Plan Ecuador o un narcocorrido con muchos «jefes»

¿A qué huele la violencia? ¿Cómo luce? ¿Cómo suena? En medio del pánico que viví estos días en Quito me hice esas preguntas. Estaba sola en casa y mi madre me insistía en que tomara un avión de manera urgente hacia Cuba. Luego empecé a ver arrestos de a quienes el Estado llama «terroristas»: eran jóvenes racializados y pobres. Vi a un militar exhortando a su tropa con el discurso de dar la sangre por la patria y a un presidente autorizando a matarlos a todos. Me parecía escuchar tiros cuando se trataba de pirotecnia y alguien me contó de un preso que subió al bus y olía a basura.

El 7 de enero las autoridades ecuatorianas «no podían afirmar, ni negar» que Adolfo Macías, alias Fito, el líder de la banda de crimen organizado Los Choneros se hubiera fugado de la cárcel. Fito cumplía desde 2011 una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, en el penal Regional de Guayaquil. Poco después, el exministro ecuatoriano del interior, José Serrano, diría a la prensa que la fuga había sido desde el 25 de diciembre, algo de lo que el Estado no dio declaraciones oficiales.

El 8 de enero, un día después de que fuera pública la fuga de Fito, se desató una guerra entre el crimen organizado y el Estado, en que los diferentes grupos tomaron las cárceles y secuestraron a los guías penitenciaros. La expectación mediática se disparó cuando empezaron a salir todo tipo de videos y noticias de atentados, coches bomba, tiroteos, toma por asalto de un canal de TV en Guayaquil y asesinatos a policías en directo, que amenazaban la seguridad ciudadana.

Los amotinamientos y masacres carcelarias son comunes desde hace un tiempo en Ecuador. La violencia en ciudades de la costa había sido motivo de la constante declaración de estados de excepción en el gobierno de Guillermo Lasso, pero esta vez llegó a la capital y adquirió un carácter mediático imparable que causó el pánico generalizado. Posteriormente, los medios y autoridades desmintieron una serie de noticias falsas que circularon en esas jornadas caóticas.

Las fugas de las prisiones en Ecuador no son tan inusuales. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha sido objeto de escándalos cíclicos, no solo por la inhumanidad en con la que viven las personas privadas de libertad (PPL), sino porque dicho organismo oculta información sobre la situación en las cárceles y ha estado caracterizado por la corrupción administrativa. La fuga reciente de Fito y otros integrantes de bandas delictivas como Colón Picó en Ecuador, no son las únicas que han acontecido en las sombras en los últimos dos años.

En octubre de 2023 saldría a la luz el videoclip del «Corrido del león» dedicado a Adolfo Macías, donde le apodan «el papá», «el patrón», «un hombre de buen carácter», «un buen amigo lleno de humildad». El narcocorrido llegaba con un videoclip, en el que parte de las escenas habían sido filmadas dentro de la cárcel. Fito, como otros líderes de bandas delictivas, tenía privilegios dentro de la prisión, porque en hechos, las cárceles en Ecuador son de dominio del narco.

El intelectual mexicano Oswaldo Zavala, en su análisis acerca de la narconarrativa en torno al mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán explica que en el juicio quedó demostrado que no se trataba del «jefe de jefes», ni la cabeza del cartel de Sinaloa, como lo habían pintado los narcocorridos y la prensa, sino de uno más en la cadena de mando del crimen organizado. Para este autor, la narrativa de los cárteles que compiten por el poder y de las figuras hegemónicas dentro de ellos, como puede ser alias Fito en el caso ecuatoriano, justificaron ante la sociedad mexicana la militarización e hicieron del narco el culpable de toda la violencia de un país donde militares y cuerpos represivos también poseían el monopolio de dicha violencia.

