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La noticia es que el congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez ha enviado una solicitud formal a la administración de Donald Trump exigiendo eliminar el envío de remesas y todos los vuelos hacia Cuba.
Giménez, el único legislador estadounidense nacido en Cuba —aunque emigró con apenas 6 años, en 1960—, suele ser la compañía habitual en conferencias de prensa y presentaciones legislativas de María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, los otros dos congresistas que han catapultado sus carreras con la ayuda del llamado «exilio histórico».
En la trayectoria política del también exalcalde de Miami-Dade pesan varias manchas. En 2013 enfrentó denuncias que lo acusaban de intentar obstruir una investigación sobre fraude electoral al reducir la Unidad de Corrupción Pública de la policía del Condado. En 2020 tuvo varios cuestionamientos por su manejo de la pandemia; en concreto fue señalado por diversos medios de intentar minimizar la gravedad de la situación y utilizar el presupuesto público para beneficiar a sus socios de campaña, mientras recortaba el gasto social.
«El presidente Trump ha sido el mejor aliado que ha tenido el pueblo de Cuba y ahora es el momento de eliminarle todas las vías de ingresos que tenga el régimen para seguir reprimiendo y masacrando a nuestro pueblo», escribió el político en la red social X.
Giménez lleva varias semanas muy activo en este frente. El político, que representa a los constituyentes de los cayos floridanos y del suroeste del condado de Miami-Dade, presentó recientemente una lista de 100 personas a la administración Trump para que fueran deportadas. Supuestamente esas personas están vinculadas con el gobierno y fuerzas militares cubanas o, según él, «con los Castros» y deben ser expulsadas de inmediato.
Su denuncia provocó la detención de un hombre que había ingresado legalmente a Estados Unidos, pero que, de acuerdo con Giménez, era agente de «la esfera de la inteligencia de Castro» y residía en el sur de la Florida. Emilio Hernández Cruz fue arrestado y está pendiente de deportación.
Igualmente, luego de que apareciera su nombre en la «lista mala», Misael Enamorado Dager, exsecretario del PCC en Santiago de Cuba y exmiembro del Comité Central, se autodeportó a Cuba junto a su familia. El emigrante había arribado a territorio estadounidense beneficiado con el parole humanitario, pero no pudo conseguir la residencia permanente.
En ocasiones anteriores, Giménez ha pedido las mayores consecuencias para el gobierno cubano por «atacar a funcionarios de Estados Unidos mientras colaboraba con Rusia para socavar a Estados Unidos». Se refiere a los «incidentes de salud» que aquejaron a diplomáticos y funcionarios estadounidenses en varias partes del mundo, incluyendo EE.UU., aunque el fenómeno se reportó y se nombró por primera vez en La Habana. Estos incidentes, tras largas investigaciones, no han logrado superar la conjetura de ser de origen psicosomático, ya que nunca se pudo probar o encontrar evidencia de un ataque sónico ni de ningún otro tipo. Hasta la fecha, ni el FBI ni la CIA pudieron ofrecer respuestas concluyentes.
Giménez es un nostálgico de una Cuba que no existe, y una de las voces más propagandistas de la maquinaria de línea dura contra la Isla. Hace pocas semanas, anunció con bombos y platillos «su regreso a Cuba», tras una visita realizada luego de 64 años de su partida. El viaje, efectuado el 7 de marzo, lo llevó hasta el territorio ocupado por EE.UU.: la Base Naval de Guantánamo. Desde allí, declaró sentirse honrado de «haber estado en la única parte liberada de Cuba: la bahía de Guantánamo». Así lo afirmó desde una instalación convertida en prisión, donde permanecieron detenidos y sufrieron tratos vejatorios personas capturadas durante la llamada guerra contra el terrorismo, y que hoy se pretende utilizar como centro de reclusión para inmigrantes que no han cometido delito probado por tribunal competente alguno.
Lo que propone Giménez tendría consecuencias nefastas para la comunidad cubana en Estados Unidos, parte de sus votantes, y para los cubanos que viven en la Isla.
Si se materializa, significa que se detendrían los vuelos directos que facilitan el envío de paquetería (mediante las llamadas «mulas»), que permiten a los cubanoamericanos visitar a sus seres queridos, enviarles medicinas y comida, y que mantienen el contacto entre familias que, de otro modo, no podrían verse, considerando que obtener una visa de turismo en Cuba es imposible. La medida tendría el mayor impacto en quienes más lo necesitan: familias pobres o de bajos recursos que dependen o se apoyan en la ayuda material, económica o afectiva de sus emigrados.
