Personas en situación de calle: la humanidad que nos debemos

La severa crisis económico social que experimenta Cuba, sobre todo después de la pandemia de covid-19, unido a la creciente inflación, el deterioro en la atención de salud, la escasez de medicamentos, alimentación y la emigración han acelerado el fenómeno de las personas en situación de calle.  

Los términos para referirse a estos grupos vulnerabilizados han variado históricamente por el propio dinamismo del fenómeno, en dependencia del idioma, las normas culturales, las condiciones socioeconómicas, y tienen, sin dudas, connotaciones políticas. 

Un artículo publicado en 2020 en el diario Granma, bajo el título En Cuba nadie quedará desprotegido, señalaba que «las personas con conducta deambulante son aquellas que andan de un lugar a otro, sin un rumbo preciso, aun cuando sea común que tengan un oficio o domicilio conocidos».

El texto añadía, que «entre ellos pueden identificarse a individuos que han tenido conductas disociales, vinculadas al uso irresponsable de alcohol; personas con problemas de vivienda, y adultos mayores carentes de amparo familiar».

En ese mismo año, las Naciones Unidas estableció la primera resolución que define el sinhogarismo. Según la ONU, «reducir la cuestión a poner un techo sobre la cabeza no tendría en cuenta la pérdida de conexión social –el sentimiento de no pertenecer a ninguna parte– y la exclusión social que experimentan las personas que viven sin hogar… Por lo tanto, dormir en la calle es solo una manifestación de la falta de vivienda, pero no necesariamente la más frecuente».

Dormir en la calle es solo una manifestación de la falta de vivienda, pero no necesariamente la más frecuente.

En dicho documento, entre otros aspectos, se reconoce la importancia de poner en práctica sistemas y medidas de protección social que aseguren «el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles». De manera que se garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Para hacer referencia a estos grupos vulnerables, indistintamente se emplean los términos homeless, deambulantes, personas sin hogar, habitantes de calle, sin techo, indigentes. Pero no es solo el déficit de vivienda el factor determinante, estar en situación de calle se define como «una paradójica forma de inclusión social sostenida desde la marginalización, la ruptura y/o fragilidad de vínculos sociales, laborales y familiares, por las dificultades para cubrir necesidades materiales, simbólicas y afectivas, así como también por la vulneración de derechos sociales, económicos y culturales».

Que no exista un consenso entre las diversas acepciones puede agravar la delimitación del problema y las metodologías que se utilizan para revertir y erradicar un fenómeno que está atravesado por dimensiones culturales, políticas, históricas, sociales y económicas. Es preciso emplear definiciones y categorías que no sean excluyentes de las demás y permitan una visión integral.

Debe tomarse en cuenta que las personas en situación de calle en muchos casos no mantienen contacto con sus familiares y carecen de redes de apoyo sólidas por diversas causas (abandono, muerte de uno o varios miembros, distancia geográfica, adicciones, trastorno físico o mental, violencia). Tampoco tienen empleos o, al menos, trabajos fijos y reciben muy bajos ingresos; además, pueden presentar antecedentes penales.  

Las personas en situación de calle en muchos casos no mantienen contacto con sus familiares y carecen de redes de apoyo sólidas.

Muchas veces se tiende a la homogenización y simplificación en el acercamiento a estos grupos vulnerables, sin contemplar la diversidad presente: sus diferencias étnicas, de género, color de la piel, orientación sexual, edad, procedencia, factores que provocaron su situación actual, ubicación geográfica, educación. Todo ello deriva en un reforzamiento de la desigualdad y estigmatización, al percibirlos como una amenaza o peligro.     

Salvo algunos llamados de atención, la dinámica ha sido invisibilizar una realidad que afecta a todo el país. Por otro lado, no existe un diagnóstico nacional actualizado que permita dimensionar la magnitud del problema. No dan abasto los cada vez más debilitados Centros para la Atención a Personas Deambulantes, Sistemas de Ayuda a las Familias, Casas de Abuelos, Hogares de Ancianos. Suelen ser la sociedad civil o las instituciones religiosas quienes complementen en muchas ocasiones el apoyo a estas personas, de manera voluntaria, pero no cuentan tampoco con todos los recursos.

