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¿Negligencia médica o sistema colapsado?
Fue noticia este 28 de noviembre que seis médicos del hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, esperan la sentencia de un tribunal de la provincia de Granma, tras ser juzgados por la presunta negligencia médica que acabó precipitando la muerte de un paciente lesionado en un accidente de tránsito.
El caso llevaba varios días en el debate público. En respuesta a las críticas que estaban recibiendo por la falta de insumos en los servicios hospitalarios, la Dirección General de Salud Pública de Granma publicó una nota. En esta aclara que los profesionales imputados se encuentran en libertad y «no han sido inhabilitados». El comunicado asegura también que el proceso penal «se ha desarrollado con apego a las garantías establecidas en las leyes».
No se trata de un hecho reciente. Sucedió el 17 de diciembre de 2021. Los galenos pendientes de sentencia ya habían sido sancionados administrativamente. Sin embargo, el caso terminó en los tribunales.
Numerosos colegas de los facultativos acusados han salido a las redes sociales para confirmar que el hospital bayamés, lo mismo que otras instituciones homólogas a lo largo del país, trabajaban sin insumos básicos tanto en 2021 como en la actualidad. Llama la atención que incluso personas conocidas por defender habitualmente al gobierno cubano se hayan pronunciado pidiendo una mejor revisión de lo sucedido.
Esto significa que la crisis del sistema de salud cubano se hace cada vez más evidente y en este contexto resulta sumamente difícil deslindar las responsabilidades individuales de las institucionales. En el gran debate que se ha generado, la mayoría de los que intervienen excusan a los doctores juzgados y exigen responsabilidad al Ministerio de Salud Pública.
No hay información estadística sobre los casos de probable negligencia médica que han terminado en tribunales durante los últimos años. Sin embargo, a inicios de 2023 fue conocido el fallecimiento de ocho niños recién nacidos en el hospital materno infantil de Diez de Octubre, esa vez los medios estatales sí ofrecieron información exhaustiva sobre las causas y consecuencias de lo sucedido.
Nuestra opinión es que el colapso de los servicios en la mayoría de las instituciones clínicas del país aumenta la probabilidad de que los médicos pendientes de sentencia tengan razón, no obstante, la falta de información completa y fidedigna no ha permitido a la opinión pública contrastar las evidencias que poseen las autoridades con las de los acusados.
En muchas ocasiones la violación del protocolo responde a que no se cuenta con los insumos necesarios para cumplir con lo pautado o tomar la mejor decisión. Por tanto, el precedente podría crear temor entre los profesionales de la salud que hoy trabajan sin las condiciones adecuadas y que, como resultado, se cohíban de buscar alternativas para salvar la vida a un paciente por miedo a ser responsabilizados si fallan.
Sancionar no va a resolver la crisis de insumos y de personal en el hospital bayamés, ni en el país. Estos procesos penales, que son inevitables, deben establecer las responsabilidades precisas de cada una de las partes, incluyendo las instituciones.
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El precio de la desobediencia
Otro proceso judicial volvió a ser noticia esta semana. El pasado martes la intelectual Alina Bárbara López Hernández resultó sancionada a pagar una multa por el delito de desobediencia. Este es el colofón de un largo pulseo entre la Seguridad del Estado y la conocida profesora, acentuado hace varios meses cuando López Hernández comenzó a manifestarse en público para reclamar a las autoridades que respeten los derechos asentados en la Constitución de 2019.
El día del juicio varias personas que quisieron acompañarla durante la vista oral terminaron detenidas o sitiadas en sus casas.
López Hernández publicó un relato de lo sucedido en el juicio, en el que interpreta las incongruencias entre lo que plantea la ley y la praxis de las autoridades judiciales. También apeló a la decisión de tribunal, por lo tanto, es muy probable que este caso continúe.
Esto significa que la independencia de los tribunales cubanos es cuestionable, a pesar de lo que plantea la Constitución de 2019 y el resto de las leyes relacionadas. De atenerse a ese principio, el caso de Alina Bárbara hubiera tenido otro fallo.
Opinamos que el «Estado socialista de derecho» enunciado en la Constitución no puede ser un discurso difuso, sino un escenario en el que realmente los ciudadanos ejerzan plenamente su personalidad pública, incluso aunque esta se contraponga a los mandatos del Partido Comunista de Cuba. Disentir o apoyar el disenso no puede ser delito.
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El cine, campo de batalla contra la censura
Las tensiones entre los cineastas y las instituciones oficiales continúan siendo noticia.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) condenó este 29 de noviembre con un «pronunciamiento» la última edición del festival de cine que patrocina desde 2019 el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (Instar), una organización que fundó la artista Tania Bruguera en La Habana.
