Deuda cubana, importaciones de vehículos, y más noticias

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Entre Londres y París: la deuda cubana que asusta a inversores

La noticia es que la demanda contra el Banco Nacional de Cuba que se dirime en Londres por el litigio iniciado por el llamado fondo buitre CFR-I Limited ha sido declarado concluso para sentencia, y se sabrá la decisión del tribunal en los próximos meses, informaron medios oficiales cubanos. Un proceso judicial que paga Cuba, teniendo a su vez una pesada deuda externa, y la segunda más grande con el Club de París de toda América Latina.

El también llamado fondo de capital de riesgo, que está registrado en Islas Caimán, afirma ser el acreedor de una deuda que compró a otra institución financiera, y que Cuba le debe más de 78 millones de dólares por dos préstamos que la Isla necesitó de bancos europeos hace más de 30 años.

Estos llamados fondo de capital de riesgo tienen un modelo de negocio en el que compran grupos de deudas con bajas probabilidades de ser saldadas, y luego van a tribunales internacionales a intentar cobrarlas. Cuando el proceso es exitoso para ellos, terminan cobrando el monto total, lo cual lo hace un negocio rentable. CFR-I es un fondo de capital de riesgo que el gobierno cubano etiqueta como fondo buitre, y La Habana considera que la forma en la que esa entidad adquirió la deuda no es legal.

Esta saga de juicios y deudas ya va como por su tercer episodio. El tema que se dirimió el año pasado fue si el demandado es el Banco Central de Cuba, o el Estado cubano, y luego que si CRF I era un acreedor legítimo del BNC. En aquel momento se eximió al Estado cubano de responsabilidad, y sigue en discusión si el BNC debe honrar su deuda con CRF-I o no. La entidad bancaria cubana afirma que ese fondo buitre no es un acreedor legítimo y nunca lo fue.

Hasta el momento, el dilatado litigio intenta definir jurisdicciones y legitimidad de las demandas.

«El Banco Nacional de Cuba ha sostenido que ese ente económico no es su acreedor, y, por ende, no existe razón alguna que sustente tal posición», afirma en nota publicada en el periódico Granma y más adelante se asegura que la voluntad de diálogo continúa: «El Banco Nacional de Cuba ratifica, una vez más, su permanente voluntad de diálogo y respeto hacia las deudas contraídas con legítimos acreedores; lo cual no guarda relación alguna con una entidad ajena a sus instrumentos financieros, como es el caso de CRF I Limited».

El tema ha recibido la más alta prioridad política por parte del gobierno cubano, que ha enviado al menos en dos ocasiones al miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y locutor del Noticiero Nacional de Televisión, Humberto López, a cubrir el asunto a Londres.

Además, ha sido representante de la Isla Lourdes Dávalos, una abogada cubana con residencia en España, hija del conocido jurista cubano Rodolfo Dávalos, que tiene estrechos vínculos con el gobierno ya que ha representado al país en otros litigios internacionales como asociada de una firma de abogados que acompaña el proceso en Londres. Sin embargo, de acuerdo al video oficial de la transmisión del juicio, no es esa firma española, ni ella quien litiga frente a la jueza inglesa al frente del salón.

Este litigio tiene dos caminos. Una sentencia favorable al Banco pondría fin a este proceso y confirmaría que CRF I no es su acreedor oficial. Si fuese adversa, implicaría la apertura de la fase de juicio para decidir sobre el fondo de la reclamación.

En ningún caso, a diferencia de lo que han afirmado varios medios, implicaría la congelación de fondos, no hay mayor riesgo tangible aún para el Banco Nacional de Cuba.

Este juicio se dirime en un contexto en que Cuba mantiene una altísima deuda con el Club de París, un conjunto de países prestamistas que se organizan en esta instancia que tiene la responsabilidad de negociar las deudas con los deudores. La Habana debe a esa instancia al menos 4.620 millones de dólares, que según afirman varios medios, es la segunda mayor de América Latina y el Caribe.

En septiembre del año pasado, representantes con los que la Isla tiene deudas visitaron La Habana. Los agrupados en el Club de París vinieron entonces a renegociar la deuda mientras entraba en su cuarto año de impago.