El propio Zavala asevera que al campo discursivo del narco lo rige un punto nodal mayor: la seguridad nacional, un discurso que necesita enemigos para sostenerse. Según el autor, las instituciones políticas de México y EEUU operan en este caso de manera conjunta como generadores de enemigos simbólicos.

Lo planteado anteriormente no quiere decir que el narco sea un invento de los gobiernos o una treta a escala internacional para asegurar el dominio de EEUU en Latinoamérica, aunque esta dicha hipótesis no es descartable, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual. En 2022 Ecuador fue el décimo país más violento de la región y ya en 2023 ocupaba el primer puesto con 7 200 muertes violentas: 45 homicidios cada cien mil habitantes.

Se trata de un país donde el narcotráfico es la mayor expresión del crimen organizado, pero que es receptor del tráfico de hidrocarburos y armas, el lavado de activos, la corrupción y la guerra entre bandas criminales. Con la baja presencia del Estado y la neoliberalización de la economía, han sido las provincias costeras las mayores receptoras de la violencia y cada vez con más fuerza el país andino se abre a la penetración militar y económica de los Estados Unidos.

Los patrones no tienen tatuajes

La primera reacción del presidente Daniel Noboa al conflicto fue decretar 60 días de estado de excepción nacional y toque de queda de 11pm a 5am en este periodo. Posteriormente emitió el Decreto Ejecutivo 111, donde declaró que el país estaba en medio de un conflicto interno armado e identificó como objetivo a ser eliminado por las fuerzas del orden, a los grupos:  «Águilas, ÁguilasKillers, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKillers, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones». Por demás, el Decreto los identifica como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. De inmediato, la Asamblea Nacional anunció que ofrecería amnistía a los policías y militares que hagan uso de la fuerza durante el ya declarado conflicto interno armado.

«En las cárceles tatúan a los chicos que caen en un pabellón dominado por las mafias para que no hablen cuando salgan y los grandes narcos ni siquiera tienen el tatuaje. Esos tatuajes y el color de la piel o la apariencia son hoy los estándares de los cuerpos represivos para identificar a los decretados como terroristas. La gente está sedienta de sangre y violencia, porque piensa que así va a mejorar la situación y el Estado les está dando eso», afirma una fuente a la que, por razones de seguridad, llamaremos Carlos.

Esos jóvenes de barrio reclutados por las bandas no son los que mueven toneladas de drogas. «Para que el negocio del narco funcione se necesita un entramado internacional con paraísos fiscales etc, son estructuras más elevadas que no se meten en conflictos violentos, sino que están dentro de los Estados», explica.

Carlos insiste en la necesidad de diferenciar a las grandes mafias de las pandillas locales y a los mandos altos, de los soldados de a pie. «A las mafias no les importa la vida de sus muchachos —dice—. A los que asaltaron la televisora en Guayaquil les pagaron pequeñas sumas de dinero, al igual que a los jóvenes que utilizan para sus actos. Solo son carne de cañón».

Según el censo penitenciario del Ecuador, en 2022 el 40, 4 % de las PPL tiene de 18 a 29 años y el 93,4 % son hombres. Solo el 7, 3 % de los hombres tiene educación superior. Por demás, la mayoría de las PPL cumplen sentencias por tráfico ilícito de sustancias, seguidas en porciento por los delitos de robo u homicidio.

Carlos afirma que el Estado es responsable de que esos jóvenes se unan a las mafias, porque no tienen alternativas de vida en un sistema donde la desigualdad es la ley. Por demás, explica que la respuesta de Noboa al arremeter únicamente contra los jóvenes que participaron en los actos violentos del 8 y 9 es un error, la lucha principal tendría que ser contra los artífices.

A quién beneficia el «conflicto interno armado»

El 6 de octubre de 2023, el Estado ecuatoriano firmó el acuerdo «Relativo al estatuto de fuerzas» con EEUU, que permite a militares y contratistas norteamericanos permanecer temporalmente en territorio ecuatoriano «con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias tales como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos, el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y otras actividades mutuamente acordadas».

