inherente, sino como una de las tantas «guerras mediáticas para desarticular el sistema político y económico». La historia de David y Goliat, la siempre repetida, el imperio que desacredita a un país que juega a ser justo. No es un discurso nuevo, solo que esta vez apuesta con las vidas de sus mujeres.

Los antes mencionados puntos desembocan en la demanda más importante del movimiento feminista cubano: el Estado tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde o, en ausencia, permitir que la sociedad civil se organice para solucionar sus conflictos. Más allá del debate sobre el papel del punitivismo en la solución —que sería objetivo de otro texto—, hay medidas que el Estado debe tomar para proteger la vida de sus mujeres.

En primer lugar, reconocer el papel que le corresponde como perpetrador o corresponsable de modos de actuar: la discusión entre femicidio o feminicidio, que puede parecer superflua, solamente denota una necesidad de dicho Estado de desligarse de una situación que le sobrepasa.

En Cuba ocurren feminicidios. Lo demuestran los años de lucha para que se reconocieran los asesinatos a mujeres y la criminalización desde el gobierno hacia grupos y movimientos feministas. En el artículo 43 de la Constitución de la República de Cuba, aprobada en 2019, se recoge la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello; sin embargo, el Estado se niega a implementar una Ley Integral de Género, aun cuando es  probablemente el único punto en que estamos de acuerdo casi todas las feministas cubanas más allá de nuestra afiliación partidista.

En 2019, como respuesta a la Carta de las 40, la ANPP expuso la transversalización del tema violencia de género en todo el cronograma legislativo hasta 2028, no obstante, el acto por parte del Parlamento de responder a la sociedad civil ya fue sorprendente por sí solo. Hasta ahí todo bien, pero, a cuatro años: ¿se ha transversalizado el tema en cada proyecto de ley aprobado o siquiera se ha tratado correctamente la violencia de género en las leyes en las que sí se ha colocado? ¿Es efectiva la transversalización? ¿Existe menos violencia de género?

Estadísticas sobre feminicidio en Cuba, el registro inexistente

En el propio año 2019, se hizo pública la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), aplicada en 2016, en el informe de país que rindió Cuba a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la implementación de la Agenda 2030. En consonancia con dichos datos oficiales, la tasa nacional de femicidios (feminicidios) fue de 0,99 por cada 100 000 adolescentes y mujeres mayores de 15 años, para un total de 47 en 2016, exponiendo que había decrecido en un 33% en relación al año 2013.

Según se explica en la antes mencionada Carta de las 40, cálculos realizados a partir de estos datos permiten estimar que el número de femicidios (feminicidios) oficial en el año 2013 fue 63. Para un análisis más profundo es importante aclarar que esta encuesta solo toma como femicidios (feminicidios), los asesinatos perpetrados por parejas o exparejas, dato que evidentemente, deja fuera a un monto grande de casos.

Los observatorios conjuntos de la Revista Alas Tensas y la Plataforma Yo Sí Te Creo En Cuba han subregistrado en los últimos tres años y lo que va del año 2023, 126 feminicidios, de ellos en 2019, 11 fueron a manos de parejas o exparejas; en 2020, 24 de ellos; en 2021, 27 de los casos; en 2022, 26 del subregistro total y en el presente año, 10 de un total de 13 verificados hasta el 17 de febrero; para un total de 98 feminicidios perpetrados por parejas o exparejas.

De acuerdo con estos datos, podemos estimar que alrededor del 78% de los feminicidios subregistrados han sido a manos de parejas o exparejas. Si tenemos en cuenta la notable diferencia entre los datos oficiales y los subregistros de dichas plataformas, se puede especular que la tasa de feminicidios oficiales de 2013 y 2016 solo expone una parte incompleta del problema. Existe un estimado 22% que no está siendo tomado en cuenta, como también debemos recordar que estos números se toman de subregistros con limitado acceso a la información, por tanto, asumimos que los números son, probablemente, mayores que los que aquí exponemos.

Si tomamos como referentes, además, otras formas de feminicidios subregistrados por dichas plataformas y que son menos comunes y difíciles de demostrar, como pueden ser los transfeminicidios, infanticidios, los matricidios y los feminicidios vicarios, el problema toma una connotación política sin precedentes.

El Estado debe reconocer su responsabilidad, tanto política como de deber hacer. Son necesarias medidas estructurales y logísticas que nos permitan sentirnos seguras. Urge legislar sobre un problema que va más allá de grandes imperios y pequeñas islas: a las mujeres cubanas nos están matando y ni siquiera somos un número para las estadísticas oficiales.

El feminicidio no es una guerra mediática contra el sistema, es un fenómeno real que conlleva un acompañamiento estatal. Criminalizar a activistas y grupos feministas solo engrosa un problema que, ya de por sí, es de vida o muerte. Mientras el Estado cubano continúe definiendo el enemigo como quienes luchamos por el derecho a la vida de las mujeres, seguirá siendo responsable por cada nombre que se sume a una lista interminable de madres, abuelas y hermanes que lloran a sus hijas, nietas y hermanas.

No queda más que estar de acuerdo con lo dicho por la activista y periodista Kianay Anandra al ser detenido Fernando Bécquer, luego de un año de lucha de sus víctimas contra un Estado que le regalaba impunidad al agresor: «Agradezcan que pedimos solo justicia y no venganza».