¿Por qué los cubanos se manifestaron el 11 de julio?

Las manifestaciones callejeras que estallaron en toda Cuba el 11 de julio son un hecho sin precedentes desde el triunfo de la Revolución cubana, hace más de sesenta años. Pero, ¿por qué ahora? Esta nota explora los factores históricos, económicos y políticos que ayudan a clarificar las causas del 11 de julio en Cuba, analiza el papel de Estados Unidos y hace una breve reflexión sobre el futuro cubano.

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El domingo 11 de julio estallaron manifestaciones callejeras en Cuba. Contrariamente a la gran manifestación de 1994, que se limitó al Malecón, la larga arteria de La Habana frente al Golfo de México, la del 11 de julio tuvo un carácter nacional. Hubo manifestaciones en muchas ciudades, como Santiago de Cuba en el este, Trinidad en el centro de la isla y La Habana en el oeste.

El acceso cada vez mayor a las redes sociales tuvo un papel importante en la rápida difusión de las protestas; no fue ninguna sorpresa que el gobierno suspendiera inmediatamente el acceso a algunos sitios de redes sociales y que interrumpiera todas las llamadas telefónicas desde el extranjero.

La presencia en la calle y la participación de mujeres y hombres negros fue notoria en todas partes. Esto no es sorprendente, ya que son mucho menos los cubanos negros que reciben remesas de divisas desde el extranjero, si bien más del 50% de la población recibe alguna ayuda financiera a través de esta vía.

Las remesas se han convertido en la clave de la supervivencia en Cuba, sobre todo a raíz de la constante disminución de la cantidad de artículos disponibles a través de la libreta de racionamiento subvencionada y establecida en pesos. Los cubanos negros también han sido víctimas del racismo institucional en el sector del turismo, donde los trabajos visibles de «primera línea» están reservados principalmente a los hombres y mujeres blancos y de piel clara, más «atractivos».

Los manifestantes no levantaron ni apoyaron ningún programa o ideología política, excepto la reivindicación general de libertad política. La prensa oficial cubana afirma que las manifestaciones fueron organizadas desde el extranjero por cubanos de derecha. Pero los manifestantes no se hicieron eco de ninguna de las reivindicaciones asociadas a la derecha cubana, como el apoyo a Trump que suele escucharse en el sur de Florida y en algunos círculos disidentes de Cuba.

Nadie reclamó la «intervención humanitaria» pregonada por los plattistas (la Enmienda Platt, aprobada por el Congreso en 1901 y abolida en 1934, otorgaba a Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Cuba), como lo planteó el biólogo Ariel Ruiz Urquiola [desde Ginebra], víctima también de la represión gubernamental por su activismo ecológico independiente.

Los manifestantes hablaron de la escasez de alimentos, de medicamentos y de bienes de consumo esenciales, calificaron al presidente Díaz-Canel de «s…» –una expresión que en Cuba se traduce por «fucked», pero que se refiere a una persona mala y mezquina– y entonaron la consigna «Patria y Vida», título de una canción muy popular de un grupo de raperos negros cubanos.

«Patria y Vida» es una oposición al antiguo lema del gobierno cubano «Patria o Muerte», un eslogan que podía tener sentido en los años 60, cuando Cuba se enfrentaba a verdaderas invasiones, pero que raya en la obscenidad cuando lo pronuncian burócratas de la segunda generación. Sin duda, ya es hora de cuestionar el culto machista del régimen a la violencia y la muerte, y esta canción lo hace muy bien.

Pero, ¿qué significa el hecho de rechazar implícitamente el año 1959, el primero la exitosa Revolución, como lo hace la canción? En Cuba no había entonces un sistema de tipo soviético y 1959 no puede reducirse a los hermanos Castro. Muchas personas de muy distintas convicciones políticas lucharon y murieron para llevar adelante la revolución que derrocó a la dictadura de Batista.

La canción expresa, en cambio, sentimientos democráticos importantes contra el actual régimen cubano, pero lamentablemente no dice nada sobre la alternativa deseable y deja un espacio para que los peores elementos derechistas y pro Trump del sur de la Florida la apoyen como propia.

