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La noticia es que la congresista del ala izquierda del Partido Demócrata, Ilhan Omar, representante del 5to distrito de Minnesota visitó Cuba y pidió un cambio en la política hacia Cuba. Ya habíamos reportado sobre el viaje que no fue cubierto por la prensa y que ahora es que se conoce con más detalle
Omar vino a Cuba junto a la representate también demócrata Pramila Jayapal, del Estado de Washington, en un viaje que logró mantenerse al margen de los medios de comunicación y se filtró días después de que se produjera. El grupo de al menos 10 personas también incluía a un miembro de staff de la congresista demócrata por California, Bárbara Lee.
Los representantes de origen cubano ya han anunciado una conferencia de prensa para «condenar el viaje secreto del Squad (como se le conoce informalmente a este grupo) y visibilizar las atrocidades de derechos humanos del régimen comunista de Cuba».
Asistirán Nicole Malliotakis del onceno distrito de Nueva York; María Elvira Salazar, y sus colegas Carlos Giménez, y Mario Díaz Balart, todos de la Florida.
Hace algunas semanas, Salazar organizó una audiencia en el Congreso en la que excluyó a la representante demócrata Bárbara Lee, para intentar demostrar que el sector privado cubano que agrupa a unas 10.000 empresas y emplea al 35 por ciento de los cubanos, era un mito.
La demócrata Ilhan Omar publicó el video en la red social X en la que habló frente a sus colegas sobre su visita a Cuba. Expresó su «profunda frustración» por la continuidad de las políticas de la era de Trump hacia Cuba.
Omar afirmó que la designación de Cuba como terrorista afecta a los aliados de Estados Unidos. «Me reuní con muchos Embajadores de países cercanos de Estados Unidos cuando estuve en Cuba y estaban unánimente en contra de la designación de Cuba como promotora del terrorismo. Trump y Pompeo crearon esta designación que no tiene razones y era más una trampa política para la Administración de Biden».
Esta noticia significa que la disputa del tema Cuba coge temperatura en el Congreso. Las fuerzas al interior de Estados Unidos que empujan un cambio de política, ya sea por intereses económicos, o por la insensatez política de continuar un camino que promueve la emigración.
Nuestra opinión es que el ala más progresista del partido demócrata, exigiendo a Biden que haga una política propia y coherente con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, pone una dosis de sentido común a lo que parece ser ya una esquizofrenia colectiva de un grupo político que empuja por una misma política que no ha obtenido los resultados prometidos desde los años 80, y que necesita el sostenimiento del status quo en Cuba para continuar teniendo combustible político que los mantenga en sus asientos en el Capitolio de Washington.
La izquierda del Partido Demócrata se enfrenta a la extrema derecha del Partido Republicano, mientras, la Administración Biden persiste en la inacción.
Los derechos aceptados y rechazados
La noticia es que el 4 de marzo se hizo público el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos con «Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado». En dicha misiva se indicó que el gobierno cubano aceptó 292 recomendaciones, tomó nota de 41 y rechazó 28.
El documento afirma que «Cuba participó constructivamente en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)», también agrega que «el Gobierno cubano mantiene su compromiso de mantener un diálogo franco, recíproco y genuino relativo a los temas de derechos humanos».
La mayoría de las recomendaciones rechazadas están vinculadas con la puesta en libertad de las personas encarceladas a partir de los sucesos del 11j, así como otros presos considerados por los países emisores como políticos o de conciencia. También se refutaron otros planteamientos encaminados a la legalización de la oposición política, reformas en el Código Penal y otras garantías civiles.
Las razones expuestas por Cuba para rechazar las antes referidas observaciones fueron que «son incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico interno, y cuyo contenido es contrario al espíritu de cooperación y respeto que debe primar en el EPU».
Por otra parte, entre las recomendaciones aceptadas abundaron las que piden «valorar la posibilidad de» adscribirse a tratados internacionales vinculados a los derechos humanos, también continuar o ampliar derechos ya considerados como garantías, o explorar la incorporación de otros. Ejemplo de esto último es la propuesta peruana aceptada, la cual versa sobre «evaluar reformas para prohibir explícitamente la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo».
Esto significa que el Estado cubano está dispuesto a escuchar recomendaciones de organismos multilaterales y de otros países sobre la situación de los derechos humanos en la Isla. No obstante, continúa renuente a modificar aspectos estructurales de su sistema político que los considera como principios básicos.
Asimismo, al menos por ahora, no está dispuesto a negociar en estos espacios de forma pública la excarcelación de los presos del 11j.
