Basura acumulada bajo casos no resueltos

Tras cuatro meses de la publicación de una carta en la que los ciudadanos Omar Díaz Escaurido y Liss Echevarría González denunciaban varias irregularidades durante la investigación de un robo de motocicletas, los problemas en torno al caso no parecen terminar.

De acuerdo con la información que suministran a La Joven Cuba vía correo electrónico, el Ministerio del Interior decidió tomar parte en el asunto tras la denuncia en nuestro sitio web, y por orden directa de la Coronel Moraima Bravet Garofalo, Jefa del Departamento Nacional de Investigación Criminalística, el caso fue remitido a la Unidad DIVICO, sita en 100 y Aldabó, donde fue hecho prisionero el autor del delito, Randiel Anca.

Para los demandantes del caso, los oficiales de la DIVICO y su jefatura han hecho una labor seria y responsable, pero no todas las autoridades involucradas muestran los mismos valores. Por ejemplo, «los oficiales involucrados inicialmente en el caso, específicamente de la Unidad Territorial de Plaza y la Unidad de Investigaciones UTIC1», quienes «actuaron para proteger [al acusado] y sus cómplices».

Según Díaz y Echevarría, ocurrieron omisiones y negativas a procesar evidencias durante la investigación, entre ellas, las huellas digitales tomadas en el lugar de los hechos. Eso provocó que el proceso fuese abierto por receptación y no por robo con fuerza, como debió ser.

Asimismo, denuncian las negativas a procesar el accidente que había tenido el ladrón en una de las motos robadas, bajo la justificación de que los hechos no eran constitutivos de delitos. De la misma manera, no fueron tenidos en cuenta varios audios de WhatsApp, mensajes de texto y llamadas, en los que el ciudadano Randiel Anca estaba vendiendo una de las motos sustraídas. La razón fue que las pruebas no eran válidas por proceder de las redes, «todo esto sin peritarlas debidamente«.

Durante el tiempo que el ciudadano detenido estuvo en posesión de las motos, procedió a adulterar los números legales del cuadro y el motor del vehículo que estaba proponiendo en venta, un elemento que también decía el audio proporcionado. Aun así, y pese a que el objeto del delito resultó positivo en adulteración, no se procesaron los mensajes.

El correo relata también, entre otras irregularidades y comportamientos prepotentes, que una de las oficiales encargadas de atender el proceso «nos hizo (a mí y a mi esposa) un profiláctico por apercibimiento. Comenzó increíblemente a tratar de inculparnos y acusarnos de cualquier forma (llegando a intervenir los teléfonos, tanto móviles como fijos, siendo esto una contravención)».

«Debido al proceder negligente e irresponsable de estos individuos aún no se han recuperado la mayor parte de las piezas de los vehículos robados, pues les dieron suficiente tiempo a los delincuentes para comercializarlas», afirman las víctimas. «Hay una moto completamente perdida y a esto se le agrega todos los problemas creados a nuestra familia. Pese a todo, estos oficiales se mantienen impunes», aseguran.

«Si el delincuente se hubiese detenido desde el primer día, como está establecido en nuestras leyes, se hubiese parado el delito y nada de esto hubiese sucedido. Es penoso que sus propios compañeros del MININT tengan que tratar de arreglar el desastre», consideran las víctimas, y añaden: «Lo peor del caso es que contra ellos no se ha tomado ninguna medida. Se mantienen en sus cargos, trabajando con su actuar corrupto e irresponsable, devengando salarios superiores a los de cualquier trabajador y traicionando la confianza que ponen en ellos las personas y familias honestas como protectores de su tranquilidad ciudadana, esa que tanto promulgamos».

Todos los oficiales que cometieron irregularidades están acusados por los delitos de negligencia en el cumplimiento del deber y abuso de cargo, vigentes en el artículo 39, sección tercera, capítulo IV de la ley 62 del Código Penal vigente. La familia afectada, sin embargo, aún tiene sus dudas de poder encontrar justicia. ¿Cómo responde el MININT?

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A nuestra redacción escribe también María Cristina Piñeiro, vecina de la calle 24, entre 35 y San Antonio, en el Vedado habanero. La ciudadana se está alarmada ante una situación en su barrio que la pone en peligro a ella y a todos sus vecinos.

Ella debe convivir con una depósito de basura. «Desocupan el tanque esporádicamente y cuando está lleno, se deposita toda la basura alrededor. Ahí está esa pudrición por mucho tiempo, y el ciclo se repite. En esta etapa de lucha contra el dengue esto está lleno de mosquitos por ese basurero», termina muy preocupada.

Por sus características, este caso es similar al publicado el 2 de julio pasado, bajo el título Los escombros de la continuidad, enviado a nosotros por Jorge Gómez de Mello. Hasta la fecha, también permanece sin respuesta.

¿Se actuará cuando un brote de dengue u otra enfermedad contagiosa, afecte a los vecinos de esas zonas? ¿Hasta cuándo deben esperar los ciudadanos, victimas en estos casos, por que alguien haga su trabajo?

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Cartas a La Joven Cuba es una sección de correspondencia cuya intención es visibilizar quejas y solicitudes de nuestros lectores, así como recepcionar las respuestas de las instituciones involucradas en darle seguimiento y solución a los problemas aquí planteados, si las hubiese.

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