El último Censo Nacional de Población y Viviendas realizado en Cuba en el lejano 2012 recogía que unas 1.108 personas vivían en las calles. De ellos, 958 eran hombres y 150 mujeres; 641 tenían entre 16 y 59 años de edad, y 467, de 60 y más años. Recientemente, cifras aportadas a Cubadebate por funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud Pública señalaron que desde 2014 hasta septiembre de 2023 se habían identificado 3 690 personas con «conducta deambulante» en el país, cifras oficiales que triplican las recopiladas en el censo del 2012.  

Asimismo, se explicó que para atender a estas personas, en Cuba existen nueve centros en distintas capitales provinciales. Sin embargo, además de ser insuficientes, no están creados para largas estadías. Una lógica asistencialista que constituye un paliativo, mas no va a la raíz del problema. Sucede también que muchas personas no quieren permanecer en estos lugares.

Todo ello supone un desafío a la capacidad del gobierno cubano para responder de manera efectiva e integral ante dicha problemática social. Urge entonces construir otros posicionamientos que transformen el acceso a los bienes de las personas en situación de calle, de modo que se garantice la inclusión y el derecho a una vida digna para todos en nuestra sociedad.   

Presentamos algunos protocolos para la atención a personas en situación de calle:

-Activar mecanismos de intervención multifactoriales (sociedad civil, gobierno, organismos internacionales) y una red de colaboración efectiva entre instituciones del Estado.

-Aplicar el enfoque integral de las políticas y la intersectorialidad de las acciones, atendiendo a la heterogeneidad de los grupos vulnerables.  

-Crear una política pública integral con perspectiva de género, atención a la comunidad LGBTIQ+, la racialidad, la xenofobia.   

-Identificar soluciones más ágiles para el déficit habitacional.

-Eliminar las barreras administrativas y burocráticas que impidan la atención a estas personas.

-Viabilizar el trabajo coordinado con nuevos actores estatales y no estatales.

-Mayor autonomía de los gobiernos locales y estrategias de desarrollo local.

-Promover desde la academia proyectos de investigación, estudios y seguimiento del problema.

-Integrar a las universidades en la formación y capacitación del personal encargado de aplicar las políticas.  

-Estimular el voluntariado vinculado a la atención de personas en situación de calles y otros grupos vunlerabilizados.

-Generar y publicar estadísticas actualizadas, así como datos cualitativos.

-Actualizar las pensiones mínimas teniendo en cuenta inflación.

-Hacer partícipes de las decisiones a los destinatarios de políticas.

-Prever el egreso de instituciones como las cárceles, centros de menores, hospitales para quienes no poseen una vivienda.  

-Garantizar la alimentación en centros educacionales, sociales y de salud.

-Evaluar periódicamente la efectividad de las acciones, estrategias y proyectos.

-Aumentar los servicios de cuidado para adultos mayores.

-Crear y promover estrategias de comunicación para una mayor conciencia ciudadana.

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Lo cierto es que se requiere de transparencia para ampliar el diagnóstico, actualizar los censos, evaluar y aplicar de manera integral las acciones para prevenir y revertir la situación; al tiempo que exista un acompañamiento en los procesos de manera constante y a largo plazo. No puede recaer solo en la sociedad civil el peso de la atención a estas personas; tampoco en algunas instituciones cuya respuesta ha sido insuficiente. Es responsabilidad del Estado crear, implementar y fortalecer políticas públicas dirigidas a los grupos vulnerables, sobre todo, en uno de los países más envejecidos del continente, con deterioro progresivo en las condiciones de vida y pensiones ínfimas para la sobrevivencia ante un escenario de grave crisis. Incluir a las personas en situación de calle como actores sociales y sujetos de derecho es parte del respeto, la dignidad y la humanidad que nos debemos como nación.