Nuestra opinión es que Cuba no es el único país que rechaza recomendaciones por considerarlas incompatibles con su sistema político o porque afectan cuestiones de seguridad nacional.
También opinamos que, el espíritu de plaza sitiada, y el peligro de posibles injerencias externas ha sido un argumento para mantener un modelo de Estado excluyente hacia las personas abiertamente disidentes. Precisamente el tema de las violaciones de derechos humanos ha sido también justificación para aplicar sanciones por parte de Estados Unidos.
No obstante, los síntomas del agotamiento de este modelo son cada vez más visibles, y la falta de mecanismos efectivos para la participación política han resultado en la proliferación de la polarización y el extremismo en varios grupos e individuos de nacionalidad cubana dentro y fuera de la Isla.
El Estado cubano debería repensar su relación con la oposición, además de ampliar libertades y garantías civiles y políticas, no solo como una forma de responder al EPU, sino de garantizar un desarrollo democrático para su ciudadanía, que también será garante de una mejor convivencia y estabilidad.
Libertad que limita
La noticia es que el servicio de alquiler de sitios y experiencias turísticas Airbnb ha sido demandado por un cubano-americano residente en la Florida, quien alega que ese servicio utiliza ilegalmente una propiedad que el gobierno cubano confiscó sin pagar compensación.
Según El Nuevo Herald la demanda proviene de un médico de Jacksonville, primo de quien fuera el propietario de ese edificio previo a las nacionalizaciones vinculadas al proceso revolucionario de 1959. La demanda afirma que Airbnb se beneficia de la renta de un edificio de seis apartamentos ubicado en Marianao, La Habana.
Airbnb abrió en Cuba alrededor de 2015 con una licencia del Departamento de Estado. La Isla fue uno de sus mercados de más rápido crecimiento por esas fechas debido al interés que supuso para el mercado estadounidense, aunque no exclusivamente.
También contribuyó la liberalización por parte del gobierno cubano de las licencias a hospederos del sector privado, lo cual impulsó la creación de múltiples hostales que compiten en condiciones y servicios, y sobre todo precios, con los hoteles operados por empresas estatales o extranjeras.
El demandante es Javier García-Bengochea, administrador del patrimonio de la familia Parreño que era propietaria de ese inmueble. Ya el demandante había presentado otro caso contra compañías de cruceros que utilizaron las instalaciones portuarias ubicadas en la oriental provincia de Santiago de Cuba.
El caso no ha avanzado en tribunales, pero ya antes otras coorporaciones de cruceros han recibido demandas.
Esto signfica que el Título III de la Ley Helms Burton está siendo utilizado para lo que fue creado. Ese apartado de la ley que codifica las medidas unilaterales coercitivas fue activado por primera vez desde la aprobación de esa ley en 1996 durante la administración del ex presidente y ahora candidato por el partido republicano a la reelección, Donald Trump.
Las nacionalizaciones vinculadas a la toma del poder del gobierno que derrocó a Fulgencio Batista han sido tema de aparentemente insalvables diferencias entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Cuba afirma que los cubanos que partieron hacia Estados Unidos en aquel momento renunciaron al privilegio del pago de compensaciones, que otras compañías de otros países sí recibieron. Ha sido tema espinoso en cada ciclo de intento de negociación.
Asimismo, el uso de este instrumento legal es disuasivo para varias empresas, ya que vincularse con propiedades cubanas que alguna vez pertenecieron a familias cubanas que se exiliaron en Estados Unidos puede terminar en un pleito impagable para algunas e innecesario para otras.
Nuestra opinión es que el uso del Título III es un peso más para la economía cubana que ya tiene además del abultado número de sanciones, la designación de Cuba como país supuestamente terrorista, según una lista que redacta el gobierno de Washington e incluye a países que le adversan políticamente de alguna manera.
Es además contraproducente contra las propias empresas norteamericanas que de alguna manera se benefician de algún intercambio comercial con la Isla.
La activación del Título III beneficia solamente a la más extrema derecha del exilio histórico, cuyas vías para el derrocamiento del gobierno han sido probadas una y otra vez como inefectivas. Su función principal hasta ahora ha sido disuadir a posibles inversores de operar en Cuba por miedo a una querella legal. En paralelo, desgasta innecesariamente a empresas norteamericana y al sistema legal de este país.