El Club de París había condonado 8 mil 500 millones de dólares de más de 11 mil millones, y Cuba había acordado pagar lo restante en cuotas anuales hasta el 2033.

El impago de Cuba se produce en un contexto de casi un quinquenio en el que el producto interno bruto de la Isla decae, las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos afectan la economía, y se suma la crisis post-covid en la que el turismo está muy lejos de ingresar lo que solía.

La cifra más actualizada de la deuda externa cubana rondaba los 20 mil millones, pero eso fue en 2020, y ya La Habana ha restructurado su deuda con varios acreedores.

Estas noticias significan que Cuba sigue siendo incapaz de pagar su deuda exterior, mientras intenta de todas las formas posibles atraer inversión extranjera.

Significa también que Cuba sigue teniendo un alto «riesgo país» por incurrir en continuos impagos y por acumular deudas a pesar de que varios paquetes de ellos han sido condonados en parte por países como Rusia, China, o el mismo Club de París.

Un país que entra en impago con sus acreedores, además de reportarse que apenas cumple con sus compromisos con proveedores internacionales, pone a Cuba en una posición de incertidumbre y de muy poca confiabilidad para ser un destino de inversiones o préstamos.

Debido a las restricciones estadounidenses, Cuba no es miembro del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial y tiene acceso a muy poco crédito o préstamos de entidades financieras internacionales.

Nuestra opinión es que el manejo de las finanzas que ha sostenido el gobierno de Cuba, además de poco transparente, ha estado basada en urgencias más que en la responsabilidad de respetar y honrar deudas, cuyos impagos ponen al país en una situación de aún más vulnerabilidad.

Si bien el peso de las «sanciones» es innegable, el encarecimiento de toda transacción internacional del gobierno y sus empresas, así como el escrutinio quirúrgico que realiza el Departamento del Tesoro sobre las operaciones cubanas en las pasarelas internacionales de pagos, la realidad es que el uso interno de los fondos disponibles ha recibido cuestionamientos, y no se ha rendido cuentas más allá de en conceptos generales.

Es reiterada la incomprensión, así como la falta de información en torno al injustificado uso de dinero público para la construcción de hoteles, mientras la industria está muy lejos de recuperarse, y en el país falta la electricidad, la inversión en agricultura. Entretanto, inversores y prestamistas que quieran aventurarse a hacer negocios con Cuba lo están pensando dos veces, pues a los escollos que pone Estados Unidos, se le suma el riesgo de no recuperar su inversión.  

Los sistemas de duda externa, la financiarización de la economía internacional, y la muy desigual distribución de las riquezas mundiales entre pequeños grupos hegemónicos, son mecanismos de dominación internacional que tienden casi siempre al norte del mundo, mientras el sur global sufre el peso de la colonización, la explotación de sus recursos naturales, así como la emigración. Sin embargo, si se va a ser uso de estos sistemas, hay que jugar con sus reglas y códigos: de acudirse a ellos para pedir préstamos, deben también honrarse esas deudas, no ya solo desde el punto de vista de compromiso moral, sino como garantía para que te vuelvan a prestar.

La encrucijada de la economía cubana no tiene soluciones fáciles. Sin embargo, la contracción de más deuda, el impago por quinto año consecutivo, y el uso de fondos en negocios no rentables ni explicados al pueblo también componen esta tormenta perfecta que deja a la economía nacional con muy pocas esperanzas de que alguien la rescate, o al menos ofrezca una tabla de salvación.

Cinco preguntas y respuestas sobre el juicio de Cuba en Londres

Democratizan acceso a vehículos en Cuba

La noticia es que el gobierno cubano ha actualizado su política de venta de vehículos con el propósito de hacer accesible esta necesidad básica a más personas, recaudar fondos para mejorar las condiciones de las vías y el transporte público.

La política fue aprobada en el último Consejo de Ministros, reunión habitual de fin de mes, presidida por el Primer Ministro, Manuel Marrero, pero que habitualmente cuenta con la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez.

