Las pre-ocupaciones del PCC, los topes no implementados, y más noticias

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Pleno de retórica, escaso de soluciones

Fue noticia este fin de semana el VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), cuyas sesiones de trabajo no se transmitieron de manera íntegra, y solo tuvo acceso la prensa oficial. No obstante, a partir de los reportes presentados puede constatarse que dos de los temas esenciales de estos encuentros fueron la producción de alimento, la atención a los delitos, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales.

El miembro del Secretariado del CC y jefe del departamento agroalimentario de esa estructura política, José Ramón Monteagudo Ruiz, comentó acerca del impacto negativo que ha tenido sobre la producción de alimentos la falta de financiamiento, de insumos, los impagos a los productores y las dificultades con la contratación, entre otros pendientes.

Con la conducción del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, en el Pleno se evaluó el «cumplimiento» de los acuerdos adoptados desde el 8vo. Congreso del Partido (abril de 2021), así como el estado de implementación de las Proyecciones del Gobierno para «corregir distorsiones y reimpulsar la economía».  

De los 14 acuerdos evaluados, «hay cumplido uno, otro se incumple y el resto se encuentra en proceso», dijo Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización. Agregó también que muchos de ellos están relacionados con el trabajo de organizaciones políticas y de masas como la UJC, los CDR y la FMC.

Asimismo, según Prensa Latina, Ojeda «aseguró que desde diciembre de 2023, el Buró Político analizó 68 temas y adoptó 108 acuerdos relacionados con la defensa, la seguridad nacional y la política exterior», entre otros. Y «se desarrollaron 155 mil 334 reuniones en las que participaron más de tres millones de personas para el aseguramiento e implementación de la estrategia del Gobierno para «corregir distorsiones» e «impulsar la economía».  

El funcionario también se refirió a la política de cuadros y los presuntos retos más allá del completamiento de las plantillas. Sobre las cualidades que necesitan los dirigentes afirmó: «si algo no le puede faltar a nuestros cuadros es firmeza ideológica, que se traduce en compromiso, que se traduce en combate, que se traduce en entrega cotidiana».

Por su parte, Marrero dijo que «se elaboró el Plan de Acciones por el Grupo Temporal de Trabajo Económico del Gobierno, con la participación de los Organismos de la Administración Central del Estado y varios expertos, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y definidos ocho objetivos generales:

1. Programa de Estabilización Macroeconómica
2. Incrementar los ingresos externos.
3. Incrementar la producción nacional.
4. Desarrollo del sistema empresarial y el perfeccionamiento de formas de gestión no estatales
5. Gestión estratégica del desarrollo territorial.
6. Transformar el funcionamiento de la economía.
7. Las políticas sociales.
8. Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

«Como resultado de este análisis, se identificaron 100 proyecciones y para implementar estas, 220 acciones. El tema será abordado durante la próxima sesión ordinaria de la ANPP en el mes de julio», añadió.

Otro de los aspectos tratados en el Pleno fue el de la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales. El tema se ha mantenido en la agenda como una preocupación por el impacto que tienen estas manifestaciones en la crisis del país y la pérdida de legitimidad del gobierno.

La contralora general de la República, Gladys Bejerano, calificó como «contrarrevolución» estas violaciones que abundan en algunos lugares y llamó a «combatirlas».

Julio César García, jefe de la Oficina de atención al sistema del Poder Popular, órganos del Estado y el sector Jurídico expresó que «no se ha logrado el efecto deseado en la disminución del delito, que se mantiene con cifras elevadas y rasgos de complejidad en determinados casos». Según trascendió, los principales hechos delictivos son relacionados con el patrimonio.

Con relación al tráfico y consumo de drogas, según el jefe de la Dirección Antidrogas, Cor. Juan Carlos Poey, «se aprecian afectaciones en sectores infanto-juveniles; aumenta la cantidad de enfermos por consumo de droga, las quejas e informaciones de la población en distintas zonas y lugares con complejidad en el tráfico y consumo».

Para el titular del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, las leyes cubanas «dan todas las herramientas e instrumentos necesarios para un enfrentamiento consecuente al delito».

En cuanto a la violencia de género, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, destacó que se está trabajando en el diseño de un registro administrativo interoperable que, en teoría, permitirá recopilar información en tiempo real para la toma de decisiones preventivas y mejorar la respuesta institucional ante cada caso.

Esto significa que el Partido es capaz de reconocer someramente los síntomas de la evidente crisis que vive la Isla, aunque no sus causas estructurales, y tampoco dar soluciones.

