En la actual crisis económica y política de Cuba, un desafío resalta quizás más que cualquier otro: cómo producir alimentos. No es de extrañar que la dramática situación social que hace insuficiente el acceso a los alimentos, y la consiguiente presión macroeconómica que produce el uso excesivo de divisas para la importación de productos alimenticios básicos, haya llevado al gobierno a identificar este como un tema de seguridad nacional.

Al discutir qué hacer con esta situación insostenible, podría ser interesante ver si Cuba tiene algo que aprender de Noruega y los países nórdicos, en particular en lo que respecta al papel fundamental de las cooperativas de agricultores. La profunda crisis que sufrió Noruega en la década del treinta del pasado siglo, no es muy diferente a la que vive Cuba hoy, y este tipo de cooperativas fueron decisivas como salida a la crisis.

En los países nórdicos, las cooperativas agrícolas fueron importantes desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los agricultores familiares comenzaron a organizarse. Estas se constituyeron como cooperativas de crédito, seguros, procesamiento y comercialización.

Al principio se extendieron desde Dinamarca hacia el resto del norte de Europa, llegando luego a los colonos ubicados en América del Norte. Las cooperativas de agricultores pronto se convirtieron en un elemento clave en la agricultura privada en las economías de mercado. Muchas se convirtieron en grandes empresas en las economías capitalistas, otras en sociedades anónimas ordinarias o conservaron su condición de cooperativas de propiedad de los agricultores, como en Noruega.

Contrario a esta experiencia, tras las revoluciones de inspiración marxista en Rusia, China, Europa del Este y más tarde en Vietnam y Cuba, se establecieron cooperativas organizadas por el estado y controladas por el gobierno. Muchas de ellas, en la ex Unión Soviética y Europa del Este, colapsaron cuando las economías de planificación centralizada fueron abolidas a principios de la década del noventa. Sin embargo, han surgido nuevas formas de cooperación en la producción y distribución de alimentos, tanto en los países capitalistas como en los ex socialistas. Estas cooperativas se organizaron tanto entre productores como entre consumidores, con el fin de satisfacer las necesidades comunes de acceso directo a los alimentos.

Si bien se supone que la agricultura familiar y los mercados alimentarios deberán desempeñar un papel más importante en la economía cubana en el futuro, el éxito de dicha transformación dependerá de que se permita a los pequeños agricultores, en colaboración con las cooperativas mayoristas, desarrollarse a corto y largo plazo. Estas cadenas alimentarias de suministro sostenibles, podrían ser competitivas frente a la agricultura capitalista multinacional y a la socialista de estado.

Breve reseña histórica de la cooperación agrícola en Noruega

La expansión de las cooperativas agrícolas fue un factor clave en la modernización e industrialización de la agricultura noruega. Las mismas se construyeron para defender los intereses de los campesinos y pequeños agricultores, quienes no tenían mucho poder económico individualmente. Durante la primera parte del siglo XX aumentó el número de cooperativas de entrada y salida.

En 1929, el mismo año del desplome de la Bolsa de Nueva York, el precio de la leche noruega cayó drásticamente a casi un tercio del nivel de 1920. Una de las razones de esta severa caída fue que la mayoría de las lecherías intentaron llevar su leche a la ciudad y venderla como fresca, mejor pagada que la mantequilla y el queso.

En respuesta a esta crisis, los agricultores exigieron acciones organizativas y políticas. Se celebraron reuniones masivas en las provincias, donde los agricultores acudieron para discutir la acción colectiva. Con el tiempo, se generó más y más apoyo para una idea simple pero radical: las agrupaciones de leche regionales deberían comprarla toda a un precio fijo. En consecuencia, se eliminó la competencia en la venta de leche para consumo fresco en los mercados más grandes y atractivos, y el pago a los productores de leche se mantuvo en un nivel común y más alto de lo que hubiera sido de otra manera.

En 1930, el Parlamento aprobó la Ley de Comercialización que otorgaba a las agrupaciones cooperativas autoridad cuasi pública para administrar el mercado de la leche e imponer una tasa de comercialización variable a todos los productos lácteos. Se creó un Consejo de comercialización —con representantes de cooperativas de productores, organizaciones comerciales minoristas y organizaciones de consumidores—, para determinar las tarifas y supervisar los efectos de la Ley de comercialización. La membresía para formar parte de la junta era voluntaria.

