La transparencia que necesitamos 

El caso de Alejandro Gil sigue siendo una incógnita. Exactamente qué hizo, cómo lo hizo, durante cuánto tiempo pudo sostenerlo. Ha pasado más de un año desde que se anunció que había cesado funciones como vice primer ministro, y era investigado por corrupción, la persona que explicaba y defendía las políticas económicas que hasta hoy no han probado resultados que concedan bienestar.

Pero este caso colocó sobre la mesa una vez más el tema de la corrupción en altos cargos de gobierno y y la falta de transparencia en torno a ellos. No es la única vez. Cada cierto tiempo el debate en redes sociales se detona con la foto de una figura pública o un miembro de su familia en un hotel lujoso, o en un viaje no muy justificado, o estudiando en una universidad de élite fuera del país. En resumen, con situaciones que no indican austeridad, en una nación donde las mayorías han visto reducirse drásticamente su nivel de vida. 

Acaba de finalizar el IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, pero de estos temas, no se dijo nada.

Ahora bien, tener una conversación seria al respecto, apartando las justas indignaciones en redes sociales, debería ir más allá de esos casos, y centrar el debate en qué mecanismos serían saludables en una sociedad, para que un ministro de Economía no pueda sostener un esquema de corrupción en el tiempo, o cualquier otro funcionario público.

Y si conociéramos los estados de cuenta y los bienes de un funcionario a la entrada y salida de un cargo, si hubiera información de su patrimonio anualmente, y si estuvieran sujetos a auditoría.

No puedo decir que lo resolvería todo, pero sería una ganancia en cuestiones de transparencia. 

En Cuba ya existen disposiciones legales que hablan de transparencia y acceso a la información pública. La Ley de Transparencia y la Ley de Comunicación Social reconocen que los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz, objetiva y oportuna, y obligan a que los organismos estatales publiquen datos como presupuestos, planes, balances o informes de gestión. Estas dos leyes fueron pasos en la dirección correcta, porque en ellas se reconoce que la información pública no pertenece al Estado, sino a la ciudadanía. 

Ambas leyes se relacionan con los artículos 53 de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, con el 97 relacionado al acceso a datos personales propio, y con el artículo 101 (inciso h) donde se establece que los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios deben actuar con la debida transparencia.

Sin embargo, cuando se trata de información pública, el marco jurídico se concentra en órganos del Estado y entidades, no en dirigentes. 

No obligan a que los funcionarios hagan públicos sus bienes, sus cuentas o haya declaración jurada de patrimonio. En la práctica, sabemos cuánto del presupuesto del Estado se gasta en sectores de la economía, pero no cuánto acumula el ministro del sector. Tampoco sabemos cuánto de presupuesto se destina a cubrir otros gastos de ministros y altos funcionarios, teniendo en cuenta que los salarios estatales no alcanzan para sostener la vida. Y si hay alguna partida de presupuesto para esos otros gastos, ¿cuáles son los mecanismos de transparencia para asegurar que sean debidamente utilizados? Más allá de la ley, la transparencia queda incompleta cuando no alcanza a las personas que toman decisiones, o cuando hay zonas grises de las que no se rinde cuenta a la ciudadanía.

Sin embargo, mucho se ha hablado de luchar contra el secretismo y contra la corrupción. Pues incorporar mecanismos como la declaración jurada de patrimonio y auditorías a funcionarios públicos, serían dos pasos importantes en ambas direcciones.

Sobre todo porque en este caso, la mentalidad de plaza sitiada debido a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, no debería impedir implementar mecanismos necesarios para prevenir la malversación. Se trata de cuentas y bienes en Cuba, y medidas que podrían desalentar la corrupción con recursos que nos pertenecen a todos, y a todos nos importan.

Por cierto, si queremos poner un ejemplo de un país cercano a Cuba que ha tomado serias medidas contra la corrupción, incluso en el seno de un partido Comunista, ahí tenemos a China.]

Tampoco es nada nuevo. En otros países de América Latina estos mecanismos son parte de la rendición de cuentas. 

En México, por ejemplo, los servidores públicos deben presentar una declaración patrimonial y de intereses al iniciar el cargo, actualizarla cada año y, en muchos casos, también al concluirlo; todo ello a través del sistema DeclaraNet bajo supervisión de la Secretaría de la Función Pública. 

En Argentina, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública impone la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales anuales que son públicas y se difunden en línea por la Oficina Anticorrupción, lo que ha facilitado investigaciones periodísticas y judiciales.

En Chile, la Ley de Probidad en la Función Pública obliga a autoridades, parlamentarios y directivos públicos a rendir declaraciones de patrimonio e intereses, disponibles para consulta ciudadana con ciertas reservas de información sensible. 

En Brasil, la Ley de Acceso a la Información abrió la puerta a que periodistas y ciudadanos solicitaran datos de funcionarios, y el Portal de Transparencia publica de forma abierta los salarios y gastos de los servidores públicos, además de otras informaciones sobre la gestión estatal.

¿Estos mecanismos han eliminado el problema de la corrupción? No. ¿Pero son útiles para la transparencia y el derecho a la información?. Sí. 

En Cuba la Ley de Comunicación Social declara como objetivo promover prácticas comunicativas que garanticen transparencia en la información y la rendición de cuentas de los servidores públicos, pero lo hace en un marco limitado, centrado en la comunicación institucional y mediática, lo que da evidencia una conceptualización reduccionista de lo que debe ser la rendición de cuentas.