Fiel a su estilo, el presidente Díaz-Canel llamó a los «revolucionarios» a estar listos para la batalla y salir a retomarles las calles a los manifestantes. De hecho, fue la policía uniformada, la Seguridad del Estado (la policía secreta) y las Boinas Negras (las fuerzas especiales) quienes respondieron con gases lacrimógenos, porras y cientos de detenidos, entre las que se encontraban varios críticos de izquierda.

Según un informe de Reuters del 21 de julio, las autoridades confirmaron que habían empezado a juzgar a los manifestantes acusados de diversos delitos, pero lo desmintieron según otro informe de prensa del 25 de julio. Se trata de juicios sumarios sin presencia de abogado defensor, un mecanismo que se utiliza habitualmente para las infracciones menores en Cuba pero que, en este caso, implica la posibilidad de años de prisión para quienes sean declarados culpables.

La mayoría de las manifestaciones estuvieron marcadas por la indignación, pero en general fueron pacíficas y hubo pocos casos de violencia, como saqueos y el hecho de volcar coches policiales. Esto contrasta con la violencia que suele mostrar la policía. Hay que destacar que al llamar a sus partidarios a salir a la calle para luchar contra los manifestantes, Díaz-Canel invocó la noción, de más de sesenta años, de que «las calles pertenecen a los revolucionarios».

Igualmente, el gobierno siempre ha proclamado que «las universidades son de los revolucionarios» para expulsar a estudiantes y profesores que no se pliegan a su línea. Un ejemplo de ello es el caso de René Fidel González García, profesor de Derecho expulsado de la Universidad de Oriente. González García es un firme crítico de las políticas gubernamentales que, lejos de renunciar a sus ideales revolucionarios, los ha reafirmado en numerosas ocasiones.

Simpatizantes del gobierno, algunos armados con palos, acuden al llamado del presidente (Foto: Reuters)

Pero, ¿por qué ahora?

Cuba atraviesa la crisis económica más grave desde los años 90, cuando, tras el derrumbe del bloque soviético, los cubanos sufrieron largos cortes de electricidad debido a la escasez de petróleo, así como una malnutrición endémica con sus consiguientes problemas de salud.

La crisis económica actual se debe al desplome del turismo ocasionado por la pandemia, el que se combina con la desinversión de capital a largo plazo por parte del gobierno y a su incapacidad para mantener la producción, incluso a los niveles más bajos de los últimos cinco años. El PIB (producto interior bruto) de Cuba cayó un 11% en 2020 y sólo creció un 0.5% en 2019, el año anterior al inicio de la pandemia.

La zafra anual de azúcar, que finalizó esta primavera, no llegó al millón de toneladas, por debajo de la media de 1.4 millones de los últimos años y muy lejos de los 8 millones de toneladas de 1989. El reciente intento del gobierno para unificar las dos monedas que circulaban en Cuba –principalmente el CUC («peso cubano convertible»), sustituto del dólar, y el peso cubano– resultó contraproducente ya que provocó una grave inflación pronosticada antes, entre otros, por el destacado economista cubano Carmelo Mesa-Lago.

Si el CUC está desapareciendo efectivamente, la economía cubana está prácticamente dolarizada con la caída constante del valor del peso. Mientras que el tipo de cambio oficial es de 24 pesos por dólar, el que prevalece en el mercado negro es de 60 pesos por dólar, y la situación va a seguir empeorando porque faltan los dólares de los turistas. Esta tendencia hacia un dólar cada vez más caro puede verse frenada en cierta medida por la reciente decisión del gobierno de privilegiar el euro como moneda fuerte.

Lo peor de todo es que hay una escasez generalizada de alimentos, incluso para los que tienen divisas, moneda fuerte. Las reformas agrícolas de los últimos años para aumentar la producción nacional no funcionaron porque son inadecuadas e insuficientes, no permiten que los agricultores privados y los usufructuarios (agricultores que arriendan tierras al gobierno por períodos de veinte años renovables por otros veinte años) alcancen a alimentar al país.

Así, por ejemplo, el gobierno concede arbitrariamente créditos bancarios a los agricultores para algunas cosas, pero no para otras, como la eliminación del marabú, una hierba invasora. Su eliminación es esencial para los cultivos pero el costo de la misma es muy elevado. 