Según el defensor de derechos humanos ecuatoriano, Fernando Bastian, la Corte Constitucional desde el jueves pasado dio paso al acuerdo, pero no aún no notifica al público. La mayoría de los jueces no consideraron que los acuerdos relacionados con la intervención de EEUU en el conflicto requieran pronunciamientos de la Asamblea Nacional. En representación de EEUU, llegará al país andino la directiva del Comando Sur, Laura Richarson, altos cargos antinarcóticos y diplomáticos, para elaborar un plan conjunto de enfrentamiento de la crisis.

Varios académicos han explicado que lo que sucede en Ecuador no califica como conflicto interno armado, ya que en materia de derecho internacional no se puede afirmar que se trate de una guerra entre el Estado y un mando único del crimen organizado. Es un consenso entre los medios y los estudiosos del derecho internacional que no se puede asumir a las bandas como un actor beligerante, porque sus motivaciones aplican a la delincuencia común y no a las que reconoce la ley internacional.

La declaración de conflicto interno armado protege a las bandas y da la posibilidad de que puedan beneficiarse de una amnistía, por ejemplo, porque supone una paridad entre el Estado y la otra parte «beligerante», ya que según el derecho internacional tienen obligaciones equiparables.

En el discurso mediático del Estado y especialmente en el Decreto 111, Noboa llama a estas bandas «actores no estatales beligerantes» y «organizaciones terroristas». El Estado desarrolla un Plan de recompensas para que los ciudadanos denuncien de manera anónima a los causantes de los disturbios. La campaña comunicacional de dicho plan, también llama terroristas a los miembros de las bandas.

El terrorismo no está tipificado en la Constitución ecuatoriana, se trata de una ley anterior recogida en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se establece que el delito de terrorismo se configura cuando una persona o una asociación armada «provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas».

Referente al uso del delito de terrorismo, el presidente Daniel Noboa afirmó en TV nacional: «A ellos no se les había puesto una determinación, ellos querían que se les denomine como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil» evadir el peso de la ley «y ahora son objetivos militares».

En ese sentido, el uso de la figura de terrorismo en este contexto tiene que ver más con el discurso estadounidense sobre la insurgencia colombiana a la que llaman narcoinsurgencia. Al respecto, el investigador Daniel Kersffeld refiere que la declaración de «conflicto interno armado» remite a la crisis del enfrentamiento en Colombia entre «fuerzas militares, guerrillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico».

Finalmente, la declaración de conflicto interno armado también abre las puertas a EEUU a intervenir en Ecuador, usando como carta la «Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad», que data de abril de 2022 y explicita que dicho país intervendrá en caso de verse comprometida la estabilidad de un país o región, por un «conflicto armado u otra inestabilidad». Por demás, el gobierno de Guillermo Lasso ya había abierto las puertas para la presencia americana en Ecuador en materia económica y militar con una serie de acuerdos bilaterales.

«Si EEUU o Noboa quisieran controlar la situación seguirían la ruta del dinero o controlarían los puertos —opina Carlos—. Desde Ecuador salen las lanchas y avionetas que recorren el Pacífico. Hay tecnología de radares para detectar aviones, para controlar todo lo que sale por esos puntos, pero no, el Estado prefiere enviar más jóvenes a la prisión, para que salgan de allí como verdaderos integrantes del crimen organizado». 

¿Quién amenaza al Estado?

Carlos afirma que a pesar de que la fuga de alias Fito parezca el detonante de la situación actual, no es así. «Los Choneros no son los que están peleando aquí. Esta vez fueron Los Lobos los que atacaron al Estado».