A dos años de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional como parte de los objetivos de la Agenda 2030 para garantizar la alimentación, los nutrientes y promover la agricultura sostenible, ninguno de estos propósitos ha podido lograrse.

Las dificultades para el acceso a los alimentos en un contexto de elevada inflación, la empobrecida y tardía canasta básica mensual, la dependencia de las importaciones y los problemas con los productores, entre otros factores, han tensado el escenario de inseguridad alimentaria en el país.

Asimismo, el despoblamiento rural y, en consecuencia la reconcentración urbana, son de los peligros demográficos que aceleran la crisis alimentaria. ¿Quién trabajará la tierra en los próximos años? ¿Qué se está haciendo para estimular la permanencia en el campo? Tic-tac.

Por otro lado, tarde llegaron las modificaciones establecidas en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en marzo pasado, que fijan los precios máximos de acopio en moneda nacional para la leche. Si bien se incrementó el pago a los ganaderos a 38 pesos el litro, prevalecen las diferencias insalvables que no tienen en cuenta el costo de producción y el precio de ese mismo litro en la calle.

Tampoco la presente campaña azucarera ha podido garantizarse. Se insiste a nivel de discurso en una revitalización de esta industria, pero no pasa de ser el ritornelo nostálgico de una época de esplendor. Tras la decisión de desmantelar la agroindustria azucarera en la década de 1990, y con ello, paralizar los centrales, se ha experimentado un decrecimiento imparable en la producción de azúcar y sus derivados. Actualmente el gobierno cubano es incapaz de asegurar el consumo nacional.

Igualmente, la inestabilidad y constantes fracasos de las políticas económicas sigue estando a la orden del día. El 1 de julio se anunció el tope de ganancias del sector no estatal en negocios con las empresas estatales como una forma de frenar los altos precios de algunos productos de mipymes que venden directo a la población. También se anunciaron topes a productos de primera necesidad. Sin embargo, luego del anuncio, aún no ha podido aplicarse dicha medida, al parecer, debido al debate que generó con el sector privado, algo que ampliaremos en la próxima noticia. 

Opinamos que el gobierno y el Partido están desaprovechando oportunidades de mostrarse mínimamente eficientes para resolver la crisis que atraviesa la nación cubana. La situación del país es cada vez peor y el panorama internacional no se proyecta favorable tampoco. Es incomprensible que los dirigentes aparenten un optimismo que no se sostiene. Las consecuencias de la desatención están tocando a la puerta hace rato. 

El Pleno, si bien no presentó grandes novedades, sí reveló claves para vislumbrar hasta qué punto el Partido se encuentra lejos de comprender los problemas estructurales que causan la crisis. Las sesiones de trabajo ocurridas entre viernes y sábado dejaron más preguntas que respuestas.

Sin abordar los problemas de fondo, las propuestas presentadas no van más allá de las conocidas fórmulas para «corregir distorsiones» y «reimpulsar la economía» que siguen apelando al voluntarismo y las exhortaciones vacías sin remover las causas de fondo.

Se ratifica una imagen de PCC anquilosado en viejas recetas que acuden a discursos desfasados para llamar al control, la unidad y la firmeza ideológica, evadiendo los graves errores de la gestión gubernamental y obviando presentar acciones concretas para salir de la crisis. Una vez más se habla de «rectificación» y «actualización», una especie de «donde dije digo, digo Diego» que pone en jaque la sobrevivencia cotidiana de los ciudadanos, quienes cada vez encuentran más problemas para reproducir la vida.

¿Nuevos signos de la misma crisis?

Uno para adelante, dos para atrás…

La noticia es que el gobierno decidió topar los precios de algunos productos que son comercializados por las formas de gestión no estatales (Fgne). Lo comunicaron de forma errática e informal el 1 de julio, y ante la reacción de los empresarios privados, un día el perfil de Facebook de la Dirección de Inspección de Pinar del Río anunció que no se aplicaría. No se sabe si se pospone o suspende la medida. 

En las listas de productos publicadas por las instituciones en las redes sociales para ser topados están la salchicha, la leche en polvo, el pollo, las pastas y el detergente. También algunas viandas, hortalizas y vegetales.

Todo parece indicar que la no aplicación de la medida se debe a la falta de consensos sobre los precios entre el Estado y el sector privado. Algunos titulares de negocios han manifestado sus opiniones y las posibles consecuencias a los representantes del Estado de forma pública y en reuniones más cerradas.

Recientemente el medio independiente El Toque publicó un audio en el que se puede escuchar el diálogo de varios empresarios con la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, sobre el tema.

