El día en que la USAID se detuvo

La noticia es que tras el anuncio del secretario de Estado norteamericano sobre el recorte de buena parte de los fondos de la agencia para la ayuda internacional USAID, varios de los medios y grupos opositores al gobierno cubano vieron comprometida su estabilidad.

El departamento creado por Donald Trump y dirigido por Elon Musk, el dueño de X y Tesla, DOGE (Departamento para la eficiencia gubernamental, por sus siglas en inglés) afirma que terminarán el contrato de arrendamiento del edificio que ocupa hoy Radio y TV Martí, un gasto anual de 1.5 millones de dólares para ofrecer oficinas a un medio que no se ve ni se escucha en Cuba.

No obstante, nadie aclara si esto implicará que el medio cerrará, pero deja en un limbo a la plataforma, que afirma permitir la libertad de expresión y un periodismo libre para los cubanos, pero cuyos estándares de trabajo ni siquiera se acercan a las formas de informar de los medios occidentales.

No es solo Radio/TV Martí: DOGE anunció que terminarán arrendamientos pagados por el gobierno de otras 748 plataformas o instituciones.

De acuerdo a NBC, el cierre de la renta del edificio Jorge Mas Canosa, con sede en Miami, que es la casa matriz de la Oficina de Transmisiones para Cuba y centro de operaciones de Radio y Televisión Martí, ahorrará a los ciudadanos estadounidenses que pagan impuestos 5.32 millones de dólares durante el término de la administración.

No obstante, la agencia encargada de supervisar el programa creado para producir contenido sobre Cuba afirma que la lista de edificios cuya renta se dejará de pagar está siendo revisada y no hay decisiones tomadas aún.

No sorprende que el congresista de origen cubano Carlos Giménez haya afirmado que no está de acuerdo con eliminar el apoyo a Radio Martí porque cree «que es vital que el pueblo de Cuba obtenga información sin editar y gratis».

El único propósito de Radio/TV Martí por años ha sido promover información crítica al gobierno cubano y llamar a su derrocamiento. Si bien en el pasado buscaron varias vías tecnológicas —y caras— para que la señal llegara a Cuba, en tiempos de Internet la plataforma opositora no ha sido capaz de competir con otras propuestas, incluso de oposición. Además, su consumo es bajo en comparación con otros medios que tienen sus oficinas o casas matrices en Miami o España, algunos con colaboradores en la Isla, y que son mucho más consumidos por los cubanos.

El recorte fondos de la USAID, ahora bajo el Departamento de Estado, no solo impacta sobre estas plataformas, también implica la suspensión de financiamientos muy importantes destinados a hacer mermar las muertes por VIH y hambre en países africanos, pero también implican recortes en los programas de promoción de la democracia, que son la mayoría de los fondos que recibían los grupos y medios opositores al gobierno cubano.

Recientemente, en un discurso que el presidente estadounidense dio frente a ambas cámaras del Congreso, listó una serie de programas con gastos millonarios dedicados a lejanos países o propósitos que poco tienen que ver con su agenda gubernamental por considerarlos ilógicos o ridículos. Entre los ejemplos puso el gasto de 1.5 millones de dólares para la «reconstrucción del ecosistema de medios en Cuba».

Elon Musk, el multimillonario que asesora y ejecuta una política de recorte extremo del gobierno con la supuesta excusa de la eficiencia, ha liderado el proceso de recortes, despidos, cierres no avisados e intervenciones en edificios federales, cambiando o eliminando instituciones y programas históricos del gobierno americano, que utilizaban para ejercer el poder suave, o para ejecutar ayuda humanitaria. La virtual desaparición de la USAID implica la suspensión de 5 200 contratos que incluyen la promoción de los derechos LGBTIQ en Kazajastán, o la entrega de vacunas en países africanos, pero también tiene una implicación para Cuba.

El recorte fue confirmado por el secretario de estado, Marco Rubio, quien dijo en X: «estamos cancelando oficialmente el 83 % de los programas de USAID». No es poco. Esa entidad gastaba anualmente 42, 800 millones de dólares para llegar con sus programas a más de 100 países, entre los cuales había no pocos dirigidos a intervención política, o creación de capacidades para ejercer oposición.

Cuba tiene una histórica relación complicada con la USAID. En el pasado, un contratista de esa agencia fue detenido en la Isla por intentar introducir tecnología para una red social alternativa dentro del país. Alan Gross fue liberado el mismo día que los cubanos infiltrados en organizaciones de Miami conocidos como los Cinco, quienes alcanzaron su libertad tras los anuncios de acuerdos entre La Habana y Washington el 17 de diciembre de 2014.

En 2023 la USAID dedicó a Cuba 9.5 millones de dólares que se utilizaron para ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja Internacional, pero también para patrocinar el trabajo de opositores, activistas, grupos de prensa hostiles al gobierno cubano, entre otras formas de oposición.

