Reimpulsar la economía requiere más que deseos

Luego de varios meses hablando de un supuesto «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», el sitio Cubadebate por fin publica un texto accesible donde se pueda consultar qué tiene pensado hacer el gobierno para sacar a Cuba del atolladero en el cual se encuentra.

El Programa fija diez objetivos encaminados a: estabilizar la macroeconomía; aumentar y diversificar los ingresos externos; elevar la producción nacional con prioridad en alimentos; redimensionar y desarrollar la empresa estatal articulándola con los demás actores económicos; fortalecer la gestión estratégica del desarrollo territorial; perfeccionar la gestión gubernamental, la defensa y la seguridad nacional; consolidar las políticas sociales y proteger a personas y hogares vulnerables; prevenir y reducir el delito, la corrupción y las ilegalidades; recuperar el Sistema Electroenergético Nacional; e impulsar la ciencia, la innovación, la comunicación social y la transformación digital para dinamizar el desarrollo y modernizar la gestión pública.

Según el preámbulo del documento, este programa se está implementando desde enero del 2025 y «se orientó a los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), Entidades Nacionales (EN) y Gobiernos territoriales la elaboración del plan de acción, con cronogramas, indicadores y metas a cada nivel que tributan al Programa». 

Igualmente se afirma que para la elaboración «se tomaron en consideración intercambios con la Universidad de la Habana, la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, con las Comisiones Económicas del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), así como con otros expertos y académicos».

Sin embargo, «el programa» deja mucho que desear y está muy lejos de dar respuesta a las múltiples críticas que, tanto expertos como la población, hacen a la conducción económica del país. De entrada, el documento presenta graves fallas en cuanto al trazado de cualquier política pública, pues, aunque al final de cada objetivo hay algunos indicadores medibles, no se desglosan acciones concretas, cronogramas para alcanzarlos, ni organismos responsables. Muchas de las líneas declaradas como acciones son tan generales que resulta difícil entender cómo podrían materializarse en la práctica. 

Al mismo tiempo, el trazado carece de un diagnóstico sobre la política económica interna que identifique las fallas en las políticas que se quieren corregir. Se menciona como única causa de la crisis «el recrudecimiento del Bloqueo, a partir de las medidas de guerra económica adoptadas por la administración Trump». Y más allá de que este es un elemento a tener en cuenta, una política que aspira a «corregir distorsiones», lo primero que tiene que hacer es señalar aquellas en las cuales puede incidir.  

Entonces, más que un programa de gobierno con capacidad de transformar la estrategia económica, parece una lista de deseos, como «reducir gradualmente los niveles de inflación», «incrementar la producción nacional de alimentos» o «cumplir las exportaciones previstas» sin especificar qué transformaciones se harán en la matriz económica del país para lograr esos objetivos. 

El economista Julio Carranza en su perfil de Facebook reconoció algunos aciertos del programa como «que no solo se refiere a asuntos directamente económicos, sino que también incorpora factores de orden interior y seguridad nacional, fundamentales siempre y en la actual situación» y «que se aborda con énfasis para su priorización, el serio problema del sistema energético nacional». No obstante, señala que «vuelve a ser algo muy desintegrado e inconexo, repite algunas fórmulas probadamente inefectivas y deja por fuera muchos factores fundamentales, componentes esenciales de esa reforma integral y sistémica que consideramos imprescindible». 

El experto también señala ausencias como «una reforma empresarial en serio» que devuelva coherencia y facultades a la empresa estatal y su «articulación más dinámica y ordenada del emergente sector privado y cooperativo»; la «reestructuración profunda del agotado subsistema de producción agropecuaria»; una propuesta viable y entendible para el mercado y el sistema monetario; y que «se introduce el IVA [Impuesto al Valor Agregado] pero no se define bien cómo será su carácter». Advierte además que el documento no hace explícito cómo lograr y financiar sus metas. 

