¿Por qué aplaude el Parlamento cubano?

El Parlamento cubano volvió a reunirse sin nada sólido que celebrar más allá de la «continuidad» del estado de las cosas. La sesión arrancó con el pie «a la derecha», con lo que calificaría como uno de los discursos más vergonzosos que recordemos en los últimos tiempos: la comparecencia de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, afirmando que quienes limpian parabrisas lo hacen «buscando un modo de vida fácil», que en Cuba «no hay mendigos» sino gente «disfrazada», a quienes no debe dárseles limosna para «no deformarlos».

Estas declaraciones, que parecían de una diputada de Vox, se hicieron frente a un auditorio presuntamente «comunista» con nula respuesta crítica en el hemiciclo, sin embargo, sus palabras no pasaron inadvertidas para el resto de los cubanos. Las redes sociales se llenaron de denuncias, reacciones de indignación, memes, fotos de los presuntos «disfrazados»… Como resultado, al día siguiente Feitó «renunció» tras reconocer en petit comite sus errores, según informó la nota oficial.

Aunque no hubo disculpas públicas, el hecho no deja de tener importancia, pues sería la primera vez en décadas que un alto directivo cubano renuncia al cargo por presiones de la opinión pública, un precedente que confirma el papel que están desempeñando las redes sociales como forma de expresión ciudadana capaz de influir en la política oficial.

Faltaríamos a la verdad sino dijéramos que, tras las nefastas palabras de la ministra, tanto el presidente, como el primer ministro tuvieron un acercamiento más o menos adecuado al problema de las personas en situación de vulnerabilidad. Puede que como una forma de hacer «control de daños», pero aun así sigue siendo inusual, más en un parlamento marcado históricamente por la unanimidad.

Manuel Marrero Cruz afirmó que la vulnerabilidad «no es algo a enfrentar. Nosotros enfrentamos la droga, enfrentamos el delito; esto no se enfrenta, se atiende. Y no es solo atender, sino resolverlo, que es una asignatura pendiente».

Ojalá, aunque sea por la tradición de obediencia que caracteriza la política cubana, sus palabras sirvan para desarraigar del discurso oficial expresiones tan revictimizantes como las dichas por la hoy exministra o las plasmadas hace un par de meses por una magistrada del Tribunal Supremo Popular en el periódico Granma.

Más muertes de niños y madres

Sin embargo, aunque la polémica de los disfraces capitalizó la mayoría del debate, la sesión tuvo muchos otros puntos que merecen atención con datos nada «disfrazables». 

Una de las cifras más preocupantes es el aumento a 8.2 en la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos, el peor registro en 25 años. El ministro de Salud habló de 234 fallecimientos infantiles en solo medio año y de que siete provincias pasan ya la raya del riesgo. La mortalidad materna experimentó un aumento aun mayor; el índice pasó de 37.4 a 56.3 en el período registrado.

Detrás de los números publicados hay incubadoras y aparatos de ultrasonido rotos, un cuadro básico de medicamentos garantizados apenas al 30 %, hospitales sin la plantilla cubierta, entre otros factores ya enraizados que están pasando la cuenta, y no solo a los infantes o sus madres.

En ese contexto, en el Parlamento se aprobó un esquema que otorga al Ministerio de Salud Pública (Minsap) el 100 % de las divisas que generen sus exportaciones, una decisión aplaudible después de años enviando médicos a medio planeta, mientras que, en los hospitales nacionales, los que se quedaban muchas veces no tenían ni siquiera guantes para trabajar.

Será necesario transparentar cuánto de lo generado se queda realmente en el sistema de salud. También que esta decisión provoque de manera rápida una transformación de uno de los pilares históricos que ha enarbolado como bandera el sistema político cubano, pero que hoy está evidentemente debilitado, y que cuesta vidas a la población. 

La economía entre la espada y la pared

Los problemas del sistema de salud no se dan aislados, forman parte de una crisis multidimensional, o policrisis, como ha sido también descrita, con varios factores en juego, pero con el económico entre los primeros lugares.