Los Choneros controlan el Guasmo, Manabí, la zona portuaria del Ecuador. El estallido actual es un intento de Los Lobos por controlar la sierra ecuatoriana, desde Quito hasta Loja y esta lógica de ataques terroristas busca generar tensión política, explica Carlos. En la coyuntura de los eventos se sumaron otras bandas aprovechando el momento, pero estas no estuvieron involucradas totalmente en los ataques de estos días. «Con la fuga de alias Fito Los Choneros se quedaron inactivos. No es difícil notar que los lugares donde hubo mayor tensión son territorios de Los Lobos», agrega.

No se puede entender la guerra entre las bandas de crimen organizado y el Estado, en Ecuador, sin remitirnos a los procesos de pacificación de pandillas iniciados en 2004 y que tuvieron su punto más álgido en 2010. Carlos comenta que el presidente Rafael Correa asistió en 2010 a una reunión que no fue pública con representantes de las pandillas: Ñetas, Masters y Lating Kings.

En ese entonces, desde las propias pandillas existían iniciativas para la pacificación. Carlos llama a hacer una distinción entre pandillas y carteles relacionados con el narcotráfico en el Ecuador y cree que cerca de 2011 y 2012 había dado frutos la pacificación, e incluso en 2015 los grupos estaban parcialmente desmovilizados, con excepción de algunos miembros de los Latin King y los Ñetas que fueron asimilados por las bandas posteriores y son parte del conflicto actual. Más tarde, el proceso de pacificación fue abandonado por el gobierno de Correa, ya que no se llegaron a concretar opciones económicas reales para los que estaban vinculados a las pandillas.  

«Correa intentó pacificar a las pandillas y se le culpa del narcotráfico actual, pero no es cierto. En ese momento operaba el cartel Sinaloa y tenía sus lógicas, pero no existía la guerra de bandas. La culpa de Correa es la falta de visión para seguir invirtiendo en los procesos de pacificación. Lenin Moreno eliminó presupuestos y no solucionó el problema. Ambos son culpables de no hacer los procesos adecuados», afirma mi entrevistado.

Los carteles que encabezan el conflicto actual son distintos a las pandillas. Los Choneros, una de las bandas más antiguas del país, que existe desde los años 90, estaba relacionada con el cartel Sinaloa. Sus principales líderes son apresados durante el gobierno de Correa y empiezan a operar desde prisiones. En ese momento comienza a gestarse la guerra que vemos hoy: «cuando Los Choneros usan a las pandillas como fuerza de choque».

Mi fuente refiere que el asesinato de Leandro Norero en efecto tuvo consecuencias para la guerra entre bandas, pero no es en sí el factor central, porque esas rencillas ya estaban en proceso. Norero estaba preso en la cárcel de Latacunga, controlada por los Lobos. Los chats del caso Metástasis dan cuenta de las alianzas que intentó hacer, pero Los Lobos se negaron a pactar. «Ciertamente, Los lobos se quedaron sin aliados con la muerte de Norero, porque si bien no se puede afirmar que son los autores del crimen, al ser quienes controlaban la prisión donde estaba, quedó así para las bandas».

En 2022, el año en que fue asesinado Norero, varios líderes pandilleros son sacados de escena, entre ellos la mano derecha de Rasquiña, Junior Roldán, alias JR. En 2023, el año en que Ecuador se convierte en el país más violento de la región, comienzan a suceder las exhibiciones de cadáveres colgados en puentes como muestra de poder, tal y como había sucedido en México. También se dan diversos motines en cárceles y son asesinados en la penitenciaría del Guayas, seis de los sospechosos del atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio. La respuesta del gobierno de Guillermo Lasso fue continuar con su política de estados de excepción.

En 2018, Los Choneros y en especial su entonces líder Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, crean a Los Tigerones, Los lobos, Los Chone Killers y otros grupos, en la cárcel del Guayas, pero esto no llega a tener gran relevancia mediática. Del lado del Cartel Jalisco estaban Los Lagartos, que eran fuertemente atacados, pero tras la muerte de Rasquiña, asume el poder alias Fito y se cambian de bando Los Tigerones, Los Lobos y los Chone Killers, dando lugar a las peores masacres carcelarias. En ese contexto, Los Choneros crean nuevos grupos como Los Águilas y Los Fatales. Tras la muerte de Norero, vuelven a unirse a Los Choneros algunas bandas, como los Chone Killers y porteriormente Los Tiguerones. Así se incrementa su poder para una guerra entre narcos que utiliza a cientos y miles de jóvenes.