Según Reuters, los fondos de la USAID dedicados a Cuba solo para temas de promoción de medios de prensa ascendieron a 2.3 millones de dólares en 2024.

Sin embargo, la National Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia, NED) ha recuperado parcialmente los fondos congelados que tenía ya asignados, y que el Congreso liberó. La organización sin fines de lucro canaliza gran cantidad de dineros federales para promover la forma de democracia liberal que enarbola Estados Unidos, y en el caso puntual cubano, al ser esta incompatible con la forma de gobierno establecida luego de 1959, ha sido una de las principales aliadas y patrocinadoras de los grupos y medios opositores.

En este momento parece haber un silencio entre los medios y plataformas políticas opositoras, que primero habían señalado el efecto que podría tener sobre ellas la cancelación de fondos para la «promoción de la democracia». Podría ser señal de que, de alguna manera, se ha encontrado una vía para que el financiamiento asignado para este fin regrese a sus destinatarios. Era lo esperado, considerando que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, bajo cuya responsabilidad quedó la USAID, tiene como base política demográfica el sur de la Florida, y ha tenido como eje de sus campañas los esfuerzos por derrocar al gobierno cubano a cualquier costo.

Esta noticia significa que los grupos y medios de oposición al gobierno cubano que cuentan con un financiamiento directo de estas agencias norteamericanas se afectaron y tuvieron que aplazar o detener varias de sus operaciones.

Como señaló Harold Cárdenas, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York, «a diferencia del trabajo humanitario que hace USAID en países vecinos como Haití y República Dominicana, su mandato hacia Cuba es distinto. La organización está obligada a seguir el marco legal expresado en la Ley de Democracia Cubana (Torricelli) y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton). Al poner el foco exclusivamente en gobernanza democrática, sus actividades son parte de un programa amplio de cambio de régimen».

Algo similar sucede con la NED. En una entrevista para el medio norteamericano WLRN, el exsenador cubanoestadounidense Mel Martínez, miembro de la junta directiva de la NED afirmó: «si eras un movimiento disidente en Cuba y dependías de una subvención para seguir operando en internet o cualquier otra actividad, eso se cortó». La vinculación a estos fondos siempre ha sido un argumento utilizado por gobierno cubano para deslegitimar y cuestionar la independencia de grupos y medios de oposición.

No obstante, luego de descongelados los fondos, desde la organización se agradeció al Departamento de Estado por la medida, a la que se consideró como «pasos importantes para restablecer plenamente nuestra capacidad de apoyar a los defensores de primera línea de la democracia en regímenes represivos como Cuba, Venezuela, Irán, China, Rusia y otros lugares».  

En su comunicado, la NED apuntó que el restablecimiento de sus fondos, de momento de manera parcial, le permitirá «comenzar a estabilizar sus operaciones y reanudar la concesión de subvenciones», un apoyo que consideró «vital» para entidades como el Instituto Republicano Internacional y para «innumerables organizaciones» en todo el mundo. 

No es la primera vez que Trump recorta fondos de este tipo. En febrero de 2018 achicó los montos otorgados a Radio y TV Martí, y creó otros para apoyar proyectos de promoción de la democracia en Cuba y Venezuela que son considerados por esos gobiernos como violatorios de su soberanía.

En aquel momento, propuso reducir el personal de 113 personas a 51. Radio y TV Martí, parte de la Oficina Cubana de Transmisiones, recibió 2.2 millones menos, y tuvo en ese año 13.6 millones de dólares.

Esto significa que un departamento gubernamental estadounidense que tiene como único propósito difundir información crítica sobre Cuba, pero que no está en Cuba, ni tampoco la mayor parte de su personal, gastó solo en 2018 cerca de 14 millones de dólares para desarrollar contenidos que son poco vistos por su público objetivo, no solo debido a que el gobierno bloquea su sitio web y sus señales tradicionales no alcanzan las antenas en la Isla, sino a que su parrilla de programación ha tenido múltiples cuestionamientos por sus estándares de calidad.

En aquel momento, el vicepresidente de la organización sin fines de lucro WOLA (Washington Office on Latin America), Geoff Thale, dijo que TV Martí era un desperdicio del dinero de los contribuyentes, además de que su «trabajo reporteril se queda corto en estándares periodísticos y ha estado plagado por batallas internas». En adición recordó que ya el gobierno americano tiene una plataforma mediática en español: La Voz de las Américas.

Si bien el Congreso estadounidense aprueba cada año una cifra de alrededor de 20 millones de dólares para programas de cambio de régimen, los fondos para medios opositores como TV y Radio Martí salen por otra partida presupuestaria. Por ejemplo, en 2020, de acuerdo con el Servicio de Investigación Congresional, el Capitolio de Washington aprobó 20 millones para programas de democracia, que son básicamente para promover la oposición al gobierno cubano, y aparte, 20,973,000 para las trasmisiones a Cuba.