Entre los cambios fundamentales está igualar los precios de importación de vehículos para personas naturales y jurídicas. Hasta hoy, los individuos que importaban automóviles debían pagar hasta un 30 por ciento del valor de la factura del carro, lo cual lo encarecía significativamente. Sin embargo, las mipymes privadas tenían un régimen distinto, lo cual hacía muchos menos costoso entrar un carro para una empresa privada, que como individuo particular.

No obstante, en todos los casos, los aranceles serán en divisas con una expresa intención recaudatoria, en un país con alto déficit fiscal.

Otra de las novedades es la posibilidad de traspaso de propiedades entre personas naturales y jurídicas. Hasta ahora, una empresa estatal o privada que tuviese un carro que quisiera vender, o traspasar, no podía hacerlo, porque no eran transferibles los vehículos entre estas dos categorías de propietarios.

Esta actualización lo facilitará, sin embargo, permanece una valla que distingue al sector empresarial estatal del privado, ya que las personas jurídicas estatales requieren de una autorización del Consejo de Ministros para pasar la propiedad a una no estatal, lo cual potencialmente demoraría el proceso y permitiría un alto grado de discrecionalidad.

Otra de las novedades es la posibilidad de comerciar en moneda nacional automóviles ya utilizados por el turismo y que estaban en venta a través de empresas de la corporación Cimex, a altísimos precios. Ahora se podrían adquirir en pesos cubanos, pero acotan que «de acuerdo a las prioridades», un espacio que deja dudas y por tanto, poca claridad sobre a quién beneficiará esta posibilidad.

Como una buena noticia para los trabajadores del Estado que están en misiones gubernamentales en el exterior, se restituye el derecho a importar un automóvil por una única vez, lo cual ya era una posibilidad en el pasado, pero que se eliminó, y con ella un incentivo para muchos profesionales que trabajaban en sectores que cumplen funciones fuera de Cuba como el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Los impuestos serán progresivos, y una persona natural o jurídica podrá obtener un máximo de seis vehículos en un espacio de cinco años. Asimismo, «se ajusta y generaliza el impuesto especial por la venta de los vehículos, el que variará desde un 35 % del valor total de la venta en divisas convertibles, en el caso de los vehículos de gama alta, hasta no aplicarlo cuando se trate de vehículos eléctricos ensamblados en Cuba», según lo informado por el ministro de Transporte.

Esta noticia significa que será más fácil y más barato para individuos importar o adquirir vehículos, aunque sea una medida que solamente tenga un impacto en una parte reducida de la sociedad cubana.

Implica una política más justa y racional en un país en el que históricamente se ha limitado el derecho a adquirir un transporte propio, y donde muy pocos recuerdan los buenos tiempos del transporte público, en los últimos tiempos en franca crisis en la capital, y prácticamente inexistente en algunos otros lugares del país.

La importación de vehículos por parte de mypimes privadas, y el otorgamiento de licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a varias empresas ha facilitado el acceso a un más amplio mercado de vehículos a los que han tenido la posibilidad de hacerlo. Eso implicó que un creciente número de automóviles de alta gama estuvieran circulando en el país, lo cual mereció críticas del primer ministro Manuel Marrero, en su último discurso frente a los diputados, por la ostentación que significaban y el gasto de recursos para mantenerlos rodando.

En la primera mitad del año, las importaciones de automóviles de Estados Unidos a Cuba han crecido en un 65 por ciento, y un barco que tiene la autorización para hacerlo ha hecho un trillo entre la Florida y el Mariel.

En una reciente entrevista al propietario de Maravana, una empresa que exporta carros desde Estados Unidos a Cuba, el empresario especificó que es un negocio fluido, que cumple con todas las reglas impuestas por Estados Unidos, y que todas sus exportaciones van dirigidas a individuos privados o mipymes.

«Le hacemos firmar un documento que [confirme que ] la persona que está recibiendo el vehículo ni es miembro del Partido, ni de los CDR (Comité de Defensa de la Revolución). Es un documento oficial, que se le entrega a las autoridades [estadounidenses]». Una realidad inevitable para este empresario que confirma que los ciudadanos cubanos también están separados en privilegios por parte del Departamento del Tesoro, no solo del gobierno cubano.

