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La noticia es que la Administración Trump ha ordenado una pausa en los procesos de aplicación para obtener beneficios migratorios de todos aquellos migrantes que hayan ingresado al país con programas o paroles autorizados por la administración Biden.
Según el memo expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), la razón para la suspensión de estos servicios son los fraudes y las preocupaciones en torno a la legalidad y seguridad de dichos procedimientos. Ya en el verano pasado la administración Biden había detenido la expedición de paroles humanitarios a ciudadanos cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses por una razón similar: denuncias de fraude, auspiciadores (sponsors) en serie, y otras irregularidades.
Esto significa que una persona que haya entrado al país con parole humanitario, o con los paroles otorgados como parte del programa de reunificación, ven detenidas y sin fecha de reinicio, las ventajas que permiten esos programas de esperar la residencia bajo protecciones que garantizaban la no deportación de los beneficiados.
Si bien la Ley de Ajuste Cubano está activa, los procesos para acceder a ella y los procedimientos para regular la situación migratoria están detenidos por orden presidencial que tienen que acatar las agencias encargadas de los trámites.
Las solicitudes para la reunificación familiar y parole humanitario se pueden hacer, pero los funcionarios a cargo no pueden procesar su información ni otorgar beneficios hasta que esta detención momentánea sea levantada. Según un comunicado del grupo cubanoamericano en Estados Unidos, Café Fuerte, la Ley de Ajuste Cubano está en pleno vigor y todas las personas que cumplan los requisitos y no hayan entrado al país por órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden, pueden seguir su procesamiento regular.
La pregunta que cabe es por qué las personas que entraron tanto con parole, como por el programa de reunificación familiar —que es previo a Joe Biden—, también se incluyen en este grupo cuyos procesos han sido detenidos.
La Ley de Ajuste cubano, como la Helms-Burton o la Torricelli, no puede eliminarse o enmendarse sin mandato del Congreso. En este caso, la Ley de Ajuste pone como condiciones para ser levantada: un llamado cambio democrático en Cuba producido a través de elecciones pluripartidistas, y la liberación de lo que Estados Unidos considere presos políticos.
Esta pausa en las solicitudes de residencia permanente no tiene fecha para terminarse, pero su tiempo no debe ser superior a los 100 días. En teoría, debe levantarse cuando los funcionarios puedan identificar los supuestos casos de fraude y los procedimientos para aceptar personas, como una forma de disminuir el riesgo de seguridad nacional o de seguridad pública provocado, según los voceros de la administración Trump, por la entrada de personas a través de paroles.
La decisión genera gran incertidumbre y temor entre cientos de miles de migrantes que están a la espera de residencias permanentes u otros beneficios que le quiten de encima el riesgo de la deportación.
La medida fue de alguna manera anunciada desde la campaña: J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, había afirmado más de una vez que el uso de la prerrogativa presidencial de Biden de otorgar permisos de entradas era un abuso de su autoridad y que los migrantes que habían entrado así lo habían hecho de manera ilegal, una valoración cualitativa, política, pero no jurídicamente fundamentada.
La administración de Biden utilizó el parole para evitar la aglomeración de personas en la frontera, como una manera de ordenar la entrada al país, y controlar, hasta cierto punto, quién entra y quién no.
No solo migrantes latinos se afectan con esta medida, también los miles de ucranianos que entraron al país gracias a una política que ofrece refugio a los que huyen de la guerra. Al menos 240 mil ucranianos con patrocinadores estadounidenses entraron a Estados Unidos utilizando esta prerrogativa. El programa de parole humanitario admitió 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos desde su aplicación hace ya dos años.
También se detiene el Temporary Protected Status (TPS), un programa que ofrece protección a migrantes que puedan demostrar la inseguridad o los peligros que corren en el país del que provienen, especialmente haitianos y venezolanos se beneficiaban de esta posibilidad, y ahora están en un limbo legal y susceptibles a ser deportados.
Un experto entrevistado por CBS afirma que esta medida congela efectivamente la posibilidad de obtener otro status legal, mientras tanto, pueden ser deportados si el gobierno termina (o no prorroga) su parole.
La administración Trump cumple lo que promete, afectando a la comunidad de migrantes y a familias enteras. Es importante recordar que buena parte de los cubanoamericanos con derecho a votar en Estados Unidos, eligió la opción de Trump sobre Kamala Harris.
Por otro lado, el vacío en la línea dura contra Cuba que dejaron en el Senado Bob Menéndez, exsenador condenado por corrupción y por ser agente al servicio de una nación extranjera, y Marco Rubio, ascendido a secretario de Estado, intenta ser llenado por otro político proveniente de la Florida: Rick Scott, exgobernador republicano y ahora portador del discurso extremista contra el Estado cubano como combustible para su carrera política.
La semana pasada presentó un proyecto de ley que ya antes había llevado a la Cámara alta sin éxito para rellenar alguna que otra pequeña rendija que le quede al muro de las medidas unilaterales coercitivas.
