Cuba: Derechos desde la Izquierda

Por: Lilibeth Alfonso Martínez

La conversación con Sergio Emilio Castillo Torres, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guantánamo, es siempre reveladora. Su pasión por la historia constitucional cubana y su posición en diferentes frentes de esa rama, vuelven un ejercicio del pensamiento hasta el más simple cruce de palabras.

Con él, conversamos sobre derechos ciudadanos, un tema que en los últimos tiempos ocupa muchos espacios académicos en nuestro país, sobre todo, a raíz del llamado a la institucionalización de la nación, al ordenamiento y al respeto de la ley.

—En tiempos en los que se insiste en reforzar la institucionalidad del país, ¿qué importancia tiene, en primer lugar, que las personas conozcan sus derechos y cómo hacerlos honrar, y, en segundo lugar, que estos, efectivamente, sean respetados?

—Es muy importante, yo diría vital, sobre todo en un sistema socialista como el que queremos construir. En cualquier país es fundamental que las personas conozcan pero, sobre todo, que tengan garantizados esos derechos, el derecho a la libertad, a la educación, al empleo, a la salud, a la intimidad…, y las maneras para restituirlos si estos fueran violentados.

  «Pero, en el tránsito al socialismo, lo es más. Si los ciudadanos no tienen mecanismos de garantías para defender sus derechos, si estos de alguna manera se vulneran y las personas no saben dónde ir, queda en entredicho la esencia misma del sistema, se resiente el consenso social que mantiene la gobernabilidad, el país en funcionamiento».

—¿Cuál es la situación real de Cuba en este sentido?

—Doctrinalmente, es importante que las sociedades, los ciudadanos tengan institucionalizados los mecanismos de garantías a sus derechos, pues no basta con que estos estén plasmados en el texto constitucional. De hecho, en estos temas se habla de tres condiciones fundamentales para el disfrute pleno de los derechos humanos. La primera, cumplida plenamente por Cuba, es que la enunciación o reconocimientos de esos derechos estén en la Constitución.

 «La segunda, es la condicionalidad material, que también es un hecho en nuestro país. Significa que estén dadas las condiciones materiales para su disfrute eficaz en la práctica. Por ejemplo, un país puede declarar que todos sus ciudadanos tienen derecho a la salud, pero si no hay hospitales, ni un sistema gratuito y universal de salud, entonces el derecho está enunciado, pero objetivamente es imposible cumplirlo. Tiene que ver con la voluntad política del Estado.

 «Y un tercero, que es una condición sine qua non para que estos derechos sean realmente respetados. Y es que se establezcan mecanismos para garantizar, ante una posible violación, que los primeros sean restablecidos con inmediatez.

 «Mecanismos que, además, requieren, como decíamos, ser agiles, expeditos. Es el caso ante posibles violaciones a los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la intimidad;  fuera ideal que dichos mecanismos funcionen en lo fundamental al margen del poder, porque desde esa posición —no importa de qué país o sistema político estemos hablando— es de donde se cometen los mayores abusos a los derechos, sea por acción o por omisión de un funcionario. Es esta una de nuestras carencias en este tema».

—¿De qué carencias estamos hablando?

—La fundamental es que nuestra Carta Magna vigente, aprobada en 1976, no está dotada de un sistema definido de garantías a los derechos constitucionales, lo que no quiere decir que no las tengamos y se apliquen en la práctica y sobre todo la existencia de voluntad política dirigida a su observancia. Pero no están sistematizadas constitucionalmente y las que existen están dispersas en nuestra normativa ordinaria, de ahí su poca efectividad desde el punto de  vista jurídico.

 «Otra carencia lo constituye, las muchas reservas legales sin desarrollo que tiene nuestro texto fundamental. Más de 20 instituciones relativas a los derechos ciudadanos no han encontrado desarrollo en leyes ordinarias transcurridos  38 años de la promulgación de nuestra Constitución Socialista, otras están obsoletas y necesitan modificación. Y eso, como es lógico, limita los derechos ciudadanos, porque la Constitución establece los principios generales en cada precepto, pero es necesaria la existencia de normas que lo desarrollen. De hecho, es una de las deudas de nuestro Parlamento que debe ir resolviéndose a corto plazo si queremos avanzar.

«Nos falta, por ejemplo, una ley de quejas, una ley de ciudadanía, de prensa,… Por suerte, en las nuevas leyes que se están promulgando eso ya no pasa, pues van saliendo paquetes de normas que las complementan, lo que evidencia una conciencia al respecto.