Acopio, la agencia estatal que se encarga de recoger la parte sustancial de la cosecha que los agricultores deben vender al Estado a los precios establecidos por el gobierno, es claramente ineficiente y genera despilfarro, ya sea porque sus camiones no llegan a tiempo para recoger su parte, o por la indiferencia y negligencia sistémicas que imperan en los procesos de envío y de almacenamiento. Esto genera enormes pérdidas y desperdicios que reducen la calidad y la cantidad de bienes disponibles para los consumidores.

Por ello, Cuba importa de varios países el 70% de los alimentos que consume, incluido Estados Unidos (en 2001 se concedió una derogación al bloqueo para la exportación ilimitada de alimentos y medicamentos a Cuba, pero con la seria restricción de que la Isla debe pagar en efectivo antes de que la mercadería sea enviada).

6/6 La reducción de la alta dependencia de las importaciones de ese alimento es un asunto estratégico para Cuba. Puede leer mi comentario ampliado y ver gráficos adicionales en https://t.co/5aibMsV0Ar

— Pedro Monreal (@pmmonreal) November 8, 2019

El economista cubano Pedro Monreal llamó la atención sobre los millones de pesos que el gobierno ha gastado en la construcción de hoteles turísticos (en su mayoría a través de empresas mixtas con capitales extranjeros) que, incluso antes de la pandemia, estaban ocupados muy por debajo de su capacidad, mientras que la agricultura no cuenta con inversión pública.

Esta elección unilateral de prioridades por parte del Estado/Partido único es un ejemplo de lo que sucede con las prácticas profundamente antidemocráticas. [Pedro Monreal publicó recientemente en Twitter un balance de los efectos perversos de las inversiones en el periodo 2014-2020. El gasto en sanidad, bienestar y educación se redujo en favor del sector inmobiliario hotelero, un hecho que lleva al economista a afirmar que esta dinámica «habría sido improbable si los pobres tuvieran algún poder real en las decisiones económicas» – Nota de A l’encontre].

Esto no es un «defecto» del sistema cubano, como tampoco lo es la búsqueda incesante de beneficios en el capitalismo estadounidense. Tanto la burocracia y la falta de democracia en Cuba como el implacable afán de lucro en Estados Unidos no son defectos sino elementos constitutivos de ambos sistemas.

Del mismo modo, el petróleo se ha vuelto cada vez más escaso, ya que los envíos del venezolano a cambio de servicios médicos cubanos disminuyeron. No cabe duda de que el recrudecimiento del bloqueo criminal por parte de Trump, que fue más allá de la simple reversión de la liberalización de Obama durante su segundo mandato en la Casa Blanca, también ha perjudicado gravemente a la isla, entre otras cosas porque ha dificultado que el gobierno cubano utilice bancos en el extranjero, estadounidenses o no, para financiar sus operaciones.

De hecho, el gobierno estadounidense sanciona a las empresas que hacen negocios con Cuba impidiéndoles hacer negocios con Estados Unidos. Hasta los acontecimientos del 11 de julio, la administración Biden había dejado intactas casi todas las sanciones de Trump. Desde entonces, ha prometido que va a permitir un mayor envío de remesas y que va a dotar de más personal al consulado estadounidense en La Habana.

El bloqueo criminal es real y dañino, pero ha provocado relativamente menos estragos económicos que lo que está en el corazón del sistema económico cubano: el control y la gestión burocrática ineficiente e irracional de la economía por parte del gobierno. El gobierno cubano y sus aliados «izquierdistas» del Norte globalizado, y no el pueblo cubano, siguen, como desde hace décadas, culpando sólo al bloqueo de todos los males.

Al mismo tiempo, la clase trabajadora de las zonas urbanas y rurales no tiene incentivos económicos ni políticos bajo la forma de control democrático de sus lugares de trabajo y de la sociedad para implicarse, lo que reduce la cantidad y la calidad de la producción.

Situación sanitaria en Cuba

Después del comienzo de la pandemia de Covid-19 a principios de la primavera de 2020, con respecto a los otros países de la región, la situación en Cuba fue relativamente buena durante el primer año. Pero en los últimos meses, por razones que aún no están claras, aparte del ingreso de la cepa Delta en la isla, se ha deteriorado fuertemente, agravando así los problemas económicos y políticos del país.