«Antes del 2018 los narcos venían organizando sus conflictos, creciendo en presencia y recursos en el país. Aprovechando las políticas de reducción del estado de Lenin Moreno, iniciaron ataque con grupos de fuerza de choque que ya venían organizando. Así es como inicia esta sangrienta guerra, que ahora también enfrenta al Estado. Estas pugnas de poder entre los grupos son las que condujeron a que la conmoción que vive hoy el Ecuador sea resultado, entre otros factores, de la lucha de Los Lobos —en este momento aislados del resto— por dominar nuevos territorios y, por ende, de sus aliados, el Cartel Jalisco, por asegurar su domino en el Ecuador», explica Carlos.

El medio independiente especializado en crimen organizado en Latinoamérica, Insight Crime, afirma que la escalada de violencia en Ecuador se trata de «bandas fragmentadas en disputa por flujos de cocaína a granel». Hace tres años comenzó esa guerra entre bandas, que se agudizó entre otras razones, con el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, relacionado con el caso de corrupción económica y administrativa Metástasis, en el que están involucrados «jueces, fiscales, funcionarios del consejo de la judicatura y de la SNAI».

En medio de este escenario de violencia, la propuesta del Estado es enfrentar a las bandas con mano dura. El término «uso del monopolio legítimo de la violencia estatal» vuelve a repetirse en el discurso de los funcionarios y los medios de comunicación.   

El monopolio ¿legítimo? de la violencia

El académico cubano Jorge Luis Acanda, quien radica en Quito, reflexiona en torno al uso de la violencia por parte de los Estados. Al respecto explica que el concepto de violencia legítima, en el caso del Estado, establece que solo este puede tener el uso y el usufructo de la violencia física, pero todo hay que analizarlo en la situación concreta.

«Hay dos formas de entender la violencia: como un fenómeno físico u estructural. En el caso de entender la violencia como física, se debe tener en cuenta que el Estado ecuatoriano en su historia republicana nunca la ha monopolizado.

»Hay un artículo del New York Times, donde se acusa a Álvaro Noboa, el hombre más rico del Ecuador y padre del actual presidente, de contratar escuadrones de la muerte para asesinar en sus plantaciones a cualquier obrero agrícola que hablara de huelgas o sindicatos. Este no es el caso exclusivo de Noboa. La utilización de la violencia física por agentes particulares para defender el statu quo o las relaciones de producción existentes está muy extendido en Ecuador y América Latina.

»Por ende, decir que el monopolio de la violencia está en manos del Estado en Ecuador es un error. La violencia está también en manos de las élites y eso se ha naturalizado. El Estado ecuatoriano realmente no aspira a tener el monopolio legítimo de la violencia».

Acanda señala que donde existen relaciones capitalistas de producción, el Estado es un garante de la violencia estructural. Reproducir esa violencia que hace que la pobreza exista primero y aumente después, es una de las funciones del Estado capitalista y esto se da a través de leyes, vacíos de poder, e incluso, de la legitimación simbólica de esas desigualdades.

«Es imposible la sociedad sin una estructuración de poder. La discusión está en si es legítimo o no ese poder por los mecanismos que usa para sostenerse, ya que lo que lo hace legítimo es la finalidad y el tipo de racionalidad del mismo. Si la racionalidad que rige la existencia y acción de ese poder, de sus objetivos y finalidades, es una racionalidad que coincide, que es expresión, de la racionalidad del ser humano, evidentemente desde posiciones de izquierda revolucionaria esa racionalidad es legítima. Si la racionalidad de ese poder está puesta en función de la reproducción del capital, entonces ese poder sería, para la izquierda revolucionaria, ilegítima».