Se puede contar la misma historia para diversos productos: la carne de cerdo se incorporó a la Ley en 1931, la de ovino en 1934 y la de vacuno en 1940. Este sistema de comercialización cooperativo fue relativamente eficiente si lo comparamos con las juntas públicas de comercialización introducidas al mismo tiempo en otros países. Dar responsabilidad a los agricultores a través de sus cooperativas fue muy importante, especialmente en tiempos de sobreproducción.

Las principales características del sistema noruego de regulación agrícola, basado en una alianza entre las cooperativas de agricultores y el estado noruego, se consolidaron y han sobrevivido hasta el día de hoy. El éxito de las cooperativas en Noruega se explica en parte por el nivel educativo relativamente alto de sus agricultores, lo que es comparable a la situación actual de Cuba.

A fines de la década del veinte e inicios de la siguiente, la mayoría de los partidos políticos, con la importante excepción del Partido Conservador, apoyaron a las organizaciones cooperativas como medio para combatir la crisis agrícola. Este fuerte nivel de aceptación política fue un factor importante para obtener mayoría parlamentaria con vistas a la Ley de Comercialización de 1930.

Otra fuerza impulsora fue el crecimiento de los mercados nacionales de alimentos durante la industrialización. Los mercados de carne casi se duplicaron entre 1917 y 1939, y el de leche fresca prácticamente se triplicó en el mismo período. Después de la Segunda Guerra Mundial, los mercados de alimentos se expandieron rápidamente. Las lecherías, queserías y carnicerías de los agricultores de todo el país se organizaron en cooperativas regionales especializadas.

Parte de su fuerza les fue otorgada por la autoridad cuasi pública para regular los mercados en virtud de la Ley de Comercialización. Este acto ha sido defendido continuamente por partidos políticos de centro izquierda, y sobrevivió hasta ahora a todos los ataques de políticos neoliberales y de negociadores comerciales internacionales que presionan por un mercado de alimentos más liberalizado en Noruega.

El Partido Laborista, bajo el lema «Trabajo para todos», fue el gran ganador de la campaña electoral de 1933, en la que obtuvo el 40% de los votos. Por primera vez lograron un apoyo sustancial en las zonas rurales, principalmente entre trabajadores agrícolas, campesinos y pescadores.

La nueva alianza ganadora entre los partidos laborista y campesino, acordó aumentar la cartera de la Agencia Estatal de Préstamos para Agricultores en 1934. Después del fin de las negociaciones entre dichos partidos, se otorgaron subvenciones de crisis a la agricultura, la silvicultura y la pesca; así como a los municipios para luchar contra el desempleo mediante la construcción de carreteras y otras obras públicas.

A pesar del escepticismo inicial en el Partido Laborista, su líder Johan Nygaardsvold obtuvo el apoyo de la mayoría para una solución de crisis históricamente decisiva con el Partido de los Agricultores. Este fue uno de los pilares más importantes del modelo nórdico en el caso noruego, al establecer un pacto social entre capital y trabajo en el sector industrial.

En 1935, Nygaardsvold se convirtió en el Primer Ministro de un gobierno socialdemócrata noruego, en representación de un partido político que hasta 1923 había estado haciendo campaña por la revolución proletaria armada.

La construcción de alianzas para combatir la crisis agrícola no fue solo un fenómeno noruego. En 1933, los socialdemócratas suecos llegaron a un acuerdo con el Partido de los Agricultores; mientras, en Dinamarca, los liberales y socialdemócratas convinieron sobre aranceles y política comercial ese mismo año. En esencia, las medidas del Partido Socialdemócrata en Escandinavia para combatir la crisis fueron de tipo keynesiano, gastando dinero público para generar empleo mantuvieron las ruedas económicas en marcha.

El Acuerdo de Crisis de 1935 fue el movimiento político más importante para detener la propagación del populismo de derecha en el partido nazi noruego entre los agricultores y los pobres de las zonas rurales. Bajo el lema «Pueblo y tierra, de la mano», personas de nuevos grupos sociales ahora asumieron cargos gubernamentales, anteriormente ocupados principalmente por personas de las clases altas.