La economía cubana cerró 2024 con una contracción del 1.1 % del PIB, encadenando dos años de recesión y dejando la actividad un 11 % por debajo de los niveles de 2019. El ministro de Economía detalló ante la comisión parlamentaria caídas del 53 % en las producciones primarias, 23 % en la industria manufacturera y azucarera, y 6 % en los servicios.

A estos descensos se sumaron dos apagones nacionales, déficit crónico de combustibles y desastres naturales que obligaron a redirigir recursos; y que el plan de exportaciones de bienes solo se cumplió al 62 %, afectado también por la escasez de insumos y la disminución de precios internacionales.

En materia de cuentas estatales, el informe de liquidación señala que el presupuesto de 2024 terminó con un déficit de 79 528 millones de pesos, cifra 67 863 millones inferior a la prevista. Las autoridades atribuyen la reducción a ajustes de gasto y a una mejora estructural en la recaudación, sin embargo, esta política no ha estado exenta de fuertes costos sociales, al mantenerse salarios y pensiones congelados, incapaces de hacerle frente a la galopante inflación, con lo cual se ha acrecentado la brecha entre los ingresos y lo necesario para costear la vida.

En este sentido, sí hubo una buena noticia en la Asamblea, el aumento de pensiones mínimas. Según lo anunciado por el primer ministro, a partir de septiembre, la pensión mínima subirá de 1 528 CUP a 3 056 CUP, medida que beneficiará a unas 430 000 personas; además, el 79 % de los jubilados que hoy perciben menos de 4 000 CUP (alrededor de 1.3 millones de ciudadanos) recibirá un ajuste hasta alcanzar ese tope.

El aumento está muy lejos de satisfacer, siquiera, lo necesario para cubrir una canasta básica alimentaria, estimada aproximadamente en unos 12 mil pesos al mes, sin embargo, implicaría un leve alivio para quienes entregaron una vida de trabajo entera, y hoy subsisten con lo mínimo o dependiendo de ayudas familiares.

Por otra parte, en materia cambiaria, Marrero Cruz anunció que «ya está diseñada la política comunicacional y en el segundo semestre implantaremos esta nueva política necesaria para el país», en referencia a la creación de un mercado cambiario formal, el cual se espera que funcione con una tasa flotante.

Aún no está claro si esa paridad se aplicará por igual para todas las empresas —estatales, privadas, extranjeras o mixtas— o solo para un segmento de ellas. La inoperancia del tipo oficial es hoy una de las distorsiones más graves que tiene la economía, pues obliga a canalizar numerosas operaciones hacia el mercado informal, donde la tasa que emplean varios actores económicos está basada en los estimados de un medio opositor. Otras de las consecuencias han sido masas de efectivo —en dólares y pesos cubanos— moviéndose fuera de los bancos, cálculos de costos y precios distorsionados, desestímulo de la exportación… entre otros.

Entonces, se trata sin dudas de una política necesaria, pero no exenta de riesgos. Sería implementada en medio de una contracción productiva y con reservas de divisas limitadas. Mas seguir alargando la situación actual tampoco traería resultados alentadores a la economía. El gobierno se encuentra en una encrucijada donde ningún camino será seguro. Y de provocarse otra escalada inflacionaria, las consecuencias sociales y políticas podrían ser severas.

La única forma de reducir los efectos nocivos que traería una devaluación oficial de la moneda sería combinarla con otras medidas conectadas en una reforma integral —desde la largamente postergada Ley de Empresas hasta incentivos y préstamos a los actores privados que satisfacen necesidades básicas— y con un diseño riguroso fundamentado en la ciencia, que evite repetir los errores de diseño e implementación del anterior «Ordenamiento».

Resulta pertinente entonces traer a colación las palabras del diputado y empresario privado Carlos  Miguel  Pérez  Reyes, que resaltaron por el diagnóstico realista sobre los efectos que provocan las distorsiones estructurales de la economía. El parlamentario recordó que exportar al tipo de 1 × 24 equivale a «producir con pérdidas», que los insumos clave —sobre todo combustible— no llegan a las fábricas mientras proliferan autos en la calle, y que la emigración del personal calificado asfixia cualquier intento de agregar valor.