Mientras tanto, los congresistas defensores de estas medidas afirman que, lejos de perjudicar al pueblo cubano, pretenden beneficiarlo al intentar extinguir su gobierno. Habría que preguntar si están de acuerdo, al gran número de choferes de automóviles clásicos que aguardaban a los cruceristas en las afueras de la Plaza San Francisco de Asís y podían sostener, como trabajadores privados, un nivel de vida confortable para sus familias gracias a estos visitantes.
Sochi, o aquí no ha pasado nada
La noticia es que en medio de una guerra y una inestable respuesta de la economía al conflicto, Rusia ha organizado un Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y ha auspiciado la presencia de Cuba en el encuentro mundial, que se celebró en ese mismo balneario ruso en el año 2017.
Cuba envió a 147 delegados en un largo viaje que los llevó a Caracas, Istambul, San Petersburgo y finalmente Sochi. La delegación cubana tuvo entre sus integrantes a varios jóvenes del sector productivo, agrícola, y también a funcionarios políticos, jóvenes o no, que ocupan cargos en la dirección nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Esta noticia significa que Rusia está apostando a por la lucha simbólica, un área en la que ese país enfrenta el juicio de las maquinarias productoras de sentido de Occidente.
Los grandes gastos que implican traer a cientos de jóvenes del mundo hasta Sochi demuestra cuánto el Kremlin está determinado a crear vínculos con las nuevas generaciones.
Nuestra opinión es que este acompañamiento de Cuba en un Festival que parece negar la guerra que se libra en Ucrania es muestra de que el Partido Comunista de Cuba toma la decisión de hacer coro al esfuerzo ruso por ofrecer una imagen de normalidad y prosperidad.
Rusia ha mandado una larga lista de visitantes políticos a la Isla, y su turismo, así como sus conexiones aéreas, han aumentado significativamente en el último año.
Ante una crisis económica y política en la Isla, y una vuelta al hielo de las relaciones con su vecino del norte durante la época Trump —y que no han cambiado significativamente con Biden—, es muy probable que no pocos altos dirigentes cubanos vean en Moscú un posible salvavidas en el mar de sanciones y obstáculos que le pone Washington.
El Festival que durante décadas ha aglutinado a jóvenes de la izquierda global, la gran mayoría de países en desarrollo, y que también tuvo a Cuba como sede en par de ocasiones, hoy pareció más una feria para mostrar a Rusia como un país de oportunidades, y como una cara y masiva acción de diplomacia pública de su gobierno, que está bajo críticas por su rol en la guerra ucraniana que no parece tener final.
Las marchas por Palestina
La noticia es que la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) convocó el pasado sábado 2 de marzo en varias capitales provinciales a marchas «en apoyo al pueblo Palestino».
Según el perfil oficial de esa organización «miles de personas se congregaron esta mañana en La Habana para repudiar el genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Gaza», además asistió el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Por su parte otros jóvenes, en su mayoría activistas e intelectuales con una postura crítica o distanciada del gobierno cubano, también se concentraron de forma independiente por la misma causa.
El articulista Raymar Aguado Hernández en su perfil de Facebook informó que «algunos amigos nos reunimos en áreas cercanas a 23 y Malecón en La Habana, para reclamar un alto al fuego inmediato y definitivo, la devolución de los territorios ocupados». También aclaró que esta manifestación «fue realizada de modo independiente a la convocada por las instituciones oficialistas del gobierno cubano como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)».
Esto significa que los millares de víctimas civiles que han causado los bombardeos y acciones militares de Israel han encontrado solidaridad en muchos cubanos, incluso de posturas políticas encontradas.
Un reporte de France 24 calcula que «La cifra total de víctimas mortales ascendió así a 30 228, desde que inició la guerra en curso, el pasado 7 de octubre, en respuesta al ataque de Hamás que dejó alrededor de 1 200 muertos en el sur de Israel».
También evidencia que algunos jóvenes cubanos, rechazan formar parte de convocatorias oficiales, incluso aunque coincidan con los objetivos de estas.
Nuestra opinión es que la respuesta por parte de Israel a los actos de terrorismo de Hamas evidentemente se ha convertido en el pretexto para intervenir violentamente en la franja de Gaza.
La desproporción en la cantidad de muertos es exponencial, por lo tanto, es comprensible que varios cubanos, más allá de su relación con el gobierno de la Isla, sientan la necesidad de expresar su rechazo a lo que varias organizaciones internacionales han calificado como genocidio.
Por otra parte, lo ocurrido da medida de la diversificación —y también fragmentación— de las comunidades políticas cubanas y que cada vez los jóvenes necesitan menos participar de convocatorias oficiales para manifestar apoyo a las causas que creen justas.