La regulación estatal todavía tiene un papel de liderazgo en el desarrollo de la agricultura noruega. En comparación con las agriculturas capitalistas desreguladas de Australia y Nueva Zelanda, por un lado, y del modo de producción socialista clásico en Cuba, por el otro; el modelo de agricultura noruego puede verse como una forma híbrida de economía de mercado regulada.

La introducción de la agricultura socialista en Cuba

La satisfacción del consumo interno de alimentos fue uno de los principales objetivos de la Ley de Reforma Agraria de Cuba en 1959. Esta ley, y las discusiones que la condujeron, fue considerada un elemento fundamental en los primeros días de la Revolución Cubana, bajo la fuerte influencia del Che Guevara. Se basaba en el reconocimiento de que:

«Los campesinos que pertenecieron a nuestros primeros ejércitos guerrilleros procedían de ese sector de esa clase social que muestra con más fuerza el amor por la tierra y la posesión de ella; es decir, lo que demuestra más perfectamente el espíritu pequeñoburgués. Los campesinos lucharon porque querían tierra para ellos y sus hijos, para administrarla, venderla y enriquecerse con su trabajo».[1]

No obstante, inspirada por otros países socialistas, Cuba pronto estableció cooperativas organizadas por el estado y controladas por el partido. El sector de la agricultura familiar tradicional, que había existido en paralelo a la agricultura de plantación capitalista, pronto se vio muy disminuido. Las plantaciones de azúcar a gran escala y las unidades de producción de café fueron asumidas por el estado. El cultivo de tabaco permaneció predominantemente en manos privadas, mientras que la comercialización y la exportación estuvieron bajo el control estatal.

Los Lineamientos de la política económica y social aprobados por el VI Congreso del Partido (2011), establecieron, (en el punto 177), la meta de: «(…) lograr que este sector [agricultura] contribuya progresivamente a la balanza de pagos del país, para dejar de ser un importador neto de alimentos». Este objetivo se remonta a los primeros días de la revolución cubana, cuando Fidel Castro, en un discurso en septiembre de 1959, anunció la intención de lograr la independencia alimentaria, analizando en detalle una extensa lista de productos agrícolas y especificando en qué cantidades tenían que producirse y cuánto representaría en ahorro monetario.[2]

Este objetivo nunca se alcanzó. Cuando Raúl Castro inició sus reformas, Cuba aún importaba entre el 60 y el 70% de sus alimentos, gastando en ello hasta 2 mil millones de dólares anuales de su escasa moneda extranjera, sin deshacerse nunca de la escasez crónica de alimentos y con precios muy por encima del poder adquisitivo de los salarios ordinarios.

Como argumenta la mayoría de los economistas agrícolas cubanos (García Álvarez y Nova González, 2013), la productividad agrícola aumentará solo al permitir a los campesinos y agricultores privados más autonomía para producir y comercializar sus productos. Según estos expertos, los cambios estructurales en la agricultura debían incluir derechos de propiedad o de usuario, acceso a instrumentos de producción y crédito, transporte y, no menos importante, libertad para vender productos en un mercado abierto, al por mayor o directamente a los consumidores, incluidos los hoteles y restaurantes (estatales y privados).

La opción potencial de incursionar en el procesamiento industrial de productos alimenticios —por ejemplo, a través de cooperativas de segundo grado— daría a los campesinos un incentivo adicional. Esto implicaría un cambio dramático desde el control estatal a las condiciones del mercado bajo regulación estatal; una trasformación que inevitablemente tendría repercusiones en el equilibrio general entre el plan y el mercado en la economía general.

La mayoría de estos criterios fueron cubiertos, al menos en parte, por las Directrices de reforma, pero solo se implementaron a medias. En la fase inicial de las reformas de Raúl Castro, se dieron algunos pasos importantes hacia una mayor autonomía de los productores agrícolas, sobre todo en la estructura de tenencia de la tierra. A los agricultores privados se les permitió alquilar tierras para producir y vender productos alimenticios, tanto al estado como a los consumidores.