«De entrada, puedo decir que no habrá leche, aceite ni pollo» afirmó uno de los presentes. El principal señalamiento de los empresarios es que los topes establecidos volverían irrentables sus emprendimientos, pues no tienen en cuenta el valor del dólar en el mercado informal cubano, el aumento de los costos de transportación, y el incremento de los precios en el mercado internacional.

Sobre la falta de acceso a un mercado cambiario legal y estable, uno de los aspectos más discutidos, la funcionaria expresó: «reconocemos la distorsión en la tasa de cambio y está en estudio la evaluación de una solución, cuando existan las condiciones».

Esta situación sucede en medio de dos semanas en las que se han reunido el Consejo de Ministros y el VIII Pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC), respectivamente, y se han discutido los temas económicos. En reciente reunión del Consejo de Ministros se empleó varias veces el término «economía de guerra» por los más altos representantes estatales.

El primer ministro Manuel Marrero expresó que «en medio del escenario de economía de guerra en que opera el país, es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control».

Esto significa que se evidencia la falta de coordinación entre los funcionarios estatales de varios niveles y los nuevos actores de la economía. Se quieren implementar medidas sin análisis en conjunto, comunicación oportuna y el alcance de consensos.

Es preciso entender que el sector privado cada vez tiene más peso en la economía, por tanto, puede influir directamente, de forma positiva o negativa, en la satisfacción de necesidades de la población. Así lo demuestran las últimas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre la Venta de Bienes y Servicios Minoristas, las cuales indican que la diferencia entre las ventas estatales y las no estatales fue de tan solo un 11.2% en 2023. Asimismo, que la participación porcentual del sector privado en este renglón creció 10 veces en relación a 2020.

El gobierno intenta reaccionar a las críticas de su gestión económica con regulaciones que han demostrado no funcionar para lo que dicen ser implementadas, que es proteger a la población. Muy por el contrario, tienen un efecto negativo en la economía familiar. 

Nuestra opinión es que se sigue improvisando en temas económicos a falta de una reforma integral.

Si continúan las medidas restrictivas hacia el sector no estatal, en vez de políticas de fomento, se sigue posponiendo la Ley de Empresas, y no se explica en qué consiste el Plan de Estabilización Macroeconómica, la situación no puede más que empeorar.  

En Cuba no se va a producir más, no se va a exportar más, no se va innovar más si no se aplica una reforma integral de la economía en la que se regule con equilibrio el vínculo entre el Estado y el sector privado y cooperativo. Ahora mismo se percibe una relación muy tensa entre estos dos sectores de la sociedad y haría falta un consenso sobre cuál es la mejor manera de desarrollar el país y cumplir con las metas de justicia social que merece el pueblo cubano.

Omar Everleny: «El Estado hoy sigue intentando desconocer el mercado».

Artistas e intelectuales firman carta abierta contra la criminalización del disenso

La noticia es que más de 200 intelectuales y artistas suscribieron una carta abierta que rechaza la criminalización del disenso, el uso de la fuerza y la protesta pacífica en Cuba. La misiva se publica en apoyo a las historiadoras Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, quienes, según sus declaraciones, fueron violentadas por la policía mientras viajaban a La Habana para ejercer su derecho a la protesta.

El texto fue publicado en la cuenta de la red social digital Facebook del profesor y crítico de cine Gustavo Arcos, firmado originalmente por 9 intelectuales y cineastas. Luego fueron sumándose otras firmas que hasta hoy incluyen a personalidades como Leonardo Padura, Fito Páez, Lázaro Saavedra, Maggie Mateo, Fernando Pérez, Luis Alberto García y Ernesto Daranas.  

«El uso de la fuerza, la criminalización del disenso y el encarcelamiento no resuelven nuestros verdaderos problemas. Todas las cubanas y cubanos tenemos derecho a proponer nuestras ideas para salir de esta crisis. Solo desde la tolerancia y el respeto a la diversidad de criterios es posible emprender el camino que nos saque de este atolladero» se lee en uno de sus párrafos.

El documento también se refiere al papel del intelectual revolucionario y crítico con el estado de cosas en la sociedad en que vive, y reclama un rol más activo en el debate cultural. Además, denuncia el tratamiento judicial y policial a quienes deciden protestar, así como la renuencia de las autoridades a entablar un diálogo inclusivo con todos los sectores de la sociedad.

«Nuestras autoridades culturales y nuestro Gobierno han dado la espalda a importantes oportunidades de diálogo en el terreno de la cultura que hubieran ayudado a tender puentes hacia el resto de la sociedad cubana. Mientras eso sucede, la impunidad, la corrupción, el abuso institucional, el silencio cómplice, la incondicionalidad oportunista, las desigualdades y el clientelismo ganan espacio de una manera autodestructiva», añade.

