Una lista de demandas más larga que el Cauto

La noticia es que un grupo de personas en la comunidad granmense de Río Cauto protestaron en los alrededores del gobierno municipal y conversaron con las autoridades sobre «atrasos en la entrega de la canasta básica, impagos de salarios, abasto de agua, la venta de la leche, el transporte y la situación del déficit de generación de energía eléctrica«, según informó la prensa local.

«Pobladores del municipio Río Cauto en la Provincia Granma se personaron en las cercanías del Gobierno municipal, con insatisfacciones y reclamos por situaciones reales que afectan la cotidianidad», afirma el reporte de CNC TV Granma. Al decir de estos reportes, la población se acercó al gobierno para buscar soluciones.

Al lugar acudió la primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, y conversó con los que fueron a protestar. La dirigente ofreció un discurso acalorado afirmando que la Revolución «fue la que dio la electricidad» y que «no les iba a quitar lo que les dio», también se preguntó qué era Río Cauto antes de la Revolución.

La dirigente del Partido afirmó que se trabaja sin descanso «en medio de las adversidades que propicia un bloqueo recrudecido y su impacto en la economía del país y en la calidad de vida del pueblo».

Según varios medios de comunicación, la protesta se debió a los apagones, los atrasos en la entrega de los alimentos subsidiados de la canasta básica, e impagos de salarios, algo raro en el ambiente laboral estatal cubano, considerando que los salarios son particularmente bajos, pero tienden a pagarse en tiempo. No obstante, algunos afirman que la causa por la que tantas personas se reunieron fue para exigir la liberación de Mayelín Carrasco Álvarez, una madre que protestó el 5 de marzo gritando: «¿Dónde está la Revolución?… Todo se ha caído», y durante su protesta en solitario fue detenida por personas no uniformadas.

Si bien la prensa oficial no se ha referido al tema de la detención, ha circulado una foto en redes sociales en la que se ve a la secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló y a la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, junto a Mayelín Carrasco en una visita que es aparentemente cordial.

«Ella es Mayelín Carrasco, la madre riocautense que ha sido carne de cañón de los odiadores, se encuentra bien de salud y muy arrepentida por su manera de actuar» dijo la secretaria del Partido de esa provincia en su perfil en Facebook, pero se desconoce por qué Carrasco se sentiría arrepentida.

«(Ella) sabe que las consecuencias de sus actos a quienes más afecta es a sus seres queridos y especialmente a sus hijos, porque los que andan incitando no lo hemos visto por ningún lado preocupados ni ocupados de su situación», pero no especificó quién la incita a protestar, ni si el gobierno está ocupándose de sus demandas como madre, que refiere padecer falta de alimentos para sus hijos.

En el post, que no se comprende bien si es una amenaza disuasiva para otras madres que quieran protestar o un intento de conciliación con la ciudadana, afirma que Cuba es un Estado de Derecho y se necesita más obediencia y respeto a las normas jurídicas, pero no ahondó en qué delito cometió Carrasco por el que fue detenida.

«Para exigir un derecho o varios derechos no implica que tenga que hacerse por una vía que genere irrespeto ni desorden en relación con las normas de convivencia social establecidas en la Constitución de la República. Existen otras vías y métodos para ello», afirmó Ortiz, pero no mencionó cuáles podía haber utilizado Carrasco que estuvieran disponibles y fuesen efectivas ante su demanda.

En ningún momento del post se hace referencia a las razones por las que la ciudadana protestó, y si sus demandas estaban siendo atendidas, que obviamente no son preocupaciones solamente suyas, sino de una gran cantidad de personas que fueron a secundar su protesta.

Falta de alimentos , largos apagones, impagos de salarios y severo desabastecimiento parecen ser las causas, pero sería interesante saber por qué Río Cauto, municipio atravesado por el río más largo y el segundo más caudaloso de Cuba, está tan severamente afectado por la crisis, cuando en ese territorio está la mayor camaronera de Cuba, Calisur, dedicada a la cría, cultivo y exportación de camarones, una empresa nacional que funciona bajo un contrato de administración con capital extranjero.

Es además uno de los municipios arroceros más importantes de Cuba, fuente de empleos que deberían reportar salarios dignos a los habitantes municipales, o al menos ingresos al presupuesto municipal.

Según trascendió en medios estatales y no estatales, dos cosas pasaron después de las protestas: se instaló una bomba de agua, y se realizó un acto de reafirmación política pro-gubernamental.

Esta noticia significa que la severa crisis que afecta con más dureza a zonas rurales, y económicamente más rezagadas como el oriente del país, está golpeando duramente a municipios más remotos, incluso aquellos que tienen industrias generadoras de ingresos y empleos.

Significa, además, que protestar por el innegable empeoramiento de las condiciones de vida sigue viéndose como una afrenta y amenaza, y no como ejercicio de un derecho, y de llamar la atención sobre el acelerado deterioro de las condiciones de vida que sufren estas comunidades.

Si bien es un avance con respecto a otras protestas anteriores que las autoridades se reúnan con los manifestantes, en las declaraciones públicas de la secretaria del Partido de la provincia, se da a entender la señora que protestó y fue presuntamente detenida —no por agentes uniformados— tenía razones para estar arrepentida por protestar, y que las peores consecuencias de protestar la sufrirían sus hijos, algo que algunos han interpretado como una amenaza indirecta, y sin mencionar que, quizás, quiénes más sufran si no protesta son sus hijos también.

Nuestra opinión es que esta es una expresión más del hartazgo popular, y otra demostración de la falta de experiencia y tacto que tienen las estructuras partidistas y gubernamentales para lidiar con las manifestaciones de descontento.

Protestar es un derecho, y su protección vuelve a violarse en este caso, en el que se detiene a quien lo hace, y aunque un grupo de personas, durante una protesta, escucharon un discurso de la secretaria del Partido, no deja de ser esta una manifestación de una comunidad que siente que ya tiene poco que perder, y prefiere interpelar a las autoridades buscando respuestas a la acumulación de problemas que deben resistir en la vida cotidiana.

Si bien la instrumentalización de estas protestas para ofrecer una imagen de estado fallido es frecuente, especialmente en los medios de la oposición que se alinean a la política de cambio de régimen, en este caso, la validez de la demanda parece innegable, y debería ser una señal clara de que el cansancio por el cúmulo de problemas, y la sensación de sentirse sin salida, pueden impulsar a muchas comunidades a hacer lo mismo.

Criminalizar esas expresiones, o discursar sobre lo que la Revolución otorgó hace cinco décadas, un argumento que ya nada dice —sobre todo a las generaciones que nacieron en los últimos años y han vivido en una situación de permanente crisis—, no solucionará el problema, ni evitará otras manifestaciones similares en el futuro.

Un proyecto político no puede vivir solamente de glorias pasadas, y mucho menos utilizarlas para deslegitimar, minimizar o desviar la atención sobre las demandas que hace una ciudadanía cuyas carencias y razones para estar indignada ya van superando el caudal del Cauto.