Como señalaba Jessica Domínguez Delgado en el sitio cubano El Toque, hasta el 12 de abril, poco más de un año después del inicio de la pandemia, habían fallecido 467 personas de los 87.385 casos que se habían diagnosticado de Covid-19. Sin embargo, sólo tres meses después, el 12 de julio, el número de personas fallecidas era de 1.579 de los 224.914 casos diagnosticados (2,5 veces más que en el período anterior, mucho más largo).

La provincia de Matanzas y su capital del mismo nombre, situada a 100 kilómetros al este de La Habana, se convirtieron en el epicentro de la repentina expansión de la pandemia. Según el gobernador provincial, en Matanzas faltaban 3.000 camas en relación con el número de pacientes que las necesitaban. El 6 de julio, un amigo personal que vive en la ciudad de Matanzas me escribió sobre la terrible situación sanitaria, con falta de médicos, tests y oxígeno en medio de hospitales desbordados. Mi amigo me dijo que el gobierno nacional se había mostrado incapaz de controlar la situación hasta ese día, hasta que, por fin, formuló un plan de acción para la ciudad.

Ante la situación sanitaria de la provincia, se lanzó la campaña SOS Matanzas

Finalmente, el gobierno tomó una serie de medidas, entre ellas el envío de una cantidad importante de personal médico extraordinario, pero al momento de escribir este artículo, es demasiado pronto para evaluar cuáles son los resultados.

Los científicos e institutos de investigación cubanos merecen mucho crédito por el desarrollo de varias vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, el gobierno es responsable de la excesiva e innecesaria demora en la vacunación de la población, agravada por su decisión de no procurarse vacunas donadas desde el extranjero y de no adherirse al programa Covax (Covid-19 Vaccines Global Access) de 190 países, patrocinado por varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la que el gobierno mantiene buenas relaciones. Actualmente, sólo el 16% de la población está totalmente vacunada y apenas el 30% ha recibido al menos una dosis.

La crisis médica en la provincia y en la capital de Matanzas forma parte de un esquema más amplio de escasez y abandono de la atención médica, ya que el gobierno ha acelerado la exportación de personal médico al extranjero para reforzar lo que representa su principal exportación desde hace tiempo. Por eso, el valioso programa de médicos de familia introducido en los años 80, se deterioró seriamente.

Mientras que el gobierno cubano aplica un índice decreciente (que incluye algunos trabajos voluntarios) a sus clientes extranjeros, los médicos cubanos reciben entre el 10 y el 25% de lo que los clientes extranjeros le pagan al gobierno. No hace falta decir que el personal médico cubano no puede organizar sindicatos independientes para negociar con el gobierno las condiciones de trabajo. Sin embargo, salir al extranjero es algo que la mayoría de los galenos cubanos desean, ya que ganan una cantidad importante de divisas y pueden adquirir productos foráneos. No obstante, si no regresan a Cuba al final de su misión, son sancionados administrativamente (es decir, no judicialmente) con ocho años de exilio forzoso.

El contexto político

A principios de este año, la vieja guardia dirigente, que peleó contra el régimen de Batista y que tiene entre ochenta y noventa años, dejó sus funciones gubernamentales para darle paso a la nueva dirección compuesta por Miguel Díaz-Canel (nacido en 1960) como presidente y Manuel Marrero Cruz (nacido en 1963) como primer ministro. Esta nueva dirección sigue con la política de Raúl Castro de liberalización económica y social, sin democratización. Por ejemplo, en 2013 el gobierno liberalizó las reglamentaciones que controlaban la circulación de personas para que la mayoría de los cubanos pudiera viajar al extranjero más fácilmente.

Sin embargo, y a la misma vez, el gobierno ha hecho que sea prácticamente imposible para muchos disidentes salir del país, por ejemplo, retrasando su salida para que no puedan llegar a tiempo a las conferencias en el extranjero y creando una lista de unos doscientos «regulados» (personas sujetas a disposiciones reglamentarias) a los que no se les permite salir en absoluto.