López, antes miembro del consejo editorial de LJC, lleva más de un año denunciando en sus redes y a través de su blog Cuba X Cuba el acoso político, judicial y policial al que es sometida por expresar sus ideas contrarias al gobierno cubano.

Esta noticia significa que cada vez más artistas e intelectuales se solidarizan y pronuncian ante la torpe gestión del Estado con respecto a los episodios de disenso y protesta pública. Cualquier ciudadano cubano tiene todo el derecho a expresar sus ideas y protestar pacíficamente. Al menos así está refrendado en la Constitución aprobada en el 2019.

La actitud asumida por muchos de los funcionarios políticos y culturales en los últimos años ha sido negativa y han gestionado desacertadamente cada evento en el que intelectuales o artistas han expresado ideas que son mal vistas por el poder. Desde los sucesos de San Isidro, pasando por el 27 de noviembre, el 11 de julio, el gobierno cubano se ha mostrado intolerante y ajeno al diálogo, no solo con los jóvenes, sino también con figuras que años antes habían sido más cercanas a las instituciones.

Un artículo publicado recientemente en nuestra web afirma: «está demostrado que encerrar a quienes protestan ni resuelve demandas sociales, ni hace que aumente la popularidad del gobierno, ni elimina la manifestación como opción para canalizar el descontento. Por ende, legalizar la protesta en Cuba implicaría beneficios tanto para el Estado como para la sociedad civil».

Nuestra opinión es que debe cesar la criminalización del disenso, ya sea a personalidades, o ciudadanos en general que deciden protestar pacíficamente. La Joven Cuba está en contra de cualquier represión o discriminación a cualquier persona por sus ideas políticas.

Urge gestionar consensos basados en el respeto a la opinión de cada cual, solo así podremos encontrar de forma colectiva y democrática solución a las múltiples problemáticas que aquejan a la nación.

¿Es posible la protesta en Cuba?

Otro triunfo para la ciencia cubana

Fue noticia que la vacuna cubana contra los neumococos Quimi-Vio ya cuenta con el registro sanitario que otorga la entidad reguladora en el país, el Centro para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed).

La directora de Investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), Dagmar García, explicó en su perfil de Facebook que Quimi-Vio «es la más compleja de todas las que hemos hecho en Cuba», resultado de 15 años de investigaciones.

La heptavalente protege contra siete de los serotipos más infecciosos de la bacteria de neumococo, causante de neumonías y meningitis bacterianas en los niños, entre otras infecciones.

«El desarrollo clínico implicó 8 ensayos clínicos que alcanzaron a unos 37 mil niños y que duraron del 2012 al 2023», agregó la científica. 

Esto significa un logro trascendental de la ciencia cubana, en medio de la difícil crisis que atraviesa el país. El registro y aval de Quimio-Vio da vía libre para su producción y distribución a gran escala, beneficiando en primer lugar a los niños.

El gobierno apostó por la creación de empresas basadas en la ciencia. Para ello se invirtieron grandes recursos económicos y se potenció la formación de capital humano que aportara a la investigación científica y al desarrollo de productos.

Un artículo publicado por el Citma recogía que «al menos un millar de cubanos vinculados a la labor de investigación científica emigraron solamente en el año 2022», lo que representa una pérdida considerable y una práctica en aumento.

Aun así, el sector de la biotecnología es una maquinaria que, a pesar del deterioro actual de la economía, mantiene un nivel de excelencia y competitividad a nivel internacional.

En 1989, la vacuna de la Meningitis BC convirtió a Cuba en un país exportador de vacunas. Este hecho propició la creación del IFV unos años después, el mismo que desarrolló la vacuna Soberana contra la covid-19.

Opinamos que la producción de alta tecnología es un activo que el gobierno cubano debería priorizar y potenciar. Entidades con un alto estándar y nivel científico como el IFV no están exentas de carencias de recursos, éxodo de profesionales, barreras regulatorias y el peso de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno norteamericano, pero aún así han logrado dar resultados muy significativos, más si se tiene en cuenta la condición de la Isla como país subdesarrollado. 

Estimular aún más las inversiones en la industria biotecnológica y médico-farmacéutica, sería clave para impulsar la transformación que necesita la sociedad, así como aportar a la salud y el bienestar de la ciudadanía, garantizar el relevo y mantener en alto el prestigio de la ciencia cubana a escala mundial.

Desde La Joven Cuba enviamos nuestras más sinceras felicitaciones al equipo que desarrolló la vacuna en un contexto con tantas contradicciones y dificultades.