Tamarys L. Bahamonde: restituir la confianza en la institucionalidad del país

La crisis cubana tiene su causa fundamental en la incapacidad del modelo de administración centralizada para impulsar el desarrollo económico de forma sostenible. De todas formas, las condiciones externas hostiles, como el covid-19 y su consecuente impacto en las economías mundiales, así como las circunstancias que afectaron a aliados tradicionales, como la guerra de Rusia en Ucrania o las tensiones políticas y económicas en Venezuela, han empeorado el impacto doméstico de la crisis. Este artículo ofrecerá brevemente algunas recomendaciones de políticas para mejorar las condiciones de la economía y la sociedad cubanas.

El deterioro de las condiciones de vida de los cubanos, del estado de las industrias y la agricultura nacional, y de la infraestructura es precario. Ello implica que las soluciones que se propongan, o incluso las que se implementen, no tendrán impacto inmediato en el mejoramiento significativo de la vida de los cubanos y cubanas. La economía necesita un período de tiempo para ajustarse y generar el crecimiento y el desarrollo adecuados para que su impacto sea perceptible. 

En materia de administración pública, la Constitución de 2019 se puede considerar un paso de avance con respecto a la anterior. En primer lugar, separa funciones de Estado de las funciones de gobierno, al menos formalmente. La constitución y el marco regulatorio posterior establecen un modelo de administración pública más descentralizado, que debería aumentar la autonomía local para gestionar la economía de sus territorios. 

A pesar de eso, el Estado y el gobierno de Cuba deben revisar aspectos fundamentales de la administración pública y el diseño de políticas para mejorar la gestión pública nacional. La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene que ejercer su función legislativa a cabalidad, y reducir el peso relativo del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado en las decisiones más relevantes del país. El primer paso para restituir la confianza en la institucionalidad del país es la coherencia legislativa. 

Las legislaciones no pueden ser sometidas a cambios trascendentales con impactos sobre agentes económicos de forma frecuente. Debe eliminarse la sobre-regulación que domina el entorno legislativo cubano, porque afecta la eficiencia y la gestión económicas, no solo del Estado, sino de todos los sectores y tipos de propiedad. Tiene que haber transparencia sobre los procesos legislativos a todos los niveles. Las políticas públicas necesitan objetivos públicos, claros y medibles, con períodos de tiempo establecidos para su cumplimiento y procesos evaluativos públicos, así como sus resultados. Las revisiones y actualizaciones de políticas públicas tienen que corresponderse con los resultados de esas evaluaciones periódicas, y no ser arbitrarios mecanismo de control. 

La descentralización no debe solo delegar o desconcentrar funciones que el gobierno nacional no desea o no puede gestionar. La desconcentración de funciones en los gobiernos subnacionales establecida por la Constitución en 2019, ofrece un marco regulatorio inicial para avanzar hacia un modelo menos restrictivo de administración pública. Sin embargo, no todos los gobiernos subnacionales cuentan con recursos o funcionarios públicos con el entrenamiento adecuado para acometer con éxito la administración territorial. La descentralización es un proceso complejo que no se garantiza por decreto. 

Para impulsar descentralizaciones exitosas, los gobiernos locales deben participar en estos procesos junto al gobierno nacional contribuyendo a delimitar las áreas en las que los gobiernos subnacionales son más vulnerables y necesitan más apoyo del gobierno nacional, así como aquellas en las que pueden asumir cuasi total o total autonomía. La descentralización requiere verdadera devolución de poder político a los territorios, un aspecto que todavía es muy difícil lograr bajo el marco regulatorio actual, en el que, por ejemplo, los gobernadores provinciales son propuestos por el presidente de la República y no por los gobiernos locales. 

En materia de empleo y salarios, se debe actualizar el código del trabajo para legislar y proteger, entre otros, el derecho a la huelga. El Estado cubano no es el único empleador en Cuba y el sector privado emplea actualmente al 35% de la mano de obra nacional (Rodríguez, 2024).

Los sindicatos deben desligarse de las organizaciones políticas y de las estructuras de gobierno para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en todas las instancias, incluido el sector estatal. Problemas acuciantes como los bajos salarios, subempleo y sobre-empleo, requieren una revisión seria de la política de empleo nacional, que pasa por el análisis de los tipos de propiedad en el país y el rol de cada uno en el crecimiento y el desarrollo económico. 

Cuba debe reconceptualizar internamente el papel que las diferentes formas de propiedad tienen en la economía. Ese proceso implicaría reconocer el sector no estatal nacional como elemento fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo del país. El sector privado cubano continúa siendo un instrumento de ajuste en tiempos de crisis y no un eslabón esencial en los encadenamientos productivos nacionales. Todavía representa el 15% del PIB con limitada capacidad para contribuir al desarrollo económico del país (Rodríguez, 2024). 