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 hizo al menos 21 viajes moviendo vehículos, la mayoría de segunda mano, pero que, para el contexto cubano, son un privilegio. Si bien la importación de carros por parte de las mipymes y privados muestra la creciente desigualdad de la sociedad cubana, ofreció la posibilidad de un instrumento de trabajo básico para cualquier operación logística empresarial.

Nuestra opinión es que la aplicación de esta política va en el sentido correcto. Democratiza un acceso que ha estado severamente limitado por años, sin razones claras de por qué, más allá de la reducida capacidad vial, el consumo de combustible, u otras sin razones que ahora no han importado para tomar un camino distinto.

Es importante afirmar que históricamente la importación de carros, la venta entre particulares de carros propios, la posesión de automóviles de determinada calidad, e incluso la compra de vehículos para la agricultura, ha estado severamente limitado, autorizado a partir de firmas, cartas, y decisiones administrativas para personas específicas, lo cual sumió ese derecho en un mar de corrupción, discrecionalidad, y privilegios para pocos.

El otro cuestionamiento es el destino de los fondos recaudados con esta nueva política. Afirman que será para un fondo que debe contribuir a mejorar la infraestructura vial y otros tipos de inversión como la construcción de estaciones de cargas eléctricas para vehículos que no sean de combustión interna. No obstante, las autoridades no presentaron un plan de acción concreto con fechas de cumplimiento de esos propósitos señalados que pudieran cumplirse con esos fondos administrados.

En nuestra opinión persisten trabas innecesarias y que tienen que ver con la mentalidad de quienes toman decisiones, y no con impedimentos o carencias materiales. Sigue sin poder traspasarse o venderse vehículos diplomáticos a privados o al sector estatal, presumiblemente porque no han pagado impuestos para el ingreso al país.

Sin embargo, el cuerpo diplomático, con frecuencia, hace circular su parque automotor por las regulaciones de cada país y eso ofrecería una posibilidad más de acceso dentro del país a más personas, lo cual pudiera resolverse con la imposición de un impuesto a pagar por el comprador.

Quedan pendientes alternativas que combinen lo público y lo privado para diversificar las vías de transportación de quienes no pueden permitirse un auto y hoy se enfrentan a un sistema de transporte colapsado.

Si bien la adquisición de automóviles —con limitaciones aún y altísimos y confesos recaudatorios precios— es un derecho ganado, poco se avanzará en términos de calidad de vida para grandes grupos poblacionales si no se garantiza un buen transporte público, con énfasis en el traslado de estudiantes, enfermos y personas que viven en zonas rurales de difícil acceso.

Marrero en inauguración de nuevo presidente iraní

La noticia es que el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, estuvo en la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian, elegido tras la muerte del anterior mandatario en un accidente de helicóptero.

Es la primera vez que Marrero realiza una visita oficial a ese país, y cumplió una apretada agenda de trabajo, acompañado por varios altos funcionarios del Minrex, y por Yury Valdés, miembro del Consejo de Estado y director adjunto del Instituto Finlay de vacunas.

«Nos oponemos a bajar la cabeza ante los yanquis. Y por esa resistencia, tan cerca del imperio, mantenemos nuestra independencia, y debemos continuar unidos, convencidos de que vamos a vencer», dijo el titular a su llegada a Teherán, donde fue recibido por el Ministro de Salud iraní que afirmó que «Irán quiere mucho a los cubanos».

Irán y Cuba comparten una histórica relación de cercanía que el próximo 8 de agosto cumplirá 45 años, un aniversario redondo del vínculo entre Teherán y La Habana que se consolidó tras la Revolución Islámica de ese país persa.

Los últimos tres presidentes iraníes han visitado Cuba, y el actual presidente cubano visitó ese país hace pocos meses, en diciembre de 2023.

Marrero también se reunió con el vicepresidente primero de la República Islámica de Irán, Mohammad Reza Aref, así como con el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, un encuentro en el que se anunció la creación de un grupo parlamentario de amistad cubano-iraní.