Enumeró la ausencia de un mercado cambiario funcional, la falta de pasarelas de pago que permitan cobrar desde el exterior, la demora en una Ley de Empresas que ordene a todos los actores y los incentivos aún débiles para la inversión extranjera y la industria del software. Denunció que las medidas, pensadas con excesiva discreción, terminan saliendo «incompletas y en secuencia incorrecta», de modo que el pueblo las percibe como concesiones «a regañadientes».

Su intervención no dista de lo que han dicho muchos economistas en el país, que como él mismo también afirmó, son llamados a encuentros, pero luego no se integran sus criterios a la toma de decisiones. Seguir haciendo esto en un contexto cada vez más riesgoso es simplemente un suicidio político.

Más derechos para más personas

Si bien poco se ha avanzado en resolver la crisis, sí ha habido noticias que resultan alentadoras para comunidades y segmentos poblacionales históricamente violentados, con instrumentos jurídicos que constituyen avances legislativos al otorgar más y mejores derechos.

El primero fue la nueva Ley del Registro Civil, que consagra la autodeterminación de género al permitir el cambio de nombre y sexo legal sin cirugías ni orden judicial, y que ofrece un marco protector para menores intersexuales, cuyo sexo legal podrá rectificarse posteriormente atendiendo a su interés superior y autonomía progresiva, entre otros avances. Con ello, Cuba se suma al grupo de países que han legislado en favor de la identidad autopercibida y atiende una demanda histórica de la comunidad LGBTIQ+.

Aun así, colectivos como el Grupo de Trans Masculinos señalan vacíos por cubrir: como la eliminación de la necesidad de tener dictamen del Cenesex —una institución adscrita al Minsap— para evitar patologizar a las personas trans. Proponen además incorporar la opción neutra en los marcadores de sexo u omitir ese dato en la documentación. También solicitan ampliar a dos las rectificaciones de nombre y sexo en la edad adulta —reconociendo el derecho a destransicionar, o sea, volver a la identidad anterior— y agilizar los trámites para garantizar la efectividad práctica de los derechos recién conquistados.

Otro de los instrumentos que pueden considerarse un paso de avance fue el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que plasma un enfoque de derechos transversal, al reconocer la identidad —incluida la de género— y el libre desarrollo de la personalidad como derechos de los menores.

El instrumento igualmente prohíbe el trabajo infantil, los castigos corporales y toda forma de violencia o trato humillante; regula de manera integral la salud sexual y reproductiva, salvaguardando la autonomía corporal y prohibiendo intervenciones médicas no urgentes en infancias intersex sin consentimiento informado. Unido a esto, obliga al Estado a implementar políticas, planes y protocolos de actuación que garanticen entornos seguros, una educación sexual integral y mecanismos de protección rápida y efectiva en casos de riesgo o vulneración.

Habrá que ver cómo estos enfoques progresistas conviven con tradiciones conservadoras en las familias y las instituciones, que van desde reglamentos escolares que encasillan a estudiantes en modelos rígidos de masculinidad y feminidad, hasta la alta permisividad social en cuanto al maltrato infantil disfrazado de castigo.

Una implementación adecuada del Código tendría el potencial para evitar sucesos como el que recientemente conmocionó al país, la muerte del niño Roberto Carlos Suárez Machado en Matanzas, a causa de un sostenido maltrato familiar.

De nada sirve tener leyes avanzadas si quienes deben ejecutarlas no están a tono con ellas o no hacen bien su trabajo. Varias de las reformas acá aprobadas tienen su antecedente en el Código de las Familias, y no todas han sido implementadas debidamente a causa del mal trabajo de las instituciones que deben encargarse de proteger a las personas de situaciones de violencia o discriminación.

Una «cantera» envejecida

Otra de las noticias que dio de qué hablar fue la eliminación del límite de 60 años para acceder a la Presidencia de la República, una restricción introducida en la Constitución de 2019 y ahora modificada «respetando el proceso establecido». La medida, celebrada por algunos y rechazada por buena parte de la oposición, trae consigo «una de cal y otra de arena».

El tope surgió cuando el PCC admitió el problema del envejecimiento de sus máximos dirigentes —en especial los líderes históricos—, que gobernaron durante décadas con edades muy superiores a ese umbral. Sin embargo, la cláusula no corrigió el desequilibrio generacional porque, además del sostenido envejecimiento poblacional, la política de cuadros prácticamente se mantuvo intacta.

