El caso Gil y la necesidad de transparencia en Cuba

La reciente nota de la Fiscalía General de la República que informa sobre las  acciones penales contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, sacude el escenario político cubano. Lo hace en medio de la dura situación que transcurre en el oriente del país afectado por las destrucciones ocasionadas por el huracán Melisa, lo cual genera muchas preguntas sobre la intencionalidad del momento.

El texto oficial detalla una extensa lista de delitos que van desde malversación, tráfico de influencias, lavado de activos, hasta espionaje, este último de una gravedad excepcional por tratarse de una figura central del aparato político y económico del Estado. 

Con anterioridad, La Joven Cuba había advertido sobre la ausencia de mecanismos efectivos de transparencia en torno a los bienes, ingresos y gestión de los funcionarios públicos, un déficit que crea condiciones propicias para la corrupción.

Por la magnitud del caso y el interés público que genera, resulta necesario que el proceso judicial se realice bajo «el principio de publicidad», una garantía procesal fundamental conforme a estándares reconocidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (documento suscrito por Cuba en 2008, aunque no ratificado) establece el derecho a una audiencia pública ante tribunales competentes, salvo en circunstancias excepcionales claramente justificadas. 

Igualmente la Constitución cubana en su artículo 101 afirma que «los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia».

Además del esclarecimiento sobre los otros acusados, cuyos nombres aún no han sido divulgados, persisten interrogantes legítimas sobre cómo fue posible que una persona en un cargo subordinado directamente al presidente y al primer ministro incurriera en conductas de esa magnitud sin que las estructuras de control lo detectaran. El desafío, por tanto, no se limita a sancionar individuos, sino a examinar las fallas institucionales que lo hicieron posible.

En el pasado, procesos como los de Arnaldo Ochoa, Roberto Robaina o Felipe Pérez Roque fueron presentados como desviaciones personales, sin que se revisaran las debilidades sistémicas que facilitaron esos hechos. Repetir ese patrón —castigar a las personas pero mantener intacta la opacidad estructural— solo prolonga las condiciones que permiten nuevos casos.

Como recordó recientemente nuestra directora, Mariana Camejo, en la videocolumna Comentarios al Margen, no existen disposiciones que obliguen a los funcionarios a declarar públicamente su patrimonio o sus cuentas. «En la práctica, sabemos cuánto del presupuesto del Estado se gasta en sectores de la economía, pero no cuánto acumula el ministro del sector. Tampoco sabemos cuánto de presupuesto se destina a cubrir otros gastos de ministros y altos funcionarios, teniendo en cuenta que los salarios estatales no alcanzan para sostener la vida». 

Corresponde a las instancias de poder asegurar el derecho ciudadano de contar con instrumentos efectivos de fiscalización pública para que la transparencia se convierta en práctica de gobierno. Desde LJC consideramos que el vacío que la legalidad formal hoy no cubre, es una de las razones por las cuales altos cargos de gobierno cuentan con amplio margen de discrecionalidad propicio para la comisión de delitos.