La participación no estatal en la tenencia de la tierra aumentó drásticamente de menos del 20% a alrededor del 50% entre 2007 y 2012; antes de comenzar a caer nuevamente a alrededor del 40% en 2016.[3] Esta tierra es administrada por agricultores familiares, ya sea por cooperativas de crédito y servicios (CCS), por campesinos privados sobrevivientes, o por campesinos que arriendan tierras al estado (a través del usufructo). En la mayoría de los casos, estos grupos se organizaron en CCS.

Las reformas del mercado también dieron como resultado que una parte creciente de la producción se vendiera fuera de los canales estatales. La estructura de Acopio, famosa por su ineficiencia, se redujo gradual y significativamente (en un momento se esperaba que desapareciera por completo), y se informó que el porcentaje que se vendía a través del estado cayó de aproximadamente 80% antes que se introdujeran las reformas, a aproximadamente 50%, el resto por canales no estatales.

A principios de 2016, sin embargo, se produjo una reversión antimercado, supuestamente para reducir la especulación y la economía del mercado negro. Se iniciaron esfuerzos para restablecer controles de precios a la mayoría de los productos básicos y restringir la distribución y venta de productos alimenticios. A los camiones de propiedad privada se le ordenó descargar en los mercados estatales en lugar de en las tiendas minoristas, y la mayoría de los vendedores ambulantes, que se habían convertido en una importante salida del mercado, perdieron sus licencias o se ahuyentaron de la calle. La participación oficial del estado en las ventas de alimentos volvió a su nivel anterior o incluso más.

La falta de acceso al por mayor para los implementos agrícolas representa un problema aún más grave. El acceso al transporte también ha sido un factor crítico para los productores no estatales. Como resultado de estas deficiencias, se ha documentado que una proporción significativa de la producción agrícola nunca llegó a los mercados: los productos alimenticios a menudo simplemente se pudren en las granjas.

Hacia un sistema de doble vía de la agricultura cubana

La «acumulación de capital» y la «concentración de riqueza» han sido prohibidas en Cuba por razones ideológicas. Con la Constitución de 2019, se puso más énfasis en la redistribución mediante impuestos. Sin embargo, no hay duda de que muchos agricultores privados exitosos han logrado acumular cantidades considerables de efectivo, incluso en moneda convertible, pero sin los medios para invertirlo en fines productivos.

El gobierno no estaba dispuesto a permitir formas de organización más independientes y autónomas entre campesinos y agricultores, que aún dependían de una ANAP altamente centralizada y leal al Partido.

La siguiente conclusión es ineludible: la agricultura cubana nunca despegó para alcanzar la autosuficiencia antes de la era reformista de Raúl Castro, y la última década de reformas también ha fracasado a pesar de sus intenciones de dar el paso decisivo para alimentar al pueblo cubano a partir de la producción nacional. Esto contrasta radicalmente con China y Vietnam, donde reformas de mercado mucho más consistentes en la agricultura han llevado a un éxito impresionante en el aumento de la producción.

La falta de éxito en la sustitución de importaciones se torna paradójica si comparamos los precios que paga el estado a los agricultores con lo que tiene que pagar al importar los mismos productos. Al tomar en cuenta las distorsionadas tasas de cambio en Cuba, el estado paga a los productores domésticos alrededor del 45% del precio de los frijoles importados, el 30% del arroz y el 20% de la leche.[4]

Entonces, la gran pregunta es: ¿por qué el Estado no está dispuesto a pagar mejores precios a los productores nacionales y, en general, incentivar más la producción nacional cuando se gastan cantidades tan enormes de divisas en la importación de alimentos?

En una situación en la que la agricultura controlada por el estado ha fracasado, y donde el gobierno mantiene extrema cautela contra una privatización de la economía, uno debería pensar que un sector cooperativo robusto sería la alternativa intermedia atractiva, particularmente con experiencias exitosas documentadas en otros países.

La otra alternativa intermedia, el usufructo, también debe reforzarse con más seguridad a largo plazo (intergeneracional), autonomía productiva y acceso directo al mercado para que la producción crezca.

En ambos casos, la manía de control del Partido y la burocracia representa una barrera contra la liberalización de las fuerzas productivas en la agricultura. El acceso para reinvertir las ganancias en mecanización y mejora de equipos de producción es otro desafío para los agricultores cubanos en la actual estructura agrícola.