 «Y la tercera carencia fundamental es el hecho de que ninguno de los mecanismos de garantías que existen en nuestro país funciona al margen de las instituciones del Poder. Esa es una seria limitante porque no es muy entendible por el ciudadano que la misma institución que le esté incriminando un delito en defensa de los intereses del Estado simultáneamente le defienda de posibles arbitrariedades en la tramitación de dicho proceso. A veces es difícil actuar y, sobre todo, entender que el estado actúe de juez y parte al mismo tiempo. En nuestro contexto el ejemplo más cotidiano es el  de la Fiscalía, órgano que lleva la acción penal pública y, además, es garante de los derechos ciudadanos».

—¿No es contradictorio?

—Es una cuestión de contextos. Nuestro derecho positivo se vio influenciado con el ideal romántico «heredado» del campo socialista de que, precisamente por la esencia humanista del sistema, no eran necesarias estas garantías a los derechos ciudadanos como, por ejemplo, en el capitalismo.

 «Esto, en la práctica, ha resultado una utopía y se ha demostrado que siempre que exista el poder, y la posibilidad de que un funcionario pueda en el ejercicio de sus funciones excederse y quebrantar un derecho, son necesarios estos mecanismos, estas garantías para su restablecimiento inmediato».

—Resumiendo, ¿hacia dónde puede ir una persona cuando son violados sus derechos ciudadanos en nuestro país?

—En primer lugar a los tribunales —conocidos en la teoría como vía jurisdiccional— que son los principales órganos para el restablecimiento de la legalidad en general. En segundo lugar, la Fiscalía, donde existe, a todas las instancias, un departamento para la protección de los derechos ciudadanos, y como tercera opción, hay un gran número de oficinas de atención a la población en entidades, sobre todo, en el Partido y el Gobierno, que también atienden a la ciudadanía.

 «Pero eso no lo es todo. En Cuba tenemos una garantía adicional, que es la voluntad política del Estado en función de que las personas disfruten de todos sus derechos, y eso hace la diferencia para bien del pueblo cubano, a pesar de cualquier limitación que pueda tener la legislación».

—De estas vías, los tribunales son los más conocidos. Sin embargo, profesor, no son una vía expedita…

—Ciertamente, si bien en los tribunales se restituye el derecho, no se logra de una manera expedita, rápida, inmediata como se requiere cuando hablamos de derechos constitucionales, y fundamentales, en específico.

«En Cuba, por ejemplo, tenemos un precedente bastante cercano en la figura del Tribunal de Garantías Constitucionales que instituyó la Carta Magna de 1940,  y que, al triunfo de la Revolución, no se retomó por su triste papel ante el Golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952, y se anuló finalmente en el texto de 1976».

—¿En qué posición se encuentra Cuba con respecto al resto del mundo, a la proyección internacional por los derechos humanos, ciudadanos?

—Cuba es firmante de la Declaración de Derechos Humanos de Ginebra de 1948, y de cuanto convenio exista para la defensa de la vida y las libertades del hombre, lo que ha sido reconocido por muchas instituciones internacionales, sobre todo, en temas como la educación, la salud, el derecho a la vida, a la inclusión…, a pesar de que este es un tema muy politizado y muy manipulado.

 «Tampoco, cuando hablamos de derechos humanos en nuestro país, uno se puede olvidar del diferendo con Los Estados Unidos, del hecho de que vivimos en una nación asediada de muchas maneras, y eso nos condiciona también en ese sentido.

 «Uno de los temas más criticados, por ejemplo, era el derecho de libre tránsito —que limitaba la llamada Carta Blanca o Carta de Salida instituida desde los tiempos de Batista—, lo cual se saldó definitivamente con la reforma migratoria del pasado año.

 «Sin ánimo de ser absoluto, diría que somos uno de los países donde más se respetan los derechos fundamentales del hombre en el mundo, con énfasis en el derecho a la vida, que es el más primario de todos y, por cierto, no está enunciado dentro del elenco de derechos reconocidos  en nuestra Constitución.

«Pero sobre todo, lo digo, por la voluntad política expresada y contenida en nuestro texto constitucional donde se consagra, con las palabras de José Martí, que la ley primera de la República es el respeto a la dignidad plena del hombre».

Tomado de: http://www.soycuba.cu/noticia/cuba-derechos-desde-la-izquierda