En su comparecencia del 11 de julio, el Presidente llamó a «los revolucionarios» a tomar las calles (Foto: Canal Caribe)

Es importante destacar que, al igual que otras medidas adoptadas por el gobierno cubano mencionadas anteriormente, estas acciones son la continuación de las políticas de Fidel y Raúl Castro, en las que las decisiones políticas y administrativas se toman al margen del sistema judicial. Lo mismo ocurre con las cientos de detenciones relativamente breves que el gobierno de Raúl Castro solía llevar a cabo cada año, sobre todo para intentar obstaculizar las manifestaciones públicas no controladas por el gobierno (un método policial que sólo se aplica, en principio, a las manifestaciones políticas previamente planificadas, a diferencia de las que tuvieron lugar el 11 de julio).

El Estado/Partido único

El Estado/Partido único sigue funcionando como bajo el gobierno de Fidel y Raúl Castro. Sin embargo, en realidad, el Partido Comunista de Cuba (PCC) no es realmente un partido, lo que implicaría la existencia de otros partidos. El PCC tampoco es un partido principalmente electoral, aunque controla firmemente desde la cúpula las llamadas elecciones periódicas que siempre dan lugar a la aprobación unánime de la línea política seguida por las autoridades.

A veces, algunas personas desilusionadas con los partidos corruptos existentes en América Latina e incluso en Estados Unidos reaccionan con indiferencia, o incluso aprueban el Estado unipartidista cubano, porque consideran que las elecciones refuerzan los sistemas corruptos. Esas personas piensan que es mejor tener un partido político honesto, que funcione, que un sistema multipartidista corrupto que no funcione.

El problema con este tipo de razonamiento es que los sistemas burocráticos de partido único no funcionan bien en absoluto, excepto quizás para suprimir por completo cualquier oposición. Además, la corrupción se abre paso tarde o temprano en un sistema de partido único, como la historia lo ha demostrado repetidas veces. En el caso de Cuba, el propio Fidel Castro advirtió en un famoso discurso del 17 de noviembre de 2005 que la Revolución tenía más posibilidades de perecer por la corrupción endémica que por las acciones de los contrarrevolucionarios.

El monopolio organizativo del PCC, que la Constitución cubana establece explícitamente, no sólo afecta las elecciones, sino que también extiende su poder de forma muy autoritaria para controlar la sociedad cubana a través de las llamadas organizaciones de masas que funcionan como correas de transmisión de las decisiones tomadas por el Buró Político del PCC.

Por ejemplo, la CTC [Central de Trabajadores de Cuba], el sindicato oficial, es la correa de transmisión que permite al Estado cubano mantener su monopolio sobre la organización de los trabajadores cubanos. Más allá de hacer cumplir la prohibición de las huelgas, la CTC no es una organización que defienda los intereses de la clase obrera determinados por los propios trabajadores. Por el contrario, fue creada para promover lo que la dirección del PCC en el poder considera que son los mejores intereses de los trabajadores.

Los mismos mecanismos de control se aplican a otras «organizaciones de masas» como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y a otras instituciones como editoriales, universidades y el resto del sistema educativo. Los medios de comunicación (radio, televisión y periódicos) siguen estando bajo el control del gobierno, y se basan en las «orientaciones» del Departamento ideológico del Comité Central del PCC.

Sin embargo, hay dos excepciones importantes al control estatal sobre los medios de comunicación: la primera tiene que ver con las publicaciones internas de la Iglesia Católica, pero la jerarquía católica cubana es extremadamente prudente y la distribución de sus publicaciones se limita a sus parroquias y a otras instituciones católicas. Una excepción mucho más importante es Internet, que el gobierno no ha logrado someter a su control absoluto y que sigue siendo el principal vehículo para las voces críticas y disidentes. Ese control incompleto de Internet es precisamente lo que hizo posible las explosiones políticas nacionales del 11 de julio.

¿Adónde va Cuba?

Al no contar con la presencia de Fidel Castro ni con el grado de legitimidad que conservaba la cúpula histórica, Díaz-Canel y los demás dirigentes del nuevo gobierno fueron duramente golpeados en lo político por los acontecimientos del 11 de julio, si bien recibieron el vergonzoso apoyo de la mayor parte de la izquierda internacional. El hecho de que la gente parece no tener ya miedo es quizá la mayor amenaza para el gobierno que se desprende de los acontecimientos del 11 de julio.

