Ni impunidad ni fronteras para el maltrato animal

La noticia es que la asociación Bienestar Animal Cuba (BAC) anunció un proyecto internacional sin precedentes para hacer frente al maltrato animal en la Isla.

Con apoyo de redes aliadas en otros países, BAC pretende que cada denuncia de este tipo tenga consecuencias legales fuera de Cuba, y que quienes agreden a los animales enfrenten obstáculos para emigrar, obtener residencia o insertarse legal y socialmente.

La organización sin ánimo de lucro e independiente, que agrupa a voluntarios en casi todas las provincias del país y ha sido una de las voces más activas en la defensa de los derechos animales, explicó que «aunque dentro del territorio cubano nuestras acciones no generarán los efectos que buscamos hace años, en el exterior cada expediente será tratado con la misma fuerza que un antecedente penal». Agregaron además que «esto no es una improvisación, es el resultado de tanta ola de maltrato animal que nos ha llevado a tocar todas las puertas internacionales».

Las denuncias recogidas en Cuba serán analizadas por una comisión privada conformada por tres abogados nacionales, una secretaría de actas y un consejo asesor confidencial. Si se reúnen suficientes pruebas, los expedientes serán enviados a consulados, fiscalías y autoridades migratorias de países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, donde se podrían tomar medidas como la inadmisibilidad migratoria, la revocación de residencias o incluso la deportación de los agresores.

Un aspecto a destacar en esta iniciativa es que la base de datos creada tendrá carácter retroactivo, lo que permitirá incluir a personas implicadas en casos anteriores. En los procesos en los que el maltrato no haya causado la muerte del animal, existe la posibilidad de solicitar la eliminación del registro pasados cinco años, mediante el pago a la asociación de una fianza con un alto costo. Pero si el abuso resultó en muerte, la inscripción será «permanente e irrevocable».

Esto significa que el maltrato animal ya no quedaría restringido solo al ámbito nacional, los casos documentados pueden trascender las fronteras y generar consecuencias fuera del país, dependiendo de la legislación de cada Estado.

En la actualidad, los actos de crueldad contra los animales no figuran como antecedentes en procesos migratorios porque no son penalizados de manera efectiva por el Estado. La iniciativa busca revertir precisamente eso.

BAC surgió como una red ciudadana frente al abandono institucional del bienestar animal. En un país sin refugios estatales suficientes o clínicas veterinarias asequibles, han sido los voluntarios quienes han asumido el rescate y cuidado de cientos de animales.

Su labor se ha extendido a ferias de adopción, intercambios educativos y campañas de esterilizaciones, gracias a las cuales se ha logrado contener la reproducción descontrolada y fomentar una cultura de cuidado responsable en distintas comunidades. También, como parte de su trabajo, la organización mantiene activo un sistema de denuncias ciudadanas para canalizar casos de maltrato; a través de ese mecanismo, las personas pueden aportar pruebas, testimonios o información valiosa que dé inicio a un proceso de investigación cuando sea necesario. 

La agrupación fue una de las voces determinantes en la presión ciudadana que logró la aprobación del Decreto-Ley de Bienestar Animal en 2021, la primera norma en Cuba dedicada específicamente a la protección animal. Dicha legislación prohíbe el maltrato, promueve la tenencia responsable y regula el uso de animales en diversas actividades. También reconoció por primera vez a los animales de compañía, de trabajo y en situación de calle.   

En teoría, la aprobación de este documento legal fue el resultado de años de reclamos ciudadanos y activismo del movimiento animalista. Pero en la práctica, las herramientas institucionales para hacerlo cumplir siguen siendo débiles, generalmente se limitan solo a multas mínimas, y dependen de la apreciación y formación de los inspectores de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, que muchas veces carecen de autonomía para actuar ante los casos de crueldad.

Es importante añadir que, aunque el Decreto-Ley 31 y su Reglamento permiten que grupos protectores e iniciativas ciudadanas colaboren en la defensa del bienestar animal, lo hace bajo la lógica de que toda acción debe estar coordinada y supervisada por el Estado, a través del Centro Nacional de Sanidad Animal, lo cual obstaculiza que organizaciones como BAC actúen con autonomía real, limitando su capacidad de respuesta.

Ante esta situación, muchos activistas han asumido de manera independiente la tarea de cubrir los vacíos que el Estado deja, pese a la escasez de recursos para mantener los centros de acogida, la falta de respaldo institucional a protectores y rescatistas, e incluso episodios de presión por parte de las autoridades.

Otro de los factores que más golpea su labor es la falta de apoyo financiero, que obliga a depender exclusivamente del voluntariado y la solidaridad, en medio de una crisis económica cada vez más precaria para la sociedad cubana.   

Nada indica que ese contexto vaya a cambiar pronto, y mientras tanto, los casos de crueldad siguen en aumento. En el último año, la organización alertó sobre un repunte preocupante, que va desde agresiones en la calle y negligencias domésticas, hasta espectáculos que involucran animales. Desgraciadamente, los ejemplos —más o menos visibles— no dejan de acumularse.

Nuestra opinión es que el nuevo proyecto de BAC representa un caso inédito de justicia transnacional desde la sociedad civil, que busca cubrir los vacíos legales e institucionales que persisten en Cuba.

Se trata de una de las respuestas cívicas más audaces en defensa de los animales en el país, al acudir a alianzas estratégicas internacionales para evitar que los maltratadores de animales queden impunes fuera del territorio nacional y lograr que el daño ocasionado tenga consecuencias concretas, visibles y duraderas, además de que sirva como medida de contención ante futuros abusos.

Demuestra, además, hasta dónde puede llegar la sociedad civil organizada cuando las vías institucionales no son suficientes, y cómo impulsar cambios reales allí donde el Estado se ausenta.

Pero para que iniciativas como esta no sigan siendo la excepción y puedan convertirse en parte de una política pública sostenida, el Estado cubano debe asumir su responsabilidad. Hace falta educación desde edades tempranas, formación especializada para inspectores y fuerzas del orden, un fondo estatal que respalde refugios y clínicas, y una apertura real a la participación de la sociedad civil en la formulación y seguimiento de los protocolos, entre otras cosas.

Mientras agrupaciones como BAC no cuenten con un reconocimiento jurídico pleno, su labor seguirá limitada, y no por falta de compromiso. Tratándose de una causa tan sensible y noble como esta, donde cada acción puede marcar la diferencia en la vida de los animales, el Estado no debería seguir representando un freno; tiene que ser aliado y parte de la solución.