El doctor en filosofía añade que, en cualquier sociedad, el Estado debe hacer uso de la violencia para evitar el caos. El problema es lo que se entiende por caos. En la mejor sociedad posible, el Estado utiliza la violencia, y conserva el monopolio de la violencia en función de la producción y reproducción de un tipo de racionalidad que coincide, es expresión y vehículo de la racionalidad del ser humano.

En las sociedades premodernas la violencia era ejercida a nivel individual basándose en los códigos de la moral. En esa etapa el Estado no tenía el monopolio de la violencia. En cambio, para Acanda, en las sociedades modernas el uso de la violencia se racionaliza y ya no se basa en criterios morales, sino que esta pasa a ser monopolio del Estado. Las condenas ya no se basan en venganza, se establecen leyes y maneras de castigar esos delitos con matices de cómo se cometió, en qué circunstancias, etc. Además, añade que en este caso se inserta también la posibilidad de rehabilitación de los criminales, «algo que en Ecuador no está sucediendo, las cárceles no pueden ser depósitos de personas, ni fábricas de criminales».

¿Quién gana, quién pierde?

Al menos en seis cárceles reportaron disturbios durante los sucesos del 8 y 9 de enero.  Aunque medios locales reportan que se ha logrado sofocar motines en centros penitenciarios y liberar rehenes, Latacunga entre ellos, varios familiares me confirmaron que desde el sábado no saben nada de sus parientes dentro. Tal es el caso del preso político Omar Camporverde, por el cual el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) levantó una denuncia pública.

La también presa política Gabriela Gallardo, quien tiene a uno de sus compañeros en esa prisión, cuenta que desde el lunes pasado no han ingerido casi ningún alimento.

«Apenas tienen agua por horas. Hay más de cien guías secuestrados; varios ya han sido asesinados. Las cosas siguen peor y el Gobierno va a dejar morir a guías, funcionarios y privados de libertad por igual. En las cárceles hay más de 35 mil PPL. El 90% de ellos no pertenecen a ninguna banda ni son delincuentes peligrosos. La mayoría son gente muy pobre, que está en una cárcel con sentencias absurdas por delitos menores y porque no pudieron pagar un abogado. Hay muchas personas adultas mayores y personas enfermas», comentó.

Para financiar el conflicto interno armado, Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional un nuevo proyecto de ley económica urgente que propone el incremento del IVA del 12% al 15%. La denominada Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno deberá entrar en vigencia el 1ro de marzo de 2024 y proyecta una recaudación adicional de 1.071 millones. El aumento del impuesto aplicaría a 208 productos de los 359 de la canasta básica.

Por demás, el estallido del 8 y 9 de enero se da en medio de la proposición de Noboa de una consulta popular que incluía reformas en el ámbito del accionar de las Fuerzas Armadas para «prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales»; el control de armas para el ingreso a cárceles; la no privación de libertad a los miembros de los cuerpos represivos mientras estén bajo investigación; el incremento de las penas de delitos como terrorismo, tráfico de sustancias, trata de personas, delincuencia organizada, sicariato y otros afines, así como el cumplimiento de la totalidad de la pena en centros penitenciarios en el caso de estos delitos.

Incluía también la tipificación de delito al porte de armas por parte de civiles; el uso de armas, explosivos o material decomisado de un delito por parte de las fuerzas del orden; la evaluación de los servidores de la Función Judicial; la reformación de los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros y finalmente la autorización del funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar.