Las remesas por vías oficiales ya estaban prácticamente detenidas. Aquellos tiempos en que Western Union canalizaba millones de dólares al año y se entregaban en CUC en Cuba, lo cual permitía a muchas familias acceder a las tiendas en divisas, ya no son estos. Ahora el envío de remesas está desestructurado, y ocurre a través de redes informales o mediante servicios de paquetería de alimentos que ofrecen una amplia gama de opciones. Estas empresas operan desde EE.UU., pero cuentan con una maquinaria logística muy funcional en Cuba, capaz de poner una caja de pollo en la puerta de un familiar en Cienfuegos o Santiago de Cuba pocas horas después que se compra en EE.UU.
El envío de remesas es como el agua: siempre encuentra su cauce, pero una vía establecida, formal, legal y transparente ofrecería mayor confianza y facilidad para las numerosas familias que envían ayuda a su gente en Cuba.
La premisa de Giménez, además, es falsa. El dinero enviado es usado por las familias para necesidades concretas: comprar pollo en una mipyme, cubrir vacaciones modestas, adquirir combustible para moverse o, sencillamente, subsistir. En su narrativa parece que las remesas van directo a los bolsillos de altos funcionarios del gobierno, algo que nunca ha sido confirmado.
No obstante, Giménez insiste en la idea vieja de que supuestamente para derrocar al gobierno cubano, hay que restringir derechos a la comunidad cubana, dificultar los viajes e incrementar las carencias de los más pobres. Todo ello en nombre de una supuesta «libertad» que, lejos de alcanzarse, se aleja aún más.
El anuncio no distingue entre vuelos chárter y vuelos de aerolíneas comerciales. Los primeros han estado funcionando por décadas, y los segundos fueron restablecidos tras un largo periodo de suspensión, durante el proceso de acercamiento entre ambos países impulsado por Barack Obama y Raúl Castro. El primer vuelo comercial entre ambos países en esta etapa fue operado por la aerolínea Jet Blue con destino a Santa Clara, en 2015. No obstante, en el pasado, los cubanos viajaban a Cuba incluso cuando no era fácil tener un vuelo directo y lo hacían a través de terceros países.
Según la carta de Giménez al secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, «Cuba representa una clara amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus ciudadanos», aunque no pone ejemplos para argumentar tan inexplicable opinión.
En el último párrafo, el congresista señala que EE.UU. debe apoyar al pueblo de Cuba para derrocar a este patético «gang», y considera que ese apoyo debe traducirse en impedir vuelos a Cuba, separar aún más a las familias y aumentar las restricciones.
Entre los muchos impactos de la solicitud, está también el hecho de que un grupo de beneficiados con visas de múltiple entrada, sobre todo empresarios y artistas que iban a EE.UU. para concretar negocios, ver a la familia, o utilizan esa visa para retirar efectivo para operaciones de importación en Cuba, no podrían entrar más a ese país.
Este congresista pone en riesgo y reduce derechos y posibilidades a sus propios votantes, quienes, de aprobarse esta propuesta, sufrirán en carne propia las consecuencias de puentes rotos, sin la recompensa prometida e incumplida por más de 60 años: el sacrificio a cambio de que el gobierno cubano sea derrocado. Nunca antes la comunidad cubana tuvo tanto poder en EE.UU., y nunca antes tuvo menos derechos.
Nuestra opinión ya fue expresada en nuestras redes sociales al conocer este mensaje.
La comunidad cubana enfrenta problemas urgentes derivados de decisiones tomadas durante la administración de Donald Trump. Muchos de los que ingresaron al país con el formulario I-220 A necesitan ayuda para evitar la deportación y acceder a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano. Crecen también los temores ante la posibilidad de que Cuba sea incluida en la Lista Roja que impediría la entrada al país de los ciudadanos cubanos, dígase aquellos que viven en EE.UU. con residencia y visitan Cuba. Pero estos problemas no ocupan demasiado la mente de Giménez. Y la razón es porque esas personas no votan aún, y demorarían al menos seis años para hacerlo.
Entonces recurre a una vieja táctica: engordar su capital de «hombre duro contra el gobierno cubano», a costa del sufrimiento de las familias, a las que promete una difusa «libertad» desde su cómoda silla en el Congreso, mientras intenta cortar las vías de apoyo y reunión que se han establecido entre ellas.
Todo cubano que vote por Giménez o por sus colegas republicanos en Florida, está votando por tener menos derechos, menos oportunidades para ayudar a su familia, por aumentar la precariedad y abandonar al más desfavorecido. Ojalá el músculo de la democracia reaccione y le pase factura a un político que lanza el peso de su agenda sobre gente que es víctima y no responsable de su propia realidad.