A pesar de este golpe, la nueva dirección está dispuesta a seguir con la orientación de Raúl Castro que consiste en desarrollar una versión cubana del modelo chino-vietnamita, el que combina un alto grado de autoritarismo político con concesiones al capital privado y sobre todo, extranjero.

A su vez, los dirigentes del gobierno cubano seguirán aplicando políticas de reforma económica incoherentes e incluso contradictorias por miedo a perder el control en favor del capital privado cubano. El gobierno ha autorizado recientemente la creación de PYMES (pequeñas y medianas empresas privadas), pero no sería nada sorprendente que muchas de estas PYMES recién creadas acabaran en manos de funcionarios del Estado convertidos en capitalistas privados.

Existe un importante estrato gubernamental, especialmente en el ejército, de dirigentes empresariales y técnicos con amplia experiencia en sectores como el turismo. El más importante es el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, de 61 años, antiguo yerno de Raúl Castro, que es el director de GAESA, el enorme conglomerado de empresas militares, que incluye a Gaviota, la principal empresa turística de la isla. Es significativo que recientemente se haya convertido en miembro del Buró Político del PCC.

General Luis Alberto Rodríguez López-Callejas

Tal vez esta generación más joven de empresarios, militares y burócratas civiles intente superar la mentalidad rentista que treinta años de intensa ayuda soviética crearon en los dirigentes cubanos, como demuestra el hecho de que no se modernizara ni diversificara la industria azucarera (como fue el caso en Brasil) durante los años relativamente prósperos que se acabaron en 1990. Es cierto que el bloqueo económico estadounidense contribuyó a la mentalidad rentista al fomentar una actitud de sobrevivencia económica cotidiana en lugar de aumentar la productividad de la economía cubana para permitir un futuro más próspero.

¿Qué podemos esperar de los Estados Unidos? Es poco probable que Joe Biden tome iniciativas importantes en su primer mandato para cambiar las políticas imperialistas de Estados Unidos hacia Cuba, las que empeoraron considerablemente bajo Trump. Aún es imposible saber si un probable segundo gobierno demócrata en Washington a partir de 2025 tendrá una política diferente, la interrogante está abierta.

Sin embargo, subyace una paradoja en la política del gobierno estadounidense hacia Cuba. Si bien la política de Estados Unidos no está actualmente motivada, principalmente, por los intereses de la clase dominante, sino por consideraciones electorales, sobre todo en el estado de Florida, no es necesariamente menos dura ni, lo que es más alarmante, menos sostenible.

La Cámara de Comercio de EE.UU., quizá la institución empresarial políticamente más activa en el país, ha defendido durante muchos años la reanudación de las relaciones comerciales normales con Cuba. Thomas J. Donohue, que fue durante mucho tiempo su director y quien se jubiló a principios de este año, visitó Cuba en muchas ocasiones y se reunió con los dirigentes del gobierno.

Las grandes empresas agrícolas también quieren en hacer negocios con la Isla, los intereses agrícolas y empresariales del Sur, el Suroeste y los estados montañosos (Arizona, Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho), representados tanto por políticos republicanos como demócratas. Sin embargo, es poco probable que estén dispuestos a invertir mucho capital político para lograr ese objetivo.

Esto supone una tarea adicional para la izquierda estadounidense, la que deberá salir del impasse –un atolladero que estimula claramente el mantenimiento indefinido del bloqueo– a través de un nuevo tipo de campaña que se concentre en la grave agresión y en la injusticia cometida contra el pueblo cubano sin hacer apología a la dirección política del Estado cubano.

En todo caso, los militantes de izquierda en Estados Unidos tienen dos tareas esenciales. En primer lugar, deben oponerse firmemente al criminal bloqueo económico de Cuba; en segundo, deben apoyar los derechos democráticos del pueblo cubano y no a un Estado policial esclerosado, así como apoyan la lucha por los derechos humanos, la democracia y el cambio social y económico radical en América Latina, en Colombia y Chile, o en Myanmar y Hong Kong en Asia. (Artículo publicado en In These Times, 27-7-2021)

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La versión en español de este artículo fue publicada originalmente en Correspondencia de Prensa y compartida aquí con la autorización de su autor