Otra voz relevante en el debate público cubano, el economista Pedro Monreal, coincide con varias de las críticas de Carranza, además añade que «la deficiencia técnica más importante del programa ha sido no diferenciar entre metas e indicadores». Sobre este punto llama la atención en que «las metas relativas a la estabilización macroeconómica son muy incompletas»; «no se establecen metas ni se definen indicadores en relación con dos importantes problemas sociales pobreza (vulnerabilidad) y desigualdad»; y «no parecen creíbles las metas de producción de viandas, arroz, cítricos y frutas, carne de cerdo en pie, y huevos».  

En otro orden, la consultora privada Auge, analizó el programa pensando en el impacto que tendría en el sector privado. En cuanto al mercado cambiario, explican que el propio texto reconoce que «no existen condiciones para un esquema cambiario unificado en el corto plazo» y propone un «nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas» con «esquemas cerrados de autofinanciamiento» y «dolarización parcial». Pero «no aclara si este proceso incluirá al sector privado nacional de manera significativa», de modo que «el riesgo latente es que se consolide un sistema fragmentado y de acceso restringido».

En comercio exterior, aunque se anuncian «incentivos diferenciados», AUGE recuerda que «la mayoría de los servicios profesionales de alto valor agregado se encuentran incluidos en el listado de actividades prohibidas para el sector privado», por lo que el aporte real seguiría acotado sin reforma previa. En materia fiscal, alertan que vienen cargas de cumplimiento: «facturación electrónica obligatoria para 2026», «estudios y propuestas para la implementación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)» y «cobro automático de deudas desde las cuentas bancarias».

Por otro lado, el programa tiene un grupo de contradicciones, por ejemplo, reitera la meta de eliminar subsidios generales y subsidiar personas, pero, en un país donde el salario medio estatal no supera los siete mil pesos y la canasta básica alimentaria sobrepasa los doce mil, no se deja claro cómo se calcularían esos «vulnerables» a subsidiar, pues, si se tienen en cuenta los ingresos nominales, sería necesario subsidiar a casi todos los trabajadores estatales. 

Dentro de esta línea de «eliminación de subsidios», una de las acciones es «proponer las tarifas actualizadas para los servicios de agua, transportación de pasajeros y cargas, entre otras», lo cual hasta el momento no ha ocurrido, y a juzgar por los efectos del «tarifazo» de Etecsa, no podría hacerse sin pagar un costo político y posibles reacciones de una población que ya bastante trabajo pasa para llegar a fin de mes.

El documento, además, sigue apostando por estrategias cuya práctica ha sido reiteradamente fallida, como los topes de precios, el acopio centralizado de los productos agrícolas, o el intento de bancarización forzada sin establecer un mercado cambiario funcional que permita al sector privado cerrar sus ciclos comerciales. Por lo tanto, aunque el «control» es una palabra que se menciona más de 40 veces en todo el texto, lo más probable es que se mantengan los mecanismos informales que hoy sostienen la economía. 

En cuanto a la empresa estatal, el programa adelanta algunas de las transformaciones que propone la Ley de Empresas, como el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, la definición de la autonomía de las empresas según su objeto social, la actualización de la política salarial en el sector empresarial, o la creación de empresas mixtas con las Formas de Gestión No Estatales. El principal obstáculo está en que el marco jurídico para materializar estas metas sigue siendo pospuesto año tras año. 

Faltan dos meses para que se acabe el año, sin que haya una mejora visible en la economía del país. Por tanto, si como afirma el texto introductorio, este programa se implementa desde enero, hay evidencia fáctica suficiente para sostener que no ha dado resultados. Y no debe esperarse otra cosa, porque reimpulsar la economía no se consigue con «buenos deseos», requiere corregir las políticas y estrategias que hoy actúan como frenos, y hacerlo con autocrítica y con una voluntad real de transformación estructural.

En este sentido, el Programa adolece de lo que pregona: promete orden y eficiencia, pero carece de diagnóstico operativo, secuencia y prioridades claras, responsables y financiamiento. Sin ese giro de fondo, seguirá siendo un listado de aspiraciones y promesas vacías que se derrumban como un castillo de naipes ante la aplastante realidad diaria.