En ese mismo documento, otras cifras revelan el tamaño del amplio pastel presupuestario dedicado por parte del gobierno estadounidense a derrocar al gobierno cubano, mientras a su vez refuerza el esquema sancionatorio que es difícil pensar cuán más asfixiante se puede volver para la economía cubana. Dicho sea de paso, este esquema también cuesta millones al contribuyente y a las empresas norteamericanas, ya sea en gastos para perseguir a las entidades violatorias, como en oportunidades de negocios que pudieran ser lucrativos para la contraparte norteamericana y no pueden hacerse a causa de las sanciones.

Sobre esto el influencer aliado al Partido Demócrata Guena Rod reflexionó: «Si por unos 10 o 20 milloncitos de dólares le cortaron la respiración asistida al activismo cubano, mayormente pro-trumpista, imagínate qué no estarán dispuestos a hacer por los más de 5 billones de dólares anuales en comercio bilateral».

Si bien el sentido común indicaría que una administración que busca «racionalizar» las finanzas del Estado debería revisar este marco sancionatorio que hoy no tiene ningún beneficio concreto, ni siquiera para la parte sancionadora, hay otros factores que dificultarán que esto se lleve a cabo.  

Cada año que Trump ha sido presidente ha pedido menos dinero para los programas de Cuba, y siempre el Congreso ha otorgado más, una distribución en la que no se puede subestimar el rol de Mario Díaz Balart, congresista cubanoamericano de la Florida que ha sido miembro directivo del Comité de Apropiaciones del Congreso, quienes se encargan de otorgar los fondos a cada prioridad o programa gubernamental, y que luego pueden ser aprobados o no por ambas cámaras.

Entre el año fiscal 1996 y el año fiscal 2019, el Congreso ofreció 364 millones de dólares para «esfuerzos por la democracia». Eso significa que en 23 años, Estados Unidos se ha gastado, sin resultados visibles, una suma equivalente a 6 barcos de petróleo como el AKademik Gubkin, que atracó en Cuba recientemente con 790 mil barriles de crudo; el triple de lo que ingresó la compañía canadiense Sherrit en 2024 por comerciar el níquel y el cobalto cubanos; casi el doble de lo que costó construir la Torre de K y 23, el polémico y gigantesco hotel recién construido. ¿Cuántos cubanos en la Isla han mejorado su vida gracias a esos fondos? No queda claro.

Nuestra opinión es que si hay un sector en el que el muy criticado DOGE está haciendo descubrimientos importantes es en el tema Cuba. El hecho de que el gobierno estadounidense dedique cientos de millones de dólares para trabajar en contra de un gobierno, en un país con severas necesidades humanitarias, y que además tenga poco o ningún escrutinio sobre el uso de esos fondos y sus resultados, demuestra que la manera en que se usa el dinero del contribuyente es completamente irresponsable, y que responde más a agendas políticas particulares de los congresistas y fuerzas políticas de tecnócratas en el gobierno.

La gran mayoría de estos fondos supuestamente dedicados a «promover la democracia» no han sido empleados en educar en valores democráticos como el respeto a la opinión del otro, en promover el diálogo nacional, en contrarrestar el extremismo político, en combatir la desinformación… Incluso buena parte de estos dineros han caído en manos de medios y organizaciones que, si bien denuncian constantemente las prácticas autoritarias del Estado cubano, promueven otras que también son sumamente cuestionables.  

Utilizar estos fondos en asistencia humanitaria, comida, medicinas, ponerlos a concurso público para que cualquier organización —opositora o no— los emplee en mejorar las condiciones de vida de quienes viven en la Isla sería una buena práctica. Además, dejaría sin argumentos al gobierno cubano para condenar su uso como una acción puramente injerencista, y ayudaría a contener la oleada migratoria.

Pero en el afán de derrocar al gobierno cubano parece haber un tácito consenso en el que todo vale si ese es el fin: desde matar a penurias al pueblo cubano, lanzarlo por la ruta de Tapachula o al mar, o incluso malgastar el dinero de los contribuyentes que suele quedarse pagando modos de vida, oficinas de activistas y medios que poco impactan en las realidades de los cubanos.

Ojalá y el «afán iluminador» de DOGE no se use solo para impedir que antiretrovirales lleguen a niños africanos, sino para poner fin a políticas que hoy mismo no benefician en nada al Estado norteamericano, llenan los bolsillos de quienes llevan décadas cambiando un régimen a 90 millas de distancia y sin querer correr ningún riesgo, y algunas de ellas —como las sanciones— han agudizado una crisis humanitaria que no es beneficiosa ni para Cuba, ni para Estados Unidos.