Según el politólogo Roberto Yepe, el único dirigente de «primera línea» que habría encajado —y por muy poco— en el rango original es Roberto Morales Ojeda, actual secretario de Organización del PCC. Se trata de una figura de proyección conservadora y escasa capacidad oratoria, visibilizada por los medios en los últimos años, que lo muestran acompañando al presidente, sin mucho éxito en cuanto a generar cercanía en la población.

Al suprimir el límite, se amplía el abanico de posibles propuestas a elegir por la comisión de candidatura para ser ratificadas en el parlamento en 2028, si Miguel Díaz-Canel concluye naturalmente su mandato. Acá estarían incluidas figuras de mayor visibilidad pública como Gerardo  Hernández  Nordelo, Inés  María  Chapman o Manuel  Marrero  Cruz.

Teniendo en cuenta las estrechas posibilidades que deja nuestro sistema electoral, pudiera decirse que en el fondo resulta una noticia positiva. Cabe recordar que la edad, por sí sola, no garantiza ni un buen ni un mal gobierno: con ese corsé, líderes como Andrés Manuel López Obrador, José «Pepe» Mujica o Luiz Inácio Lula da Silva nunca hubieran llegado a la presidencia en sus respectivos países.

El Parlamento de los aplausos

Las sesiones del Parlamento cerraron con un discurso del presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Pletórico en expresiones optimistas Díaz-Canel repitió frases como «¡Sí se puede!» o «¡Patria o muerte, venceremos!». También apeló al capital político de los líderes históricos de la Revolución, y a los triunfos del pasado.

En su intervención de cierre, el mandatario cubano calificó las jornadas como «auténtica asamblea del pueblo», afirmó que la Revolución sigue «de pie» gracias a una larga tradición de rebeldía y advirtió que el momento es tan duro como decisivo. El discurso concluyó con un llamado a «saltar por encima de los obstáculos» de la guerra económica y a celebrar el 26 de Julio con la «resistencia heroica» de un pueblo que, aseguró, seguirá siendo «inderrotable».

Los diputados aplaudieron fervorosamente. Sin embargo, los aplausos cada vez pierden más sentido para ese pueblo que «resiste», sobre todo si lo aplaudido no va encaminado a ayudarlo a resistir mejor, ni a proyectar un camino para estar en un país donde, más que resistir, se pueda vivir con bienestar y dignidad. También fueron aplaudidas por varios de los presentes las palabras de la exministra que luego resultaron inadmisibles. Así mismo aplaudieron sus homólogos soviéticos cuando Yeltsin prohibió en 1991 el Partido Comunista del que habían salido.

Concluida la oda, como dice la famosa canción popular, «el cuartico está igualito». Las medidas unilaterales coercitivas norteamericanas siguen ahí, como también las trabas burocráticas internas que hoy complementan su efecto.

Exceptuando las personas trans beneficiadas por la ley aprobada, y los jubilados más empobrecidos auxiliados por el aumento de la pensión, lo más probable es que la mayoría del «pueblo» lo único que recuerde de la sesión del Parlamento es el escándalo y la renuncia de la ministra. 

En un momento de crisis como la que hoy vive el país, el Parlamento tiene que dejar de ser un coro de aplausos y convertirse en un epicentro de deliberaciónpública. Que las palabras «polémicas» del diputado Carlos Miguel hayan sido la excepción y no la norma es el síntoma más ilustrativo del estado actual de nuestra «democracia».

Un parlamento solo cumple su función si quienes lo componen ejercen su papel de representar a la ciudadanía que los eligió —o en el caso cubano, ratificó— para su puesto. Y esto se hace exigiendo información, confrontando aquellas políticas y discursos —no solo las externas— que dañan hoy a ese «pueblo», y proponiendo las reformas necesarias para aliviar su vida cotidiana. Mientras no lo haga, no pasará de un simulacro, tan poco útil para la ciudadanía como el que hoy pulula en muchas democracias liberales, solo que más monótono y menos emocionante.