El hito de cooperación reciente entre ambos países es la producción de la vacuna cubana contra la covid-19, la Soberana 02, en Irán, primer país en el mundo que produce en una planta propia una vacuna cubana. El Instituto Finlay, responsable por esa vacuna cubana, mantiene una colaboración con el Instituto Pasteur de Irán, que es el líder en la producción del fármaco cubano. Se desconoce cuánto paga Irán a Cuba por el derecho de producción de la Soberana 02, una salida a la dificultad que tiene el país persa de adquirir las vacunas producidas por multinacionales.

Mientras Marrero se encontraba en Irán, un atentado con misil acabó con la vida de Ismail Haniyeh, el líder de la organización armada palestina Hamas, a lo que el primer ministro reaccionó con una condena en la red social X: «Condenamos rotundamente el asesinato […] del líder palestino Ismail Haniyeh, que constituye una flagrante violación de la soberanía iraní».

Durante su reunión en el parlamento persa,el primer ministro cubano coincidió en el apoyo irrestricto a la causa Palestina, y condenó firmemente lo ocurrido en Teherán con el líder de Hamas.

Esta noticia significa que Cuba sigue ofreciéndole el más alto nivel a la nación persa, con quien comparte presiones por parte de Occidente que se expresan en sanciones, campañas internacionales de descrédito e inclusión en listas unilaterales realizadas por Estados Unidos.

Irán desempeña un papel fundamental en el Medio Oriente, influenciando la política regional a través de una combinación de poder militar, alianzas estratégicas y diplomacia. Como uno de los principales actores en la región, Irán ha establecido relaciones estrechas con grupos militantes y gobiernos afines, como Hezbollah en el Líbano y el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. En el contexto palestino ha sido un firme apoyo de Hamas, proporcionando asistencia financiera, militar y logística al grupo que gobierna la Franja de Gaza y hoy resiste los ataques de Israel.

Desde buena parte Occidente el país persa es visto como un posible peligro al tratarse de una república islámica con varios recursos. Asimismo, son amplios los señalamientos en materia de derechos humanos, sobre todo aquellos vinculados a la libertad religiosa y los derechos de las mujeres. 

La Habana ha mantenido un acompañamiento constante al régimen iraní, incluso en momentos claves como cuando recibía cuestionamientos por el desarrollo de un programa nuclear con fines declarados como pacíficos, y al guardar silencio ante las masivas críticas internacionales por el asesinato de una mujer iraní por parte de la llamada policía de la moral que vigila las «buenas maneras» al más estricto estilo musulmán shií.

Nuestra opinión es que en tiempos de una creciente polarización del mundo, Cuba no tiene más remedio que inclinarse hacia aliados históricos que sin importar tímidos vaivenes políticos mantienen una posición de solidaridad y apoyo con el gobierno de La Habana.

Sin embargo, la cooperación económica es poco representativa, y de bajo impacto en la sociedad cubana. Irán es un país con vastos recursos materiales y un altísimo nivel científico-técnico que podrían ser de utilidad para Cuba en caso de que se diversifiquen y expandan los vínculos, pero hasta ahora, los vínculos parecen ser más geopolíticos que comerciales.

Violencia de género y feminicidios bajo la mira

La noticia es que Cuba la fiscal general Yamila Peña Ojeda anunció que Cuba dispone hoy de un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo a los hechos de violencia de género, especialmente en el ámbito familiar, proporcionando información estadística actualizada para prevenir y enfrentar estos hechos.

Esta medida fue aprobada por el Consejo de Ministros y se alinea con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. El sistema fue desarrollado en colaboración con el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, y está compuesto por un grupo de 25 expertos que han creado un registro administrativo informatizado e interoperable para gestionar los procesos penales relacionados con la violencia de género.

En un especial del periódico Granma sobre las prioridades del gobierno para el segundo semestre se recalcó que la violencia de género sigue siendo un tema prioritario para el país. También se compartieron algunas cifras oficiales sobre 2023, las cuales indican que el 75 % de los incidentes de violencia machista ocurrieron en el hogar, el 72 % de las víctimas tenían entre 25 y 59 años, y el 45 % eran trabajadoras no remuneradas. Además, el 84 % de los agresores eran pareja o expareja de las víctimas, y el 31 % tenía antecedentes penales. En términos educativos, el 46 % de los agresores tenía noveno grado de escolaridad y el 40 % tenía empleo.