Las regulaciones al sector no estatal deben tener como función establecer normas de funcionamiento e integración armónica al entramado institucional y productivo del país, incluyendo la contribución impositiva a la economía nacional. Políticas intrusivas como el establecimiento de una estructura burocrática nacional, el instituto nacional de actores económicos no estatales, cuyas funciones todavía no están claras, son un desestímulo al aporte que este sector puede tener y tiene en la provisión de bienes y servicios básicos. 

Una forma de contribuir a la inserción del sector no estatal en la economía es brindándole ventajas similares, por ejemplo, en materia impositiva, a las que se le otorgan a la inversión privada extranjera. No existe argumento económico para que la inversión privada doméstica enfrente un contexto inversionista menos favorecedor que la inversión privada extranjera. El control del sector externo en manos de empresas estatales ha demostrado que tiene limitada capacidad para manejar con eficiencia el volumen de operaciones que el sector privado nacional requiere. Sería ventajoso reconsiderar el control exclusivo que el Estado cubano ejerce sobre las importaciones y exportaciones del país. 

Adicionalmente, se deben ofrecer ventajas —o reducir obstáculos— para el establecimiento y crecimiento de cooperativas y proyectos de desarrollo local (PDL), ambas formas de organización con capacidad para contribuir de forma significativa a los territorios menos favorecidos. Las cooperativas merecen atención especial y ventajas adicionales para su formación e integración a la economía, dadas las características democráticas y sociales de esta forma de propiedad. En adición a esto, el Estado cubano debería expandir las formas de organización no estatal para admitir el registro y funcionamiento en Cuba de organizaciones sin fines de lucro. Este tipo de entidades puede cubrir vacíos que ni el Estado cubano ni el sector privado, por su naturaleza, pueden ni desean cubrir. Áreas como la protección animal, economía de cuidados, servicios culturales comunitarios, podrían expandirse bajo la sombrilla de estas organizaciones. 

La empresa estatal cubana debe reestructurarse y ajustar su modelo de gestión y organización hacia formas menos verticales y más eficientes, más democráticas y participativas. Para ello es requisito indispensable eliminar la subordinación ministerial de las empresas y avanzar hacia un modelo empresarial donde tengan autonomía para tomar decisiones relevantes de inversiones y contrataciones que sobre todo beneficien a los territorios donde están enclavadas. Los grupos empresariales son una estructura burocrática intermedia innecesaria, cuya existencia complejiza y obstaculiza el funcionamiento eficiente de la empresa estatal. 

Cuba ha demorado en transitar hacia un modelo sustentable de generación de energía que independice al país del uso de combustibles fósiles. Las tecnologías renovables son caras, y requieren condiciones especiales como entrenamiento de expertos para su correcto sostenimiento y funcionamiento. A pesar de eso, los costos de continuar apostando a un sistema eléctrico obsoleto y deteriorado han demostrado ser mayores que la paulatina transición hacia otras formas de generación eléctrica. 

Una manera de comenzar ese proceso pudiera ser en el sector de hogares y no estatal. Eliminar el gravamen a la entrada de paneles solares, por ejemplo, es un paso inicial que puede comenzar a cubrir necesidades energéticas a nivel micro. Ofrecer reducción de impuestos a negocios que usen energías renovables y contribuyan a la disminución de generación en el sistema nacional eléctrico es una manera de iniciar la transición paulatina hacia formas más sustentables de producción energética. 

El sector financiero nacional se encuentra golpeado por las múltiples monedas en circulación y tipos de cambio. El ordenamiento monetario, en el largo plazo, ha perpetuado y agravado los problemas que trató de corregir. El sistema financiero y monetario es un reflejo de la economía «real», y en el caso de Cuba un síntoma inequívoco del estado de la producción de bienes y servicios nacionales. La corrección de los problemas monetarios (incluida la inflación) requiere políticas encaminadas a mejorar eficiencia y productividad en el sector de la producción de bienes y servicios. Vale recordar que Cuba no se encuentra insertada al sector financiero internacional, lo cual tiene desventajas para accesos a créditos y mercados. Esta desventaja implica que hay que recurrir a políticas creativas internas dirigidas a la transformación de la economía «real».

La transformación del modelo económico nacional de administración centralizada es paso fundamental para el crecimiento y desarrollo económico y social. Es evidente la limitada capacidad del Estado y el gobierno cubano para mantener control absoluto sobre ramas y sectores económicos esenciales como la energía. En lugar de voltear la mirada hacia afuera, en un contexto internacional hostil y de crisis económica casi internacional, Cuba tiene que aprovechar al máximo las condiciones internas que aún posee, como un sector no estatal dispuesto a cubrir espacios esenciales para que el país avance de forma consistente. El Estado y el gobierno cubano deben revisar su alcance y proyección con objetividad, y reconocer sus limitaciones. La extrema crisis que vive el país, y los cubanos que la sufren, lo amerita.

Artículo citado:

Rodríguez, J. L. (2024, febrero 22). La economía cubana en 2023 y perspectivas para 2024 (II). Cubadebate. http://www.cubadebate.cu/opinion/2024/02/21/la-economia-cubana-en-2023-y-perspectivas-para-2024-ii/

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