La Uneac declaró que las obras que exhibirá el festival de cine en varias ciudades europeas y latinoamericanas pretenden «falsear las realidades» de Cuba y que se trata de «una maniobra» para «socavar los pilares de la nación».
El comunicado señaló que «no es casual» que coincida con el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, cuya edición 44 tendrá lugar en la capital cubana entre el 8 y el 17 de diciembre.
Antes de comenzar, ya el Festival de La Habana está provocando discusiones. Esta semana se supo también que el documental «Llamadas desde Moscú», de Luis Alejandro Yero, quedó excluido de la selección oficial por «algunas frases incómodas», según explicó su autor.
Esta exclusión, lo mismo que la del polémico «La Habana de Fito», de Juan Pin Vilar, motivó una declaración de la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC), un colectivo de artistas constituido para impulsar el diálogo con las autoridades culturales sobre la censura precisamente.
La ACC consideró que el ya clásico festival habanero es un espacio donde se ejercita la «violencia institucional». Aprovecharon para señalar que no aceptarán «la criminalización de la Asamblea ni de los cineastas».
Esto significa que el campo de batalla de los cineastas cubanos contra la censura sigue reportando escaramuzas. Más que eso, ratifica la incapacidad permanente de las autoridades culturales para sostener un diálogo de buena voluntad con los artistas.
Opinamos que el lenguaje y el tono de la declaración de la Uneac son un anacronismo. Aunque exprese algunas verdades generales, no aporta evidencias de que las obras presentadas en Instar engañen al público sobre la realidad o agravien al certamen oficial. De hecho, uno de los audiovisuales incluidos en la selección de Instar, Los Puros de Carla Valdés León, alcanzó el Coral a Mejor Cortometraje Documental en la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (2021). Por tanto, esta acusación, planteada sin matices, no se sostiene.
En vez de avanzar hacia el diálogo que exigen los artistas, las instituciones culturales aparecen públicamente como un frente coordinado para darles un portazo en la cara. Esa política no resolverá las demandas legítimas del gremio cinematográfico. ¿No es evidente?
Cero tolerancia
Es noticia que Cuba sigue combatiendo el tráfico de drogas en un escenario internacional que ha empeorado en los últimos tiempos.
El coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), informó en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, que el fenómeno se complejiza por el incremento del cultivo de cocaína en América del Sur.
Según Poey se intentó introducir droga en Cuba desde 11 países. El mayor número de envíos procedían de Suriname, en ese caso cocaína, y Estados Unidos, con predominio de la marihuana y sus derivados. El oficial afirmó que estos intentos de introducir drogas son responsabilidad, sobre todo, de «cubanos radicados en el exterior», aunque también compartió información sobre los sembrados detectados en la Isla. Asimismo, recalcó que «los resultados de 2023 confirman la voluntad política del Gobierno de Cuba de tolerancia cero a las drogas».
Por su parte, Ileana Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular agregó que en 2023 han sido sancionadas 689 personas por delitos relacionados con drogas y al 92% se les han impuesto penas privativas de libertad. El Código Penal cubano castiga, no solo el tráfico y comercialización, sino tenencia de este tipo de sustancias —incluso en pequeñas cantidades—, no obstante, la jurista aclaró que el consumo no es penalizado.
Esto significa que el Estado todavía mantiene el control sobre la entrada de droga al país, algo que pone a la Isla en considerable ventaja con respecto a la región y al mundo, sobre todo en un contexto en el cual el tráfico y consumo de sustancias tóxicas adictivas está provocando guerras y crisis sanitarias.
Nuestra opinión es que la «política de cero tolerancia» hasta ahora ha funcionado para que el consumo y tráfico de drogas no se convierta en un problema grave en Cuba. No obstante, tiene pros y contras.
No es demasiado difícil adquirir marihuana en zonas urbanas del país, sobre todo aquellas que tienen afluencia de turismo. Las drogas sintéticas son menos comunes, pero su consumo tampoco es totalmente raro en determinados ambientes.
Por otro lado, países — la mayoría desarrollados— cuyas poblaciones tienen un alto nivel de adicción a estas sustancias han optado por la variante mantener la punitividad sobre el tráfico, pero despenalizar la tenencia de cantidades pequeñas, mientras se estimula que el consumo se dé en condiciones seguras y ambientes controlados.
Asimismo, la efectividad y pertinencia de castigar la producción y consumo de la marihuana sigue siendo un debate, incluso dentro de la Isla.
Vale estar alternas, y si en algún momento el contexto cambiara, habrá que explorar otras políticas.