También fue noticia esta semana la actualización de los datos del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género en 2023. Según este sitio oficial, se registraron 60 mujeres «que han sido víctimas de asesinato por razones de género, conocidas en procesos judiciales juzgados en el año», equivalente a una tasa de 1.37 por cada 100 000 mujeres.

Según el análisis publicado por el observatorio, las provincias que más casos presentaron fueron: La Habana, Camagüey y Matanzas. Se observan más casos en la zona urbana (37) que en la rural (23) no obstante, la tasa de la zona rural (2,33) supera a la urbana (1,09). En cuanto a la edad, las mujeres del grupo de edad de 20 a 44 años concentran la mayor cantidad de víctimas. Por color de la piel, las mujeres blancas constituyen la mayoría. En adición, el 71-6% del total de mujeres no tenían vínculo laboral. En el 68.3% de los casos el hecho tuvo lugar en el hogar y quedaron en total 38 menores sin el amparo materno. Al analizar la relación que tenían las víctimas con el agresor, la proporción de muertes de mujeres por su pareja o expareja íntima sobre el total de mujeres asesinadas por razones de género representa el 83.3% de los casos, y de ese número (50), el 64% fueron asesinadas a manos de sus exparejas y el 36% por su pareja actual. Sólo el 16.7% del total de los casos murieron por otras personas diferentes.

El Observatorio oficial solo contabiliza los casos que han logrado resolverse en tribunales, por lo cual el número constituye un subregistro. Por el contrario, el observatorio independiente Alas Tensas documentó que 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2023.

Esto significa que la implementación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de hechos de violencia de género en Cuba marca un avance significativo en la lucha contra la violencia machista. La recopilación de datos detallados y su análisis sistemático son fundamentales para desarrollar políticas efectivas y estrategias de intervención. La información obtenida, no solo facilita la identificación de patrones y tendencias, sino que también permite una respuesta más rápida y precisa por parte de las autoridades.

Este sistema responde a una demanda de larga data por parte de observatorios de género y organizaciones de la sociedad civil que han criticado la falta de transparencia y la insuficiencia de datos oficiales sobre la violencia de género en Cuba. La inclusión de un registro informatizado e interoperable asegura que los datos sean accesibles y se puedan compartir entre las diferentes instituciones involucradas, mejorando la coordinación y eficacia en la gestión de casos. Empero, no se ha dicho si este número actualizado periódicamente sería público o solo para el trabajo de las autoridades.

Nuestra opinión es que el registro interoperable es un paso de avance significativo que confirma cierta voluntad política de abordar las problemáticas de vinculadas a la violencia de género.

No obstante, a pesar de este progreso, persisten desafíos significativos. La falta de tipificación del feminicidio en la legislación cubana es una barrera importante para abordar estos crímenes de manera adecuada. Actualmente, los feminicidios no son reconocidos como una categoría específica de delito, lo que dificulta su prevención y sanción efectiva. Además, la falta de una Ley Integral contra la violencia de género limita las herramientas legales disponibles para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.

El contexto de violencia de género en Cuba también se ve agravado por factores socioeconómicos y culturales. Muchas de las víctimas son trabajadoras no remuneradas, lo que refleja una vulnerabilidad económica que puede dificultar su capacidad para escapar de situaciones de abuso. La alta incidencia de violencia en el hogar subraya la necesidad de intervenciones específicas que aborden la dinámica familiar y brinden apoyo a las víctimas en sus entornos más cercanos.

La creación del sistema de registro y la publicación de datos oficiales sobre la violencia de género son pasos importantes hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, para que estas medidas sean verdaderamente efectivas, deben ir acompañadas de medidas preventivas que permitan a las víctimas sentirse acompañadas ante los casos de agresión. Esto incluye la implementación de una estrategia integral que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde las instituciones gubernamentales hasta las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos feministas.