Principalmente intenta ponerle sanciones a un grupo de funcionarios gubernamentales y militares del gobierno cubano que de todas maneras nunca se les hubiese otorgado visas, y que no viajan o tienen intereses en Estados Unidos. Es reciclar otras sanciones que se han puesto sobre funcionarios venezolanos o rusos, que en el caso de Cuba tienen poco efecto.
No obstante, lo más preocupante fue la afirmación: «no creo que debamos permitir ningún viaje a Cuba. Si alguien desea regresar a Cuba, que lo haga, pero estos viajes no ayudan al pueblo cubano, sino al régimen opresor». Es decir, visitar su propio país es contribuir al régimen. La idea de limitar el regreso de cubanoamericanos a Cuba de visita se difunde en pasillos y noticias falsas, pero parece más cerca de lo que cualquiera cree.
En el pasado la administración de George W. Bush limitó la visita de los cubanoamericanos a Cuba a una vez cada tres años, y solo si tenían un familiar de primera línea de consanguineidad. Igualmente, esta iniciativa también ha sido manejada en el pasado por Marco Rubio, bajo la lógica de que los cubanos que ajustan su situación migratoria en Estados Unidos lo hacen alegando que sufren persecución o violencia en Cuba, y por tanto, no deberían regresar al lugar del que afirman huir.
No obstante, sería un duro golpe para las no pocas cantidades de familias que se reúnen en Cuba, y la limitación de esas visitas tendría un impacto en la calidad de vida y sería una limitación de las libertades de los cubanos que viven en Estados Unidos.
Todas estas noticias confirman que la situación para la comunidad cubana, y para Cuba, empeorará bajo Trump, como de una forma u otra anunció su equipo durante la campaña. Y a pesar de eso, recibió una significativa cantidad de votos de la comunidad cubana.
Pero las medidas de Trump no solo afectan a quienes viven en la Isla; pone en condiciones de vulnerabilidad a todos los arribados con el parole, eliminando las protecciones que ofrecía este programa, e igualando la situación de los cubanos emigrados a la de muchísimos otros latinos que hoy tienen miedo de salir a trabajar, ir a las tiendas, hospitales, escuelas y hasta iglesias, por miedo a ser víctimas de las redadas antiinmigrantes.
Nuestra opinión es que esta decisión de Washington, si bien pudiera ser disuasoria de la migración, también afecta la vida de muchos que ya están en Estados Unidos, intentando trabajar y emprender una vida diferente para ayudar a sus familias en el país de origen. Deja a esos migrantes desprotegidos, con mayor probabilidad de ser explotados o de no poder exigir derechos como salarios mínimos o vacaciones, y en el peor de los casos, los expone a la deportación o incluso a la cárcel en condiciones aún no esclarecidas en Guantánamo o en El Salvador.
Quedará por ver cómo estas decisiones pudieran afectar el apoyo al partido Republicano por parte de la comunidad latina y cubanoamericana. Aunque quienes pueden deportar están aparentemente libre de riesgo, muchos tienen familiares y amigos que hoy están padeciendo las consecuencias de que sus compatriotas apoyaran a un presidente que nunca escondió su xenofobia.
Demuestra además cómo la comunidad cubana, bajo la promesa de que el gobierno cubano sería derrocado por Trump y que el precio de los alimentos bajaría en los mercados, votó por un presidente que no ha logrado el deseado decrecimiento de precios, y que no ha dicho cómo logrará esa caída, más allá de reciclar medidas ya antes ensayadas y que hasta ahora solo redundan en el empeoramiento de la calidad de vida de los cubanos y engordan las filas de los que quieren partir hacia otros destinos.
La ley presentada por Rick Scott, su discurso agresivo que parece revivir los tiempos de Ileana Ros-Lethinen y semejantes voceros políticos, demuestra que el tema Cuba sigue funcionando como elemento transaccional en el Congreso estadounidense y conserva fuelle de influencia.
Hasta este momento y de manera directa, desde la toma de posesión Trump no se ha referido a Cuba, aunque Marco Rubio y Mauricio Claver Carone, dos arquitectos de la política de máxima presión, campean a sus anchas.
Sin embargo, a efectos prácticos, las decisiones políticas de Trump hasta ahora han dado dos golpes a la oposición cubana: poner en un limbo legal a miles de migrantes llevados hacia ese país —algunos de ellos que realmente sufrieron algún tipo de coacción política en la Isla—, afectando, además, a los patrocinadores que trajeron hijos, hermanos, padres a través de este programa establecido por Biden; y detener la ayuda al exterior a través de USAID que implica el congelamiento del apoyo financiero a decenas de medios o plataformas políticas de oposición al gobierno cubano. Mientras tanto, el Partido Comunista sigue al mando en la Isla, y no hay señales del tan avisado final. Negocio redondo.