En 2003 Cuba firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC, 2003), y la ratificó en 2007. Este es el principal tratado global en la materia, que obliga a los Estados a establecer políticas de prevención de la corrupción, regulaciones sobre declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, cooperación judicial internacional, etc.

Este documento insta a obligar a que los funcionarios declaren periódicamente sus actividades externas, empleos, inversiones, activos y obsequios que puedan dar lugar a conflictos de interés (Art. 8.5). A establecer registros o sistemas de declaración de bienes e intereses para funcionarios públicos de mayor jerarquía, con el fin de prevenir y detectar enriquecimiento ilícito.

Por supuesto que en casos de declaraciones juradas y auditorías, el cuestionamiento radica en la solidez de esos procesos, pues la Convención de la ONU, también insta a Crear organismos especializados e independientes de prevención y lucha contra la corrupción, con recursos y autonomía suficientes, y a garantizar la coordinación entre contralorías, fiscalías y auditorías internas. (Art. 6 y 36)

Estas cuestiones siguen pendiente en el marco jurídico cubano. Y no se trata de pretender tener una ley para atacar a quienes están en posiciones de poder, sino de tener mecanismos que garanticen la transparencia y el buen gobierno, y que funcionen como prevención ante la corrupción. Mecanismos además que se mantengan en el tiempo, sin importar quienes entran o salen de los cargos públicos.

En una democracia liberal, la oposición cumple a menudo la función de contrapeso frente a posibles casos de corrupción. Dos ejemplos recientes en España muestran cómo este rol político se activa: en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y en el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, donde aunque las investigaciones se abrieron por denuncias ciudadanas o por la Fiscalía, la oposición asumió un papel activo en exigir explicaciones y fiscalizar a los responsables.

En el caso cubano, donde la oposición no tiene vías formales para existir, o sea, no tiene puesto en el parlamento, no puede inscribir un partido, no puede inscribir una organización u otra forma de asociación, lo más que hace es tener medios. Pero los medios no tienen capacidad de exigir que se investigue formalmente a nadie. Entonces no queda claro dentro de la estructura política cubana quién tiene que hacer eso. En teoría es la Contraloría, pero tengamos en cuenta que es un organismo estatal no independiente al gobierno, y puede ser sensible a presiones a la hora de investigar a altos funcionarios, sino existe una fuerza que le haga contrapeso.  

Aunque en países como España podemos argumentar que hay intereses políticos en la oposición, de cualquier manera se trata de fuerzas con intereses de presionar para la rendición de cuentas. En Cuba ¿quién es la contraparte? ¿Quién en una posición de poder estaría interesado en hacerle rendir cuentas a los funcionarios, y con la capacidad de interpelarlos ante el sistema de justicia del país? Digámoslo de otra manera: ¿alguien más estaba en capacidad de pública y formalmente apuntar a Alejandro Gil como posible implicado en corrupción?

Y no es que en lo que concierne a transparencia lo imprescindible sea tener una democracia liberal, o tener una oposición, lo imprescindible, repito, en lo que concierne a transparencia, es tener los mecanismos establecidos. Y por supuesto, hacerlos efectivos.

Hablar sobre el papel que debería tener la oposición en el sistema político cubano sería objetivo de otro comentario, sin embargo, no se pueden anular los mecanismos de la democracia liberal sin establecer otros medianamente efectivos para garantizar el control popular y la transparencia. 

El debate que hoy se da entre cubanos en redes apunta a que en la actualidad hay una mayor percepción del peligro de la corrupción. Esto obedece, por un lado, a que existen medios opositores que publican de manera constante sobre el tema, y por otro, a que el país ha cambiado. En una economía cerrada y estatalmente planificada como la que había antes, la corrupción no dejaba de existir, pero las posibilidades eran más limitadas debido al fuerte control estatal. En la actualidad, con una economía híbrida, si no hay mecanismos efectivos de supervisión, facilita por ejemplo el tráfico de influencias, el  clientelismo, o sobrefacturaciones en la contratación de servicios. En resumen, formas de corrupción donde es más difícil hacer trazabilidad porque no se trata simplemente de desvío de recursos. 

Sin embargo, tratar el tema de manera superficial y generalista en los medios estatales, sin informar sobre el caso Gil, o de otros que han sido removidos de sus puestos por corrupción, no va a borrar el hecho de que las personas sigan cuestionando un asunto que nos compete a todos. La rendición de cuentas no puede entenderse de manera reduccionista, como relacionada únicamente a la información de organismos e instituciones. Prácticas de comunicación transparentes también implican que los funcionarios estén sometidos al escrutinio público como forma de control ciudadano sobre los recursos del país.  

Tengamos en cuenta que la corrupción suele tratarse como una traición individual, cosa de una sola persona, o de un grupo, pero no podemos dejar de mirar el contexto en el que se da y el marco jurídico sobre ello.

A mí el sistema de leyes se me parece a un muro que delimita zonas, de un lado estás bien, y del otro estás en zona ilegal. La corrupción se da cuando, desde una posición de poder, hay quien encuentra huecos, grietas, formas en el muro de mirar hacia el otro lado, de pasar hacia el otro lado, o de brincar a fin de cuentas. Por eso crear mecanismos de transparencia es un intento de que esas brechas sean más difíciles de encontrar, incluso un intento de que no existan del todo. La pregunta para Cuba es si queremos seguir confiando en voluntades individuales… o construir reglas que sobrevivan al paso del tiempo y disminuyan lo que más se pueda, las posibilidades para malversar con aquello que, en teoría, es nuestro.