Un análisis comparativo de la cooperación agrícola en Noruega y Cuba

En Noruega, las cooperativas agrícolas se han desarrollado en cuatro oleadas. En la primera, a fines del siglo XIX y principios del XX, los agricultores establecieron pequeñas lecherías y carnicerías en sus comunidades. A finales de la década del veinte y principios de la siguiente —durante la gran crisis económica en Noruega y en otras partes del mundo capitalista—, los precios de la leche y la carne cayeron de manera significativa, muchos se endeudaron y el número de quiebras en la agricultura aumentó drásticamente.

Como solución política a esa crisis de ingresos y deudas en la agricultura, las cooperativas controladas por agricultores organizaron grupos cooperativos nacionales, a los que se dio autoridad cuasi pública bajo la ley gubernamental para regular los mercados de alimentos. Durante la segunda ola, la mayoría de los productos agrícolas se sometieron a regulación estatal y se estabilizaron precios para los agricultores.

Después de la Segunda Guerra Mundial —debido a las nuevas tecnologías de transporte y refrigeración, y a la creciente urbanización—, hubo una tercera ola de cooperación agrícola, en la que las lecherías y carnicerías locales se fusionaron en unidades regionales más grandes. Durante esta tercera fase de desarrollo cooperativo, la mayoría de los agricultores del país se unieron a cooperativas de leche, carne, insumos y ventas a nivel regional.

En la década del noventa, el movimiento cooperativo agrícola noruego atravesó una cuarta ola de desarrollo organizativo e industrial. Las cooperativas regionales se fusionaron en unidades nacionales que desarrollaron sus propias marcas de mercado. Las grandes cooperativas noruegas de productos lácteos y cárnicos (Tine y Nortura), son ahora algunas de las empresas alimentarias más grandes de Noruega que aún están controladas por agricultores familiares mediante procedimientos democráticos. Tine tiene una participación del 85% en mercado total de productos lácteos, mientras que Nortura tiene una participación promedio del 56% en los mercados de carne.[5]

Si comparamos la situación cubana con la transformación de las cooperativas agrícolas noruegas de empresas alimentarias locales, regionales a nacionales, hay cuatro factores a observar:

1. De acuerdo con el primer principio del cooperativismo, que establece que la membresía en una cooperativa es abierta y voluntaria, a los agricultores de Noruega se les permitió formar cooperativas sin interferencia gubernamental (Almås 2004).

2. La cooperación agrícola noruega se construyó piedra a piedra desde el nivel local hasta el nacional, con muchos reveses. La liquidación financiera a los agricultores por sus productos entregados tomó la forma de un dividendo anual pagado a los miembros en relación con sus ventas. Este principio era importante para mantener la lealtad de los agricultores a las cooperativas.

3. Se mantuvo el principio cooperativo de: una granja, un voto. En la década del noventa, se otorgaron dos votos a cada finca para que las mujeres tuvieran derecho a votar junto con los hombres.

4. A medida que la economía noruega se convirtió en una economía capitalista industrial y de servicios a gran escala, las cooperativas locales originales se convirtieron en cooperativas de segundo orden a nivel nacional.

La participación del Estado en el establecimiento y funcionamiento de las cooperativas en Cuba ha retrasado el desarrollo de las mismas como sector económico independiente. Las cooperativas han sido consideradas en gran medida como parte de la economía estatal de planificación centralizada, bajo estricto control político por parte del Partido Comunista.

Si bien el programa de reforma económica de 2011 pareció identificar una mayor independencia cooperativa —con cooperativas de segundo grado, ventas al por mayor no estatales, nuevas cooperativas urbanas— como parte crucial en la rehabilitación económica, este principio nunca se implementó realmente. La resistencia contra su uso activo resultó demasiado fuerte, a pesar del éxito evidente de las cooperativas más independientes. En 2020, la mayoría de los cubanos todavía ven las «cooperativas» como una forma más de propiedad estatal.