Posteriormente, Noboa envió a la Asamblea Nacional un nuevo paquete de preguntas sujetas a consulta que serían anexadas a la Constitución. En este caso se refieren a la extradición en caso de delitos políticos, reformas a la Ley de extinción de dominio, novedades referentes a la minería ilegal, leyes «urgentes» en materia económica; indultos a policías y militares; la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional; la posibilidad de que el Estado ceda jurisdicción soberana a organizaciones de arbitraje internacional en determinados conflictos; el que los militares y policías sean juzgados por jueces especializados en su rama en caso de cometer delitos durante el ejercicio de su poder y la legalización de contratos laborales a plazos fijos y por horas.

En medio de esta escalada de violencia, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional del Ecuador tendrán que aprobar cuestiones de seguridad, soberanía y leyes económicas urgentes. El discurso mediático estatal va encaminado a la necesidad del uso legítimo de la violencia, más que a la toma de medidas como la detección de las redes de tráfico en puertos y en la zona de Pacífico o el cerco financiero al narcotráfico. La Asamblea y los ciudadanos del Ecuador se ven presionados a decidir sobre cuestiones relacionadas con el tratamiento y uso de la violencia en un contexto de violencia extrema, donde la prensa roja prolifera y la narconarrativa danza de la mano de la tan controversial «guerra contra las drogas».

No se debe pasar por alto que en el caso ecuatoriano el crimen organizado está estrechamente vinculado con el negocio bancario. Desde el feriado bancario de los años 90, se abrieron las posibilidades para el lavado de dinero a través de la banca. La última estimación del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) estimó en 3.500 millones de dólares el dinero sucio que se lavó durante el año 2021 en el sistema financiero de Ecuador. Esta cifra triplica la estimación de 1.200 millones del período 2007-2016.

Finalmente, a nivel global, esta guerra entre bandas está vinculada con la aparición de nuevos productos en el mercado americano, como el fentanilo, de más fácil transportación. Por esa razón, la industria de la cocaína ha tenido que encontrar rutas a través del Pacífico y, por ende, a través de la costa ecuatoriana, para llegar a otros mercados.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comentó en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU):

«Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam: la marihuana y el LSD de los hippies y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan: la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió un millón de latinoamericanos asesinados y se destruyeron democracias en nuestra América, nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan, y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas: el fentanilo que ya no mata 4.000 sino 100.000 jóvenes al año en los EEUU».

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Haciendo un balance general de la coyuntura ecuatoriana, parece el momento perfecto para que se instaure un capitalismo autoritario al estilo Milei o Bukele. Se trataría de un autoritarismo cotidiano que no solo repercutiría en la criminalización de la protesta, sino también en la implantación de paquetazos neoliberales, como ya se ve suceder bajo el pretexto de financiar el conflicto.

Por demás, la guerra entre bandas es más compleja que lo que la narconarrativa deja ver. No se trata de un narco que se fuga de la prisión y desata el caos y mucho menos es un solo hombre el que mueve los hilos de la violencia. Como mismo EEUU tuvo en su momento un Plan Colombia que aseguró la presencia de su fuerza militar en la región; como mismo articuló sus redes en México; asistimos a un Plan Ecuador que se muestra cada vez más claro en lo que acontece. Esta guerra tiene muchos bandos: el crimen organizado en sí es un sector en conflicto en su interior. Luego entra en juego el Estado con su narrativa de la seguridad a escala nacional y por supuesto, como es de esperarse, juegan también los altos poderes mundiales que vienen a sacar la mejor tajada de cualquier conflicto.

¿A qué huele la violencia? ¿Cómo luce? ¿Cómo suena? La violencia que muestran los medios huele, camina, suena y se ve como los pobres. Los de cuello blanco, en cambio, son los usuarios de otras violencias a las que llaman monopolio legítimo del Estado. A cualquier escala, en cualquier conflicto, en cualquier país, los «terroristas», «los delincuentes», «los marginalizados» vienen de la pobreza, el racismo estructural o la xenofobia. Allí donde abandona el Estado florece el crimen organizado. Criminalizar y enviar gente a las prisiones sin reducir la brecha de desigualdades económicas y de oportunidades, nuca será la solución.