Dado el estado crítico de la provisión de alimentos y el efecto sangrante que esto tiene sobre la moneda extranjera, las políticas agrícolas pueden convertirse en punto de partida para reformas económicas y políticas más profundas. Hay razones para creer que la crisis actual solo fortalecerá la necesidad de volver a la agenda original de reformas de Raúl Castro, y quizás llevarla varios pasos más allá.

Eso implicaría otorgar a los campesinos y agricultores más autonomía y participación en la toma de decisiones sobre todo el ciclo de producción-distribución-venta en la agricultura. Sacar al estado de la venta al por mayor tanto en el lado de los insumos como en el de la producción. Abrir espacios para permitir a los productores privados organizarse como un grupo de interés independiente del control estatal y del partido y, no menos importante, dar a las cooperativas una autonomía real y una voz fuerte en los mercados agrícolas, incluso a través de las cooperativas de segundo grado.

Cuando Cuba llegue a este punto de inflexión, sugerimos que la evolución histórica de las políticas agrícolas en Noruega puede convertirse en un interesante caso de referencia, como ejemplo de compromiso socialista-capitalista.

En comparación con su estructura agrícola prerrevolucionaria, hoy no existe una clase terrateniente en Cuba, la economía de las plantaciones está radicalmente reducida y la mayoría de los productores son campesinos y pequeños agricultores. La agricultura de Cuba está cada vez más dominada por lo que podríamos denominar agricultores familiares, que producen alimentos básicos para el mercado interno, con el potencial y, de hecho, la necesidad de aumentar la productividad de manera espectacular.

Esto es bastante similar a la situación en Noruega hace cien años. Imaginamos que la agricultura cubana podría tener mucho que aprender de las experiencias noruegas en lo que respecta a cómo los agricultores familiares comenzaron a cooperar a lo largo de la cadena de valor a fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

También las experiencias del desarrollo reciente de cadenas de valor de producción de alimentos locales, regionales y orgánicos, podrían ser útiles en la actual modernización de la agricultura cubana; quizás en este caso con una visión particular de vender al mercado turístico, así como a nichos de mercado de exportación, por ejemplo, entre la diáspora cubana en Europa y América del Norte.

El punto de fricción es obviamente político. La herencia ideológica lineal leninista conserva una profunda preocupación porque los agricultores independientes constituyan una especie de clase kulak contrarrevolucionaria. Con políticas públicas y reglamentaciones razonables, y dada la composición de clases de la población agrícola actual, este peligro será, a nuestro juicio, mínimo. Más bien se podría imaginar que el peligro sería empujar a la población rural hacia posiciones reaccionarias si la burocracia agrícola y el poder político centralista continúan experimentando un ejercicio completo del control.

Al permitir a las cooperativas una autonomía real y, no menos importante, mediante la construcción de estructuras de segundo grado como permiten las Directrices de 2011, la economía agrícola podría convertirse en pionera en el desarrollo de una economía mixta fuerte y base para la rehabilitación de un estado de bienestar.

También es relevante que un sector cooperativo fuerte podría garantizar una función mayorista más eficiente para los implementos y productos alimenticios, e incluso para un cierto nivel de industrialización de los productos agrícolas. Al tiempo, sería un laboratorio de prácticas democráticas en el país.

El sistema de distribución de alimentos en Cuba es principalmente local y desactualizado. No existe una cadena de refrigeración desde el productor hasta el consumidor y la logística se ve obstaculizada por falta de instalaciones de almacenamiento y medios de transporte eficaces. Evidentemente, también se requieren inversiones y mejoras tecnológicas.

Conclusiones

El bajo nivel de autosuficiencia de Cuba se contrasta con las expectativas de los primeros días de la Revolución. El economista francés de desarrollo rural René Dumont asumió entonces que los recursos naturales cubanos deberían ser suficientes para alimentar cuatro veces la población actual de 11,5 millones de personas; diez veces más de lo que se produce en la actualidad.

Como apuntan Nova & Galia (2018, p. 7): «A pesar de las medidas implementadas desde 2007, la producción agrícola es insuficiente (…), lo que demuestra que las fuerzas productivas (es decir, los medios de producción más el trabajo humano) en ese sector permanecen estancadas».

La agricultura actual en Cuba enfrenta desafíos básicos: ¿Cómo puede este país, tan rico en recursos, producir más alimentos para su propia población y reducir algunas de sus importaciones? ¿Cómo pueden desarrollarse las redes alimentarias alternativas, que también tienen algunas ventajas con el bajo consumo actual en fertilizantes y plaguicidas? ¿Se desarrollarán para satisfacer la demanda que en gran parte proviene de los turistas (y los mercados internacionales)?

La política agrícola cubana debería evolucionar a lo largo de dos estrategias que son en parte diferentes: una agricultura de volumen, que entregue alimentos básicos duraderos y de alta calidad a la población predominantemente urbana, pero que también entregue comida tradicional local y con elaboración artesanal a turistas y a la creciente población cubana de clase.

La primera estrategia requiere un importante esfuerzo estatal, con capital, transporte, tecnología, formación y orientación para los agricultores familiares y las verdaderas cooperativas que quieran desarrollar su negocio alimentario. La segunda estrategia demanda la liberación de los agricultores y cooperativas que abastecen los mercados locales de alimentos y los turistas extranjeros que viajan a Cuba.

Ambas estrategias necesitan que el mecanismo de precios se maneje de manera flexible, para incentivar a agricultores y cooperativas con vistas a producir más de lo que se demanda, como vemos hoy en China y Vietnam. A esto se le puede considerar un modelo híbrido estatal-agricultor familiar, que podría ser una convergencia del modelo cooperativo noruego y el modelo controlado por el estado cubano.

Los modelos de hoy ya no son una opción para una sociedad en profunda crisis económica y con la legitimidad de la generación de Castro muy deteriorada. La Constitución de 2019 mantiene la estructura política leninista general, pero con un interesante potencial de reforma en algunos aspectos.

A pesar de ello, hasta ahora no ha habido voluntad de abandonar los viejos dogmas ideológicos de una sociedad vertical y centralista, que representa el impedimento para el surgimiento de estructuras económicas y sociales más horizontales, como es un movimiento cooperativo autónomo. La economía agrícola puede convertirse en escenario decisivo para la necesaria ruptura paradigmática de estos dogmas.

Desde 2012, Cuba también comenzó a experimentar con cooperativas no agrícolas (CNA). Se creía ampliamente que el sector cooperativo devendría una fuerza económica líder, uniendo las economías rurales y urbanas. Ritter (2016) especuló que este sector podría emplear hasta un tercio de la fuerza laboral de Cuba, en un escenario que denominó «economía mixta con cooperativización intensificada».

Esto implicaría permitir cooperativas en todos los ámbitos, incluidas las actividades profesionales; alentar las empresas de abajo hacia arriba; proporcionar derechos de importación y exportación; y mejorar los sistemas de crédito y venta al por mayor de las cooperativas. Hasta ahora, esto es poco más que un sueño.

Mientras la Isla atraviesa su actual coyuntura crítica, el principal desafío económico es proporcionar a las personas un empleo digno, comida en la mesa y un resurgimiento del que solía ser el único estado de bienestar de América Latina.

Deng Xiaoping comprendió, cuando inició el dramático cambio de rumbo posterior a Mao, que la supervivencia de la revolución china «dependería de la legitimidad, que ya no podría depender de la ideología, sino de su desempeño [de los líderes] en el gobierno del país» (Fukuyama 2014 p. 383).

Obviamente, este es el mismo caso de los líderes cubanos posteriores a Castro. Un sector cooperativo fuerte e independiente, tanto en la agricultura como en la economía urbana, puede ser una herramienta crucial para lograrlo.

***

[1] Discurso del Che Guevara el 9 de abril de 1961: Cuba: excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonial:

[2] «Premier busca la movilización del ahorro de los cubanos para asegurar el crecimiento», New York Times, 19.09.59.

[3] Lo que entendemos por «participación no estatal» aquí incluye cooperativas de crédito y servicios (CCS), tierras en usufructo (arrendadas por el estado) más tierras de propiedad privada. No se incluyen las cooperativas directamente controladas por el estado (CPA y UBPC) (Ref. Bye 2020, Tabla 6.1).

[4]Nova (2013i: 152), Tabla 5.

[5] Alimentación e industria Instituto Noruego de Bioeconomía (NIBIO) 2018 (texto publicado en noruego) 2018.